Desafiar la narrativa dominante y luchar por una transición justa para los pueblos indígenas.
Por Galina Angarova
La creciente demanda de minerales de transición, considerados cruciales para las tecnologías de energías renovables como las baterías, la energía solar y la energía eólica, plantea un reto importante. Datos recientes revelan una cruda realidad: En todo el mundo, el 54% de los proyectos mineros relacionados con minerales utilizados en tecnologías de energías renovables están ubicados en tierras y territorios indígenas o cerca de ellos.
Estos proyectos involucran a aproximadamente 30 minerales, cruciales para la producción de sistemas de energías renovables. En Estados Unidos, un porcentaje significativo de minerales clave ―el 97% del níquel, el 89% del cobre, el 79% del litio y el 68% del cobalto― se encuentran a menos de 60 kilómetros de alguna reserva indígena. Esta concentración de recursos minerales en territorios indígenas plantea importantes cuestiones sobre el impacto de las actividades mineras en la vida y la supervivencia de los pueblos indígenas. Resulta inquietante que en el último decenio se hayan denunciado 495 casos de violaciones de derechos humanos contra empresas dedicadas a la extracción de minerales en transición, lo que demuestra la urgente necesidad de proteger los derechos de los indígenas.
La narrativa dominante, tal y como la cuentan las corporaciones mineras y las empresas de movilidad eléctrica, sugiere que el aumento de la minería es esencial para la transición verde y conducirá a una transición justa para todos. Sin embargo, esta narrativa no aborda los problemas medioambientales y de derechos humanos asociados a las prácticas mineras tradicionales. Las minas a cielo abierto y los métodos de extracción con gran consumo de agua siguen suponiendo una amenaza para el medio ambiente, el clima y el bienestar de todas las personas, incluidos los pueblos indígenas.
La experiencia histórica y reciente nos ha demostrado que la extracción de minerales en territorios Indígenas casi siempre se produce sin el Consentimiento Libre, Previo e Informado de las comunidades afectadas, violando sus derechos inherentes. Los acuerdos internacionales, como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI), reconocen y protegen los derechos de los pueblos indígenas, incluido su derecho a la autodeterminación, la integridad cultural y la propiedad de la tierra. Sin embargo, la aplicación y el cumplimiento de estos derechos siguen siendo un reto, lo que deja a las comunidades indígenas vulnerables a las consecuencias negativas del extractivismo.
Un anciano de confianza me dijo una vez: “Presta atención a la intención. Hay muchas cosas grandes, brillantes y nuevas, pero la mayoría no son más que reinvenciones de lo mismo de siempre”. Lo “mismo de siempre” es la mentalidad centenaria y la intención de extraer y explotar. Puede venir en envases brillantes, pero su núcleo sigue siendo el mismo: el extractivo. En muchas culturas indígenas se nos enseña desde la infancia a tomar sólo lo que necesitamos, a dejar algo para que se regenere y a pensar en las siete generaciones siguientes. En muchas cosmovisiones indígenas, la regeneración, el compartir y el devolver son la base de una vida armoniosa y verdaderamente sostenible.
A medida que los pueblos originarios siguen defendiendo y practicando sus valores, modos de vida y cosmovisiones, también se levantan en defensa de sus tierras, territorios y ecosistemas. En octubre de 2021, las comunidades q'eqchi' del lago Izabal, en Guatemala, se levantaron en una protesta pacífica contra una mina de níquel que, durante muchos años, ha contaminado sus aguas.
En el Ártico ruso, el mayor productor de níquel del mundo, Norilsk Nickel (Nornickel), vertió 21.000 toneladas de diésel en el río Ambarnaya en mayo de 2020, diezmando los caladeros de los pueblos originarios dolgan, nenet, nganasan, evenk y enet. En la República Democrática del Congo, país que alberga más del 70% del total de las reservas mundiales de cobalto, grupos de derechos humanos han denunciado abusos contra los derechos humanos, como trabajo infantil y condiciones laborales inseguras. En Estados Unidos, los Atsa Koodakuh wyh Nuwu (Pueblo de la Montaña Roja) protestan contra la mina de litio de Thacker Pass, en Nevada, alegando el daño que causaría a sus cementerios ancestrales, a los recursos hídricos y a la fauna local. Y los casos se acumulan.
El término “minerales críticos” se utiliza a menudo para destacar la importancia de determinados minerales para la transición a una economía verde. Sin embargo, la Coalición para Garantizar los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Economía Verde (SIRGE, por sus siglas en inglés), un grupo formado por varias organizaciones ― Cultural Survival, First Peoples Worldwide, Batani Foundation, Earthworks y Society for Threatened Peoples, ha optado por referirse a ellos como “minerales de transición” para desafiar la narrativa impulsada por la industria minera y destacar en su lugar el papel fundamental del agua, la tierra y el bienestar de las personas.
La Coalición SIRGE, dedicada a promover el liderazgo indígena y garantizar los derechos de los pueblos indígenas en la economía verde, pide que se aplique el Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), tal como se establece en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El CLPI garantiza la participación y el consentimiento de los pueblos indígenas durante el desarrollo y la ejecución de los proyectos, lo que constituye una salvaguardia fundamental contra la violación de sus derechos. Los responsables políticos deben incorporar requisitos obligatorios de respeto de los derechos de los pueblos originarios, incluido el CLPI, en las políticas que dan prioridad a la transición hacia una economía verde.
SIRGE también aboga por que las empresas apliquen el respeto de los derechos de los pueblos originarios en todas sus cadenas de suministro. La coalición aboga por verdaderas soluciones que den prioridad a la justicia, los derechos humanos, la autodeterminación y los derechos de los pueblos originarios en todo el proceso de transición.
La Coalición SIRGE ha esbozado varios objetivos para abordar los retos a los que se enfrentan los pueblos originarios. Estos objetivos incluyen centrar el liderazgo de los pueblos originarios, defender sus prioridades en la economía verde, promulgar políticas que incorporen el CLPI, salvaguardias ambientales y sociales, obligar a las empresas a respetar los derechos de los pueblos indígenas a través de sus cadenas de suministro, y capacitar a los pueblos originarios para perseguir sus prioridades auto-identificadas en la economía verde.
Construir un futuro de energías renovables para todos requiere un conjunto de soluciones en las que un enfoque basado en los derechos humanos sea el núcleo de esta transición. Algunas de las soluciones propuestas por la Coalición SIRGE incluyen la reforma de leyes anticuadas y la mejora de las normas existentes, como la Ley de Minería estadounidense de 1872, para garantizar la protección de los derechos indígenas. Esta ley, que regula las actividades mineras en tierras federales, está anticuada y no tiene en cuenta las implicaciones medioambientales y sociales de la minería.
Otra oportunidad se presenta a través de un sólido enfoque legislativo que exige un marco más centrado en los derechos humanos y consciente del medio ambiente en sus iniciativas legislativas en la Unión Europea. Un enfoque de este tipo tiene el potencial de transformar el sistema jurídico de la UE y hacer que los procesos de diligencia debida en materia de derechos humanos y medio ambiente pasen de las auditorías voluntarias, la certificación y el ámbito del llamado derecho blando a uno de responsabilidad jurídica por incumplimiento del derecho internacional y nacional, es decir, el derecho duro. Independientemente de la región, las reformas deben dar prioridad a los derechos indígenas, establecer normativas medioambientales más estrictas e incluir mecanismos de consulta y consentimiento significativos.
El reciclaje y la recirculación responsables de minerales ofrecen un potencial significativo para reducir la demanda de nuevas extracciones. Muchos minerales utilizados en las tecnologías de energías renovables pueden reciclarse y reutilizarse, reduciendo la necesidad de nuevas extracciones. El desarrollo de sistemas de reciclaje eficientes y sostenibles, junto con el abastecimiento responsable de minerales, puede ayudar a minimizar los impactos medioambientales y sociales asociados al extractivismo.
Además, la reducción de la demanda de minerales a través de medidas como la disminución de la dependencia del automóvil y la inversión en transporte público con bajas emisiones de carbono puede conducir a tecnologías y sistemas más limpios y equitativos. La investigación sobre la química de las baterías y las inversiones en opciones de transporte alternativas pueden ayudar a reducir la dependencia de las tecnologías que consumen muchos minerales, al tiempo que promueven soluciones de movilidad sostenible.
Aunque la búsqueda global de una transición verde es profundamente necesaria, es esencial abordar las consecuencias imprevistas que puede tener en los territorios y pueblos originarios, si se lleva a cabo de forma irresponsable. La creciente demanda de minerales de transición ha dado lugar a una nueva ola de extractivismo, que viola los derechos de los pueblos indígenas y supone una amenaza para el medio ambiente. Es crucial que, como planeta, no cambiemos la crisis medioambiental provocada por los combustibles fósiles por otra crisis medioambiental provocada por la minería intensiva. Para lograr una transición justa, debemos desafiar la narrativa dominante y adoptar prácticas inclusivas y sostenibles.
Apoyar a las comunidades indígenas, respetar sus derechos y explorar soluciones alternativas son pasos clave hacia la construcción de un futuro energético renovable que no deje a nadie atrás. Los gobiernos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil deben colaborar para garantizar la aplicación de políticas y prácticas que den prioridad a la justicia, los derechos humanos y el bienestar de los pueblos originarios.
Centrándonos en el liderazgo indígena, adoptando los principios del consentimiento libre, previo e informado y buscando soluciones verdaderamente sostenibles sin recurrir al extractivismo de sustitución ni a enfoques “milagrosos”, podemos luchar por una transición justa que beneficie realmente a todos, salvaguardando al mismo tiempo los derechos y territorios de los pueblos originarios.
Galina Angarova - Directora Ejecutiva, Cultural Survival.
Fuente:
Galina Angarova, The World’s Quest for a Green Transition Is Causing a New Wave of Extractivism in Indigenous Territories, 23 junio 2023, Impakter.
Este artículo fue adaptado al español por Cristian Basualdo.
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