Los
wichí de Salta denuncian al abogado jujeño Omar Quintar. Sostienen
que se apropió de quince fincas, miles de hectáreas, utilizando
hombres armados para desalojar familias enteras. La muerte de los
niños por falta de atención médica. El avance del agronegocio.
por
Darío Aranda
Comunidades
wichí de Salta denuncian la violación de derechos al territorio,
salud y educación. Sucede en Rivadavia Banda Sur, donde padecen
desalojos violentos, ataques de bandas armadas y un empresario que se
adueñó de quince fincas con complicidad política y judicial. “Es
inhumano lo que vivimos, no se cumple ninguno de nuestros derechos
porque somos aborígenes y porque somos pobres”, lamentó
Vernardino Pizarra, uno de los referentes wichí. El avance del
agronegocio y la muerte de niños por falta de atención médica son
dos caras de estas violaciones.
Rivadavia
Banda Sur está ubicada a 380 kilómetros al este de la capital
provincial, casi en el límite con Chaco, histórico espacio del
pueblo wichí. La zona, parte del conocido chaco salteño, comenzó a
ser codiciada a fines de la década del 90, cuando la sojización
comenzó a avanzar sobre regiones extrapampeanas.
“Desde
hace tres años que comenzamos a tener problemas. Alambraron fincas,
colocaron portones y cerraron los caminos vecinales que dirigen hacia
el río Bermejo”, consta en la denuncia de 2009, realizada por
Demetrio Campos, cacique de la comunidad Misión Wichí. Son más de
una decena las denuncias presentadas por las comunidades originarias,
pero ninguna prosperó. La fiscalía de Pichanal (juzgado de Orán)
las cajoneó de manera sistemática.
En
la última década se hizo regla un paisaje atípico en Rivadavia
Banda Sur: alambrados, tranqueras con candados, carteles de
“prohibido pasar”. Y comenzaron a patrullar bandas armadas. La
situación se repitió en los parajes El Chañaral, La Soledad, El
Cocal, Las Llaves y San Felipe, entre otros.
Las
comunidades vieron impedido su derecho básico a transitar, cazar,
recolectar miel, pescar, obtener los elementos para sus artesanías.
Las comunidades wichí perjudicadas son El Chañaral, La Esperanza,
El Cocal, Brealito, San Felipe y Fiscal 30, más de 300 familias.
“Este
señor (Omar) Quintar se robó todos los campos. Desde nuestros
bisabuelos que todos estamos aquí y nunca nos dieron la tierra.
Viene un empresario con plata y le dan todo a su nombre. Cuente por
favor que eso pasa en Salta”, relató Vernardino Pizarra,
representante de las comunidades wichí de Rivadavia Banda Sur.
Los
wichí denuncian que el abogado jujeño Omar Quintar se apropió de
quince fincas. Sólo la estancia Las Llaves tiene 5000 hectáreas,
que pertenecen desde hace más de cien años a la familia campesina
Argañaraz.
Entre
las víctimas directas estuvieron las comunidades wichí Chañaral y
Breal, que fueron expulsadas de sus campos. La comunidad Breal
incluso contaba con un cementerio en el lugar, prueba irrefutable de
posesión y derechos sobre el territorio.
La
última denuncia la realizó Pizarra, en la comisaría N°1 de la
ciudad de Salta. No recurren a la comisaría de Rivadavia y al Poder
Judicial de Orán porque no actúan. Pizarra alertó sobre el
accionar de grupos armados que amenazan a los pobladores. Apresaron a
tres hombres con escopetas, pero los liberaron a los pocos días.
“Los
políticos son cómplices”, afirmó Pizarra. Aseguró que Quintar
cuenta con apoyo del juez de Paz local, Luis Romero, el intendente
Leopoldo “Polo” Cuenca, y también tiene vínculos con el senador
provincial Mashur Lapad, el político con más poder del departamento
y uno de los más influyentes de la provincia.
Otro
actores señalados son la fiscal Mónica Viazzi y el diputado
nacional y empresario Alfredo Olmedo, que recibió 360.000 hectáreas
del gobernador Juan Carlos Romero en la década del 90 (para agro,
previo desmontes) y también avanza contra campesinos e indígenas.
Quintar
desmintió las denuncias en su contra. Se definió como un
“conservacionista” y señaló que lo atacan “quienes quieren
desmontar todo”. Sostuvo que cuenta con muchos lotes pero una sola
finca, señaló que hizo “mucho por los indígenas” de la zona
(desde caminos hasta trabajo) y negó la existencia de bandas
armadas. “Me prendieron fuego una topadora, robaron tranqueras y
alambrados; tuve que contratar tres serenos”, justificó. Según
Quintar, acumula tierras para “proyectos turísticos”.
La
Ley Nacional 26160 está vigente desde 2006. Ordena que los jueces
frenen todos los desalojos a indígenas y que Nación y provincias
releven los territorios comunitarios. Los desalojos no se detuvieron
y, a una década de su sanción, falta terminar los relevamientos en
el 80 por ciento de las comunidades originarias del país.
A
los conflictos territoriales se sumó la muerte de niños por falta
de atención primaria de salud. En julio de 2015 murieron cuatro en
diez días. Bianca Acosta, de 18 meses de vida, e Ismael Sarmiento
(de 3 años). Luego falleció María del Carmen Laguna, de 1 año,
cuando era trasladada a Orán para cambiarle una sonda. Murió en el
camino porque la ambulancia municipal no tenía oxígeno. El
Ministerio de Primera Infancia señaló que se trató de “una falla
de salud”.
Las
comunidades precisan que existen solo dos médicos para 10.000
habitantes, con el agravante de “discriminación y maltrato” con
los pueblos originarios. “Hubo muchos casos de niños muertos por
desnutrición, por mala atención. Siguen muriendo niños y adultos.
La situación es muy grave”, afirmó el vocero wichí.
Las
comunidades abrieron una cuenta de Facebook (Wichi Lhayis Rivadavia
Banda Sur), donde detallan la situación que padecen. “Los
políticos nos mienten y los jueces nos dicen que ‘no molestemos’,
pero tenemos derechos y no sabemos cómo vivir sin territorio”,
advirtió Vernardino Pizarra.
Fuente:
Darío Aranda, Las bandas armadas del agronegocio, 16/05/16, Página/12.
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