La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos difundió un informe que cuestiona
la megaminería, la explotación petrolera, el agronegocio y la
construcción de represas. El informe sostiene que esas actividades
condenan a los pueblos originarios.
por Darío
Aranda
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor organismo
continental en la materia, afirmó que la megaminería, la
explotación petrolera, el agronegocio y la construcción de represas
violan los derechos humanos de los pueblos indígenas. Así lo
determinó en un extenso informe donde detalla que los gobiernos de
la región priorizan su alianza con las empresas extractivas por
sobre las leyes que protegen a la población. La CIDH denunció que
se condena a las comunidades indígenas a la pobreza, desalojos y
muerte. En Argentina existe un piso de 183 conflictos por territorios
indígenas.
“Pueblos
indígenas, comunidades afrodescendientes y recursos naturales:
protección de derechos humanos en el contexto de actividades de
extracción, explotación y desarrollo”, es el nombre del informe
publicado por la Comisión Interamericana. “La llegada del siglo
XXI trajo consigo un aumento de las extracciones mineras y petroleras
en el continente. Igualmente, ha aumentado significativamente la
presencia de monocultivos de exportación que cubren amplios
territorios, con altos impactos ambientales”, detalla.
Precisa los
avances de los cultivos de soja, caña de azúcar y palma aceitera. Y
afirma: “La Comisión ha podido observar que se han producido
serios impactos en los derechos humanos de las poblaciones. Es
reiterada y consistente la información recibida sobre impactos
negativos ambientales, sociales, culturales y humanos que generan
estas actividades”.
La CIDH dedica
todo un apartado al modelo agropecuario de la región y alerta sobre
“impactos desproporcionados” de la producción de palma aceitera,
caña de azúcar y soja. “Tienen efectos ambientales agudos como la
pérdida de la biodiversidad y la seguridad alimentaria, el aumento
del uso de agroquímicos, el avance de la frontera agrícola sobre
áreas naturales, entre otros”, describe. Cuestiona la autorización
de semillas transgénicas, “acción estatal que desconoce las
formas propias del manejo y gestión de los territorios indígenas”.
Recuerda que se autorizaron semillas transgénicas de soja, maíz y
algodón en contra de la decisión de pueblos indígenas de contar
con un territorio libre de transgénicos.
El máximo
organismo de derechos humanos cuestiona a los gobiernos por el “poco
apoyo económico a la agricultura indígena o campesina, la negación
de la soberanía alimentaria, el despojo de tierras”. También
cuestiona que los estados permiten (por acción u omisión) la
migración forzosa y la contaminación de flora, fauna, suelo y agua.
Precisa que el
modelo agropecuario actual “exige altas cantidades de agrotóxicos”
que afectan la salud de la población y el ambiente.
La CIDH también
afirma que la minería produce destrucción de ecosistemas donde se
ubican las canteras, afectación del sistema hidrológico,
contaminación del agua y emisiones de polvo, entre otras
consecuencias. “Este tipo de proyectos puede suponer una seria
contaminación por el vertimiento de sustancias en el medio ambiente,
bosques y ríos. Estas afectaciones pueden llegar a ser devastadoras
en casos de proyectos mineros a gran escala o cuando se otorga un
gran número de concesiones de pequeña escala”, advierte.
Y explica que
tras la culminación de la extracción minera “se carecen de planes
de cierre y remediación ambiental adecuados que aseguren la
superación de los pasivos ambientales generados”.
La investigación
alerta que la explotación de hidrocarburos implica la apertura de
trochas, las evaluaciones sísmicas y continua contaminación por
derrames. “La CIDH ha recibido información sobre derrames en la
selva amazónica debido a la rotura de oleoductos o tuberías
generando, entre otros efectos, la presencia de cadmio en el agua. Se
ha documentado ampliamente que la exposición al petróleo y a los
compuestos químicos vinculados al mismo petróleo provoca efectos
nocivos para la salud y la vida del ser humano”, afirma la
investigación. Subraya que la explotación petrolera genera desechos
tóxicos en todas las etapas de las operaciones, con permanentes
hechos de contaminación y afectación de derechos indígenas.
El trabajo
también cuestiona las represas que interrumpen el cauce natural de
los ríos e impactan en las formas propias que tiene las comunidades
indígenas de utilizar sus aguas, generalmente para la agricultura. Y
vincula represas con el aumento de enfermedades como dengue, malaria,
diarrea y problemas de la piel.
El informe,
realizado con la colaboración de la ONG Iwgia (Grupo Internacional
de Trabajo sobre Asuntos Indígenas), concluye que el extractivismo
provoca “graves impactos sociales y culturales, afectaciones en la
salud, alteración en la calidad de vida, provocando desplazamientos
(forzados) y daños irreparables a la tierra y los recursos naturales
de los pueblos indígenas”. Las actividades extractivas “pueden
poner en riesgo la existencia misma de los pueblos indígenas”,
alerta la CIDH.
La ONG de
derechos humanos Amnistía Internacional realizó en 2015 un mapa de
conflictos indígenas de Argentina. Detectó un piso de 183 casos.
“Son sólo un número representativo de los conflictos presentes en
Argentina en los que comunidades indígenas exigen el cumplimiento de
sus derechos frente a gobiernos, empresas (agropecuarias, mineras,
petroleras, de turismo –entre otras–), y ante jueces y fiscales
del Poder Judicial que desoyen las normativas vigentes”, explicó
Amnistía en el sitio web territorioindigena. com.ar, donde se pueden
chequear y sumar nuevos casos.
Derecho a la
consulta
por Darío
Aranda
La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos solicita a los Estados que
apliquen el “derecho a la consulta” y al “consentimiento libre,
previo e informado” ante cada acción que pudiera afectar a los
pueblos indígenas (derecho vigente en distintas leyes nacionales y
tratados internacionales, como el “Convenio 169 de la OIT”). La
Comisión recuerda que no se pueden otorgar concesiones a empresas
sin el visto bueno de las comunidades indígenas y afirma que no
cumplir con ese derecho básico implica una violación de derechos
humanos.
La Comisión
afirma que cada vez que las comunidades indígenas se organizan y
resisten a proyectos extractivos sobrevienen “actos de
hostigamiento, amenazas y agresiones”. Se repiten persecuciones
judiciales en contra de indígenas, presiones, secuestros y
asesinatos. El extractivismo vulnera “el derecho a la vida”,
define la CIDH.
Fuentes:
Darío Aranda, Impacto ambiental y DD.HH., 22/08/16, Página/12. Consultado 22/08/16.
Darío Aranda, Derecho a la consulta, 22/08/16, Página/12. Consultado 22/08/16.
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