Como
nunca antes, Córdoba está atravesada por desacuerdos sociales que
parten de preocupaciones ambientales y constituyen un nuevo modo de
participación política. Cuáles son las características comunes.
Miradas sobre estos fenómenos.
por Virginia Guevara
El 1°
de marzo más de 15 mil personas protestaron en Córdoba contra el desmonte: había gente de toda la provincia, organizada y movilizada
a través de casi 80 asambleas ciudadanas y aglutinada en la
Coordinadora de Defensa del Bosque Nativo. Había elencos artísticos
enteros en esa marcha a la que convocó Doña Jovita, difundió Raly
Barrionuevo y apoyó Piñón Fijo, entre tantos otros artistas
locales. Se sumaron ONG ambientalistas, universidades, partidos
políticos, gremios y movimientos estudiantiles. También marcharon
familias que sólo quieren seguir tomando mates bajo árboles
autóctonos cuando van a las sierras y que respondieron al llamado a
"defender la vida" que les llegó por WhatsApp.
No
fue una protesta espontánea. Detrás de esa manifestación había
años de militancia ambiental y microconflictos en torno al bosque
nativo, grupos de estudio, profesionales universitarios y vecinos
mejor preparados que muchos funcionarios y legisladores a la hora de
dar discusiones técnicas, legales y ecológicas.
Sobre
todo, había visiones de la vida, de la producción y de la
participación ciudadana muy diferentes a las que reflejaba el
proyecto de ley que el oficialismo planeó aprobar a las apuradas en
noviembre de 2016, luego de acordar con las entidades ruralistas una
ampliación de zonas aptas para la producción ganadera.
El
tratamiento del proyecto se pospuso y sigue en análisis, con la
mediación de la Defensoría del Pueblo. La discusión continúa,
pero ahora muy condicionada por un conflicto socioambiental
extendido, que se suma a una larga lista de desacuerdos sociales que
surgen de problemáticas ambientales y que, superpuestos, nos
atraviesan como nunca antes y definen un nuevo modo de participación
política.
Repasemos
los conflictos que se hicieron visibles en Córdoba en las últimas
semanas: sigue el acampe de un grupo de habitantes de Villa Parque
Santa Ana contra la planta de tratamiento de basura que Cormecor aún no pudo comenzar por una cautelar interpuesta por vecinos; se sumó
la conmoción que causó la inundación y posterior derrame de sustancias peligrosas en la planta de residuos industriales de Taym;
desde Villa Carlos Paz un lago San Roque plagado de algas y con olor a podrido trajo a la mesa la contaminación que la falta de cloacas
impone a media provincia; Villa El Libertador continúa movilizada
porque se sigue hundiendo en napas de aguas servidas y en decenas de
pueblos crece, silenciado pero siempre presente, el fantasma del
impacto de los agroquímicos sobre la salud.
Puntos
en común
Son
todas situaciones particulares, pero con elementos comunes que la
sociología estudia hace años y que tienen patrones muy similares en
toda Latinoamérica. La inmensa mayoría de los conflictos
socioambientales nace de la preocupación por la salud o la posible
pérdida de la calidad de vida por un cambio productivo o por la
transformación del medio a través de obras públicas o
emprendimientos privados.
De
inmediato se gesta la organización vecinal: grupos de WhatsApp,
páginas en Facebook, búsqueda de antecedentes, afianzamiento con
términos técnicos y legales, asesoramiento de organizaciones
ambientalistas, reuniones, asambleas y marchas de reclamo son los
pasos que suelen seguirle a esa preocupación inicial.
Las
redes sociales, la enorme cantidad de información disponible -no
siempre de calidad, ni avalada científicamente- y el rápido
involucramiento de las ONG ambientalistas suele ser decisivo para la
conformación del movimiento de resistencia vecinal. Después le
siguen, muchas veces, acciones concretas: recursos judiciales o
medidas directas. Acampes, escraches o manifestaciones son parte de
ese repertorio. Así se pone en marcha otro conflicto.
Las
controversias socioambientales más profundas en Córdoba incluyeron
recursos judiciales, que muchas veces fueron receptados en Tribunales
y fortalecieron los reclamos. Así fue en el caso Monsanto en
Malvinas Argentinas, en la pelea de Ituzaingó Anexo contra las
fumigaciones -que incluyó la primera condena del país por el uso
indebido de agrotóxicos-, en la crisis sanitaria de Villa El
Libertador y en el conflicto de Villa Parque Santa Ana contra
Cormecor, entre tantos otros.
Federico
Macciocchi, abogado especializado en derecho ambiental, presidente de
Club de Derecho y miembro de Fundación Tercera Generación,
intervino en varios de esos casos en representación de los vecinos y
no duda en que los conflictos tienen como denominador común "el
desprecio por las normas ambientales de buena parte de los
funcionarios del Estado, la indolencia ante situaciones de riesgo y
el incumplimiento de su deber de anticiparse a un posible daño
ambiental". Y ejemplifica: "A Monsanto le autorizaron su
fallida planta de Malvinas Argentinas antes de que presentara el
estudio de impacto". Finalmente, ese estudio fue presentado y
rechazado por Ambiente.
También
considera que buena parte de los jueces desconoce el derecho
ambiental, y que el Poder Judicial en su conjunto aún no concibe al
ambiente como un bien colectivo, ni al derecho a un ambiente sano
como derecho humano fundamental. Además, su experiencia litigando le
indica que la Justicia sólo actúa si hay movilización popular:
toda una invitación al conflicto.
La
mirada desde el Estado
Fabián
López, ministro de Agua, Ambiente y Servicios Públicos comienza
aclarando: "Los conflictos socioambientales no son negativos:
son parte de una etapa de maduración de la sociedad en relación con
el ambiente, y también son parte de los desafíos que incluye el
desarrollo socioeconómico sustentable". Recalca que es positivo
el involucramiento y la movilización de una sociedad preocupada por
el ambiente, que la clave es que existan herramientas e instrumentos
para arribar a soluciones, y que las partes logren establecer un piso
mínimo de conocimiento científico-técnico que permita negociar con
rigurosidad y opiniones fundadas.
Para
López, la nueva ley de Política Ambiental -existe consenso
respecto del avance que supone esa norma gestada en medio el
conflicto de Malvinas Argentinas contra Monsanto- ofrece 16
herramientas concretas de intervención, establece que la opinión de
los ciudadanos debe ser tenida en cuenta y pone a Córdoba a la
vanguardia en materia de resolución de conflictos ambientales. Desde
que esa norma está vigente ya hubo más de un centenar de
audiciencias públicas ambientales.
El
biólogo Federico Kopta, del Foro Ambiental Córdoba, coincide en la
defensa de esa ley provincial (la 10.028). No obstante, considera que
hace falta aplicarla con mayor convicción y que esa norma no logró
que el Estado acepte por completo los procesos participativos.
Sostiene que el temor de los funcionarios a los conflictos
ambientales, el sigilo y la escasa información pública sobre
algunos proyectos es lo que termina potenciando esos conflictos.
"Mediar
es difícil siempre. Hacerlo en las controversias ambientales, en las
que las posturas suelen ser a todo o nada, es más difícil. En
especial porque una parte debe ceder, y casi siempre debe hacerlo sin
garantías de instancias de control posteriores. El factor que
sobrevuela todos los conflictos es la escasa credibilidad en los
distintos organismos que deben controlar", insiste Kopta.
La
clase y el conflicto
Kopta
aporta otro elemento: los conflictos ambientales suelen ser la
reacción de grupos conectados, informados y de posiciones sociales
medias que pelean por mantener su calidad de vida. "Hay un
sector de la población que padece los problemas ambientales más
serios y que ni siquiera percibe el riesgo, por lo que tampoco
reacciona. Los pobres por lo general no plantean conflictos
ambientales, y existe el riesgo de que sean ellos los que terminen
asumiendo lo que rechazan otros sectores sociales", señala.
El
sociólogo y planificador urbano chileno Franscisco Sabattini,
docente de la Pontificia Universidad Católica de ese país, agrega a
todo esto un elemento clave: la incidencia de la mediatización de
los conflictos socioambientales. "Se trata de conflictos de
intereses, son conflictos porque hay razón en ambas posturas y en
muchos casos la movilización impone una igualdad de fuerzas. Ese es
el momento en que el conflicto suele ser definido por los
periodistas. Ni siquiera digo por la línea editorial de los grandes
medios, sino los periodistas", planteó semanas atrás en Buenos
Aires.
Su
explicación: es el discurso periodístico el define el problema
ambiental -el conflicto de Parque Santa Ana, por ejemplo, suele
mencionarse como "la pelea contra el basural de Mestre" o
"contra el complejo ambiental de Cor-,
legitima a los actores, denomina la razón de la controversia y
estabiliza el conflicto, dándole continuidad en la discusión
pública e incluyendo a toda la sociedad en ese debate. Sabattini
considera que el modo en que esa discusión abre puertas a la
negociación o clausura con intransigencia el debate suele influir
mucho en el modo en que finalmente se resuelve la disputa.
Fuente:
Virginia Guevara, Conflictos socioambientales en Córdoba: Bien plantados, 23/04/17, La Voz del Interior. Consultado 24/04/17.
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