Seis provincias
de la Argentina son depósito de más de 6 millones de toneladas de
residuos radiactivos. Los desechos se apilan al aire libre y
contaminan aguas y tierras. Córdoba capital alberga tambores con
restos de uranio. En Malargüe, la basura atómica se acumula a 10
cuadras del centro de la ciudad.
por Patricio
Eleisegui
Tres centrales
construidas -dos en funcionamiento pleno- y siete yacimientos de
uranio formalmente abiertos aunque sin actividad extractiva. Planes
para la construcción de al menos una central más, además de
proyectos para la instalación de reactores de baja potencia con
vistas a un eventual aporte al tendido eléctrico nacional.
De esa forma
puede sintetizarse la realidad de una Argentina nuclear que a lo
largo de distintos gobiernos no ha hecho más que vanagloriarse de
una capacidad que, a los ojos de los defensores de la generación
atómica, la coloca en una posición de referencia en términos
regionales.
Pero, como ocurre
en el grueso de las historias construidas para solventar una grandeza
siempre en entredicho, existe una historia no contada. Y que debe
exponerse como el “lado B” de una apuesta tecnológica cuyo
aporte real a la matriz energética a lo largo de décadas con total
certeza merece tildarse de simbólica.
Sucede que,
incluso operando a su mayor potencia, las centrales de Embalse -hoy
en situación de parada técnica por mantenimiento y extensión de su
vida útil- y Atucha I y II, representan apenas el 7 % de toda la
electricidad que se genera en el país. Lo no dicho es el peligro
sanitario y ambiental generado por toda la estructura desarrollada
durante décadas para abastecer la aventura atómica fronteras hacia
adentro.
En ese sentido,
un trabajo de la organización BIOS Argentina al que accedió
Adelanto 24 expone que, producto de las explotaciones de uranio
llevadas a cabo desde 1955 a la fecha, en territorio nacional se
acumulan más de 6,3 millones toneladas de residuos radiactivos
distribuidos entre las provincias de Salta, Chubut, Córdoba, San
Luis, Mendoza y La Rioja.
A estos desechos,
apilados a cielo abierto, hay que sumarle unos 153.000 metros cúbicos
de residuos nucleares líquidos. Sin tratamiento alguno, puede
ubicarse basura atómica -por poner un ejemplo concreto- a poco más
de 10 cuadras de la iglesia principal de Malargüe, en la provincia
de Mendoza.
La investigación
de BIOS Argentina, titulada “Peligro, residuos nucleares: una
historia de engaños, ocultamiento y abandono”, expone referencias
de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) en las que el
mismo organismo reconoce que los residuos sin tratar “constituyen
fuentes potenciales de repercusión química y radiológica, tanto
para los trabajadores de la industria como para los individuos del
público que resulten expuestos, si los mismos residuos se dispersan
en el ambiente”.
“Algunos de
los productos radiactivos en las colas (montículos) pueden producir
radiación gamma. La dispersión de las colas mediante el viento o el
agua, o por disolución puede trasladar partículas radiactividad y
otros compuestos tóxicos a capas de agua superficiales o
subterráneas que constituyen fuentes de aguas potable, a los
suelos, a la cadena trófica y a los alimentos”, aporta el trabajo,
citando siempre a la misma CNEA.
Entre los sitios
que irradian, BIOS Argentina menciona al yacimiento Los Gigantes, que
operó entre 1982 y 1990 a sólo 33 kilómetros de Villa Carlos Paz,
en la provincia de Córdoba. Sólo en ese área yacen en la
actualidad más de 2,2 millones de toneladas de residuos de uranio y
otras 1,6 millones de toneladas de estériles -rocas separadas
durante la extracción, algunas de ellas radiactivas- “expuestos a
las inclemencias del clima y afectando los afluentes del río San
Antonio y el lago San Roque”.
“Estos cursos
son fuente de agua potable para Villa Carlos Paz, Cuesta Blanca, Icho
Cruz, tala Huasi, Mayu Sumaj y San Antonio de Arredondo”,
especifica la organización.
Un caso
escalofriante es el de Dioxitek SA, compañía que a partir de 1982
comenzó a procesar dióxido de uranio en Rodríguez Peña al 3200,
dentro del barrio Alta Córdoba de la ciudad homónima.
Durante décadas,
esta instalación fue centro de acopio y manipulación de tambores de
uranio provenientes del puerto de Bahía Blanca, en la provincia de
Buenos Aires, previa importación. El traslado del material siempre
tuvo lugar por rutas y a través de flotas de camiones.
Aunque fuera de
operaciones, y mientras se continúa discutiendo el traslado de la
operatoria de Dioxitek SA a la provincia de Formosa, lo concreto es
que en pleno corazón de Córdoba hoy continúan enterradas unas
57.600 toneladas de residuos. “Se trata de residuos radiactivos de
baja actividad, donde permanecen sin membrana ni sistema de
contención, compuestos por uranio y otros materiales radiactivos
derivados del uranio como radio 226, radón 222 y plomo 210”,
puntualiza el trabajo.
Hay más: en el
yacimiento Sierra Pintada, departamento mendocino de San Rafael, los
desperdicios nucleares suman más de 1,7 millones de toneladas. El
grueso de ellos se encuentra distribuido en alrededor de 5.340
tambores desvencijados y a la intemperie. La explotación, abandonada
por la CNEA en 1997, mantiene en alerta a los habitantes de la zona
hasta el día de hoy.
En esa dirección,
BIOS Argentina resalta que “el estado de abandono en que ha quedado
la explotación les preocupa a los habitantes por augurar un futuro
siniestro para los cultivos y el turismo: el desagüe con residuos
radiactivos y otros compuestos tóxicos, vertidos sobre napas y
acuíferos del arroyo El Tigre, confluyen en la cuenca del río
Diamante. Es el agua de la cual toman diariamente y con la que riegan
sus fincas”.
“El Complejo
Minero Fabril de San Rafael lleva acumuladas dos millones
cuatrocientas mil toneladas de colas residuales, un millón de
toneladas de material estéril, seis millones de toneladas de
marginal, unos cinco mil tambores de residuos sólidos radiactivos
provenientes del complejo fabril de Córdoba, Dioxitek, ciento
cincuenta y tres mil metros cúbicos de residuos líquidos, resultado
de la neutralización de los efluentes ácidos del proceso,
distribuidos en diques de evaporación, en un estado de abandono
preocupante”, detalla la investigación.
Desde el inicio
de la extracción de uranio en 1974 hasta el presente, los residuos
generados en Sierra Pintada permanecen a cielo abierto y sin
tratamientos de remediación. Lo mismo ocurre con la actividad para
Malargüe: en esa locación, la basura atómica completa las 700.000
toneladas.
A continuación,
el detalle de los yacimientos y su respectivo nivel de desecho
radiactivo acumulado y sin tratar. El listado expone estadísticas
oficiales de la CNEA:
A fin de exponer
con mayor claridad la ubicación de algunos estos puntos -por fuera
de los ya mencionados-, vale decir que Don Otto se ubica en el Valle
del Tonco, en la provincia de Salta, prácticamente encima del Parque
Nacional Los Cardones. “De hecho, el yacimiento de uranio Los
Berthos -que integra el sistema Don Otto- está dentro del propio
parque nacional”, precisa BIOS Argentina.
“En los
alrededores de la mina subterránea hay un panorama desolador:
grandes cantidades de hierro, vías y vagonetas oxidadas, cables,
alambres, latas y tambores, maderas y tablones. Todo diseminado entre
escombreras y plataformas de hormigón. Existe una buena cantidad de
colas de uranio derrumbadas, a merced del viento y de las lluvias. En
el centro de la planta hay tanques herrumbrados que fueron depósitos
de ácido sulfúrico para lixiviar las rocas uraníferas, una fila de
piletas desvencijadas, gomas, cables y parte de colas de uranio
desprendidas del montículo original sujeto por un alambre de
gallinero oxidado”, puntualiza el trabajo.
Los Colorados, en
tanto, se ubica en el departamento Independencia de la provincia de
La Rioja. En cuanto a La Estela, el yacimiento se encuentra emplazado
en Villa Larca, a escasos 30 kilómetros de la localidad turística
de Merlo, en San Luis. Ya en lo referente a Los Adobes, la
explotación se encuentra en el distrito de Pichiñán, provincia de
Chubut. De acuerdo a la investigación de BIOS Argentina, “el río
Chubut circula en el área de la explotación uranífera”.
“El ex complejo
minero se encuentra a unos escasos 1.000 metros del cauce del río, y
a su vez sobre un curso de agua temporario que desemboca en el
mismo”, precisa la publicación, al tiempo que afirma que, desde el
cierre de la extracción en 1981, los vecinos instalados en cercanías
de Los Adobes vienen denunciando “enfermedades raras que vinculan
al agua que beben y al particulado que vuela”.
“Han reclamado
que se hagan estudios epidemiológicos, pero no han tenido respuesta.
Los vecinos observaban que a las ovejas se les caía el pelo y que
aparecían muertas. Finalmente intervino un juez que exigió a la
CNEA que instale un cerco perimetral para alejar del predio uranífero
a la fauna tanto como fuera posible”.
En virtud de lo
expuesto, Adelanto 24 tomó contacto con Silvana Buján, referente de
BIOS Argentina y autora de “Peligro, residuos nucleares: una
historia de engaños, ocultamiento y abandono”, quien entre otros
aspectos expuso que en ninguno de los sitios donde hoy se acumulan
residuos atómicos se han hecho relevamientos sanitarios.
“Apenas si
alguna vez se llevaron a cabo simulacros de evacuación en las
centrales de Atucha y Embalse. Lo que hay que resaltar es que la
propia CNEA reconoce la existencia de estos sitios con residuos. Son
lugares totalmente abandonados porque, por cuestiones de mercado, en
un momento dejó de convenir explotar uranio en la Argentina”,
explicó.
“De hecho, si
hablamos de reservas comprobadas, en su momento la CNEA midió altas
concentraciones de uranio directamente abajo de Villa Carlos Paz y
Cosquín, en la provincia de Córdoba. El proceso para separar al
uranio de la roca requiere el uso de ácido sulfúrico. El resultado
de ese tratamiento derivó en una contaminación del lago San Roque
por el trabajo que se llevó a cabo en el yacimiento Los Gigantes”,
agregó.
Buján destacó
que, en casos como Malargüe, jamás se midió la radiactividad
derivada de la explotación minera. “Ahora se está remediando el
lugar, pero los residuos están a sólo 10 cuadras de la iglesia
principal. Los trabajos que se están llevando a cabo consisten en
hacer un agujero del tamaño de dos canchas de fútbol para luego
sellar los residuos con capas de piedra y arcilla. Eso es todo lo que
se está haciendo”, especificó.
Respecto de
los efectos concretos de la radiactividad liberada, la entrevistada
explicó que los elementos emiten partículas alfa, beta y gamma,
siendo estas últimas las de mayor riesgo en tanto está
científicamente comprobado que provocan cáncer y malformaciones
genéticas.
“Todo emite
radiactividad, sea alta o baja. Pero jamás se midió cuánto es lo
que están recibiendo los habitantes de la zona por efecto del
polvillo o lo que llega a las aguas producto de las lluvias que lavan
las pilas de residuos. Lo único que ha hecho la CNEA en concreto
hasta ahora es una suerte de mea culpa. Reconoce que estos sitios
existen y están abandonados. Pero la remediación sigue demorada,
con todo el peligro que esto implica, más allá de algún que otro
gesto puntual”, concluyó.
Dentro del
Gobierno, mientras tanto, la mira continúa colocada en el extremo
opuesto a la desarticulación final de estos yacimientos. Muy por el
contrario, un consultor del Ministro de Energía Juan José Aranguren
-con pasado en la Secretaría de Energía de la Nación- reconoció
ante Adelanto 24 la decisión de intensificar la apuesta por las
centrales nucleares.
“Vamos a
cumplir lo pactado con China por el kirchnerismo, que tuvo cierta
devoción por el tema nuclear, y a partir de ahí delinearemos nuevos
planes para generar más energía a través de nuevas centrales. Nos
legaron la construcción de otra central y eso es lo que se va a
hacer. La situación del uranio y su extracción es algo que deberá
volver a evaluarse”, aseguró la fuente a este medio.
El vocero evitó
pronunciarse respecto de los millones de toneladas de residuos que
por estos días se apilan en 6 provincias de la Argentina. De esto se
desprende que la posibilidad real de una contaminación irreversible
todavía no ocupa lugar en la agenda de prioridades del oficialismo.
Mientras el
tiempo transcurre, en la Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, Chubut y
Salta, la radiactividad liberada somete a los habitantes de esos
territorios a un Chernobyl propio, doméstico. Aunque, por
conveniencia dirigencial, sin diagnóstico médico.
Como viene
ocurriendo en las últimas gestiones presidenciales, el segmento
político local parece olvidar, otra vez, que hay tragedias que
esperan por todos a la vuelta de la primera esquina.
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