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| Postal de la década. "Viva La Pacha Mama" exclaman, mientras atrás desmontan |
por Darío Aranda
El monocultivo de soja abarcaba 12 millones de hectáreas en
2003 y, en diez años, pasó a ocupar 20 millones de hectáreas. La minería
también fue por más: de 40 proyectos se pasó a 600 (creció 1500 por ciento).
Sólo dos cifras, y dos actividades, que confirman el avance en la última década
del extractivismo (agronegocios, forestales, minería, petróleo), con
consecuencias que el relato oficial silencia: masivo uso de agrotóxicos,
desmontes, desalojos rurales, leyes de escaso cumplimiento, concentración de tierras
en pocas manos, judicialización y represión. Y la bienvenida a las
corporaciones. Balance de una década extractiva.
Soja
Cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia la soja ocupaba
12 millones de hectáreas (el 38 por ciento de las 25 millones de hectáreas
cultivadas).
En 2012, la soja abarcó 19,8 millones de hectáreas, el 56
por ciento de la superficie cultivada. Llamada por técnicos y funcionarios de
manera eufemística: “Corrimiento de la frontera agropecuaria”.
La soja transgénica, con uso de glifosato, fue aprobada en
marzo de 1996 por el entonces Secretario de Agricultura, Felipe Solá. Gobierno
de Carlos Menen. El Estado no realizó estudios propios. Basó su aprobación en
informes de las propias empresas de agronegocios.
El Plan Estratégico Agroalimentario, gestado por el
Ministerio de Agricultura de la
Nación , provincias, universidades y empresas, fue presentado
por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en 2011. Explicita la
profundización del modelo: un aumento del 60 por ciento de la producción
granaria (llegar a los 160 millones de toneladas) y un avance en la superficie
sembrada: de 33 millones de hectáreas actuales pretende llegar a las 42
millones.
No se avanzará sobre las grandes ciudades, sino sobre
territorios campesinos e indígenas.
El avance del agronegocios llega incluso a límites
inesperados: en Neuquén y Chubut ya se planifica soja y maíz transgénicos.
El uso de agrotóxicos alcanza, según un informe de los
Médicos de Pueblos Fumigados, a 300 millones de litros por año. Otras
consecuencias: al menos 200 mil familias expulsadas del campo, denuncia el
Movimiento Nacional Campesino Indígena (MNCI-VC). A su vez, datos del propia
INTA confirman la concentración de tierras: el dos por ciento de las
explotaciones agropecuarias representa el 50 por ciento de la tierra. Y el 57
por ciento de las explotaciones agropecuarias (las más pequeñas) tienen sólo el
tres por ciento. En Argentina se da una reforma agraria, pero al revés: muy
pocos tienen casi todo, muchos no tienen casi nada.
En vísperas de los diez años de Gobierno, el MNCI, la Asamblea Campesina
Indígena del Norte (Acina), el Frente Nacional Campesino (FNC) y el Foro
Nacional de la
Agricultura Familiar (Fonaf) emitieron un comunicado conjunto
(organizaciones con buenos niveles de diálogo con el Gobierno): “Las
organizaciones campesina e indígenas y de la agricultura familiar vamos por lo
que falta”.
“En los últimos diez años las políticas públicas a favor de
los sectores populares y de los mercados internos han brindado alivio a la
resistencia de las economías campesinas-indígenas pero aún falta. El gigantesco
avance de la frontera agropecuaria se acompañó de concentración de la tierra,
monocultivo de soja y la commoditización de nuestro campo”, afirma el
comunicado. Y describe la situación actual: “El desmantelamiento de la economía
nacional, la destrucción y concentración de la cadena de valor y del consumo
interno y la enorme dependencia de divisas en el monocultivo de soja”.
Señalan además que “hay muy buenas condiciones para dar un
giro en la política” para fortalecer al campesinado y promover otro modelo
agropecuario, pero alerta que “no es posible si no se cambian las reglas de
juego, especialmente debe legislarse sobre la función social de la tierra y a
favor de la economía popular”.
Destacan diez puntos: “tierra, trabajo y dignidad en el
campo”, frenar los desalojos, política integral de tierras, fortalecer la
producción campesina y la soberanía alimentaria, repoblar el campo, limitar los
agrotóxicos y una ley de semillas que proteja las semillas nativas y criollas.
Monocultivo de árboles
El monocultivo de árboles (con iguales consecuencias que la
soja) pasó de 600 mil hectáreas en 1998 al doble (1,2 millones) en 2008. La Asociación Forestal
Argentina (AFOA) proyecta llegar, en 2018, a tres millones de hectáreas.
Misiones concentra el 59 por ciento del monocultivo
forestal. Le siguen Entre Ríos (11 por ciento), Buenos Aires y Corrientes
(ambas con ocho por ciento).
Una sola multinacional del sector (Alto Paraná) concentra el
diez por ciento de la tierra de Misiones (233 mil hectáreas). Y es el emblema
del monocultivo en la tierra colorada.
La ley 25.080 vencía en enero de 2009, pero fue prorrogada
por el Congreso en noviembre de 2008. Hasta el 2018, como pedían las empresas
nucleadas en AFOA.
Petróleo
Néstor Kirchner recibió YPF ya privatizada (por Carlos
Menem). En octubre de 2006, el Congreso Nacional aprobó la Ley 26.154, que amplió los
beneficios impositivos que ya tenían las petroleras y gasíferas. También se
renovaron las concesiones de yacimientos (por ejemplo, Cerro Dragón). “En
política hidrocarburífera, los últimos diez años fueron una consolidación y
profundización del neoliberalismo de la década del noventa. Hubo renovación de
concesiones y amplios beneficios para los actores transnacionales, donde se les
mantuvieron todos los amplios beneficios que tenían”, afirmó Diego Di Risio,
del Observatorio Petrolero Sur.
El OPS señaló que la “estatización parcial” del YPF creó
expectativas y pensaron en la posibilidad de que sea un punto de inflexión. “El
último año ha dado señales claras de que se mantiene el modelo. La estatización
sólo busca disputar la renta, solucionar los problemas de déficit energético y
se sigue tratando como un commodity, sin cambio de concepción con respecto a la
década del noventa”, afirmó Di Risio.
No duda que, al igual que con la soja, se experimenta un
“corrimiento de la frontera hidrocarburífera”. Muestra de eso: la Organización Federal
de los Estados Productores de Hidrocarburos (Ofephi) estaba integrada por diez
provincias (las de tradición petrolera). Desde 2006, todas las provincias
restantes modificaron sus legislaciones para favorecer concesiones para la
exploración de hidrocarburos. “Claras zonas donde avanza la frontera es en
Entre Ríos, Salta y Mendoza, entre otras”, precisó Di Risio.
La actividad petrolera sumó un nuevo cuestionamiento la
extracción con la técnica de "fractura hidráulica" (también llamado
“fracking”). El agotamiento de las reservas hidrocarburíferas llevó al
desarrollo de técnicas para explotar yacimiento “no convencionales”, que se
encuentran en una “roca madre”. Es necesaria la fractura hidráulica, con
grandes volúmenes de agua y químicos a presión que rompen la roca y extraen el
hidrocarburo.
El fracking ya fue prohibido en Francia y Bulgaria. Y en
estados de Australia, Sudáfrica, Canadá, Suiza y Estados Unidos. En Argentina
fue prohibido, en los últimos seis meses, en Cinco Saltos (Río Negro), San
Carlos, Tupungato (Mendoza) y en las entrerrianas Concepción del Uruguay, Colón
y Los Conquistadores.
YPF presentó el 30 de agosto de 2012 su “Estrategia de
gestión 2013-3017” .
En la página 51 señala que “Argentina tiene un enorme potencial de no
convencional” e identifica siete cuencas que involucran a 18 provincias.
La semana pasada, YPF anunció la firma de un “preacuerdo”
con la estadounidense Chevron, para explotar la formación Vaca Muerta (cuenca
neuquina). Y avanzar también en la exploración de la formación Cacheuta
(Mendoza).
Minería
Siempre según datos oficiales (informe “La minería en
números”), en 2003 había sólo 40 proyectos mineros en estudio. En 2009 ya eran 336
(840 por ciento) y en 2012 llegan a 600: un 1500 por ciento más que en 2003.
Nunca antes la minería había crecido tanto.
El jueves 9 de febrero de 2012, en un discurso público, la Presidenta hizo una
puesta en escena con un trabajador minero (que reivindicó la actividad y
cuestionó a los ambientalistas -luego se supo que era un militante del PJ-) y
reconoció la necesidad de “una discusión en serio” respecto a la minería.
El viernes 10 de febrero, a las 3.45, la policía de Tucumán
desalojó el corte de Amaicha del Valle, donde también se frenaba el avance de
camiones de Alumbrera.
“En estos últimos diez años la minería fue uno de los
sectores que más creció en Argentina, como demuestran los proyectos de
inversión en ejecución que totalizan 614, contra los 18 que había en 2003, y
una producción de minerales que se multiplicó por diez”, celebra el cable de la
agencia estatal Telam del 19 de mayo pasado. El título es claro: “Década
minera. Uno de los sectores que más creció entre 2003 y 2013” .
Y cita al secretario de Minería, Jorge Mayoral: “La puesta
en marcha del Plan Minero Nacional (presentado en 2004) dio como resultado un
nivel de crecimiento sin precedentes". Y destacó que la premisa del
Gobierno es "profundizar la visión de considerar a la Minería como política de
Estado”.
Otro dato de importancia sectorial fue la constitución de la Organización Federal
de Estados Mineros (OFEMI), en 2012, con la participación de las provincias
mineras, con el fin de favorecer el desarrollo regional generando empleos y
oportunidades para pymes de servicios nacionales. Espacio
gubernamental-empresario para impulsar la actividad.
La megaminería es cuestionada por medio centenar de
asambleas cordilleranas que denuncian al menos cuatro puntos de la actividad:
la contaminación ambiental, el despojo de los recursos naturales (“bienes
comunes”), el cambio drástico que implica la llegada de la megaminería a
pueblos y pequeñas ciudades, y falta de consulta sobre qué futuro desean para
los lugares donde viven. No aceptan que empresarios y políticos decidan, sin
escuchar a las poblaciones, la explotación de yacimientos mineros.
En la última década, sólo dos ciudades pudieron votar si
aceptaban o rechazaban la megaminería. Esquel (2003) y Loncopué (Neuquén,
2012). En ambas gano el “no a la mina” por más del 80 por ciento de los votos.
Los gobiernos provinciales han prohibido plebiscitos en Calingasta (San Juan),
Andalgalá y Tinogasta (Catamarca), y en Famatina y Chilecito (La Rioja ).
Leyes
En la última década el Congreso Nacional, con mayoría
oficialista, sancionó tres leyes que pueden leerse como posibles frenos al
extractivismo.
En noviembre de 2006 se sancionó la Ley 26.160, que frena los
procesos judiciales de desalojos de comunidades indígenas. Y ordena relevar, en
tres años, todos los territorios indígenas.
El retraso del relevamiento obligó a prorrogar la ley, hasta
noviembre de 2013. A
casi seis años de la sanción, hay provincias donde aún no ha comenzado el
relevamiento (Neuquén).
La llamada “ley de glaciares” fue sancionada dos veces. Fue
aprobada por amplia mayoría del Congreso el 22 de octubre de 2008. Se
interpretaba, de aplicarse, como un virtual freno a la avanzada de la
megaminería. Fue vetada por la
Presidenta el 10 de noviembre. “El veto Barrick”, la bautizó
el funcionario nacional, Enrique Martínez, entonces presidente del Instituto
Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
En septiembre de 2010 volvió a aprobarse. Llamada
formalmente Ley 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de
Glaciares y del Ambiente Periglacial. Prohíbe las actividades contaminantes en
los cuerpos de agua, hielo y sus zonas aledañas, y establece que el Inventario
Nacional de Glaciares debe ser realizado por el Instituto Argentino de
Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (Ianiglia), que depende del
Conicet.
La norma fue frenada judicialmente por un medida cautelar
(por una presentación de la empresa Barrick Gold en San Juan). Recién en julio
de 2012, la Corte
Suprema de Justicia ratificó la vigencia de la ley.
La norma estableció un plazo de 180 días para la realización
del relevamiento.
En marzo pasado, el Ianiglia difundió una gacetilla con el
“primer informe del Inventario Nacional de Glaciares”. Relevó “cuerpos de
hielo” en seis provincias, donde “se identificaron más de 4 mil glaciares que
cubren un área superior a los 3.700 kilómetros cuadrados”.
El Ianiglia presentó el trabajo a la Secretaría de Ambiente
de la Nación. Pero
nunca hizo público los informes completos.
A cinco años de la sanción de la norma, en febrero pasado,
Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Vida Silvestre
presentaron un informe conjunto en el que -en base a datos oficiales-
evaluaron el nivel de cumplimiento de la
Ley de Bosques. “Si bien desde la sanción de la Ley el promedio de
deforestación anual disminuyó casi un 20 por ciento (pasó de aproximadamente 280.000 a 230.000 hectáreas
al año), el mismo sigue siendo muy elevado: según datos oficiales entre 2008 y
2011 se desmontaron 932.109
hectáreas . Santiago del Estero (399.660), Salta
(222.868), Formosa (113.109) y Chaco (102.592) han sido las provincias con
mayor deforestación”, afirman las ONGs.
El informe, llamado “Ley de Bosques: cinco años con pocos
avances”, estima que desde la sanción de la ley hasta fines de 2012 se
deforestaron 1.145.044
hectáreas . 229.009 hectáreas
por año, 627 hectáreas
por día. 26 hectáreas
por hora. Si se suman los desmontes del periodo 2004-2008 (1.356.868), en los
últimos nueve años se arrasaron 2.501.912, el equivalente a 124 veces la
superficie de la Ciudad
de Buenos Aires.
Una ley, nacida de las organizaciones campesinas, fue
presentada en noviembre de 2011. Propone frenar los desalojos rurales por cinco
años. Aunque fue presentada por legisladores oficialistas (Frente Transversal y
Movimiento Evita), el proyecto no fue aprobado.
Corporaciones
“No soy la
Presidenta de las corporaciones”, afirmó Cristina Fernández
de Kirchner el 10 de diciembre de 2011, en el discurso de reasunción, en el
Congreso Nacional.
En abril de 2009, la Presidenta recibió en Casa de Gobierno a Peter
Munk, presidente de Barrick Gold, la mayor multinacional minera. El encuentro
se repitió en junio de 2010, en Toronto (Canadá), en el marco de la cumbre del
G20. El veto a la ley de glaciares y el desarrollo de Pascua Lama (proyecto
binacional, con Chile, de extracción de oro) fueron parte de las crónicas
periodísticas.
El 15 de junio de 2012, en un almuerzo en el Consejo de las
Américas (espacio emblemático del establishment económico estadounidense), la Presidenta anunció:
“Hace unos instantes estuve con Monsanto, que nos anunciaba una inversión muy
importante en materia de maíz. Y además estaban muy contentos porque Argentina
hoy está, digamos, a la vanguardia en materia de eventos biotecnológicos. Aquí
tengo, y esto la verdad que se los quiero mostrar porque estoy muy orgullosa,
el prospecto de Monsanto. Una inversión muy importante en Malvinas Argentinas,
en Córdoba, en materia de maíz con una nueva digamos semilla de carácter
transgénico”.
Monsanto es la mayor corporación del agronegocios. Domina el
27 por ciento del mercado de semillas (transgénicas y convencionales), el 86
por ciento del mercado de transgénicas y es uno de los mayores productores de
agrotóxicos.
Dos meses después del anunció, en agosto, el Ministro de
Agricultura aprobó a Monsanto una nueva semilla de soja (“RR2 Intacta”).
Como ya fue mencionado, YPF anunció un “preacuerdo” con la
estadounidense Chevron. Se trata de una de las mayores compañías petroleras del
mundo, fue condenada en Ecuador a pagar 19.000 millones de dólares por
contaminación: 103 millones de litros de crudo derramado (650 mil barriles),
63.000 millones de litros de agua tóxica arrojada a ríos y la contaminación de
dos millones de hectáreas donde vivían y trabajaban pueblos indígenas y
campesinos.
Modelo
Horacio Machado Aráoz es docente de la Universidad Nacional
de Catamarca y militante del Colectivo Sumaj Kawsay (parte de la Asamblea Socioambiental
del NOA -Asanoa-). “Si bien en muchos aspectos y dimensiones esta década pasada
ha significado el avance en la restitución y recuperación de derechos
conculcados y/o vulnerados desde el terrorismo de estado al neoliberalismo de
guerra de los '90, también hay que marcar en esta década se ha abierto también
un nuevo ciclo de violación a los derechos humanos”, afirma Machado Aráoz. Y
denuncia: “Los derechos más elementales de poblaciones fumigadas, intoxicadas a
gran escala, sometidas a voladuras y a la contaminación masiva de sus fuentes
de agua, sus suelos y su atmósfera, poblaciones perseguidas y reprimidas, por
policías provinciales, por la
Gendarmería y por patotas y guardias para-policiales armadas
desde una perversa articulación 'público-privada' por terratenientes sojeros,
empresarios mineros, petroleros, y caudillos políticos provincianos”.
Araóz, coautor del libro “15 mitos y realidades de la
minería transnacional en Argentina”, describe que en la última década en las
provincias ha crecido el (término nuevo) “feu-deralismo extractivista”. Explica
que los “ingresos” de las actividades primario-exportadoras han contribuido muy
poco a avanzar en la democratización de las sociedades: "Si bien se han
recuperado los niveles de empleo y se ha reducido la pobreza, también es cierto
que ha crecido la proporción de la población cautiva, sujeta a los mandatos de
punteros políticos que manejan la administración arbitraria de políticas y recursos
asistencialistas”.
Resume al extractivismo como la “combinación de la
depredación de los ecosistemas, la degradación de las condiciones de salud, y
el deterioro y vulneración de derechos y las condiciones de una democracia
sustantiva”.
Pueblos originarios
En mayo de 2010, una histórica marcha de pueblos indígenas
llegó hasta Plaza de Mayo, en el marco de las celebraciones del “Bicentenario”.
Habían marchado durante una semana en tres columnas (NOA, NEA y Patagonia). Y
fueron recibidos por la
Presidenta. Hubo promesas de nuevas leyes, entrega de radios
comunitarias y fotos protocolares, pero no hubo respuesta sobre la principal
demanda de los pueblos indígenas: el territorio.
Un año después, se conoció el audio de esa histórica
reunión. La Presidenta
advirtió que priorizará la actividad petrolera por sobre las comunidades y les
pidió ser “inteligentes” para aceptar los avances de la modernidad.
Fue la confirmación de que el modelo extractivo
(ejemplificado con el petróleo) iba a tener prioridad por sobre territorio
indígena. El discurso de la
Presidenta duró 14 minutos y 57 segundos. Llamó en nueve
oportunidades a ser “inteligentes” para negociar y aceptar los cambios. También
llamó a ser “realistas” y “sensatos”.
Cuando la reunión terminaba, de imprevisto, tomó la palabra
Paz Argentina Quiroga, Amta (guía espiritual) del Pueblo Nación Warpe de San
Juan. ”Le pido que tenga una reflexión en relación a estas cuestiones porque no
es sólo un problema de discriminación, es una deuda histórica que el país de
los argentinos que va a cumplir 200 años todavía tiene (...) Soy capaz de
decirle en la cara y mirándola a los ojos, voy a decirle a usted, tenemos mucha
inteligencia. No se trata sólo de organizarse y ser inteligente cuando tenemos
un territorio avasallado por las trasnacionales”, contestó la referente warpe
y, frente a la misma Presidenta, le aclaró: ”somos un pueblo espiritual y de
resistencia. Hemos resistido pero también necesitamos de un estado nacional y
provincial que ejecute las leyes”.
A tres años de aquel hecho histórico, la guía espiritual
evalúa los diez años de gobierno kirchnerista: “Esta década unos la dan por
'ganada' y otros por 'perdida'. Para los pueblos indígenas es una década
ensangrentada, llena de dolor, desalojos y judicialización. Este Gobierno no
cesa con sus planes extractivistas, una muestra es que entrega la cordillera a
las multinacionales mineras. Pero estamos de pie y seguiremos en lucha”.
Un capítulo aparte debiera escribirse sobre la lucha de la
comunidad qom Potae Napocna Navogoh (La Primavera ) de Formosa. La sistemática violencia
del gobierno de Gildo Insfrán es un símbolo de padecer de los pueblos
originarios de Argentina y de la impunidad de los gobiernos feudales.
Represión
El 9 de febrero de 2012, un centenar de efectivos reprimió
violentamente en Tinogasta (Catamarca) a hombres, mujeres y niños que cortaban
el paso a los camiones de Minera Alumbrera, símbolo de la megaminería en
Argentina. Hubo balazos de goma en rostros, patadas a mujeres, gases
lacrimógenos para todos.
Para leer el resto de la nota dirigirse a ComAmbiental
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