Por Leonardo Salgado
El 7 de diciembre de 2023 la Legislatura de Río Negro aprobó el proyecto N° 712/23 de «actualización» (el texto habla de «subrogación») de la Ley de Tierras Fiscales vigente, la Ley Q N° 279. La Ley fue sancionada con el N° 5705, y solo su Artículo N° 1 refiere a la Ley Q N° 279 (abarca otras cosas también) (Boletín Oficial Provincia de Río Negro N° 6247, p. 87)
Se ha hablado mucho de algo que es obvio: que el objetivo que persigue Alberto Weretilneck con esta «actualización» es servir el territorio en bandeja a los grandes capitales transnacionales: a empresas mineras, petroleras y electroenergéticas, e inmobiliarias.
La clave está en los nuevos usos que el gobernador busca habilitar en las llamadas «tierras fiscales»[1] (hasta el 7 de diciembre, la ley solo contemplaba la explotación agraria, en el marco de una economía familiar[2]). En el Anexo I de la Ley N° 5705, puede leerse:
«Artículo 15.- Destino. Una unidad de uso puede destinarse a la toda actividad económicamente rentable, socialmente valiosa o ecológicamente sustentable; en particular se contempla la producción agrícola, pastoril o ganadera, forestal, energética, minera, turística, industrial, de servicios, tecnológica, actividades culturales, relativas a la conservación o mixtas. En todos los casos y de forma previa, la autoridad de aplicación brinda informe técnico inherente a la actividad de uso o explotación que se trate.» (El resaltado es mío.)
En este posteo me voy a referir al uso que resalté en el párrafo anterior («actividades relativas a la conservación»), que no ha recibido hasta ahora mucha atención, y que puede engancharse con un tema que traté en una publicación anterior: el de los mercados de bonos de carbono.[3] En noviembre, mediante Res. MAyDS N° 385/2023, el Gobierno Nacional aprobó su «Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono» (ENUMeC). No estoy diciendo que hubo una sincronización intencional, pero es evidente que hay una misma orientación política en los dos hechos.
En primer lugar, hablaré sobre los mercados de carbono en general, y de la ENUMeC recientemente aprobada. Luego, expondré mis razones para pensar que esto de los mercados de carbono es un curro (curro, según el Wikcionario: «actividad irregular o delictiva por la que se obtiene dinero, en general mediante la credulidad ajena o el abuso de las normas»). Por último, hablaré sobre el modo en que los proyectos de mitigación enmarcados en estos mercados (aquellas «actividades relativas a la conservación» que contempla la actualización de la Ley Q N° 279) atentan contra la vida y los intereses de quienes habitan el territorio.
1. Los mercados de bonos de carbono
En el Protocolo de Kioto de 1997, se acordaron mecanismos de mercados —conocidos como «mecanismos de flexibilidad»— para que las empresas de los países desarrollados que no puedan cumplir con sus objetivos de reducción de emisiones, compensen ese incumplimiento financiando proyectos «verdes» en países «en vías de desarrollo». En 2015, en la COP 21 de París, estos mecanismos fueron reemplazados por otros —los llamados «mecanismos voluntarios de cooperación»— que apuntan a lo mismo.[4]
De Kioto y París a esta parte, son cada vez más las empresas interesadas en reducir o compensar sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), de manera de obtener una certificación que les permita mejorar sus chances de colocar sus productos en un mercado global cada vez más exigente, y de obtener financiamiento de bancos o fondos de inversión cada vez más renuentes a financiar actividades contaminantes. Este es el fundamento del llamado mercado de créditos o bonos de carbono.
Comentaba en «Amor por los Bosques seguro no es» que este mercado de bonos de carbono ha sido comparado con el tráfico de indulgencias que combatió Martín Lutero. Tanto el mercado de bonos como el tráfico de indulgencias suponen la cesión a una persona de los méritos de otra. En el tráfico de indulgencias, los monjes de los conventos, con sus rezos y buenas acciones, compensaban los pecados de los ricos, eximiéndoles de la pena y reduciendo sus horas en el Purgatorio (si es que en el Purgatorio transcurren las horas). En el mercado de bonos de carbono, los países «en vía de desarrollo», con sus proyectos limpios (y su mano de obra barata o esclava) compensan a los países desarrollados que no pueden —o quieren— reducir sus emisiones.
Hay dos tipos de mercados: uno regulado, vinculado a los países, y otro voluntario, vinculado a la «responsabilidad social» de las empresas. Los mercados regulados se hallan habilitados por normas nacionales, sub o supranacionales —en este último caso, las normas de la Unión Europea (UE), por ejemplo— y permiten la compra y venta de compensaciones de carbono y permisos de emisión. Se supone que la cantidad de mercados regulados aumentará a medida que los gobiernos se propongan usar los mecanismos basados en el mercado para reducir las emisiones derivadas de combustibles fósiles, en lugar de recurrir directamente a regulaciones para ese fin (como los impuestos al carbono, por ejemplo).[5]
En el mercado voluntario, la compra y venta de unidades de carbono NO se rige por leyes ni tratados, y el producto comerciado es siempre una compensación de carbono.[6]
En países «en vías de desarrollo», la opción por el mercado regulado se presenta a través del llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) de Naciones Unidas. En Argentina, optaron por este mecanismo empresas como Aluar, Aceitera General Deheza, Ledesma, y Grupo Arcor, entre otras.
Las empresas que optan por el MDL deben obtener una doble certificación: la de la oficina local del país en el que operan (en Argentina, la Oficina Argentina del Mecanismo del Desarrollo Limpio (OAMDL*) u Oficina Argentina de Implementación Conjunta, que funciona en el ámbito del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, que Javier Milei rebajó a subsecretaría) y la de la Junta Ejecutiva del MDL (con unos 20 miembros que se reúnen cuatro o cinco veces al año en distintas partes del mundo[7]). Estos organismos certifican las reducciones y la JEMDL ordena luego la emisión de los bonos correspondientes.
*(Cabe destacar que la OAMDL se encuentra inactiva desde el 31 de diciembre del 2020, y que, en Argentina, ya no es posible presentar nuevos proyectos en el marco del MDL, ya que el último periodo de compromiso del protocolo de Kioto culminó en esa fecha. ENUMeC, p. 23.)
Por su parte, los que optan por el mercado voluntario deben acudir a ONGs oficiales para obtener sus certificaciones de reducción de emisiones. Una de las certificaciones más utilizadas en este mercado es la Verified Carbon Standard (VCS), que otorga la ONG VERRA, radicada en Washington. Otra es la Gold Standard, que otorga la organización homónima, constituida en 2003 por World Wildlife Fund (WWF) y otras ONGs internacionales.
Un dato de vital importancia es que esas ONGs «certificadoras» obtienen una comisión por cada crédito de carbono que aprueba (un crédito equivale a una tonelada de CO2 capturada o no emitida/evitada), lo que genera un conflicto de intereses que puede redundar en una sobrestimación de la cantidad de CO2 que mitigan los proyectos, lo que de hecho ha sucedido, como contaré enseguida.
En Abya Yala estos mercados están desarrollados en forma despareja. Colombia posee más de 200 proyectos. Este número tan alto se explica porque en Colombia las grandes empresas pueden ahorrarse el impuesto al carbono adquiriendo bonos: hasta un 100% en la época del presidente Juan Manuel Santos, hoy hasta un 50% con Gustavo Petro.[8]
En Argentina no llegamos a tanto. Hay un registro de proyectos en donde figuran todos, los del mercado regulado y los del mercado voluntario. No son muchos, apenas 60 entre «activos» y «expirados», pero la expectativa plasmada en la ENUMeC es multiplicar ese número. Volveré sobre esto más adelante.
La participación en los mercados de carbono está contemplada en la Segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC[9]) de 2020, la cual establece una serie de «criterios nacionales» (NDC, pp. 29-30):
«La República Argentina se reserva su posición nacional y la toma de decisión en relación con el posible uso de cualquier mecanismo de mercado, referido en el artículo 6 del Acuerdo de París, y que pueda establecerse en el futuro, hasta que las negociaciones sobre el mencionado artículo lleguen a una conclusión en el marco de la CMNUCC. En tanto, ante la eventualidad de la existencia y funcionamiento de estos enfoques de mercado, se han establecido los siguientes criterios nacionales para su utilización, en base a las circunstancias e intereses nacionales: 1. La República Argentina reconoce que existe un valor intrínseco en los recursos naturales y en los servicios ecosistémicos que no puede ser capturado únicamente a través de mecanismos de mercado. 2. Cualquier mecanismo de cooperación establecido en el marco de la CMNUCC, sea de mercado o no, debe ser transparente, contribuir a asegurar la integridad ambiental, evitar el doble cómputo y aumentar la ambición global en materia de reducción de emisiones de GEI, así como estar en línea con los ODS. 3. Los mecanismos de mercado referidos no deben profundizar la actual inequidad en la distribución de los esfuerzos frente al cambio climático. A tal fin, se debe tener presente el principio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas y de capacidades respectivas de las Partes, así como factores adicionales tales como la ubicación geográfica y los impactos diferenciados del cambio climático, el perfil comercial, el grado de desarrollo económico y social, la contribución a la seguridad alimentaria global, y las urgencias en materia de adaptación.»
«Los mecanismos y operaciones de mercado referidos deben contribuir a la capacidad de los países en desarrollo —entre ellos la República Argentina — de honrar los compromisos climáticos a los que en forma nacionalmente determinada arribó, y en ningún caso deben constituir mecanismos encubiertos de proteccionismo comercial o de imposiciones unilaterales. a. Los mecanismos de mercado referidos deben garantizar el pleno respeto de la legislación nacional y provincial, así como resultar armónicos con los enfoques y las salvaguardas correspondientes a REDD+ (REDD= Reducción de las Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los bosques[10]), y otras definidas en el marco de la implementación del Acuerdo de París».
Tanto en su versión original de 2020 (p. 38) como en su actualización de 2021 (p. 12), hay algo en la NDC que es muy importante (lo resaltado de abajo), y que está en sintonía con lo expresado en los párrafos de arriba: «La República Argentina se reserva su posición nacional y la toma de decisión en relación con el posible uso de cualquier mecanismo de mercado que pueda establecerse bajo el Acuerdo de París, hasta que arriben a una conclusión las negociaciones sobre el artículo 6 del Acuerdo de París en el marco de la CMNUCC.[11] Hasta entonces, cualquier operación que involucre unidades de reducción de emisiones alcanzadas en territorio argentino, tanto públicas como privadas, deberá registrarse y contar con la expresa autorización del Gobierno Nacional y, salvo disposición expresa que indique lo contrario, todas las reducciones de emisiones en el territorio nacional serán contabilizadas para el logro de la meta de la NDC.»
Ahora, desde el gobierno nacional se presenta una «Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono» (ENUMeC) y, por lo que allí se lee, se está trabajando en «hojas de ruta» específicas para su implementación (ENUMeC, pp. 49, 52). En el segundo «Plan Nacional de Adaptación y Mitigación de la República Argentina» de 2022 (Resolución MAyDS n.o 146/2023), contar con esta estrategia era una meta al 2024.
La estrategia Argentina.
La ENUMeC se inscribe en el mencionado segundo «Plan Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático», el cual aborda, entre otros, el tema del financiamiento de la transición, considerando la participación en los mercados de carbono (ENUMeC, p. 11).
De la elaboración de la estrategia participaron las 24 jurisdicciones (las 23 provincias y la CABA) y representantes de distintas organizaciones sociales, pueblos y comunidades originarias (ojo, es lo que dice la ENUMeC), entidades empresariales, universidades y centros de investigación, sindicatos y partidos políticos, que forman parte del Consejo Asesor Externo del Gabinete. El proceso participativo incluyó también a actores y referentes del sector privado pertenecientes a pequeñas, medianas y grandes empresas, y de otras organizaciones privadas de diversos sectores económicos (productivos, de servicios y finanzas) de todo el país, que forman parte del Acuerdo de Acción Climática: plataforma público-privada para la resiliencia y la carbono neutralidad al 2050 (ENUMeC, p. 11).
La Argentina viene participando desde 2005 tanto en los mercados regulados como en los voluntarios. Desde el 2021 cuenta con el registro que referí: el Registro Nacional de Proyectos de Mitigación del Cambio Climático (ReNaMi), creado para garantizar la transparencia y evitar el llamado «doble conteo». Argentina.gob.ar
Según la información publicada y disponible en el ReNaMi, al momento de la elaboración de la ENUMeC, el país cuenta, como dije, con 60 proyectos registrados, con un pico de 15 proyectos registrados en 2012[12] y un máximo de 15 proyectos registrados en Chubut.[13] De ese total, solo 26 han emitido resultados de mitigación certificados o verificados (ENUMeC, p. 25). Se trata en su mayoría de proyectos de energía, sobre todo de energía renovable. El 90% de los mismos corresponden a privados.
La ENUMeC establece 9 «ejes estratégicos», cada una con su correspondiente descripción y una o varias acciones asociadas (63 en total). Veamos cuáles son esos ejes estratégicos. De las descripciones y acciones, solo mencionaré aquellas que me llamaron más la atención.
Eje estratégico 1. «Potenciar el acceso nacional y subnacional al financiamiento climático como instrumento adicional para acceder a financiamiento climático, en un contexto de responsabilidades comunes pero diferenciadas, a fin de cumplir con las sucesivas NDC, las Comunicaciones de Adaptación, la ELP (Estrategia de desarrollo resiliente con bajas emisiones de gases de efecto invernadero a largo plazo a 2050), los PNAyMCC (Plan nacional de adaptación y mitigación al cambio climático) y los Planes de Respuesta al cambio climático jurisdiccionales.»
Descripción: acceso a los mercados para cumplir con las NDC.
Acción. Definir cómo se va a distribuir entre las provincias los beneficios de una «venta nacional.».
Eje estratégico 2. «Participación en los mercados de carbono regulados bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París y otros mercados de cumplimiento nacionales e internacionales.»
Eje estratégico 3. «Acompañar la participación del sector privado en los mercados voluntarios.»
Descripción. Acompañar la participación del sector privado en los mercados voluntarios.
Eje estratégico 4. «Generación de Enfoques No Comerciales bajo el esquema del Artículo 6.8 del Acuerdo de París.»[14]
Descripción. Impulsar la generación de Enfoques No Comerciales bajo el Artículo 6.8. del Acuerdo de París, para el fortalecimiento de capacidades, la transferencia de tecnología y el financiamiento climático, en un marco de desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza.
Acciones. Fomentar medidas de financiamiento climático como enfoques de no-mercado bajo el Artículo 6.8 del Acuerdo de París (ej.: pago por resultados y servicios ecosistémicos; canje de deuda por acción climática), de modo consistente con el derecho internacional.
(Comentario mío: Argentina ya ha utilizado esta vía de financiamiento en su modalidad de pago por resultados, como comentaré más adelante).
Eje estratégico 5. «Acompañar a los Gobiernos subnacionales que así lo decidan en la implementación de esquemas de mercado para el cumplimiento de sus Planes de Respuesta al cambio climático.»
Acción a. Acordar e implementar los arreglos institucionales y esquemas de participación para la coordinación de políticas subnacionales y nacionales respecto del uso de mercados de carbono.
Acción b. Acompañar a los Gobiernos subnacionales que así lo deseen en el desarrollo e implementación de esquemas subnacionales de mercados de carbono, alineados con la política climática nacional.
Eje estratégico 6. «Contribuir al fortalecimiento y al financiamiento para la adaptación al cambio climático a través de la implementación de los mercados de carbono y enfoques no-comerciales.»
Eje estratégico 7. «Desarrollar capacidades nacionales y subnacionales para la implementación de mercados de carbono.»
Acciones. Fomentar el desarrollo de verificadoras y auditores nacionales, y fomentar la creación de desarrolladoras de proyectos nacionales. (Nota mía: como también pretende hacer Brasil.[15])
Eje estratégico 8. «Promover el respeto de las salvaguardas y la integridad ambiental en la implementación de mercados de carbono.»
Acción. Establecer mecanismos e instrumentos de involucramiento y participación de la sociedad civil y otros actores interesados.
Eje estratégico 9. «Asegurar los intereses nacionales y regionales en las negociaciones internacionales».
2. En qué suma todo esto (si es que suma, yo creo que no, para mí que es un curro)
Esto de los Mercados de Carbono parte de un supuesto equivocado: el de que todo el problema se reduce a un exceso de CO2 en la atmósfera. Si se parte de ahí, claro, entonces la solución es simple: evitar emisiones de CO2 —o de otros gases de efecto invernadero— o quitarlo de la atmósfera. Lo que algunos autores llaman el «consenso de la descarbonización»[16] o la «visión del túnel de carbono» tiene que ver con este supuesto.[17] En realidad, la «visión del túnel de carbono» se ha invocado con relación a las soluciones tecnológicas, pero perfectamente puede emplearse para las estrategias de financiamiento: hagamos atractivo el negocio de la eliminación o compensación de las emisiones de CO2 y el problema mágicamente desaparecerá.
Básicamente, existen dos tipos de proyectos de mitigación en los mercados de carbono: los que buscan quitar CO2 de la atmósfera y los que buscan evitar que el CO2 llegue a la atmósfera.
A nivel global, la mayoría de los proyectos buscan evitar las emisiones o capturarlas apenas se producen.[18] Esto se ve con preocupación, porque lo realmente positivo sería quitar CO2 de la atmósfera (olvidándonos por un momento del error de plantear el problema únicamente en términos de emisiones).[19] Evitar solamente no alcanza: hace falta ADEMÁS quitar (con proyectos de restauración o de reforestación de especies nativas, por ejemplo).
Lo mismo sucede a nivel local: en nuestro país, de los 60 proyectos que figuran en el ReNaMi, solo uno o dos serían para quitar CO2 de la atmósfera; el resto es para evitar emisiones o para capturarlas ni bien se producen.
De cualquier forma, como comenté en «Amor por los bosques seguro no es», el solo secuestro de CO2 atmosférico no compensa la quema de combustibles fósiles. Ni a palos.
Por estas razones, pero no solo por estas, es muy poco probable que estos mecanismos financieros puedan contribuir a una disminución de las emisiones: uno, por la complejidad de su implementación; dos, porque son muy permeables a las trampas.
En la red social X, el ecologista argentino Juan Carlos Villalonga[20] hace un repaso a los mayores problemas que plantean los mercados de carbono. Tomaré solo algunos puntos del hilo de Villalonga, pero recomiendo su lectura completa.[21]
Villalonga comenta que es muy difícil garantizar la «permanencia» de los certificados de carbono (el carácter permanente del beneficio de la remoción o la no emisión), y que será cada vez más difícil hacerlo, entre otras cosas por el incremento de la probabilidad de incendios, a raíz del cambio climático.
Otra cosa que advierte Villalonga es que esta política desincentiva la protección estatal. Explico: en proyectos de conservación que buscan evitar emisiones por la vía de impedir la deforestación, garpa más proteger un bosque desprotegido que uno ya protegido. Porque en este último caso, mi decisión de no deforestar sumaría 0. En cambio, si mi proyecto contempla la protección de un bosque no protegido o a punto de deforestarse, entonces, las certificadoras deberían certificarme un montón (acrecentando mi ganancia). Esto abre la puerta a la privatización de la conservación. ¿Por qué el estado debería poner plata en conservación, si los privados (incentivados por la ganancia que promete un proyecto de conservación de un bosque desprotegido) podrían hacerse cargo?
A nivel global, hay algunos intentos por blanquear esto que comento arriba; mercantilizar la protección de cosas que no están amenazadas. El informe de «Amigos de la Tierra Internacional» de 2022 (p. 10), da cuenta de esta trampita y da como ejemplo un caso real: «El Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) está ampliando el tipo de bonos elegibles (unidades de emisiones) que acepta para incluir aquellos provenientes de jurisdicciones de alta cubierta forestal y mínima deforestación (HFLD), es decir, compensaciones de emisiones evitadas de bosques que no están en realidad bajo amenaza de deforestación.»
Supongamos que OK, que el bosque está amenazado. O concedamos que está bueno proteger algo que no está amenazado. Igualmente, la deforestación evitada aquí —por la que alguien cobra— podría trasladarse hacia otro lado, en una clara maniobra de compensación extractivista. Este problema también lo ve Villalonga.
La posibilidad de un «doble conteo» se viene advirtiendo desde el Protocolo de Kioto. Villalonga también advierte sobre esto, especialmente con respecto a los proyectos del mercado voluntario.
Pongo un ejemplo ficticio de doble conteo. Una empresa europea X compra créditos de carbono de un proyecto de mitigación en Argentina. El estado argentino podría incorporar esas emisiones evitadas o removidas en su INGEI (Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero), pero, entonces, a nivel global, esas emisiones evitadas estarían siendo contadas dos veces. Se le estarían computando a la empresa que adquiere los créditos, y al estado nacional. De esto último se desprende que, si se evita el doble conteo como correspondería, este proyecto de mitigación no sumaría al cumplimiento de nuestra NDC (lo que, como vimos, va a contramano del espíritu de la ENUMeC).
Como puede verse, esto representa un problema para nuestros países: cómo engancharnos en estos mercados pero a su vez que ese esfuerzo aporte a nuestros compromisos climáticos asumidos (los mencionados NDC). De hecho, Brasil pretende (o pretendía; no sé hoy) computar dos veces esas reducciones: para el que compra créditos y para el que los vende.[22]
Dicho sea de paso, aún no hay un acuerdo sobre la implementación del Artículo 6 del Acuerdo de París que habla sobre todos estos asuntos.[23] De esta manera, aún no se sabe si un país X podrá cumplir su NDC compensando sus emisiones a través del financiamiento de proyectos en terceros países (los cuales, nuevamente, no podrían sumar esas no emisiones —o restar esas emisiones— a sus propios inventarios.)
Hace un rato comenté que hay un conflicto de intereses que tiende a sobreestimar la cantidad de carbono que mitigan los proyectos, desde el momento que las certificadoras cobran una comisión por cada crédito que aprueba. Pues bien, VERRA, la ONG que ha certificado las tres cuartas partes de las compensaciones voluntarias a nivel mundial, y que posee la mayor cantidad de proyectos del mercado voluntario en Argentina —ha otorgado su certificado VCS a proyectos de Genneia, Arcor e YPF LUZ—, ha sido denunciada en 2023 por fraude en la emisión de estas certificaciones: concretamente, se acusa a VERRA de fraguar los resultados del 94% de los proyectos REDD + que revisó.[24]
Unas líneas más arriba hablé de la trampa que supone presentar como «bosque a proteger» uno que ya está protegido o que no está amenazado. Pues bien, la investigación sobre VERRA, impulsada por tres medios de comunicación, The Guardian, Die Zeit y SourceMaterial, tiene que ver con esto. Dicha investigación rescata un estudio de 2022 de la Universidad de Cambridge que da cuenta de que los proyectos de VERRA han exagerado en un 400%, en promedio, el riesgo de deforestación de los bosques (o sea: VERRA habría «inflado» las emisiones evitadas para cobrar una mayor comisión). El escándalo resultó de tal magnitud que derivó en la renuncia de su director ejecutivo (o sea que lo echaron).[25]
Los proyectos de «deforestación evitada» han quedado fuera del Mecanismo de Desarrollo Limpio de Naciones Unidas (MDL) y del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la UE (EU-ETS[26]). La UE, que, dicho sea de paso, ha presentado una NDC colectiva,[27] otorga a sus estados miembros una cantidad de derechos de emisión de CO2,[28] y en caso de que alguno de ellos no pueda —o quiera— limitarse a esa cantidad, se le permite compensar adquiriendo créditos de carbono. Pero la UE no acepta créditos de proyectos REDD+ debido a (cito textual del documento de «Amigos de la Tierra», p. 23) «la cuestionable credibilidad de la delimitación de los sitios, los puntos de referencia estimados, las fugas, la no adicionalidad y la no permanencia del carbono capturado.»
Para peor, como destacan Schnake y Coppiarolo (2019, p. 12), los proyectos REDD + incluyen la posibilidad de compensar emisiones por «manejo forestal sustentable», «conservación» y «aumento de reservas de carbono forestales». Esto, según Schnake y Coppiarolo, abre las puertas a la explotación maderera en bosques primarios y la conversión de bosques en plantaciones industriales de árboles, ya que la definición de «bosque» de Naciones Unidas no distingue entre un bosque primario y un monocultivo industrial de árboles.
3. Cómo nos van a cagar con esto
Claro, uno piensa en todo esto y es inevitable sospechar que se trata de un gran curro con el propósito de cagarnos.
Ya lo decía en «Amor por los Bosques seguro no es»: estos «proyectos de conservación», en especial aquellos asociados a los mercados de carbono, traerán aparejada la ocupación del territorio, eventualmente su militarización, y el desplazamiento compulsivo de las comunidades originarias que lo habitan.
Esto ya está sucediendo en otras partes del mundo. Survival International denunció que los proyectos de conservación en el norte de Kenia (este de África) han expulsado a las comunidades dedicadas al pastoreo.[29] El informe de esta ONG hace foco en el riesgo que este tipo de mecanismos financieros supone para los pueblos originarios. También, las comunidades indígenas de Acre (oeste de Brasil) han sido perjudicadas por proyectos REDD+.[30]
En Argentina, esto aún no está pasando, pero podría pasar pronto, por lo que debemos estar alertas. Muuuuuuy alertas, por tratarse de iniciativas que se nos presentan como «verdes», como «actividades relativas a la conservación», como reza el Artículo 15 del Anexo I de la Ley N° 5705.
Lugar: el patio de la vecindad del Chavo. Situación: Pasa el Chavo comiendo un sánguche (o tomando un helado, o jugando con un juguete, no recuerdo) y Don Ramón, que lo ve pasar, le pregunta que quién le había dado eso, y el Chavo le responde que Quico, a cambio de un favor. —¿Qué favor le hiciste a Quico? —pregunta Don Ramón; —Le estaba pegando y Quico me pidió que, por favor, dejara de pegarle —responde el Chavo.
Los mercados de carbono se prestan a situaciones que recuerdan a este pasaje del Chavo del 8. Uno de los últimos proyectos incorporados al ReNaMi es el Pago por Resultados por REDD+ (Proyecto N° 59 correspondiente a 2020). Nuestro país solicitó un pago por emisiones evitadas por evitar deforestaciones en Chaco, Tucumán, y la selva misionera, para el periodo 2014—2016. El pago lo solicitó al Fondo Verde para el Clima (Green Climate Fund, GCF), que es un fondo propuesto en el Acuerdo de París de 2015.[31] En mayo de 2022, GCF nos pagó 82 millones de dólares en concepto de retribución por 165 MtCO2e de emisiones evitadas durante aquel periodo Página 12[32]. Argentina, imagino, debió convencer al GCF de que esos bosques no estaban protegidos por alguna norma legal, como la Ley de Bosques, o que no comprendían áreas naturales protegidas de algunas de las provincias implicadas. Resultado: nos dieron un sánguche de 82 millones de dólares por hacerle el favor a la comunidad internacional de no deforestar.
Actualmente, solo hay un proyecto ReNaMi en Río Negro: el del parque eólico de Genneia en Pomona (proyecto ReNaMi N° 55, presentado colectivamente con los parques de Chubut), que obtuvo VCS por parte de VERRA. Pero el «Plan de Hidrógeno Verde Río Negro» destaca que el mercado de bonos de carbono es una oportunidad para la provincia: «Por el lado de lo financiero, se generaría una genuina posibilidad de la emisión de bonos verdes rionegrinos certificados como así también criptodivisas de H2V. Rio Negro sería la primera Provincia en esta materia generando mercado y grandes volúmenes de fondeo líquido de estas fuentes» (PHVRN, p. 58). La «actualización» de la Ley de Tierras abre la puerta a todo esto. Estemos alertas, muuuuuuy alertas, porque amor por la conservación, definitivamente no es.
...
Se abre una «segunda fase» del modelo capitalista neocolonial. La primera es el EXTRACTIVISMO (definido por Eduardo Gudynas como «un tipo particular de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, de los cuales el 50% o más es destinado a la exportación, como materias primas sin procesar o con un procesamiento mínimo»[33]): a esta otra la podríamos llamar COMPENSACIONISMO.
Quienes promueven el extractivismo y usufructúan sus beneficios, los Grandes Capitales Transnacionales, vuelven al Sur Global para purgar la tibia sanción que les impuso el mismo sistema que les da soporte; un sistema que dice haber tomado nota del daño que causa, pero que confía en superarse y poner quinta velocidad.
Es el nuevo contexto del capitalismo. Un capitalismo verde que reorienta su pulsión extractivista hacia lo que hoy requiere, materiales y energía para la transición, pero que demanda nuevos territorios para compensar el daño que no puede evitar (ni le interesa).
En adelante, habrá dos modalidades de territorios sacrificables: aquellos sacrificables a los proyectos de obtención y procesamiento de los recursos, y aquellos sacrificables a los proyectos de compensación.
Si algo necesitábamos saber para convencernos de que todo esto es un gran curro de las transnacionales, es que hasta Javier Milei, abanderado del negacionsimo climático (y de otros), sueña con promover un mercado de derechos de emisión de GEI, al estilo del que ya existe en la UE, EEUU, y China, que permita a quienes hayan sobre cumplido sus metas vender servicios a aquellos que los necesiten para lograr sus objetivos y evitar penalizaciones. Así lo establece el Artículo N° 323 de su proyecto de Ley ómnibus enviado al Congreso.[34] ¿De qué metas habla Milei? ¿De qué penalizaciones? Las empresas que operan en Argentina, ponele Techint, ¿aceptarán alegremente que se les imponga un límite máximo a sus emisiones de GEI? ¿Qué hay detrás de esto? Sobre este Artículo N° 323, «Cali» Villalonga también escribió un hilo en X, cuya lectura también recomiendo.[35]
En el medio están las comunidades originarias que habitan el territorio y que no quieren la megaminería (como tampoco la «megapinería» ni nada que empiece con mega). Esto lo escribí en otro posteo de este mismo blog («Río Negro: diez razones para rechazar la megaminería metalífera»[36]): «el extractivismo, en particular la megaminería metalífera, se inscribe en una cosmovisión diametralmente opuesta a la de las comunidades originarias. Las sociedades occidentales hablan de Naturaleza, para referirse a un lugar del cual obtienen los recursos (los recursos naturales) o al cual van de vacaciones. Para las comunidades originarias no hay tal Naturaleza. Las comunidades utilizan el término Territorio para designar al espacio que habitan; un espacio que no solo es físico sino también social, cultural, espiritual y sagrado. Las comunidades no están en el Territorio; SON en el Territorio, SON junto con los seres vivos no humanos, y los seres no vivos. Queda claro que dinamitar montañas hasta dejarlas chatitas con el objetivo de vender minerales y obtener una renta económica no encaja en esta cosmovisión.» Pero claro, a Alberto Weretilneck no le importa nada de esto.
Tampoco le importa la Naturaleza en su acepción huinca. Si la excusa para ocupar esos territorios comunitarios es ahora la «conservación de la Naturaleza», que Alberto Weretilneck deje en paz a las comunidades originarias, que no se le ocurra atropellarlas con proyectos «compensacionistas», por las mismas razones que expuse en el párrafo anterior, porque son las propias comunidades, al reconocerse parte del Territorio, las que mejor conocen la forma de cuidarlo.
[1] En realidad, tierras de ocupación tradicional pública de las familias indígenas y campesinas, que el Estado se arroga como propias.
[3] https://rionegrosinmargen.blogspot.com/2021/10/amor-por-los-bosques-seguro-no-es.html
[4] Estrategia Nacional para el Uso de los Mercados de Carbono. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. Secretaría de Cambio Climático, Desarrollo Sostenible, e Innovación (2023), p. 24.
[5] Amigos de la Tierra, 2022, p. 10.
[6] Amigos de la Tierra, 2022, p. 10.
[8] https://www.youtube.com/watch?v=-_E3i3_zh1w 2’ 10’’
[9] Las NDC son los compromisos de mitigación de cada una de las Partes del Acuerdo de París (países individuales o estamentos supranacionales como la UE). Las Partes deben renovarlo cada cinco años. https://unfccc.int/NDCREG
[10] REDD se desarrolló a partir de una propuesta realizada en 2005 por un grupo de países liderados por Papua Nueva Guinea. Dos años después, la propuesta fue aceptada en la COP 13 realizada en Bali (Indonesia). Pohl Schnake, V. y Coppiarolo, L. 2019. Proyectos REDD y conflictos socio-ambientales: contribuciones para su análisis desde la Geografía Crítica y Ecología Política. XXI Jornadas de Geografía de la UNLP, 9 al 11 de octubre de 2019, Ensenada, Argentina. Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. En Memoria Académica. Disponible en: http://www.memoria.fahce.unlp.edu.ar/trab_eventos/ev.13626/ev.13626.pdf
[11] Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 1992.
[12] ENUMeC, p. 26.
[13] ENUMeC, p. 28.
[14] Los enfoques no comerciales previstos en el Artículo 6.8 del Acuerdo de París, cubren toda una serie de iniciativas, por ejemplo medidas fiscales, como ponerle precio al carbono o aplicar impuestos disuasorios a las emisiones. https://www.tierra.org/wp-content/uploads/2022/11/COP27-que-esta-en-juego-con-las-falsas-soluciones_ONLINE.pdf p. 9.
[16] Bringel, B. y Svampa, 2023. Del «consenso de los commodities» al «consenso de la descarbonización». Nueva Sociedad 306. https://nuso.org/articulo/306-del-consenso-de-los-commodities-al-consenso-de-la-descarbonizacion/
[17] https://vientosur.info/sobre-transiciones-energeticas-y-transiciones-ecologicas/#sdfootnote8sym
[18] Stabisnky, D. (Autora principal). 2022. El futuro a base de combustibles fósiles está construido sobre un castillo de naipes. Amigos de la Tierra Internacional, P. 7
[19] The Oxford Principles for Net Zero Aligned (2020). University of Oxford, 15pp. La referencia al shift to carbon removal offsetting (principio 2) está en la p. 7.
[20] https://calivillalonga.com.ar/
[21] https://twitter.com/Calivillalonga/status/1730496236392681911
[23] https://unfccc.int/sites/default/files/spanish_paris_agreement.pdf
[29] https://www.fronterad.com/carbono-de-sangre/
[30] Amigos de la Tierra, p. 24, recuadro 5.
[31] https://www.greenclimate.fund/about
[33] Domínguez Martín, R. 2021. El extractivismo y sus despliegues conceptuales. Territorios y Regionalismos 4: 1—26 https://www.redalyc.org/journal/6277/627768137006/html/
[35] https://twitter.com/Calivillalonga/status/1740327621349757125
[36] https://rionegrosinmargen.blogspot.com/2023/01/rio-negro-diez-razones-para-rechazar-la.html
Fuente:
Leonardo Salgado, Amor por la conservación seguro no es: proyectos de mitigación del cambio climático y mercados de carbono en Argentina, 28 diciembre 2023, Río Negro Sin Margen.
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