por Orlando
Milesi
Santiago, 27 feb
2017 (IPS) - Grupos de ciudadanos suman ya más de 300 iniciativas de
conservación en Chile, que cubren 1,5 millones de hectáreas, en un
país donde no existe reconocimiento o financiamiento para las áreas
protegidas privadas, con propietarios que van de pueblos indígenas a
millonarios locales y extranjeros.
Entre los
primeros está la Red de Parques Mapu Lahual, creada 2005 por nueve
comunidades de indígenas huilliches, que destinaron 2.250 hectáreas
al establecimiento de una reserva natural.
Allí los
visitantes pueden avistar ballenas en observatorios construidos
frente al océano Pacífico o recorrer sus bosques para apreciar los
alerces (Larix sibirica) y la avifauna, además de convivir con la
cultura de ese pueblo, su comida o su lengua, el chezungún.
Gustavo
Paillamanque, secretario de la Asociación de Comunidades Indígenas
Mapu Lahual (tierra de alerces) contó a IPS que esa Red se creó con
recursos propios y solo ha contado con el respaldo de algunas
organizaciones ambientalistas, como el Fondo Mundial para la
Naturaleza (WWF), y con esporádicos respaldos de programas
estatales.
“Primero se
formó una asociación de comunidades indígenas que tenían
problemas relacionados con el tema de (la explotación) del alerce.
Buscamos alternativas y se visualizó el turismo”, relató desde la
ciudad de Osorno, 900 kilómetros al sur de Santiago, en la región
de Los Lagos.
Paillamanque
criticó la falta de respaldo estatal para estos proyectos y otros
comunitarios impulsados por actores privados que “están en un
completo desamparo”.
“No hay ninguna
regulación desde el Estado. Y como no hay regulación, no hay
ninguna línea de financiamiento, ni asistencia técnica, ni
investigación. Las áreas protegidas privadas se han
autosustentado. Es bastante grave”, indicó.
Con recursos
limitados, la Red logró “capacitar algunos guías, a
profesionales que delimiten las áreas y que hagan una información
un poco más científica, pero es poco. Generalmente se van quedando
estancados y no hay seguimiento en ninguna de las áreas”, afirmó.
En el otro
extremo se encuentran enormes iniciativas, dos emblemáticas de ellas
también en la región de Los Lagos.
Una es el Parque
Tantauco, propiedad del millonario empresario y expresidente
Sebastián Piñera (2010-2014), que cuenta con más de 118.000
hectáreas en Chiloé; y el Parque Pumalín, de 290.000 hectáreas,
del también millonario empresario y ecologista estadounidense
Douglas Tompkins, fallecido en este país en 2015.
Esos parques como
la mayoría de las áreas protegidas privadas son de acceso público,
aunque cobran por visitarlos o acampar en ellos tarifas que no están
al alcance de todos.
La diversidad de
tamaño, recursos y realidades que presentan las reservas privadas es
enorme: las mayores de 50.000 hectáreas, las medianas de 10 a 50.000
mil, las pequeñas 1.000 a 10.000, y las muy pequeñas con menos de
1.000 hectáreas.
“Las pequeñas
son la mayoría. Son administradas por oenéges, fundaciones o por
sus propietarios como personas directas”, explicó a IPS el
ambientalista Alfredo Almonacid, quien durante los últimos 12 años
fue administrador y coordinador de la Reserva Costera Valdiviana, de
50.000 hectáreas, en la también sureña región de Los Ríos.
Almonacid otorga
una calificación aparte a las iniciativas gestionadas por
comunidades indígenas aymarás, rapanui, mapuches o huilliches, como
el Parque Mapu Lahual, reconocido en 2011 por la FAO (Organizaciones
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) como
un caso ejemplar de manejo forestal sostenible en América Latina.
Entre las
pequeñas aparece el Parque Ahuenco, también en Chiloé, impulsado
desde hace 25 años por 50 familias que poseen 1.200 hectáreas
frente al océano Pacífico.
Allí conviven
con el sindicato de pescadores de Chepu que explota una concesión
marítima frente a su terreno, y limitan al sur con el Parque
Nacional de Chiloé, administrado por la estatal Corporación
Nacional Forestal (Conaf).
Los propósitos
de estas áreas protegidas son similares a los de la Reserva Costera
Valdiviana cuyos objetos de conservación son los bosques de alerce,
de olivillos (Aextoxicon punctatum), los ecosistemas de agua dulce,
playas y dunas y animales diversos, a veces amenazados de extinción
como el pudú (un cérvido pequeño), el zorro de Darwin (Ycalopex
fulvipes) y la guiña (Leopardus guigna).
Almonacid sostuvo
que “hay ausencia de reconocimiento formal (a las iniciativas
privadas) por parte del Estado, falta de incentivos tributarios y o
financieros, falta de apoyo técnico, ausencia de un ente coordinador
gubernamental de los esfuerzos de conservación privada con las áreas
públicas”.
Un problema es
que las áreas declaradas como protegidas por privados se rigen por
una ley sin reglamento para su aplicación y no hay una autoridad del
Estado que las controle o supervise, dijo Almonacid.
“La
problemática medioambiental sigue siendo un tema marginal en el
ideario público”, señaló.
A su juicio, la
política ambiental chilena “es débil y frágil y no permite
defender de manera efectiva el patrimonio natural y cultural
presentes en la áreas protegidas (públicas o privadas) de proyectos
productivos o energéticos”.
“Hay falta de
planificación territorial estratégica que permita la priorización
de los usos del mismo en un contexto de largo plazo y respetando a
las comunidades locales y los usos tradicionales que ellas hacen del
territorio”, aseveró.
Hernán Mladinic,
director de Tompkins Conservation, confirmó a IPS que la entidad
donará en marzo al Estado chileno un total de 410.000 hectáreas de
las cuales 90 por ciento corresponden al Parque Pumalín y el resto
al Parque Patagonia, en la austral región de Aysén.
“Será la
donación más grande en la historia de un privado a un Estado en el
mundo”, comentó.
Agregó que el
acuerdo de donación involucra la creación de cinco nuevos parques
nacionales y la ampliación de tres ya existentes, con aportes
públicos y privados.
“Serán cerca
de cuatro millones de hectáreas de nuevos parques nacionales, en
algunos casos son parques nuevos, otros son ampliaciones y en otros
reclasificaciones de nuevas reservas a parques nacionales”,
explicó.
En Chile tiene
una alargada superficie de casi 756.500 kilómetros cuadrados, de los
que 20 por ciento son áreas protegidas por el Estado, según datos
de la Conaf, la mayor parte bajo la figura de parques nacionales.
Mladinic advirtió
que “la presión del sobredesarrollo sobre reservas y parques
naturales hace más necesario tener estos reservorios naturales”.
Al respecto
postuló “una alianza virtuosa entre conservación y turismo que,
bien manejado y desarrollado de manera sustentable e inteligente,
puede generar conservación y beneficio para las economías locales”.
En esa línea,
propuso crear una ruta que atraviese 17 parques y recorra 250
kilómetros, solo en la Carretera Austral.
El año 2016 el
Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado fue
visitado por unas tres millones de personas, lo que supone un
incremento de más de 20 por ciento en los últimos dos años.
Paillamanque
también avizora un buen futuro porque “el tema de la conservación
de la biodiversidad va teniendo más firmeza y hay más conciencia en
las nuevas generaciones”.
Sin embargo,
reveló, “asusta la institucionalidad y los proyectos de ley de
concesiones que nos deja como a la intemperie”.
“Esa es una
gran amenaza que se ve en el país. Pero se está generando
conciencia, también en el área cultural donde se evidencia mayor
interés de las personas en el aprendizaje de las lenguas
originarias, por ejemplo. Eso se ve como un futuro interesante”,
concluyó.
Editado por
Estrella Gutiérrez
Fuente:
Orlando Milesi, La conservación ciudadana suma más de 300 iniciativas en Chile, 27/02/17, Inter Press Service. Consultado 07/03/17.
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