Río Negro es No Nuclear Grossi, dese por enterado

Comunicado del Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR)

27 de octubre de 2022

Con relación a la declaración a un medio de prensa del director general de la Organización Internacional de Energía Atómica, señor Rafael Grossi, efectuada en ocasión de una visita a Bariloche, en la que instó a generar una ley que promueva la actividad nuclear en Río Negro, desde el Movimiento Antinuclear Rionegrino (MAR) respondemos:

1) La Ley N° 5227/17 que prohíbe la instalación de centrales nucleoeléctricas de potencia en el territorio de la provincia de Río Negro no es, como declara el señor Grossi, resultado de la voluntad de los legisladores de aquel momento, sino de la movilización de un sector muy importante de la sociedad rionegrina, que se manifestó en contra de ese tipo de instalaciones en el territorio de la provincia y en cualquier otro lugar;

2) el proyecto de construcción de una planta de energía nuclear no tiene licencia social en Río Negro, región donde no existe ninguna central nuclear, no tiene déficit energético, y se caracteriza por su riqueza en biodiversidad ambiental;

3) el proyecto del tipo Hualong de 1.150 MW de potencia que fue rechazado en Río Negro era bajo la modalidad “llave en mano”, donde no hay una apertura del paquete tecnológico y se limitaba la participación de sectores de la industria y de servicios nacionales;

4) la capacidad demostrada por la CNEA que declara el señor Grossi no se ha revelado en la restauración del daño ambiental causado por la minería de uranio a lo largo del país, restauración que dicha comisión no ha podido, sabido o querido llevar adelante;

5) el aumento en la generación de la nucleoelectricidad en la matriz energética mundial no solucionará los problemas que aquejan a la humanidad. No aportará a la seguridad energética de los países (basta ver los problemas que actualmente afronta Francia, el más nuclear de todos los países) ni mucho menos a paliar la crisis ambiental; por el contrario, la profundizará, incrementando la minería de uranio y magnificando sus impactos socioambientales (que, digámoslo otra vez, la CNEA no ha podido, sabido o querido resolver en nuestro país);

6) una central nuclear demora en construirse unos diez años, e invariablemente terminan costando mucho más de lo presupuestado: del orden de la decena de miles de millones de dólares, decena de miles de millones de dólares que podrían volcarse a cubrir necesidades reales;

7) la energía nuclear es más cara que otras alternativas energéticas, en vez de abaratarse en el tiempo debido a los efectos de aprendizaje, economías de escala y progreso tecnológico, como es el caso de la mayoría de las tecnologías, los costos de la energía nuclear han aumentado.

8) el uranio, además de tóxico y radiactivo, es un recurso finito, y de aumentar la demanda global en los próximos años (como pretende el sector que el señor Grossi representa) las reservas alcanzarán solo para unas pocas décadas (la propia Agencia Internacional de la Energía augura problemas en el suministro de uranio hacia 2025);

9) los residuos nucleares son un serio problema con el que deberemos cargar por cientos y hasta miles de años, comprometiendo el futuro de muchas generaciones; no existe una solución definitiva a la disposición del combustible gastado y de los residuos radioactivos. La construcción de una mega central nuclear implica asumir una responsabilidad en la gestión de residuos radiactivos y en la protección radiológica en el corto y en el largo plazo;

10) por último, está el riesgo de accidentes o incidentes graves: bien lo sabe el propio señor Grossi, que como nadie conoce qué cerca estuvo el mundo de sufrir un apocalipsis nuclear.

Llamamos a la sociedad rionegrina a estar alerta: así como esta Legislatura aprobó entre gallos y medianoche la Ley N° 5560 afectando 625.000 has. para el proyecto de hidrógeno verde de la empresa Fortescue; así como la misma Legislatura aprobó entre gallos y medianoche la modificación de la ley N° 3308 que favorece los intereses corporativos de la empresa petrolera YPF, así podría burlar, por tercera vez, la voluntad del pueblo rionegrino y derogar, entre gallos y medianoche, la Ley N° 5227.