En
respuesta al Ministro de Ambiente de la Nación.
por Enrique Viale
El
martes 17 de mayo, el ministro de Ambiente de la nación, Sergio
Bergman, publicó aquí un artículo denominado “Minería conlicencia social, un cambio cultural”. Corresponde una respuesta
porque, entre otras cosas, el ministro parte de premisas falsas,
desconoce las largas luchas territoriales y olvida su condición de
máxima autoridad ambiental federal.
Bergman
ignora las largas luchas ciudadanas en los pueblos cordilleranos y
precordilleranos que son las que están marcando huellas históricas
en la defensa de los territorios en nuestro país y un punto de
inflexión en el saqueo económico, la devastación ambiental,
social, cultural e institucional que significa la figura extrema del
extractivismo: la megaminería. Desconoce el ministro que son las
asambleas ciudadanas las que vienen teniendo desde hace años un
debate serio sobre la problemática, que tanto se reclama, a través
del trabajo reflexivo de los compañeros en las manifestaciones,
conversando con la comunidad, debatiendo en escuelas, lugares de
trabajo, universidades y llevando adelante medidas de carácter
institucional.
Sergio
Bergman también desconoce que fue a partir del andamiaje jurídico
montado en los noventa -sostenido y profundizado en la actualidad-
que la Argentina se encontró con una nueva modalidad de explotación:
la megaminería, hasta ese momento desconocida en nuestro país. Se
diferencia respecto de la minería tradicional fundamentalmente en su
(gran) escala y en su modalidad de explotación, lo que la hace
inherentemente contaminante, insostenible e imposible de controlar.
Para extraer los minerales diseminados en grandes extensiones de
territorio, esta actividad se realiza a cielo abierto, con el uso de
colosales cantidades de energía, explosivos, agua y sustancias
extremadamente tóxicas para separar la roca del mineral.
Así,
por ejemplo, el emprendimiento minero Pascua Lama (San Juan) removerá
rocas por 1.806 millones de toneladas en todo su proceso extractivo;
La Alumbrera (Catamarca) tiene autorizado el empleo de más de 86
millones de litros de agua por día, mucho más que el consumo total
de la provincia y, a su vez, en materia eléctrica representa el 85 %
del consumo total de la energía de la provincia. En materia de
explosivos, también los datos son espeluznantes: sólo en Pascua
Lama se arrojarán durante el proceso extractivo la friolera de
493.500 toneladas, casi la mitad de los lanzados en la Segunda Guerra
Mundial. Los tres principales proyectos mineros de nuestro país -La
Alumbrera, Pascua Lama y Agua Rica- concentrarían un nivel de
consumo energético (subsidiado) de 395 MW, lo que supera la
producción de la central nuclear de Atucha (375 MW).
Con
estas características, en la medida en que la gran minería avanza
sobre los territorios y entra en competencia con otras actividades
por la utilización del agua, la tierra, la energía y otros
recursos, termina por reorientar la economía del lugar donde se
implanta; se configura como un modelo territorial excluyente frente a
otras concepciones del territorio y a las débiles economías
regionales. Así, las producciones agropecuarias, industriales y el
turismo de las zonas cordilleranas y precordilleranas son
incompatibles con esta actividad.
Por
su parte, en cuanto al marcado énfasis del ministro de Ambiente de
la nación en el cumplimiento de las leyes, parecería olvidar que él
es la autoridad de aplicación de la ley de glaciares y, como tal,
responsable de su aplicación efectiva. En este sentido, el
emprendimiento minero Veladero está operando sobre glaciares y
ambiente periglacial, tal como se desprende del propio Informe de
impacto ambiental realizado por la empresa. Esto convierte allí a la
actividad en ilegal, al contradecir la ley de glaciares, que
establece taxativamente la prohibición de actividades mineras sobre
esas superficies. Recordemos que fue este emprendimiento minero en
San Juan el que provocó, en septiembre pasado, el peor incidente
minero ambiental de la historia de nuestro país al contaminar con 5
millones de litros de solución cianurada la cuenca del río Jáchal.
Hecho que, a pesar de su brutalidad y su flagrancia, aún permanece
impune y con el agravante de la reciente decisión de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación de enviar la investigación del
hecho a la complaciente Justicia de San Juan.
Asimismo,
el ministro, al decir: “La minería es una actividad que nos
acompañará en nuestras vidas como en nuestras actividades
productivas, así también en el crecimiento de la nación que la
adopta”, también cae en una falsedad difundida insistentemente por
el lobby de la minería transnacional. El destino casi exclusivo de
este tipo de minería (oro, plata, cobre y otros minerales) es la
exportación de un concentrado, con nulo valor agregado. Esto, a su
vez, acentúa una desigual geografía de la extracción y el consumo
general, que afecta a todo el subcontinente latinoamericano. Por
ejemplo, América Latina produce el 26,2 % de la bauxita en el mundo,
pero sólo consume el 2,9 %; en cuanto al cobre, produce el 45,1 % y
consume el 6,1 %. Respecto del oro, se extrae el 15,2 %, pero
se consume solamente el 3 %. A esto hay que agregar que la
minería aurífera, muy expandida en nuestro país, refiere a un
metal que tiene un escaso uso o utilidad social, ya que el 83 % de su
producción es utilizado para reservas bancarias y joyería.
Y
en Argentina, además, el régimen jurídico aplicable a la minería
cuenta con un tratamiento impositivo y financiero diferencial que
posibilita que coexistan empresas inmensamente ricas y pueblos
extremadamente pobres. En efecto, en las provincias ligadas a la
megaminería (Catamarca, San Juan y Santa Cruz), esta actividad está
lejos de haberse convertido en un motor de desarrollo.
Después
de más de tres lustros de explotación de La Alumbrera y ya en su
fase final, el paisaje socioeconómico de Catamarca no cambió
favorablemente, sino todo lo contrario: los índices industriales y
de la construcción cayeron y los niveles de pobreza siguen siendo
más altos que la media nacional y con porcentajes de población
asistida a través de los diversos programas sociales entre los más
altos del país (es la provincia que presenta el mayor número de
beneficiarios de la asignación universal por hijo).
Lo
mismo ocurre en la provincia estrella de la gran minería, San Juan -elegida como modelo del lobby minero-, que, a pesar de tener en
funcionamiento hace muchos años algunos de los mayores
emprendimientos mineros del país y de la transferencia de la nación
durante los últimos años del doble de recursos per cápita que la
media nacional, la pobreza y la indigencia (según datos del
Instituto Nacional de Estadística y Censos) son las más altas de su
región y se mantienen en mayor proporciones que las provincias
vecinas que no desarrollan la actividad. En esta provincia, la
empresa Barrick, por Veladero (la mina más grande de la provincia),
aporta en concepto de regalías menos del 1 % del total de ingresos
provinciales. La minería metalífera actualmente emplea allí poco
más de 2.500 personas en forma directa, sólo el 1 % del total del
empleo en esa provincia.
Lo
cierto es que pese a las reiteradas promesas del sector, la minería
metalífera representa menos del 0,045 % de la población
económicamente activa (PEA) de la Argentina. Incluso en Perú, el
país minero por excelencia, la minería ocupa el 2 % de la PEA,
contra el 23 % de la agricultura, el 16 % del comercio y el 10 % de la
manufactura.
No
existe en el mundo ninguna región que haya logrado un desarrollo
socioeconómico con la gran minería, como tampoco hay lugar en el
mundo donde se desarrollen (o intenten) proyectos de megaminería y
no haya gran conflictividad social. El sistemático ataque a las
libertades individuales más básicas para imponer este modelo
conlleva a un nuevo capítulo de violación de derechos humanos en
nuestro país que reduce al mínimo los alcances de la propia
democracia.
En
suma, esta actividad está concentrada en unas pocas empresas
transnacionales, que generan una exigua mano de obra, cuya producción
está orientada de modo exclusivo a la exportación masiva de
minerales (sin valor agregado), con altísima conflictividad social.
Dejan como herencia pasivos ambientales durante y tras el cierre de
las minas (lo que configura verdaderas zonas de sacrificio) que
quedarán a cargo del Estado nacional, las provincias y, sobre todo,
las poblaciones.
Por
estas razones es que el economista ecuatoriano Alberto Acosta
difundió la frase: “La maldición de la abundancia” para
caracterizar el extractivismo extremo en nuestra región, a la cual
históricamente se le ha reservado el papel de exportadora de
naturaleza, sin considerar sus impactos desestructurantes sobre la
población ni los efectos socioambientales. La historia lo demuestra:
por donde pasa la gran minería sólo quedan saqueo, territorios
devastados y empresas colosalmente ricas. Aunque los Gobiernos no lo
adviertan, como el ministro Sergio Bergman, serán los pueblos en los
territorios los que no dejarán que se sigan escribiendo nuevos
capítulos de Las venas abiertas de América Latina.
Fuente:
Enrique Viale, Megaminería: insustentable e incontrolable, 18/05/16, Infobae. Consultado 18/05/16.
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