La organización ambientalista
Greenpeace presentó hoy un pedido de audiencia al Gobernador de la provincia,
José Luis Gioja, con motivo del inminente tratamiento de la “Ley de Glaciares”,
que actualmente se encuentra en tratamiento en el Senado de la Nación.
Desde Greenpeace señalaron como preocupante la posición
asumida por la provincia en relación a la “Ley de Glaciares”, ya que se
desconoce la facultad del Congreso nacional de dictar normas de Presupuestos
Mínimos, que tienen por objeto preservar y proteger los recursos naturales
según lo establece la
Constitución Nacional. Al mismo tiempo, la organización
ambientalista remarcó que la férrea oposición del Gobierno de San Juan a la
norma pone en evidencia que en la provincia existen proyectos mineros que hoy
afectan glaciares y áreas periglaciares (1).
“Resulta alarmante la oposición manifestada por el
Gobernador Gioja, ya que la ley que hoy se debate en el Congreso nacional sólo
tiene como finalidad la protección de los glaciares y el área periglacial como reservas
de agua dulce, indispensable para la vida humana y las actividades
productivas”, señaló desde San Juan, Juan Carlos Villalonga, Director de
Campañas de Greenpeace. “La dura oposición a la Ley consensuada en el Congreso nacional demuestra
que hay proyectos mineros que hoy están afectando las áreas que la norma
pretende proteger, y por ello, aparecen fuertes presiones de las corporaciones
político- económicas sobre el Senado para frenar la Ley ”, agregó.
Greenpeace apoya y promueve el proyecto de ley resultante de
la media sanción en el senado con las incorporaciones realizadas por la Cámara de Diputados en el
mes de julio último. Para la organización ambientalista el proyecto consensuado
establece las herramientas necesarias para la urgente y adecuada protección de
las reservas de agua dulce y los ecosistemas de alta montaña, en los cuales los
glaciares son un componente clave. Greenpeace sostiene que las provincias en
las que se desarrollan actividades de alto impacto como la minería, deben
implementar estas herramientas y, fundamentalmente, valorar los servicios
ambientales que prestan los ecosistemas contribuyendo a sostener las economías
locales.
En este sentido, la organización ambientalista salió al
cruce de la “Declaración de la provincias cordilleranas: afirmación de sus
competencias en materia de cuidado ambiental” firmada por varios gobernadores
cordilleranos en julio pasado. En la declaración pública firmada en Buenos
Aires por los gobernadores de San Juan, La Rioja , Catamarca; Tierra del Fuego, Río Negro;
Salta, Jujuy y Santa Cruz, el grupo de mandatarios “rebeldes” liderados por
José Luis Gioja, declaran que la “Ley General del Ambiente” es legislación
suficiente en materia ambiental, ya que esa norma delega en las provincias la
evaluación de impacto ambiental de las actividades que puedan afectar a sus
recursos.
Desde Greenpeace sostienen que los gobernadores “rebeldes”
deciden ignorar concientemente que la propia “Ley General del Ambiente”
establece al “ordenamiento ambiental del territorio” como el primero de los
instrumentos de la política y gestión ambiental, estableciendo al mismo tiempo
que uno de los criterios que señala la norma para desarrollar el mencionado
ordenamiento es la “conservación y protección de ecosistemas significativos”:
la “Ley de Glaciares” intenta exactamente eso. Por otro lado, los
ambientalistas consideraron como una señal
preocupante que desde las provincias se desconozca la función del
Congreso Nacional de dictar normas de Presupuestos Mínimos, tal como lo establece
la Constitución
Nacional en su Artículo 41.
“La minería, tal como la conocemos hoy, es una actividad que
comenzó a desplegarse en una escala gigantesca en los últimos años. Es por ello
natural que frente a este nuevo escenario, se procure adecuar el marco jurídico
del país a la nueva realidad. La “Ley de Glaciares” es un paso en ese sentido.
Nunca antes se había desarrollado minería de estas características a más de 4.000 metros de
altura. Es por ello que la aparición de la explotación minera en sitios en los
que existen glaciares de alta montaña exige hoy que se establezcan mínimos
criterios de ordenamiento territorial en la Cordillera para
preservar estos ecosistemas del avance de los emprendimientos mineros”,
concluyó Villalonga.
Miembros de Greenpeace estaran este miércoles y jueves en
San Juan reunidos con sus socios y activistas locales y con sectores sociales y
productivos que apoyan la Ley
de Glaciares aprobada en Diputados.
Nota:
- Un informe de
Fuente:
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