La solicitará la comisión que creó la Provincia para estudiar
el tema hace más de dos años. Sostienen que la norma provincial legisla por
debajo de la ley nacional.
Está integrada por organizaciones sociales, campesinas y ambientalistas, además de más de 20 investigadores de
El lunes, en una asamblea con más de 100 personas, la COTBN tomó esta decisión.
Además, insistirán en pedir el veto del gobernador, a pesar de que ya fue
promulgada la ley.
"Vamos a insistir en el veto, como una medida política
y para sumar antecedentes jurídicos para pedir la inconstitucionalidad",
indicó Gustavo Peyroti, miembro de la
COTBN.
Durante dos años, la COTBN estudió el tema y entregó un anteproyecto a
la Legislatura
para que la Comisión
de Asuntos Ecológicos (CAE) elaborara un texto legal. Sin embargo, ese
anteproyecto recibió importantes cambios, agregados un día antes de que se
debatiera en el recinto legislativo, el miércoles pasado.
El artículo 41º de la Constitución Nacional
dice que le "corresponde a la
Nación dictar las normas que contengan los presupuestos
mínimos de protección, y a las provincias, las necesarias para
complementarlas". Esto significa que las normas jurisdiccionales no pueden
proteger menos que lo que se fijó a nivel nacional.
Pendientes. La ley nacional prevé que se protejan las zonas
con pendiente superiores al 5 %. Esta variable fue eliminada de la
norma provincial.
Cambio de categoría. Según los ambientalistas, la ley
provincial permite el desmonte de zonas con bosques nativos "donde exista
o se genere infraestructura para producción bajo riego". El artículo 14º
dice que, a pesar de que en esos predios haya bosques nativos, se lo considerará
dentro de la categoría III, áreas donde se permite desmontar. La ley nacional
no permite esta salvedad.
Aprovechamiento sustentable. La ley estipula que el
territorio comprendido dentro de la zona roja puede ser objeto de
"aprovechamiento sustentable". La norma nacional no incluye este
punto y sólo permite que sean hábitat de comunidades indígenas, objeto de
investigación científica o turismo sustentable.
Antecedente salteño. El objetivo de la COTBN es que la UNC tome la iniciativa en las
medidas judiciales, como sucedió con la Ley de Salta.
Para ello, esperan que en la próxima sesión el Consejo
Superior apruebe una resolución en el que se le delegue al Rectorado la
potestad de iniciar las acciones legales para tramitar la inconstitucionalidad,
tal como fijó la
Universidad Nacional de Salta (UNSA).
Luego de un proceso participativo, la Legislatura salteña
modificó el proyecto y redujo las áreas protegidas al variar del 5 % al 15 % el nivel de pendiente mínimo.
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