Los megaproyectos mineros pasaron de 18 en 2002 a más de 600 en 2011,
representando en la actualidad el 5 % del PBI. Para preservar el medio
ambiente, los desarrollistas proponen incrementar los controles y los
ambientalistas, prohibir la megaminería.
por Laura Alvarez (1)
En 1993 se sancionó la Ley de Inversiones Mineras que, contando con el
apoyo de casi todo el arco político, establecía grandes beneficios a las
transnacionales: congelamiento de la carga tributaria por 30 años, deducción
del 100 % de la inversión en el impuesto a las Ganancias, exención del
pago de los derechos de importación, límite del 3 % para el cobro de
regalías provinciales, entre otros. “Esta es una de las maneras de poner en
marcha la soberanía de un país a partir de, entre otras cosas, su potencial
económico: inversión, explotación, son el abc en el mundo actual para el
crecimiento de los pueblos. [...] Argentina les abre las puertas a todos
aquellos hombres de bien y a todas las empresas que quieran venir a ayudarnos a
construir una patria grande y hacer la felicidad del pueblo”, decía entonces el
ex presidente Carlos Menem.
El nuevo marco jurídico junto con las nuevas tecnologías y
la devaluación favorecieron la apertura de varios megaproyectos mineros, que pasaron
de 18 en 2002 a
más de 600 en 2011. La minería pasó del 0,22 % del PIB en 1990, al 5 % en la actualidad. Los gobiernos posteriores celebraron la política
minera menemista. Durante la presentación del Plan Minero Nacional en 2004, Néstor
Kirchner sostuvo que “el sector minero argentino es uno de los pocos que
durante la década del ’90, con cambios importantes en la legislación, empezó a
tener un principio y un punto de inflexión que le permitió avizorar un destino
estratégico diferente. [...] Más allá de una legislación que nosotros estimamos
fue positiva, que ayudó, evidentemente hoy estamos ante una posibilidad
concreta de consolidar el proceso de inversión y de desarrollo minero [...]
todo lo que ayude al sector y ustedes como empresarios vean como una
perspectiva clara de incentivar la inversión y crean que esa inversión se puede
incentivar con determinadas medidas que podemos conversar, estamos
absolutamente dispuestos a escuchar...”.
Pero hoy las asambleas lograron instalar el tema en la
opinión pública, gracias a la perseverancia como a las redes que han
construido. Un ejemplo es la
Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), un espacio de encuentro
que se organiza tres veces al año en distintos lugares del país en el que
confluyen más de 250 asambleas, colectivos y organizaciones sociales de
distintos territorios unidos bajo el lema: “Sí a la vida, contra el saqueo y la
contaminación”, donde se debate y decide en comisiones y plenarios por
consenso. La UAC ,
nacida en 2006, fue tomando varias problemáticas en conflicto: megaminería,
pasteras, petroleras, deforestación de bosques y destrucción de humedales,
expropiación de territorios a comunidades originarias, agrotóxicos, represas,
contaminación urbano industrial, incluyendo lo cultural-comunicacional.
En otros espacios, ante este debate existen distintas
posturas críticas. Algunas focalizan en el carácter foráneo de las empresas. Su
solución sería que el Estado o los capitales nacionales se encarguen de esta
producción. Otras posturas hacen hincapié en lo poco que dejan estas empresas y
la solución, en este caso, sería cobrarles más retenciones o regalías. Ambos
argumentos se basan en datos reales. Según un informe del Ministerio de
Relaciones Exteriores, sólo el 18 % de las mineras en la Argentina son de
capitales “nacionales”. Entre 2002 y 2004, del total producido en el país en
oro, plata y cobre, se exportó el 98, 97 y el 82 %, respectivamente.
Por otra parte, mientras la producción creció más de 600 %, el empleo
pasó de 9.718 asalariados en 2003,
a 20.999 en 2010. Cifras menores a los 500 mil empleos
directos e indirectos que afirma el secretario de Minería. Además, la cantidad
de empleo generado por la megaminería se concentra en los primeros años de la
actividad. Por ejemplo, Minera Alumbrera contrató 6 mil trabajadores en la
etapa de construcción, pero disminuyó a 1.165 puestos en 2005. Por último, se
encuentra el planteo centrado en la extracción y contaminación del agua,
recurso no renovable. Según el hidrogeólogo Fernando Díaz, perito de la Corte Suprema de
Justicia, los drenajes ácidos de esta actividad, afectan las aguas
superficiales y las subterráneas, siendo imposible de evitar. Y asegura también
que la megaminería reduce los caudales de un río, pudiendo eliminar los cursos
de agua.
No obstante los fundamentos de estas críticas, podemos
plantearnos qué es lo que hoy está realmente en cuestión: si se aumentan las
retenciones, si se impulsa que estos emprendimientos sean llevados a cabo por
capitales nacionales, si se multa por contaminar, o el debate es más profundo y
reside en quiénes tienen derecho a decidir. En Esquel, en 2003, a pesar del 40 % de desocupación de aquel momento y las promesas de empleo de la minera,
el 81 % de la población dijo “No a la megaminería”.
- Investigadora becaria del Conicet - Unqui - Licenciada en Ciencia Política (UBA).
Fuente:
- Página/12, 19/03/12, Derecho a decidir. Consultado 20/03/12.
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