La comisión que consensuó un proyecto distinto al que se
aprobó la semana pasada dice que no se respeta la Ley Nacional de
Presupuestos.
Las instituciones, organizaciones y cooperativas que
conforman la Comisión
de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (COTBN) se reunirán hoy, a las
18.30, en el Club Andino Córdoba (27 de abril 2050) para decidir la medidas a
tomar tras la sanción de la ley 9.814, de protección de los bosques nativos.
Por este motivo, se espera que ambientalistas, científicos y
campesinos le pidan al gobernador, Juan Schiaretti, que vete la ley. Además, se
le enviará una carta al Consejo Federal de Ambiente (Cofema) en la que se dé
cuenta de la ilegalidad de la norma provincial.
El Cofema es el organismo encargado de girar a las
provincias los fondos destinados a proteger los bosques nativos y compensar a
los dueños de predios afectados.
A su vez, Greenpeace se sumó a los cuestionamientos a la ley
por considerar que permite los desmontes en la categoría roja para la minería,
no fija como obligación la audiencia pública en el caso de un cambio de uso de
suelo y elimina la participación ciudadana de la norma, entre otros puntos.
Por su parte, un sector de la Federación Agraria
cordobesa repudió la ley por considerar "vergonzosa y lamentable la
actitud de la mayoría de los legisladores provinciales que acrítica y
desconsideradamente desconocieron absolutamente el trabajo de más de dos años
de la COTBN ".
"Asusta la ligereza con la cual han aprobado esta ley,
e invita a dudar sobre si sólo se trata de un problema de desconocimiento o
lisa llanamente fueron comprados", dice el comunicado firmado por Claudio
Demo y Bernardo Asurmendi.
Antes de su sanción, la norma fue tratada durante nueve
meses por la Comisión
de Asuntos Ecológicos de la
Legislatura provincial. Ese período fue precedido la
discusión de más de dos años por la
COTBN.
El texto que surgió de estos espacios, cuyo autor final fue
el legislador oficialista Marcelo Falo, presidente de la CAE , incluía una zona de
máxima protección de cuatro millones de hectáreas. La norma aprobada sólo
protege 1,86 millones. Ese fue sólo uno de los cambios sustanciales entre el
proyecto consensuado y el que finalmente se aprobó.
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