.jpg) |
| Inundación de Villa Allende, marzo de 2015 |
por Juan Carlos Dellavedova y Román Ballesteros
La reciente catástrofe natural sufrida por la población asentada en el conglomerado del Gran Córdoba ha dejado muchas consecuencias fatales que debieran servir de advertencia para prevenir graves secuelas socioeconómicas en nuestra región serrana,
suburbana y urbana.
Las notas publicadas indican hechos y situaciones y plantean oportunas reflexiones aleccionadoras sobre las condiciones que pueden deteriorar nuestro clima y nuestro medio ambiente en poco tiempo, de no mediar urgentes acciones preventivas, correctivas y reparadoras por los organismos públicos responsables y prestadores de servicios públicos en el hábitat cordobés.
El Centro de Ingenieros de Córdoba (CIC) tiene la convicción de que el desarrollo urbano producido vertiginosamente en el territorio del Gran Córdoba ha sido descontrolado.
Los infográficos registrados en publicaciones locales permiten mostrar que no hubo planificación, regulación ni control algunos sobre los asentamientos poblacionales desde hace más de 60 años.
Causas
En el período citado, se produjo una gran expansión demográfica. El control del uso del suelo es una materia pendiente para los organismos provinciales y municipales de Córdoba.
Pero esta explosión demográfica ya excede todos los límites en el desarrollo del Gran Córdoba. Y ello se agrava más al comprobar que en todos los valles próximos a los departamentos centrales, ese fenómeno sigue sin pausa y control por parte del Estado, último responsable, que no contiene las demandas inmobiliarias, pese a los altos impuestos exigidos al ciudadano.
Se destacan como causas directas: el otorgamiento indiscriminado de inscripciones catastrales en cuanto lugar deshabitado existe, el mal uso de los recursos naturales (tierras productivas, fuentes y cursos de agua, vegetación y atmósfera, energía natural, etcétera), la exagerada disponibilidad (tipo todo terreno) de servicios públicos sin normalización racional y cuantitativa de los entes proveedores y el lucro comercial desmedido, entre otras causas.
Por otra parte, este problema, debido a la expansión urbana desmedida, tiene como grave causal el desmonte generalizado de la vegetación y bosques autóctonos, que regulaban la absorción natural de las aguas de lluvia sobre terrenos de fuerte pendiente.
El desmonte indiscriminado provoca, al fin, trágicas inundaciones, a causa del rápido escurrimiento aguas abajo. Esto es ni más ni menos que desconocer la ley hidráulica provincial que rige sobre la potestad de los municipios concedentes del uso del suelo.
Factores
La comercialización falaz, las facilidades del crédito inmobiliario y la constante desvalorización monetaria actual alientan el negociado de la tierra.
Si este fuera un negocio con rentabilidad social, debiera estar limitado y regulado de manera más responsable. Un marco legal provincial e integral debe asegurar esos límites y facilitar el control de los cursos de agua y el empleo de las energías renovables.
Los servicios públicos -regulados por normas seriamente fijadas- tienen una capacidad ociosa, por lo general. Pero sería fatal desconocer esos límites de capacidad, por las consecuencias catastróficas ocasionadas si no son respetados del modo debido.
Se destacan algunos factores esenciales para ser regulados bajo estándares de seguridad:
La provisión del agua potable y su infraestructura de distribución.
La canalización controlada de los cursos de agua y de sistemas de efluentes.
Los sistemas eléctricos tienen importancia estratégica. Si no están diseñados en conformidad con normas vigentes y duraderas, provocan serios accidentes, tanto individuales como grupales, e incluso incendios masivos.
La red vial de caminos, puentes, viaductos y los medios de transporte individuales y públicos son básicos, pero deben limitarse a infraestructuras convenidas entre todos los municipios de la región.
Esta apretada síntesis muestra la urgente necesidad de poner límites a este fenómeno expansivo del crecimiento de la desordenada urbanización de nuestro Gran Córdoba.
Ello obliga a planificar de inmediato la reconstrucción regional, basada en normativas adaptadas a estándares internacionales.
El proceso de radicación poblacional, su desarrollo social e integración comunitaria debieran llevarse a cabo con bases reguladas y sustentables de la obra pública.
Aporte profesional
La ingeniería, con sus especialidades, ofrece para ello los métodos idóneos para planificar con sentido integral las obras públicas y privadas.
Otras disciplinas, como arquitectura y urbanismo, así como la legislación territorial, social y laboral debieran aportar sus aplicaciones e incumbencias, priorizando la atención del medio ambiente.
En tal sentido, lo expresado aquí permite advertir que el tratamiento correctivo de las causas y factores de este desastre regional debiera proceder con el cumplimiento y perfeccionamiento rigurosos e impostergable de las normas regulatorias y de preservación del hábitat de Córdoba.
La obra pública lleva implícito un fuerte compromiso social, por la seguridad que deben garantizar los aspectos legales y catastrales del uso de la tierra, y el diseño y dimensionamiento adecuados para garantizar los bienes y la tranquilidad de la población de Córdoba.
Juan Carlos Dellavedova y Román Ballesteros son integrantes del Colegio de Ingenieros de Córdoba
Fuente:
Juan Carlos Dellavedova, Román Ballesteros, Frente al desastre climático, 14/03/15, La Voz del Interior.
No hay comentarios:
Publicar un comentario