El ambiente, sin política criminal

En nuestro país no existen estrategias ni preventivas ni punitivas para proteger el medio ambiente. Como en otras áreas clave como seguridad, prostitución infantil o control del lavado de activos, carecemos de resguardos elementales.

por Maximiliano Rusconi

Las imágenes del terrible derrame de petróleo en las costas cercanas a la península de la Florida en los EE. UU. y Océano, el conmovedor documental que en estos días se presenta en los cines de nuestro país sobre el mundo marino y los riesgos de su desprotección frente a la permanente y ya ni siquiera gradual destrucción por el hombre nos debe motivar a formularnos una pregunta fundamental: ¿hay en nuestro país una eficaz, completa y coherente política criminal destinada a la protección del medio ambiente? La respuesta es la misma de siempre y, por supuesto lamentable: no, no hay ninguna política criminal, si bajo ese título debe entenderse un conjunto de decisiones estatales, formuladas en varias dimensiones institucionales, que provocan una actuación coherente y mancomunada de varios organismos del Estado y que tienen al desarrollo de un conjunto de controles informales, formales no punitivos y penales a efectos de desarrollar una completa estrategia de prevención de los daños ambientales (en el aire, el agua y la tierra) y, en el caso de que las instancias de prevención fracasen, de sanción de las conductas dolosas y/o imprudentes que día a día destruyen nuestra casa y, lo que es peor, la casa de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos.

No es que semejante carencia deba sorprendernos: lamentablemente casi podemos decir, en nuestro país, que en materia de ausencias de políticas criminales de seguridad ciudadana, de prevención y sanción de la prostitución infantil, de control del lavado de activos, etc, estamos francamente invictos. Nada de nada.

La lesión indiscriminada del medio ambiente de la cual somos víctimas a veces insensibles, como forma de ilicitud, requiere un serio trabajo en materia de reformulación y coordinación de las instancias de prevención, de redefinición y especialización de los organismos de investigación del Ministerio Público, a nivel federal. Es decir, a lo largo de todo el país, con presencia física de los fiscales en las zonas de daño presente o potencial, de transformación del sistema de penas a efectos de potenciar modelos de reparación del daño por parte de las personas jurídicas y en forma directa, entes ideales que, a su vez, deben ser responsabilizados penalmente por sí mismos (y no sólo a través de sus directivos que son transformados en fusibles y fungibles).

Décadas de gestiones públicas deprimentes nos han asegurado un escenario en el cual nuestro país sólo posee como último tesoro niveles todavía seductores de recursos naturales que, y esa es la mala noticia, no son renovables. La ausencia de trabajo estatal en la protección del medio ambiente es la mejor instigación para una descomunal depredación de esos recursos que es observada con miradas cómplices por parte de las autoridades nacionales y provinciales, que para financiar los próximos tres minutos de supervivencia política pagan en moneda de exterminio de la naturaleza.

La política criminal, sobre todo en materias de tanta envergadura ética y social, es mucho más importante que el concepto cuya función es darle el nombre a más de una dependencia del Poder Ejecutivo. La política criminal es nuestra última esperanza para la protección de la vida, de toda vida. Su ausencia nos condena a ser meros observadores de posturas de coyuntura poco creíbles y de nulo impacto real en la protección del bien jurídico de mayor importancia general y comunitaria.

No perdamos más tiempo.

Fuente:

Clarín, 21/07/2010, "El ambiente, sin política criminal" por Maximiliano Rusconi, dibujo Horacio Cardo.