Central nuclear José Cabrera, en Guadalajara, España, dejó de operar en 2006. Foto: Marina Segura/ EFE |
por Raquel
Montón
Todo
comenzó en 1968 con la inauguración de la primera nuclear en
España, Zorita (Guadalajara), hace ya la friolera de 50 años. El
ambicioso plan de construcción nuclear en los 70, fue paralizado en
el Plan Energético Nacional (PEN) de 1983, la caída de la demanda y
el incremento de los costes financieros motivaron el primer rescate
financiero, que se llamó moratoria nuclear y que nos ha costado
cerca de 6.000 millones. Esta factura la hemos acabado de pagar en
2015, aunque la moratoria desapareció en 1997. Por este concepto
Iberdrola ha recibido 3.256 millones; Endesa unos 1.070 millones y
Fenosa 42 millones.
El
segundo rescate llegó en 1988, cuando se creó un marco legislativo para regular las tarifas eléctricas, el llamado Marco Legal Estable
(MLE), que trataba de asegurar la recuperación de las inversiones de
las eléctricas tras la burbuja financiera que habían creado el Gobierno salvó nuevamente a los endeudados, las eléctricas, y sus prestamistas, la banca, que a su vez eran accionistas de las
primeras.
El
tercer apoyo viene de la mano de ENUSA, la empresa pública encargada
de mantener el stock de uranio. Desde el año 2001 se lo pagan las
eléctricas, pero hasta entonces lo hemos costeado con la tarifa. Se
estima que entre 1998 y 2001 ascienden a 14 millones de euros.
El
cuarto apoyo viene de la mano de los insignificantes e insuficientes
seguros de responsabilidad civil, que en definitiva suponen una
importante subvención. Desde 2011 en España el importe asciende a
1.500 millones de euros, pero la empresas aseguradoras sólo cubren
1.200 millones, es decir que el Estado se hace cargo del resto, pero
lo más grave es que el coste en indemnizaciones por un accidente
nuclear que estimó la Comisión Europea es del orden de 186.000
millones de euros.
Está
por ver si en unos años, cuando se cierren las centrales, tendremos
que volver a rescatar a las eléctricas a cuenta de sus nucleares.
Como
todas sabemos la industria nuclear tiene una peculiaridad y es que
genera residuos radiactivos. La gestión de los mismos se realiza a
través de la empresa pública Enresa que hasta 2005 se financia con
la parte regulada de la tarifa, entre 2005 y 2010 los consumidores
pagaban los residuos generados antes de 2005, y las propietarias los
generados posteriormente; y desde 2010 la tarifa se encarga solamente
los costes de las nucleares que han cerrado antes de 2010.
Resumiendo:
los residuos y el desmantelamiento de Zorita y Vandellos I lo pagamos
nosotros, los residuos producidos por las demás nucleares desde 1965
hasta 2005 también lo pagamos nosotros, y el resto está por ver si
lo pagan las eléctricas.
A día
de hoy se estima que harán falta un total de 20.200 millones de
euros como poco, según el obsoleto y desactualizado plan de Enresa.
Aún así el Fondo de Enresa es insuficiente y, a pesar de que la
vida útil de las centrales en nuestro país ya está muy avanzada,
ni siquiera alcanza el 30 % y es el porcentaje más bajo de los países
europeos occidentales. Está por ver si en unos años, cuando se
cierren las centrales, tendremos que volver a rescatar a las
eléctricas a cuenta de sus nucleares.
Sin
considerar que además de lo anterior hay que sumar otro tipo de
ayudas que son generales al sistema eléctrico, tales como los
beneficios caídos del cielo, los Costes de Transición a la
Competencia, los pagos por capacidad, los beneficios derivados del
sistema de subastas, etc.., es justo pedir que dejen de meter mano en
nuestro bolsillo, y que abandonen los combustibles sucios, caros y
peligrosos.
Raquel
Montón es responsable antinuclear, Greenpeace España
Fuente:
Raquel Montón, 50 años rescatando nucleares en España, 22/03/17, El Huffington Post.
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