Un fiscal de Resistencia, basándose en la investigación de
Tiempo Argentino, pidió la aplicación del artículo 182 del Código Penal que
prevé la pena de prisión para quienes "ilícitamente" utilicen las
aguas de represas, ríos y arroyos.
por Fernando Pittaro
La construcción de la represa Ayuí Grande que los
empresarios José Aranda, vicepresidente del Grupo Clarín, y George Soros
quieren construir en la localidad correntina de Mercedes sigue cosechando
acciones críticas, ya no sólo desde el punto de vista ambiental sino también jurídico.
A las acciones legales que anunció el canciller Héctor
Timerman, para que "Ayuí no se convierta en una nueva Botnia", se le
agregaron ayer dos nuevas objeciones.
Se trata de la denuncia penal que presentó de oficio el
fiscal federal de Resistencia, Benito Antonio Pont, basándose en la
investigación que Tiempo Argentino publicó el domingo 8 de agosto, y el
proyecto que la legisladora entrerriana Blanca Osuna presentará en el Senado
para frenar el emprendimiento arrocero.
La denuncia realizada
por el fiscal Benito Antonio Pont, a la que tuvo acceso este diario, se
presentó ante la Cámara
Federal de la ciudad chaqueña de Resistencia.
El demandante pide la aplicación del artículo 182 del Código
Penal, que prevé de quince días a un año de prisión a quién "ilícitamente
y con el propósito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas,
estanques u otros depósitos, ríos, arroyos, fuentes, canales o acueductos"
y a aquel "que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero
tuviere sobre dichas aguas".
La denuncia destaca que "la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas", al tiempo que producirá "la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños". Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue "una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado", ya que "altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible".
La denuncia destaca que "la construcción de la represa y el consiguiente embalse hará desaparecer el cauce natural y las zonas ribereñas", al tiempo que producirá "la merma sustancial del recurso para otros usuarios no ribereños". Además, el fiscal sostiene que es ilícito que se otorgue "una autorización estatal para destruir un bien de dominio público para el aprovechamiento privado", ya que "altera su carácter de bien inalienable e imprescriptible".
La denuncia también hace hincapié en el probable diferendo
diplomático que podría existir con el país vecino, ya que el fiscal aduce que
"la magnitud de la obra se proyecta con posibles consecuencias sobre el
Río Uruguay, lo cual abre la posibilidad de un conflicto de orden internacional
que fundamente la responsabilidad externa del Estado Argentino".
Por su parte, la legisladora entrerriana Blanca Osuna
elevará un proyecto al Senado para frenar la construcción de la represa Ayuí
Grande.
La senadora advirtió que "esto podría tener un impacto
ambiental de grandes dimensiones" y aseguró que "el proyecto no sólo
viola la Constitución
sino que además atenta contra el derecho del Medio Ambiente y el Código Civil,
a la ley General de Ambiente y al propio Estatuto del Río Uruguay".
Asimismo, calificó como "impresionante e
intencionado" el silencio de muchos medios de comunicación respecto del
conflicto generado por este proyecto polémico, en especial de los que
pertenecen al Grupo Clarín, cuyo vicepresidente, José Aranda, es uno de los
responsables de la iniciativa.
"Hay un gran sector de la comunidad preocupada y
movilizada por este tema, acciones del gobierno nacional y reacciones en el
Uruguay", agregó Osuna.
"La construcción de esta represa podría afectar
severamente la dinámica hídrica de un sistema que provee de agua a muchos
productores de la cuenca del Río Miriñay (donde desemboca el arroyo Ayuí y que
es uno de los principales efluentes del Río Uruguay)", finalizó la
legisladora.
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