Minería del uranio: lo que el PRAMU nos dejó

Equipo de perforación empleado para la caracterización de las colas de mineral ubicadas en el predio de Dioxitek SA, ciudad de Córdoba, mayo de 2015. Crédito: CNEA.

por Cristian Basualdo

Fue la gran promesa de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), que a fines del siglo pasado tramitó un crédito ante el Banco Mundial para implementar el Proyecto de Restitución Ambiental de la Minería del Uranio (PRAMU), diseñado por la CNEA para conjurar los riesgos que representaban los sitios abandonados por la minería del uranio en nuestro país.

Pero las cosas no cambiaron mucho de año en año, ni de década en década. Recientemente, una Resolución de la presidencia de la CNEA terminó con lo que quedaba del PRAMU.[1] Es una buena oportunidad para hacer un balance de un proyecto que, durante 25 años, generó expectativas en las personas preocupadas por los residuos que deja a su paso la industria nuclear.

El uranio es un metal pesado, radiactivo y químicamente tóxico, que se encuentra en la naturaleza en concentraciones muy bajas. En Argentina se extrajo uranio entre 1952 y 1997, en una decena de minas, la mayoría a cielo abierto y algunas subterráneas. En total se extrajeron unas 2.600 toneladas, con una ley promedio de un 0,1%, dicho de otra manera, para obtener un kilogramo de uranio hubo que remover mil kilogramos de mineral. Esto nos da una idea de la cantidad desmesurada de residuos que genera la minería del uranio (roca estéril, minerales de baja ley, agua de mina, colas de mineral, lodos de precipitación, entre otros). Las colas de mineral están constituidas por el material del cual se ha extraído la mayor cantidad posible del uranio que contenía. Casi toda la radiactividad permanece en las colas.[2]

Las minas de uranio fueron cerrando, en algunos casos por agotamiento del recurso, hasta la década de 1990, cuando la baja en el precio internacional del uranio paralizó la actividad. Los sitios quedaron abandonados, se convirtieron en terrenos yermos, contaminantes, escenarios de la devastación. En 1994, la CNEA inició las gestiones ante el Banco Mundial para conseguir financiación para remediarlos. En marzo de 1998, el Banco Mundial realizó la primera misión técnica. En el 2000, la CNEA creó el PRAMU. Las negociaciones se interrumpieron a principios de 2002, para retomarse tres años más tarde.

El Banco Mundial dejó asentado en sus documentos que “años de laxitud en la aplicación de la normativa medioambiental y en las prácticas de gestión de la industria de extracción de uranio” habían dado lugar a un “legado medioambiental indeseable”, lo que suscitaba preocupaciones sobre “la salud pública a largo plazo y el uso de los recursos naturales”. Entre las preocupaciones que mencionó el Banco Mundial se encuentran: aguas subterráneas y superficiales contaminadas, incluido el suministro de agua potable, incidencia elevada de cáncer de pulmón y otros tipos de cáncer, y uso restringido del suelo.[3]

En el Documento Marco del PRAMU, versión diciembre 2005, se inventariaron 8 sitios que se encontraban “en condiciones que requieren la intervención del hombre con el objeto de paliar el impacto de la explotación”. Se planificó la restitución de 4 sitios: Malargüe (Mendoza), “El Chichón” (Córdoba), Los Gigantes (Córdoba), y Tonco (Salta); y la realización de evaluaciones ambientales en los otros 4: Huemul (Mendoza), Pichiñán (Chubut), La Estela (San Luis), Los Colorados (La Rioja). No se incluyó a la mina de Sierra Pintada (Mendoza) porque la CNEA estaba intentando reabrirla debido a la suba en el precio internacional del uranio. Con el paso de los años el precio bajó nuevamente, lo que sumado a los conflictos legales y ambientales ocasionados por la mina abandonada, llevaron a la CNEA a incluir al denominado Complejo Minero Fabril San Rafael (donde está Sierra Pintada) en el proyecto de restitución.

La ex mina de Sierra Pintada en 2005. Vista de los precipitados del dique DN1. En segundo plano se observan pilas de colas de disposición temporaria. Crédito: CNEA.

Un párrafo aparte merece “El Chichón”, es el nombre popular con el que se conoce en la ciudad de Córdoba a un promontorio formado por 57.600 toneladas de colas de mineral, ubicado en un predio a menos de 5 kilómetros de la plaza San Martín (el centro de la ciudad). En 1982, en el predio se montó una planta de conversión a polvo de dióxido de uranio, de origen alemán. En 1997 pasó a llamarse Dioxitek SA, una sociedad anónima estatal, que, siguiendo con los dichos populares, está “floja de papeles”.[4] Como el lenguaje es clave para la manipulación política, la CNEA menciona a “El Chichón” para no referirse a Dioxitek, los funcionarios del átomo dicen que se parece a un campo de golf.

Un dato clave para entender el PRAMU, es que el Banco Mundial rechazó invertir en más de un sitio, y eligió a Malargüe como proyecto piloto de remediación debido a los graves problemas locales de contaminación del agua y de los cultivos agrícolas.

El 31 de julio de 2008, el Banco Mundial aprobó un préstamo de 30 millones de dólares a la República Argentina, para que la CNEA termine de remediar el sitio Malargüe, y provea asistencia técnica para el diseño de ingeniería de los sitios Los Gigantes y “El Chichón”.

Las obras en Malargüe consistieron en la reubicación de los estériles, que estaban en un área sometida a frecuentes inundaciones, hasta el lugar más alto del emplazamiento, y el encapsulamiento de los mismos para asegurar que la liberación de contaminantes al ambiente se mantenga debajo de los límites establecidos.[5] Además, durante la ejecución del proyecto se procedió a la limpieza de restos de estériles en dos propiedades vecinas en las que el viento y las corrientes de agua habían depositado material contaminado. Para reducir las preocupaciones locales hacia el emplazamiento, se construyó un espacio verde público en una zona no contaminada adyacente, el denominado parque El Mirador.

La CNEA carecía de la capacidad para llevar a cabo un proceso de licitación fluido para la remediación de Malargüe, lo que provocó retrasos sustanciales en la contratación. También hubo indicios de ineficacia por parte del contratista seleccionado para ejecutar las obras civiles.

La ejecución del proyecto se prolongó mucho más de lo previsto y la fecha de cierre tuvo que prorrogarse cuatro veces, por un total de 43 meses (del 30 de noviembre de 2013 hasta el 27 de junio de 2017). El Banco Mundial calificó la eficiencia del proyecto como modesta, atribuyendo el retraso a que el gobierno argentino aplazó la firma de efectividad del préstamo; a la inflación que obligó a modificar el contrato; y a las condiciones climáticas (fuertes vientos periódicos, lluvia y nieve) que a menudo restringieron el tiempo en que podían emprenderse las obras.

Los impactos económicos asociados a la contaminación del sitio Malargüe no se estimaron en la evaluación, ni se supervisaron durante la ejecución del proyecto. Tampoco se llevó a cabo una línea de base de salud pública (ni muestreos periódicos de la población durante la ejecución) para determinar los niveles de exposición a la radiación/contaminación.[6]

En cuanto a los sitios Los Gigantes y “El Chichón”, se realizaron estudios que pusieron de relieve los riesgos medioambientales (lixiviación de material radiactivo al acuífero, exposición a través de materiales en suspensión, etc.), así como una metodología sobre cómo abordarlos. El Banco Mundial sostuvo en sus documentos que “tanto las autoridades locales de “El Chichón” como de Los Gigantes se mostraron de acuerdo con los elementos propuestos del plan de remediación”. Va en otra dirección lo que sabemos por las notas de prensa. En abril de 2017, cuando los funcionarios del átomo invitaron a autoridades locales y medios de comunicación a visitar las ruinas de Los Gigantes, no tenían pensado encarar obra alguna, solo estaban cumpliendo con la burocracia del Banco Mundial.

En resumidas cuentas, el PRAMU tuvo efectos prácticos en uno solo de los sitios afectados por la minería del uranio, quedan ocho donde la radiactividad seguirá recorriendo los paisajes. Hay una moraleja en la historia del PRAMU: no hay que confiar demasiado en los anuncios de la CNEA.

Referencias:

1. Mediante la Resolución RESOL-2023-337-APN-CNEA#MEC se fusionó la Gerencia Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos (PNGRR) con la ex Gerencia PRAMU en una nueva estructura funcional.

2. Alrededor del 15% de la radiactividad original del mineral pasa al concentrado de uranio, y, una vez que los radionucleidos de corta vida han decaído, el 70% de la radiactividad original del mineral permanece en las colas. Las colas contienen además metales pesados que están presentes en el mineral, y otros compuestos adicionados durante el proceso, tales como amonio, nitrato, solventes, entre otros.

3. Implementation completion and results report (IBRD 75830) on a loan un the amount of us$30 million to the Argentine Republic for a Argentina mining environmental restoration project (P110462), The World Bank, 27 diciembre 2017, pg. 5.

4. El 10 de noviembre de 2014 la Municipalidad de Córdoba colocó la faja de clausura a Dioxitek SA, por violar la ordenanza 8.133 de uso del suelo. Luego de 32 meses de paralización, la empresa estatal consiguió la autorización de la Justicia Federal y la habilitación municipal, a cambio de comprometer su cierre a fines de 2018. Dioxitek SA no cumplió, opera renovando el plazo de cierre cada vez que se vence.

5. El volumen total acumulado era de aproximadamente 475.000 metros cúbicos y la cantidad total de material era de 700.000 toneladas.

6. El Banco Mundial estimó que es probable que haya tenido un impacto positivo en algunas mujeres vulnerables, ya que, “en un proyecto algo similar en Zambia, por ejemplo, se descubrió que las mujeres embarazadas y sus hijos no nacidos corrían más riesgo de exposición a los contaminantes asociados a las actividades mineras que otras poblaciones locales”.