Mientras el gobierno avanza en ultimar detalles de una
demanda por mil millones de dólares, se estima que, en realidad, ante la
extensión de los yacimientos petroleros, una vez culminado el inventario
ambiental, si se aplica la Ley
3.117, el pasivo podría ser mucho mayor.
La remediación ambiental a partir del daño producido por la
actividad petrolera es una preocupación no sólo para las ONG que defienden los
recursos naturales, sino también para las autoridades ambientales y
gubernamentales.
Aunque por razones distintas, la decisión de que las
operadoras deban hacerse cargo de la remediación es una medida tomada.
Impulsa esto no sólo la recuperación de suelos contaminados,
sino también el hecho de que la tarea de saneamiento es, en sí, generadora de
mano de obra y de inversión dineraria.
Hoy la ley marco de renegociación de las concesiones
hidrocarburíferas, la Ley
3.117, establece en su capítulo B todos los requisitos que deben cumplimentar
las empresas en este aspecto, desde el inventario de los pasivos ambientales
hasta la toma de un seguro de caución a favor de la provincia de Santa Cruz , en el caso de
que la remediación no se cumpla acabadamente. Incluso su ausencia puede ser
causal de la rescisión de contratos.
Inmersos en una dura batalla con YPF, principal operadora de
la provincia y una de las pocas que aún no han renegociado sus áreas, el debate
jurídico es si hoy la empresa está comprendida por los alcances de la ley marco
o no.
Hay quienes dicen que al expresar su intención por escrito
de renegociar, automáticamente comienza a regir la normativa. Es en base a eso
que la provincia de Santa Cruz avanza en la intimación inicial por la remediación de pasivos del orden de los
mil millones de dólares, aunque el monto final para remediar el total del daño
ambiental provocado podría ser mucho mayor.
Los inspectores de Medio Ambiente de la provincia, sobre
unas 1.700 piletas inspeccionadas en el último año y medio, del total que tiene
la empresa, habrían verificado que el 95 % de las mismas “estaban mal saneadas”,
indicaron a La Opinión
Austral fuentes confiables.
Por otra parte, con 5 mil pozos inactivos, un 80 % de los
mismos están abandonados o en proceso de abandono, para lo cual la empresa debe
cumplimentar una serie de pasos, fijados en la normativa para su remediación.
Se estima que sólo en el saneamiento de piletas y pozos inactivos, la inversión
superaría los 500 millones de dólares.
A ello hay que sumarle la situación de acuíferos,
instalaciones, ductos, suelos empetrolados, etc., con lo que se estima que, una
vez inventariado, la cifra podría superar el monto que hoy se maneja en una
potencial demanda a YPF.
Inversiones prometidas
Hace un año atrás, en marzo de 2011, fueron el entonces jefe
de Gabinete del gobernador Peralta, Pablo González, junto al subsecretario de Medio
Ambiente, Sergio Medina, quienes anunciaban, tras un encuentro mantenido entre
el gobernador y directivos de YPF, que la empresa presentó a la provincia un
plan de saneamiento ambiental elevado por la operadora, sólo para 2011, por 141
millones de dólares, lo que habla, a las claras, del tamaño del pasivo
ambiental.
González, en aquel momento, aclaró que “esto tiene, y no,
que ver con aquello que establece el anexo de la Ley 3.117 en cuanto a los requerimientos que se
hace a las operadoras que van a renovar los acuerdos de concesión. Tiene que
ver porque viene a sanear una importante deuda que tenía la operadora en
materia medioambiental en la provincia, pero todavía existe trabajo a
realizar”, aclaró.
Desde las áreas comprometidas en materia de control sobre
este plan anunciado el año pasado, no se ha informado si la empresa finalmente
lo cumplimentó o no.
En el encuentro previo al anuncio del retiro de áreas que
mantuvieron Peralta y Buzzi, el gobernador de Santa Cruz señalaba que “la
desocupación en el flanco norte de Santa Cruz es importante, y nosotros
necesitamos puestos de trabajo” donde la remediación ambiental está presente,
“en lo que está pendiente y vigente”, donde “el pasivo ambiental de YPF, por lo
menos en Santa Cruz, es enorme” y si llegado el caso se retiran las áreas a la
empresa, será “YPF la que deba hacerse cargo, porque así como ellos dicen que
de la YPF estatal
recibieron pasivo, ahora es la misma sociedad actual que conforma esta empresa”
la que debe responder.
Tal como están
El gobierno del Chubut logró notificar ayer a la operadora
YPF sobre los alcances del Decreto 324, que pone fin a la concesión que la
petrolera tiene sobre las áreas El Trébol-Escalante y Campamento
Central-Cañadón Perdido.
“Recién hoy (ayer) se logró comunicar a la petrolera sobre
la medida que fue hecha pública, ya que el domicilio que tenía en esta capital
era una casa particular sin ocupantes y nos debimos constituir en Comodoro
Rivadavia, donde se hizo la notificación”, dijo a Télam el secretario Legal y
Técnico de la provincia, Miguel Angel Montoya.
El funcionario provincial detalló que “a partir de mañana
(por hoy) corre un plazo de 90 días para que la empresa nos entregue tal como
están los yacimientos, con sus implementos, bombas y bienes muebles que son
parte de la estructura que ellos recibieron tras la privatización”.
Montoya adelantó que “se constituirá una mesa de diálogo
entre el Estado de Chubut y la compañía para establecer una especie de
inventario, y también se harán auditorías ambientales y laborales para saber cuántos
obreros hay y en qué condiciones está el entorno”.
El secretario Legal y Técnico indicó además que durante
estos 90 días, Chubut se encargará de seleccionar un operador para que la
producción no se detenga y continúe una vez concretado el traspaso.
Fuente:
La Opinión Austral, 21/03/12, Pasivo ambiental: 95 % de las piletas de crudo estarían mal saneadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario