La nueva causa que investiga pulverizaciones ilegales en el
barrio de la ciudad de Córdoba entre 2003 y 2004 tiene ocho imputados, dos de
los cuales ya fueron condenados en el juicio realizado el año pasado.
por Lucía Maina
A un año del primer juicio en América Latina que condenó las
fumigaciones a partir de la lucha de las Madres de Ituzaingó Anexo, empiezan
las pericias de la denominada “causa madre” que investiga pulverizaciones
realizadas en el barrio de la ciudad de Córdoba entre 2003 y 2004. A diferencia del
juicio anterior, que juzgó a dos productores y un fumigador por el peligro al
que expusieron la salud de la población, esta nueva instancia judicial también
busca determinar si las enfermedades y muertes registradas entre los vecinos
fueron efectivamente causadas por la aplicación de agroquímicos.
La causa madre cuenta con ocho imputados, entre los cuales
se encuentran el productor Francisco Parra y el aeroaplicador Edgardo Pancello,
quienes el año pasado ya fueron condenados por fumigar en Ituzaingó. A ellos se
suman el productor Eduardo Gabrielli, absuelto en el juicio anterior, cuatro
ingenieros agrónomos y un aplicador.
El fiscal Carlos Matheu, a cargo de la causa, explicó que a
todos ellos se les imputa el delito de contaminación ambiental previsto en el
artículo 55 de la Ley
nacional de Residuos Peligrosos, con penas que van de 3 a 10 años de prisión.
Aunque se trata del mismo delito atribuido en el juicio de
2012, el principal avance es que las pericias interdisciplinarias que se
realizarán a partir de la próxima semana podrían determinar si efectivamente
los casos de cáncer, que hasta el día de hoy afectan a 143 personas en
Ituzaingó, fueron causados por la aplicación de agroquímicos.
De este modo, los resultados serían cruciales no sólo para
determinar el inicio de un segundo juicio por fumigaciones sino también para
precisar la peligrosidad de los agroquímicos que se aplican en cientos de
pueblos y ciudades de la provincia y el país.
La causa madre abarca fumigaciones ilegales que se habrían
realizado entre 2003 y 2004 en Ituzaingó. Además, incluye un hecho ocurrido en
la comuna de Los Cedros, cerca de Alta Gracia, donde viven 30 familias y se
detectaron 13 casos de cáncer. Éste último caso fue incorporado por el fiscal
debido a que en el mismo también está imputado el aplicador Pancello.
Las pruebas
Las pericias interdisciplinarias, que según Matheu
empezarían la próxima semana, congregarán a un grupo de nueve profesionales:
médicos, biólogos, ingenieros agrónomos, químicos, oncólogos, epidemiólogos
analizarán distintos factores de contaminación en Ituzaingó Anexo y en Los
Cedros. A partir de allí, estudiarán las condiciones en que los vecinos
contrajeron enfermedades para intentar determinar qué casos se habrían
ocasionado a raíz de la exposición sostenida a agroquímicos.
“Lo más importante es ver si existió o no una vinculación
entre los casos de cáncer y las enfermedades que ocurrieron en estos dos
barrios con las fumigaciones de los imputados”, explicó el fiscal.
De cualquier manera, indicó que para que se configure el
delito de contaminación ambiental basta con que exista la posibilidad de que
las personas se hayan visto afectada su salud por el accionar de los imputados.
Es decir, no es necesario demostrar que las muertes y enfermedades se hayan
dado a causa de las pulverizaciones.
En el mismo sentido se expresó Darío Ávila, abogado de las
Madres de Ituzaingó, querellantes en la causa: “No hay necesidad de demostrar
causalidad directa, con demostrar contaminación el delito ya está
cometido”.
Matheu añadió que es muy difícil establecer una relación
causal directa entre las fumigaciones y las enfermedades, pero señaló que si
efectivamente se establece algún tipo de vínculo entre ambos hechos las penas
pueden elevarse.
“No es lo mismo que se haya contaminado el ambiente de modo
peligroso para las personas que allí viven a que se determine que existen altos
porcentajes de posibilidades de que las personas que contrajeron cáncer hayan
sido producto de esta utilización de agroquímicos”, advirtió. Y agregó que
además, las pericias servirán para que se sepa qué ocurrió realmente en el
barrio que se ha transformado en el emblema de la problemática de las
fumigaciones.
La denominada causa madre se inició a raíz de una denuncia
penal radicada en el año 2002 por el biólogo Raúl Montenegro, actualmente
querellante en la causa junto a un grupo de vecinos. Ya en aquel momento, el
denunciante había incorporado una gran cantidad de pruebas científicas y
documentales sobre la contaminación en barrio Ituzaingó. “Hay más de once
cuerpos de expedientes”, relató al respecto Ávila y agregó que muchas de las
pruebas son las que se utilizaron en el juicio realizado a mediados de 2012.
El abogado de la querella destacó la urgencia de que la
pericia se lleve a cabo dada la antigüedad de la causa que desde hace casi un
año se encuentra a cargo de la
Fiscalía de Carlos Matheu, de la Justicia Provincial
de Córdoba. Y aclaró que dos de las causas que el fiscal estaba investigando en
el marco de las denuncias radicadas en 2002 ya prescribieron.
En tanto, se estima que los resultados de las pericias estén
disponibles a fin de año, momento en que la Fiscalía dictaría la resolución para determinar
si corresponde su elevación a juicio.
A la corte
El miércoles pasado cientos de vecinos marcharon por las
calles de Córdoba capital para conmemorar el primer aniversario del fallo
histórico con el que la Cámara
1ª del Crimen de Córdoba condenó con tres años de prisión condicional a Parra y
Pancello por contaminación dolosa en barrio Ituzaingó. En la manifestación, las
Madres de barrio Ituzaingó junto a diversas organizaciones sociales también se
expresaron en contra de la instalación de la multinacional Monsanto en Córdoba.
De cualquier manera, la sentencia que marcó un hito en
América Latina todavía espera la resolución del Tribunal Superior de Justicia,
después de que los abogados defensores presentaran un recurso de casación. “La
condena está en suspenso por la apelación, si se ratifica los acusados tienen
que empezar cumplir tareas comunitarias”, precisó Ávila.
Por su parte, Matheu consideró que la causa, dada su
trascendencia, probablemente termine en la Corte Suprema de
Justicia. “Ya de por sí el juicio del año pasado marcó un hito trascendente porque
ha sido el primero en su tipo donde se criminaliza la fumigación con
agroquímicos en América Latina bajo el delito de contaminación ambiental”,
dijo.
Y continuó: “Si bien está casada bajo el Tribunal Superior,
y más allá de cuál fuera la resolución, la causa terminaría en la corte porque
tanto por parte de los imputados como por los querellantes es muy probable que
hagan llegar el planteo a la última instancia. En definitiva, seguramente el
caso Ituzaingó terminará en la corte”, advirtió el fiscal.
Fuente:
Lucía Maina, Empiezan las pericias que definirían si las fumigaciones causaron enfermedades, 26/08/13, El Puntal de Río Cuarto.
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