Los pueblos sudamericanos se rebelan contra la megaminería

por Nazaret Castro

Los recientes desórdenes en Perú, tras la represión de la revuelta contra el proyecto minero del Espinar, no son un episodio aislado en América del Sur. Aunque no siempre atraigan la atención mediática, los focos de resistencia contra el modelo de la megaminería ganan terreno conforme crecen las inversiones mineras al calor del clima financiero internacional. Un reciente informe del Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina (OCMAL) concluye que, en América del Sur, gobiernos de cariz muy diferente siguen un patrón similar cuando se trata de la minería: se beneficia a las compañías con un marco legal muy favorable, mientras se criminaliza a los ciudadanos que se oponen al modelo extractivista exportador.

Argentina es un caso paradigmático. La Ley de Inversiones aprobada en los 90, en tiempos de Carlos Menem, dejó un marco legislativo muy favorable a las multinacionales mineras, que incluye exención de impuestos y desgravaciones a las importaciones. Cuando subió al poder en 2003, Néstor Kirchner, que en otros ámbitos defendió la recuperación del patrimonio público y los recursos nacionales, mantuvo ese esquema, y le añadió dos decretos que garantizaban a las empresas la libre disposición de los beneficios. No extraña entonces que los proyectos mineros en el país hayan aumentado un 740 % entre 2003 y 2007, según datos del OCMAL. La llegada al poder de Cristina Fernández de Kirchner en 2007 tampoco implicó cambios.

El diputado Fernando Pino Solanas, líder de la agrupación izquierdista Proyecto Sur y autor del documental Tierra sublevada. Oro impuro (2009), ha calificado de "saqueo impune" este marco legal. Las compañías entregan un 3 % de regalías a las provincias; pero como el Estado carga con los costos de flete y ofrece subsidios, las compañías acaban dejando en el país entre un 1 y un 1,5 % de lo que extraen. Además, Solanas denuncia que las mineras sólo declaran la extracción de oro, plata o cobre, pero extraen hasta 60 metales, algunos muy valiosos, como el cadmio. Y, como el volumen exportado se declara en el puerto de destino, las autoridades argentinas no fiscalizan la operación.

La extracción a cielo abierto

Una de las minas más polémicas es Veladero, en San Juan, una provincia gobernada por uno de los mayores defensores del modelo extractivista, José Luis Gioja. La minería a cielo abierto implica colosales explosiones de los cerros andinos; la roca se sumerge después en una mezcla de agua y cianuro para separar el oro de la roca. A la contaminación del agua se suma la llamada lluvia ácida, que se produce cuando los metales de la montaña quedan expuestos al aire. Por no hablar de los efectos de las detonaciones sobre la flora y la fauna en plena Biosfera de San Guillermo, declarada Patrimonio de la Humanidad por su biodiversidad.

Similar es el caso de la Alumbrera, una de las diez mayores minas de cobre en el mundo, en funcionamiento desde 1997 en la provincia de Catamarca y de la que se extraen unas 180.000 toneladas de cobre y 600.000 onzas de oro al año. Y de dimensiones aún mayores será la mina argentino-chilena de Pascua Lama, un proyecto de la canadiense Barrick Gold, dueña de Veladero.

Según Pino Solanas, proyectos como Bajo Alumbrera y Veladero llegan a consumir diariamente entre 80 y 100 millones de litros de agua potable, que son mezclados con diez toneladas de cianuro para separar el oro de la roca. Eso, en provincias donde el agua escasea y, a menudo, es necesario escoger entre minería y agricultura. Optar por la primera supone dejar sin recursos a muchas familias campesinas que tampoco consiguen trabajo en la mina, pues carecen de la cualificación necesaria. Además, los grupos ecologistas alertan de que los glaciares, la mayor reserva de agua dulce en la región, están en peligro; una ley de protección de glaciares aprobada en las cámaras en 2008 no salió adelante por el veto de la presidenta.

La resistencia

Las devastadoras consecuencias socioambientales de la minería a cielo abierto han conformado un movimiento social que, al grito de "el agua vale más que el oro", se extiende por todo el territorio nacional, de Jujuy a la Patagonia. Ecologistas y expertos denuncian la complicidad de los políticos y elaboran informes de impacto ambiental independientes. En siete provincias -Chubut, Río Negro, La Pampa, Mendoza, San Luis, Córdoba y Tucumán- han conseguido que se prohíba la minería a cielo abierto que emplea sustancias tóxicas. Notorio fue el caso de la movilización de los vecinos de Esquel en 2003, que consiguió frenar un importante proyecto minero.

El desplazamiento de comunidades indígenas y campesinos es otro problema aparejado a los megaproyectos. "Las empresas multinacionales están en connivencia con las autoridades provinciales. Se desplaza a los pobladores, que no tienen la titularidad de sus tierras, y se amenaza y amedrenta a quienes se oponen a los proyectos", explica Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional en Argentina. "Aunque son las provincias las que negocian con las empresas, el Gobierno nacional debería hacerse cargo del problema", añade.

A menudo, los vecinos se dividen. Hay quienes confían en que, como les dice la prensa, la mina lleve a la región progreso y empleo. Los activistas oponen que la megaminería no genera riqueza local y los puestos de trabajo son pocos y limitados en el tiempo, mientras que los daños ambientales permanecen y son incalculables. Recuerdan que, cuando no haya más oro, o ya no sea rentable extraerlo, la Barrick se marchará, y en San Juan, donde se alzaban los cerros multicolores de la majestuosa cordillera andina, quedarán toneladas de escombros.

Fuente:

El Mundo, 02/06/12, Los pueblos sudamericanos se rebelan contra la megaminería, por Nazaret Castro. Consultado 04/06/12.