Un dirigente
guaraní estuvo detenido doce días por un conflicto de tierras. Una comunidad
originaria de Salta denunció a un empresario por apropiarse de
territorio guaraní y amedrentarlos de manera violenta. Como
respuesta, la policía detuvo al líder, César Arias, y reprimió
una protesta de los indígenas. Los tuits del empresario contra los
DD.HH.
por Darío Aranda
César Arias,
dirigente guaraní de Salta, estuvo preso doce días acusado de
“amenazas” por parte de un empresario del agronegocio. La
comunidad guaraní Happo P+au, que integra Arias, denunció el
accionar violento del empresario (Humberto Bourlon De Rouvre) para
apropiarse del territorio guaraní y reclamó que se cumplan los
derechos indígenas. Y la policía reprimió a la comunidad. “Nos
tratan como terroristas y usurpadores en la tierra donde siempre
vivimos. Y los jueces y el gobernador solo escuchan al empresario”,
lamentó Diana Situe, de la comunidad guaraní.
En octubre
pasado, el empresario Bourlon De Rouvre instaló un portón en el
camino que utilizan las comunidades indígenas y comenzó a
denunciarlos vía Twitter por “invadir” su tierra (en la
localidad de Embarcación). Arrobó al Presidente, al gobernador Juan
Manuel Urtubey y a “periodistas agrarios” (que suelen publicitar
las semillas y agroquímicos de las empresas). Y se sucedieron
artículos que replicaron la versión empresaria. Acusó a los
indígenas de robar madera, estar financiados por narcotraficantes y
los llamó “falsos indígenas” proveniente de Bolivia.
“Los Argentinos
no queremos nunca más organizaciones terroristas. Hagamos algo con
el Mocase (Movimiento Campesino de Santiago del Estero), mapuches,
narcotraficantes y otros”, reclamó el empresario Bourlon De Rouvre
el 2 de febrero. El 28 de enero sentenció: “No son pueblos
originarios, son avivados, son delincuentes”.
Subió a Internet
un video donde muestra un entredicho con indígenas. Rápidamente fue
difundido por los medios que impulsan el agronegocio. La comunidad
guaraní Happo P+au (Raíces Nuevas) mostró otro video, donde
Bourlon De Rouvre amenaza a la comunidad y tiene un revólver visible
en el bolsillo. Pero no tuvo el mismo eco que el difundido por el
empresario.
La fiscal Lorena
Martínez había llamado a mediación y mencionó la vigencia la Ley
Nacional 26160 (que ordena relevar los territorios indígenas y frena
los desalojos en todos el país). Incluso las nueve comunidades
indígenas (guaraníes, wichí y weenhayek) están relevadas, otra
prueba del uso del territorio.
Bourlon De Rouvre
comenzó un proceso de hostigamiento contra la fiscal Martínez, con
amplia cobertura mediática y reuniones con funcionarios
provinciales. El gobernador Urtubey pidió el juicio político a la
fiscal Martínez. El diputado nacional Luis Patiño (Pro) defendió
al empresario en un artículo en la agencia de noticias Telam y
relativizó los derechos que otorga la Ley Nacional 26160.
Durante la feria
judicial, la causa la tomó el fiscal Pablo Cabot y el juez Fernando
Mariscal Astigueta. Y se redobló el proceso de hostigamiento. El
sábado 28 de enero, el guaraní César Arias fue a trabajar con sus
hijos en el sembradío. Le cerró el paso un policía. Arias observó
que el empresario estaba en el lugar y había destruido sus cultivos.
Le advirtió que tendrían problemas si volvía a meterse en su
cerco. El lunes 30 a la mañana, mientras Arias estaba en su trabajo
de albañil, fue detenido por “amenazas”. Estuvo detenidos doce
días.
Hernán Mascietti
es abogado y hace más de veinte años trabaja junto a comunidad
indígenas y organizaciones de derechos humanos. “Nunca vi algo
igual. Más de diez días preso, sin antecedentes penales, por
supuestas amenazas. Es insólito, pero tiene un motivo: es un
empresario con vínculos políticos y judiciales, y las víctimas son
indígenas”, explicó. Y recordó que los indígenas hicieron cinco
denuncias contra Bourlon De Rouvre (por usurpación, amenazas y
daños) pero fueron “sistemáticamente cajoneadas por el Poder
Judicial”. Y recordó que actúa junto al empresario Jorge Luis
Ortega Velarde.
Por Twitter,
Bourlon De Rouvre descalificó al abogado de la comunidad por adherir
al kirchnerismo y difama a todo aquel que apoya a los indígenas.
“Parece que el avispero que patee es grande por el trabajo que se
toman en atacarme. Qué nido de víboras los derechos humanos y
cuántos curros”, escribió el 10 de febrero.
Diana Situe,
vocera de la comunidad e hija del cacique, detalló que Burlón De
Rouvre tiene como modus operandi denigrar a las familias indígenas,
las ataca (incluso delante de los hijos), las acosa y amenaza. Si los
indígenas reaccionan, los filma, sube a Internet y se victimiza.
“Somos un pueblo pacífico, nunca nos había pasado un nivel de
agresión y ensañamiento como este. Y todo sucede porque él quiere
la tierra de la comunidad”, afirmó Situe.
Las comunidades
indígenas cortaron media calzada de la ruta nacional 34 el martes 7
de febrero, en reclamo por la liberación de Arias. La policía
provincial, sin orden judicial, reprimió la protesta y apresó a
cinco guaraníes, entre ellos menores de edad (fueron liberador por
la tarde). El comisario José Antonio Cruz, que ordenó la represión,
tiene fotos sonriente en redes sociales con el empresario Bourlon De
Rouvre. “La policía nos dice que arreglemos con el empresario o
nos meterán presos”, afirmó Diana Situe.
La comunidad
guaraní se mantiene en un acampe al costado de la ruta nacional 34.
En la madrugada del sábado pasado, César Arias fue liberado. La
comunidad guaraní adelantó que el conflicto continuará hasta que
se respeten los derechos indígenas. Situe lo resumió: “Defenderemos
nuestro territorio aunque a empresarios, gobernantes, jueces y
algunos medios de comunicación no les guste”.
Fuente:
Darío Aranda, Preso por reclamar derechos, 14/02/17, Página/12. Consultado 16/02/17.
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