La muerte de un trabajador rural de 27 años, padre de cinco hijos, vuelve a poner sobre el tapete la discusión sobre la toxicidad de los agroquímicos.
por José Ferrero
Néstor Vargas volvió de trabajar dolorido. Se acostó a dormir y se levantó con mucha fiebre. Su mujer le puso paños mojados en la frente, el capataz del campo le auguró una angina y le dio unas pastillas. Néstor no mejoró.
Comentaba que le dolía el pecho, los riñones y que no podía respirar. En el hospital de Vera, Santa Fe, le dieron unas pastillas y lo mandaron a su casa. El lunes, en otro hospital, le escucharon los pulmones, lo dejaron internado y luego, lo derivaron a la ciudad de Santa Fe. Vomitó todo el viaje, ya en terapia intensiva, le pusieron un respirador. La última vez que su mujer lo vio, estaba acostado boca abajo. “El médico me dijo que no sabía si él iba a resistir”, cuenta Adriana entre sus cinco hijos. No lo hizo.
La muerte de Néstor Vargas se suma a decenas de otras que engrosan las sospechas de que los agroquímicos son mucho más perjudiciales para la salud de lo que dicen las empresas trasnacionales que los comercializan.
En Firmat, el caso de la familia Fontanellaz suma otra duda. María Luisa estaba embarazada de gemelos, perdió uno y hay sospechas de que la muerte haya sido causada por las fumigaciones recurrentes que regaron la casa donde vivía. Esa es la hipótesis del obstetra Darío García quien les recomendó que se mudaran para terminar con la exposición a los agroquímicos. El tema salió a la luz luego de un accionar desesperado del esposo de María Luisa, Edgar, que intentó frenar las fumigaciones del campo lindero a su casa. No lo logró.
¿Experimentos a cielo abierto?
“Nuestro país esta inmerso en un proceso de agriculturización intensiva, industrial, basada en la utilización de químicos que produce la concentración de capitales y propiedades, la desaparición de la agricultura familiar y de pequeños y medianos productores. Las migraciones internas, el incremento de refugiados ambientales concentrados en villas miserias, como también la destrucción de ecosistemas y toda la flora y fauna asociada al mismo, son saldos negativos y ocultos para la mayoría de la población”. Establece la Declaración de los pueblos fumigados de la provincia de Santa Fe en su primer párrafo.
Los números hablan por sí solos. En la Argentina se usan más de 350 millones de litros de agrotóxicos anuales que se utilizan solamente en la campaña de la soja, que se esparcen también sobre los seres humanos y son aspirados, absorbidos o simplemente consumidos junto con los alimentos.
En la legislación actual del Derecho Ambiental hay algo llamado Principio Precautorio que “se traduce como la obligación de suspender o cancelar actividades que amenacen el medio ambiente pese a que no existan pruebas científicas suficientes que vinculen tales actividades con el deterioro de aquél”.
Esto no se aplica, y lejos de estar mermando, la utilización de agroquímicos está creciendo. El Centro de Protección a la Naturaleza (CEPRONAT) asegura que: “La situación del creciente uso de agrotóxicos no deja de agravarse ahora con la incorporación del uso extendido de otros venenos. Como consecuencia de más de 10 años de intenso uso del herbicida glifosato se ha generalizado el crecimiento de plantas resistentes a este veneno, ahora el INTA (http://www.inta.gov.ar/info/soja.pdf) recomienda utilizar mezclas de herbicidas para evitar estas malezas, en ese sentido es que promociona un uso irresponsable, desde nuestro sanitario punto de vista, a dosis de 0.6 litros por hectáreas (al 100 %) del herbicida 2.4D, prohibido en muchos países, como Estados Unidos y la Unión Europea ”.
El herbicida 2.4-D es usado en el mercado desde 1944, aún los estudios sobre efectos a la salud humana y el ambiente están llenos de vacíos. Es un herbicida hormonal, un ácido cuyo principal uso es el control de malezas de hoja ancha en los cultivos de cereales.
“Néstor era un trabajador rural, como se le dice en esta zona. Hacía de todo. Hay que fumigar, y hay que fumigar, hay que carpir, hay que carpir -limpiar la tierra, quitando la hierba inútil-. Cuando se descompuso, Néstor trabajaba en el galpón donde están los agroquímicos, ahí estuvo manipulando eso para después fumigar. Nosotros pensamos, que al estar en el galpón, encerrado y con el calor, es como que se potenció. Por los síntomas que tuvo Néstor, se cree que estuvo manipulando 2.4-D que es un clorado que te quita capacidad de respiración”. Detalla Patricio Acuña, el Secretario de Muyuqui, una organización que lucha contra los agroquímicos en San Justo, un pueblo que queda 100 km la norte cerca de la ciudad de Santa Fe, donde vivía Néstor.
Muyuqui quiere decir, en quechua, energía que se agrupa para luego expandirse. Casi un deseo de ser escuchados de una de las 70 organizaciones que forman el movimiento Pueblos Fumigados y su campaña Paren de Fumigarnos, en representación de los vecinos de Reconquista, San Justo, Carcarañá, Santa Fe, Rosario, María Juana, Vera, Totoras, Ceres y Hersilia, entre otros pueblos.
“El lunes fuimos a Santa Fe con Juan Vargas, el hermano de Néstor, a una entrevista con los ministros. Él tenía, extraoficialmente, un dato de la autopsia que decía que se le había encontrado en los pulmones restos de agroquímicos. Según la gente del Ministerio de Salud de la provincia, podría ser agroquímicos, pero también leptospirosis, o antivirus. Lo diluyeron en dos o tres enfermedades. Para nosotros, hasta que no se demuestre lo contario, pensamos que fueron los agroquímicos”, Agrega Acuña.
En la reunión se presentó el petitorio conteniendo los nueve puntos que conforman las pretensiones mínimas de las poblaciones fumigadas, entre las cuales sobresalen los reclamos por áreas libres de aspersiones y prohibición de aplicaciones aéreas, así como la paulatina relocalización de depósitos de granos existentes dentro o cercanos a zonas pobladas, en línea con proyectos consensuados desde hace más de tres años, sin ninguna concreción legislativa.
En un documento difundido por la agrupación Pueblos Fumigados se detalla la impresión general luego de la reunión: “A pesar del reconocimiento explícito por algunos avances mínimos por parte del Comité, quedó flotando una sensación similar a la percibida tras la reunión con los senadores, cuando las culpas apuntaron a los estamentos del Poder Ejecutivo. Esta vez, buena parte de la reunión se diluyó en descargos, exculpaciones e imposibilidades materiales de legislar, desnudando la ausencia de voluntad de avanzar en acciones conjuntas tendientes a mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de la población. Cabe destacar que en estas reuniones jamás se ha hecho presente el Ministro de Gobierno y Reforma del Estado, y actual gobernador electo, Dr. Antonio Bonfatti, quien también forma parte del Comité”.
Por ahora, la muerte de Néstor Vargas engrosa las dudas y un lugar en los registros inexistentes de estudios sobre mortalidad asociada a agrotóxicos.
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