Monsanto no puede avanzar sin aprobación ambiental

Una Cámara ordenó parar toda obra o autorización hasta que haya estudios y audiencia pública. Euforia de amparistas.

por Rubén Curto

La Sala Segunda de la Cámara del Trabajo provincial resolvió favorablemente -en fallo dividido- un amparo que el Club del Derecho y particulares habían presentado objetando el proceso administrativo que permitía la instalación de la firma Monsanto en la ciudad de Malvinas Argentinas, sin determinar previamente cómo impactaba en el medio ambiente.

Así, la construcción de la planta de semillas, que ya venía paralizada de hecho desde hace varios meses por el acampe que ambientalistas realizan frente al predio, entró ahora en un nuevo plano de indefinición, y sin plazos previsibles de salida, por esta resolución legal.

Monsanto anticipó que apelará el fallo en cuestión ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ), aunque ciertamente se abre otro marco para la discusión, porque lo resuelto ayer no fue una cautelar sino la cuestión de fondo del amparo.

De todos modos, tampoco se puede ignorar que meses atrás, cuando el TSJ tuvo que intervenir en este tema, habilitó el inicio de las obras civiles para la planta de producción de semillas.

La Cámara, integrada por Silvia Díaz, Luis Fernando Farías y Miguel Ángel Azar, declaró la “arbitrariedad e inconstitucionalidad” de la resolución 595/2012 dictada por la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Córdoba; lo propio hizo respecto de las ordenanzas municipales 808/2012 y 821/2013 sancionadas por el Concejo Deliberante de Malvinas Argentinas.

Se trata puntualmente de los instrumentos legales en que se apoyaba el avance de obras que había encarado Monsanto para levantar su planta y que desató una fuerte polémica.

En este nuevo escenario, la Cámara también ordenó a la Municipalidad de Malvinas Argentinas que “se abstenga de autorizar a la firma Monsanto Argentina Saic toda implementación, obra, ejecución o acción, hasta tanto no se cumplimente con la realización del correspondiente Estudio de Impacto Ambiental y la celebración de una audiencia pública, que establecen la Ley General del Ambiente N° 25.675, la ley provincial 7.343 y el decreto 2.131/00”.

Adicionalmente, la Cámara mandó “suspender las obras que se llevan a cabo con los permisos otorgados por los instrumentos normativos tachados de arbitrarios e inconstitucionales a través de la presente resolución”.

Como quedó dicho, este último punto no tiene efectos prácticos, ya que hace meses que no entran ni salen camiones de la planta para avanzar en las obras civiles.

Federico Macciochi, presidente del Club del Derecho y promotor del amparo, festejó el fallo considerando que ahora se les abre la posibilidad -según dijo- de controlar el proceso de evaluación del impacto ambiental.

En ese sentido, se entusiasmó con poder monitorear los trámites “desde adentro”, con acceso al expediente, realización de audiencia pública y hasta presentar pericias propias.

“El fallo es muy claro y contundente. Obliga a Monsanto y a las autoridades a hacer las cosas como dice la ley y a no avanzar sin evaluar antes el impacto ambiental”, señaló.

“Cuesta creer que improvise”

“Nadie va a tomar una decisión que fue avalada por la Nación sin respetar las normas”, indicó César Belloso.

Cuesta creer que con el riesgo empresario de invertir en una planta de 1.600 millones de pesos Monsanto esté improvisando como si estuviéramos haciendo un asado entre amigos”, graficó César Belloso, presidente de la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid).

Aunque se excusó de opinar sobre el fallo propiamente dicho, reconoció que cualquier actividad que “esté generando un cambio sobre el ambiente y una comunidad” requiere de un informe de impacto ambiental. “Yo no creo que nadie, dentro de la envergadura de empresas que hacen este tipo de inversiones, no se ajuste a las normas legales vigentes”, subrayó. Dijo que en los requerimientos legales de una comunidad -ya sea municipal, provincial o nacional-, cualquier empresa debe respetarla. “Para ello hay normas preestablecidas que seguramente habrán sido requisito para poder instalar la planta”, estimó Belloso.

“Hay cosas que caen de maduro: nadie va a tomar una decisión como gerente sin respetar las normas en una combinación avalada por el Gobierno nacional y que incluyó visitas hasta de la propia Presidenta”.

“Si la ciencia ha instalado naves en la Luna, creo que hay un nivel de conocimiento, en temas tan elementales como el tratamiento de semillas, para hacer una comisión académico-científica y si hay vocación de solucionar el problema, avanzar con los costos políticos que implica avalar una empresa que en el imaginario de la gente es una multinacional que lo único que busca es enriquecer su bolsillo a costa del ambiente”.

Interpretó que “esa visión lamentablemente está instalada en mucha gente, que no ve el bosque porque lo tapa el árbol. Si queremos crecer y más empleo, no queda otra que generar actividad económica”, concluyó.

“Está claro que no cumple las leyes”

“No somos una bandita de locos contra una empresa seria que quiere invertir. Monsanto no respeta las leyes argentinas, y además contamina. Eso es lo peor”, aseguró Medardo Ávila Vásquez.

Lo más importante del fallo de la Cámara es que deja claro que Monsanto no cumple las leyes. Pese a la publicidad empresaria y la defensa oficial, es la Justicia la que está diciendo que las cosas no deben hacerse como intentaron hacerlas en Malvinas Argentinas, que hay una ley que rige para todo el país y que también deben respetar la Provincia de Córdoba y la Municipalidad de Malvinas Argentinas”, indicó ayer Medardo Ávila Vázquez, de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, que apoya la resistencia de la asamblea ambiental que bloquea el acceso al predio de Monsanto.

“Lo segundo que queda claro es que no somos una banda de locos contra una empresa seria que viene a invertir. Monsanto es una empresa que no cumple las reglas y que, además, contamina”, indicó el médico, que reclamó la intervención del Gobierno nacional en el conflicto: “La Nación fue la impulsora original de la radicación de Monsanto, fue la que hizo la negociación global con la empresa, y luego se borró”, indicó.

“El fallo fortalece nuestra posición respecto de Monsanto y establece que la obra no debe avanzar hasta tanto haya un estudio de impacto ambiental aprobado. Yo le agrego que, además, falta una decisión política del gobernador José Manuel de la Sota. Y que previo a esa decisión hay que consultar a la población de Malvinas Argentinas”, dijo Ávila Vázquez, quien recalcó que ese debería ser un paso ineludible, dada la altísima conflictividad social que generó el proyecto: “No decimos que no a Monsanto por capricho. Hay razones sanitarias para rechazar esa planta. Pero respetaremos el veredicto de la población de Malvinas Argentinas”.

Monsanto apela al TSJ y el bloqueo se mantiene

La empresa va al máximo tribunal. Ambientalistas festejan, pero mantienen la guardia en alto.

Conocido el fallo que concedió un amparo que va en contra de sus intereses, Monsanto confirmó que apelará esa sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia.

Desde la empresa indicaron “no compartir” la resolución judicial de suspender la continuidad de la obra hasta la obtención del estudio de impacto ambiental. Igual, dijeron ser “respetuosos de las decisiones del Poder Judicial”, por lo cual “acataremos como siempre sus medidas”.

A través de un comunicado, la firma evaluó que considera “legítimo su derecho a construir la planta” en Malvinas Argentinas. Esto, por “haber dado cumplimiento con todos los requisitos legales y haber obtenido las autorizaciones para ello conforme la normativa vigente, lo que fuera confirmado por sentencia del Juzgado de Primera Instancia de fecha 7 de octubre de 2013”.

La multinacional también cuestionó a “extremistas que bloquean los ingresos al predio, ejercen violencia y desoyen sistemáticamente las decisiones judiciales” desde hace más de tres meses, lo cual determinó que empleados y contratistas suyos “no puedan ejercer el derecho a trabajar”.

Por su lado, vecinos, asambleístas y organizaciones sociales celebraron el fallo a favor de sus planteos. Gastón Massalay, uno de los ambientalistas, dijo que la obra debe ser “paralizada”.

“Estoy muy contento, es otra cachetada más para Monsanto”, añadió.

En tanto, Sofía Gatica, del grupo Madres de Ituzaingó Anexo, confirmó que mantendrán el bloqueo del ingreso al predio, “hasta que se tome una decisión política de los gobiernos nacional, provincial y municipal para prohibir la instalación de Monsanto en Córdoba”.

Fuentes:

Rubén Curto, Monsanto no puede avanzar sin aprobación ambiental, 09/01/14, La Voz del Interior. Consultado 09/01/14.

“Cuesta creer que improvise”, 09/01/14, La Voz del Interior. Consultado 09/01/14.

“Está claro que no cumple las leyes”, 09/01/14, La Voz del Interior. Consultado 09/01/14.

Monsanto apela al TSJ y el bloqueo se mantiene, 09/01/14, La Voz del Interior. Consultado 09/01/14.