por Tharanga
Yakupitiyage
Nueva York, 21
dic 2016 (IPS). La decisión del ejército de Estados Unidos de
suspender la construcción del oleoducto de Dakota Access el 4 de
este mes no eliminó las dudas sobre el futuro de esa polémica obra
ni sobre lo que esto representa para otros megaproyectos de
infraestructura que afectan a las comunidades indígenas de América
del Norte.
Tras meses de
manifestaciones y varias protestas de la tribu sioux de la reserva de
Standing Rock y de sus aliados de distintas partes del mundo, el
ejército anunció que no iba a permitir que el oleoducto de más de
1.886 kilómetros cruzara el lago Oahe, en el estado de Dakota del
Norte.
El anuncio fue
recibido con algarabía y lágrimas por quienes acamparon a lo largo
de los ríos Cannonball y Missouri, en el marco del movimiento
#NoDAPL (en referencia al Dakota Access Pipeline).
“Todo el mundo
estaba muy emocionado y muy contento en el campamento”, relató
Cannupa Hanska Luger, un artista de la reserva muy involucrado en el
movimiento, en diálogo con IPS.
Una de las
preocupaciones por el oleoducto es el riesgo de que contamine el río
Missouri, la principal fuente de agua de la tribu sioux.
Pero la alegría
por la decisión del ejército no duró mucho, apuntó Luger.
“Principalmente,
esto se trata de que las poblaciones nativas no están muy cómodas
ni muy seguras con los decretos del gobierno. Todos nuestros tratados
se han roto, en el momento, nos entusiasmos, pero luego nos
aprontamos para cualquier futuro resultado o declaración”, explicó
a IPS.
Uno de esos
acuerdos es el tratado del fuerte Laramie, de 1851, que definió el
territorio sioux, donde ahora se construye el oleoducto. Aunque
posteriormente les fue retirado por el tratado de 1868, el territorio
sigue en disputa, pues algunos sostienen que nunca lo cedieron.
A pesar de las
disputas territoriales y de la última decisión de suspender, la
petrolera Energy Transfer Partners, encargada del proyecto de 3.800
millones de dólares y de la que Dakota Access es subsidiaria,
prometió continuar con el oledocuto.
“Estamos
totalmente decididos a asegurarnos de que este proyecto vital se
complete, y esperamos concluir la construcción del oleoducto sin
ningún rediseño de ruta en ni alrededor del lago Oahe. Nada de lo
que hizo este gobierno hoy cambia eso de ninguna manera”, reza la
declaración de la compañía.
Además, muchas
personas temen que el presidente electo, Donald Trump revierta la
decisión, pues prometió redirigir los miles de millones de dólares
vertidos a programas climáticos de la Organización de las Naciones
Unidas al fortalecimiento de la industria del gas, el petróleo y el
carbón.
La integración
de su gabinete también sugiere el fortalecimiento de esas
industrias, como la designación del director ejecutivo de
ExxonMobil, Rex Tillerson, como secretario de Estado (canciller), del
fiscal general de Oklahoma, Scott Pruitt, quien combatió las
políticas climáticas del presidente Barack Obama, como director de
la Agencia de Protección Ambiental y de Rick Perry como secretario
de Energía, quien siendo gobernador de Texas amplió el desarrollo
del gas y el petróleo.
“Esta lucha no
se acabó, ni cerca. De hecho, está escalando”, coincidieron
varias organizaciones, como Sacred Stone, que montó uno de los
campamentos de resistencia al oleoducto de Dakota Access, las que
también señalaron la incertidumbre que existe en torno al próximo
gobierno.
La lucha no se
acabó, y no solo para ese proyecto, que solo es uno de los muchos
del sector extractivo que ponen en riesgo el acceso al agua potable
de las comunidades indígenas de este continente.
Un ejemplo es la
mina de uranio en la nación navajo, en el sudoeste de Estados
Unidos.
Durante la Guerra
Fría, el gobierno estadounidense extrajo uranio de la reserva
navajo, donde reside la mayor población indígena del país. Según
la EPA, más de 30 millones de toneladas de mineral de uranio se extrajeron de tierras navajas o de sus alrededores.
“Si no son
problemas hermanos, son primos”, comentó el director ejecutivo de
la organización DigDeep, George McGraw, a propósito del caso Dakota
Access y la mina de uranio.
“Los sioux, al
igual que los navajos, han luchado por mantener el acceso al agua
para la mayoría de su población, en general, y llegar y amenazar de
esa forma tan significativa sus recursos, como el río, es un crimen
más que grosero”, opinó.
Las décadas de
extracción de uranio contribuyeron a una crisis hídrica que dejó a
aproximadamente 40 por ciento de los hogares navajos sin agua
corriente.
La contaminación
del agua se agravó solo porque no se limpiaron las minas, apuntó
McGraw. Hay más de 500 minas abandonadas con distintos grados de
radiactividad que llegan a 25 veces el valor considerado seguro.
La exposición a
esa radiactividad derivó en un alarmante y elevado número de casos
de cáncer en una población que la comunidad médica había
considerado que tenía “inmunidad contra el cáncer”.
Por tratados y
por ley, Estados Unidos es responsable de proteger la salud de la
nación navajo. Pero McGraw señaló las obligaciones incumplidas en
ese caso, al igual que con los sioux.
El último acuerdo entre la nación navajo y el gobierno estadounidense para
limpiar 16 minas de uranio abandonadas, no logró mejorar la
disponibilidad hídrica, pues las minas de carbón existentes en la
reserva también suponen un riesgo para las fuentes de agua potable.
McGraw también
señaló que los proyectos extractivos a menudo ocurren en tierras
indígenas.
“El mundo
indígena es invisible para el resto del mundo”, coincidió Rudolph
Ryser, del Centro de Estudios Indígenas del Mundo. “Eso facilita
que desarrolladores, corporaciones y gobiernos presionen para
realizar proyectos de desarrollo para su beneficio a expensas de las
naciones indígenas, y pasa desde hace tiempo”, añadió.
Ryser mencionó
la expansión del oleoducto Trans Mountain en Canadá, aprobado hace
poco por el primer ministro Justin Trudeau. La iniciativa creará
cañerías gemelas que aumentarán la capacidad de transporte de
300.000 a 890.000 barriles al día.
Algunas de las
primeras naciones se opusieron fuertemente al proyecto, esgrimiendo
la posibilidad de derrames. La petrolera Kinder Morgan solo consiguió
apoyo de una tercera parte de los 120 pueblos indígenas consultados.
Además, la
provincia canadiense de Alberta también aprobó otros tres proyectos
en las arenas bituminosas, entre los que está Saleski, de la empresa
Husky Energy, la misma responsable del derrame de otro oleoducto en
el río Saskatchewan, en julio.
Unos 250.000
litros de filtraron e impactaron en numerosas ciudades, así como en
el territorio de la nación cree James Smith. Cinco muestras de agua
revelaron concentraciones de toxinas perjudiciales para el consumo
humano.
El movimiento
contra el oleoducto de Dakota Access fue importante porque reunió a
muchas tribus, pero Ryser señaló que mientras sigan existiendo
proyectos extrativos, la “lucha no está terminada”.
“La solidaridad
creada entre las comunidades indígenas en Standing Rock sienta un
precedente de que fuimos y decidimos que teníamos que ayudarnos los
unos a los otros”, coincidió Luger.
“Y como la
mayor parte de la extracción de recursos ocurre en o cerca de la
frontera con tierras indígenas, también sabemos que nos preparamos
para trabajar hacia el futuro y para ayudarnos entre nosotros a
escala nacional y también internacional”, destacó.
Traducido por
Verónica Firme
Fuente:
Tharanga Yakupitiyage, Indígenas de EEUU aprenden a defender sus derechos… y a ganar, 21/12/16, Inter Press Service. Consultado 23/12/16.
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