por Mario Osava
Sento Sé,
Brasil, 18 ene 2017 (IPS) - “Hoy tenemos Internet, televisión.
Antes ni teníamos electricidad, pero era mejor”, recordó Lourival
de Barros, un desterrado de las centrales hidroeléctricas que se
multiplicaron por la geografía de Brasil principalmente a partir los
años 70.
Barros fue
expulsado de su casa en Sento Sé a fines de 1976. La ciudad de unos
7.000 habitantes quedó sumergida bajo el embalse de Sobradinho, algo
más de un año después.
Otras tres
ciudades, Casa Nova, Pilão Arcado y Remanso, desaparecieron también
bajo las aguas, junto con decenas de poblados ribereños, en el norte
del estado de Bahia, en la región del Nordeste brasileño.
En total fueron
desplazadas 72.000 personas, según organizaciones sociales, o 59.265
según la empresa responsable del proyecto, la Compañía
Hidroeléctrica del São Francisco (CHESF).
El sacrificio se
hizo en nombre de las necesidades energéticas del país y del
desarrollo de una región “irrelevante” y estancada en el
analfabetismo y una economía “de subsistencia”, con gente
“primitiva” en aislamiento, que teme el cambio, según opinaban
los gobernantes de entonces, en plena dictadura militar (1964-1985).
Para reasentar la
población de Sento Sé se construyó una nueva ciudad con el mismo
nombre, con mejores viviendas, incluyendo baños internos y servicios
como electricidad y desagüe en la red pública, pero “perdimos
mucho más”, evaluó Barros, un pescador de 70 años, jubilado como
trabajador rural, con ocho hijos, nueve nietos y tres bisnietos.
“Teníamos
mucho pescado en el río. En la represa, al inicio se podían pescar
100 kilogramos al día, pero los peces mermaron en los últimos 10 o
15 años, ahora es difícil lograr 10 kilos, solo alcanza para
alimentar la familia”, comparó en su diálogo con IPS.
“Teníamos
2.000 pescadores y todos vivían de ello. Hoy si hay 50 que lo
logran, es mucho”, aunque en el gremio estén inscritos casi 9.000,
muchos para recibir el seguro del período de veda para proteger la
reproducción de los peces, dijo. “Lo necesitan”, justificó.
Barros se lamenta
que los peces propios del área desaparecieron y se introdujeron en
el lago artificial otras especies amazónicas, incluida una de pavón
(Cichla) que se come a los demás.
También se queja
de que su familia disponía de cinco terrenos para sembrar y él
mismo poseía una molienda para hacer harina de mandioca (yuca),
por lo que no recibieron ninguna indemnización. “Perdimos todo”,
subrayó.
Hasta ahora, no
se compensaron muchas propiedades y bienes inundados, señaló
Adzamara Amaral, autora del libro-reportaje “Memorias de una ciudad
sumergida”, elaborado en 2012 como trabajo final de su carrera de
periodismo en la Universidad del Estado de Bahía.
Su propia familia
aún reclama en la justicia una indemnización por 15.000 hectáreas
registradas como propiedad de su abuelo, una herencia familiar de
tres siglos, con tres casas y fincas frutales.
A la nueva ciudad
construida para acoger a los desplazados se la privó del alma
fluvial, al igual que sucedió con otras urbes “reconstruidas”.
Además de los
peces, se perdió la agricultura típica del cenagal, que aprovechaba
las tierras ribereñas ensanchadas en la época de estiaje y
fertilizadas por los sedimentos traídos por el río en las crecidas.
Allí se sembraba
mucho maíz y frijol entre abril y octubre. “Por eso se le llama el
“Nilo brasileño” al río São Francisco”, observó la joven
Amaral a IPS.
Con la represa,
el agua avanzó hacia áreas rocosas o de la Caatinga (vegetación
exclusiva del Nordeste) y se alteró el ciclo de bajas y crecidas del
río, extinguiendo la agricultura de vaciante, el periodo decreciente
de las aguas.
El traslado a la
nueva Sento Sé, con una población actual de unas 41.000 personas,
acentuó el aislamiento de su población, entre otras razones porque
se duplicó la distancia en relación a Juazeiro, un municipio de
220.000 habitantes que es el polo económico y educativo del norte
bahiano.
Ahora son 196
kilómetros, 50 de los cuales por una carretera de tierra llena de
huecos, que dificultan el transporte. Por eso interrumpió sus
actividades en Sento Sé la empresa Frutimag, de agricultura
irrigada, que empleaba 1.800 trabajadores. Los traqueteos de los
camiones dañaban las uvas, justificó.
“Pavimentar la
carretera es fundamental para el desarrollo del municipio, como
ofrecer enseñanza técnica y cursos universitarios, que evitarían
el éxodo de jóvenes que viene reduciendo la población local en los
últimos años”, opinó Amaral.
La nueva
ubicación de la ciudad en el margen del lago buscó mantenerla cerca
de la orilla incluso durante las sequías, se explicó. Pero muchos
creen que el entonces alcalde lo determinó para que estuviese cerca
de su hacienda.
Ahora, la orilla
del embalse de Sobradinho se alejó unos 600 metros de Sento Sé,
tras cinco años de sequía en la cuenca.
“Hay lugares en
que el reflujo alcanza 10 kilómetros, como Quixaba, un poblado
cercano”, destacó João Reis, exobrero metalúrgico de São Paulo
de 65 años, que trabajó mucho tiempo en la CHESF.
Vive hace 33 años
en Sento Sé, tierra de sus padres, y actualmente repara
embarcaciones en el río São Francisco y opina que con su tierra
fértil y yacimientos de mármol y piedras preciosas, el municipio
tiene “gran potencial para prosperar”.
Para superar el
aislamiento, su colega Djalma Vitorino, especialista en barcos,
propone implantar una línea de balsas de Sento Sé a Remanso, otra
ciudad reubicada al otro lado del embalse. Unos 25 kilómetros u
“hora y media de navegación” separan las dos localidades.
“Allá hay un
buen hospital donde llevar nuestros enfermos”, como alternativa a
Juazeiro, que exige más de tres horas en vehículo automotor, arguyó
Vitorino a IPS.
Construida entre
1973 y 1979, en el medio del São Francisco, la central
hidroeléctrica de Sobradinho tiene capacidad para generar 1.050
megavatios, gracias a su embalse de 34.000 millones de metros cúbico
en un área de 4.214 kilómetros cuadrados, el más grande en
superficie y el tercero en volumen de agua en Brasil.
Además de la
generación eléctrica, acumular tanta agua le agrega las funciones
de regular el caudal, optimizando la operación de otras siete
centrales hidroeléctricas construidas río abajo, y abastecer la
agricultura irrigada en sus alrededores.
Sus impactos
sociales sobresalieron por inundar un área muy poblada, en la década
de 1970, cuando reinaba el autoritarismo militar y recién empezaba a
desarrollarse la legislación ambiental. Además los movimientos
sociales eran débiles o estaban ausentes.
Para inundar
tanta tierra, Sobradinho exigió la expropiación de 26.000
propiedades.
La CHESF pagó
pocas indemnizaciones y de montos muy bajos, en buena parte porque
“los ribereños no tenían títulos de propiedad o ignoraban el
valor de sus propiedades”, según Gildalio da Gama, de 47 años y
quien hasta diciembre fue secretario de Ambiente de Sento Sé.
“Cualquier
plata era mucho para quienes siempre manejaron poco dinero”,
explicó a IPS el ahora profesor de primaria en una isla donde viven
sus padres, a 150 kilómetros de la ciudad.
Su abuelo no fue
indemnizado por sus tierras porque la CHESF no reconoció la
documentación presentada, acotó.
Nuevas
hidroeléctricas, como Itaparica, inaugurada en 1988 aguas abajo del
São Francisco, cumplen mejor las reglas, también por la presión de
ambientalistas y organizaciones sociales. Pero los desplazamientos
forzados prosiguen, generando conflictos más ruidosos que los del
pasado.
Las
movilizaciones crecieron más aún contra las hidroeléctricas
amazónicas, especialmente la de Belo Monte, gigantesca central con
potencia de 11.233 megavatios inaugurada en mayo de 2016.
Editado por
Estrella Gutiérrez
Fuente:
Mario Osava, Hidroeléctricas multiplican destierro de los ribereños en Brasil, 18/01/17, Inter Press Service.
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