Desborde de impunidad

El juez Claudio Lasso resolvió el sobreseimiento de les imputades y la prescripción de la causa Taym. La arbitraria decisión llega a pocos meses de la elevación a juicio y de muchos años de lucha por parte de la asamblea de vecines que denunciaron la contaminación ambiental luego del desborde en la planta de tratamiento de residuos peligrosos propiedad del Grupo Roggio.

Solo nueve vecines denunciaron un desastre ambiental que afectó -y aun estaría afectando- a medio millón de cordobeses que consumen agua del Canal Los Molinos. A cuatro años del derrame de residuos tóxicos en la empresa Taym luego de un temporal, y a solo dos meses de la elevación a juicio, el juez de control Claudio Lasso resolvió, de manera arbitraria, el sobreseimiento de les imputades y la prescripción de la causa.

Entre los argumentos que esgrime el magistrado figuran la cantidad de días que han transcurrido desde la acusación, invocando la necesidad de que “no se prolongue indefinidamente el proceso” ni de “someter a los imputados a la zozobra y la inseguridad jurídica”.

“Cuentan los días sin tener en cuenta la pandemia y el tiempo que ha estado cerrado el servicio de Justicia”, señaló Eliana Lacombe, una de las querellantes e integrante de la Asamblea Santa María Sin Basura. “No se da respuesta sobre la calidad del agua que recibe Córdoba y el daño ambiental de la zona que recibió contaminantes y residuos altamente peligrosos. Los argumentos son muy pobres y muy crueles para toda la ciudadanía”, expresó a Al Revés Beatriz Rodríguez, vecina y miembro de la asamblea.

El sello de impunidad es indisimulable. Las pericias realizadas durante la investigación arrojaron resultados escalofriantes. Durante el temporal del 28 de marzo del 2017, ingresó una enorme cantidad de agua -tres veces el cauce el Río Tercero- a la planta de tratamiento de residuos peligrosos; el desborde provocó que el agua contaminada atravesara el Canal Los Molinos e ingresara a la empresa Aguas Cordobesas “una hora y media antes de que se cerraran las compuertas”. Conclusión: casi medio millón de habitantes del sector sur de la ciudad de Córdoba consumieron agua con materiales tóxicos.

Todavía sintiendo el golpe, les vecines querellantes repudiaron la sorpresiva e injusta resolución del juez Claudio Lasso y aseguraron que apelarán la decisión judicial. “Estamos intentando reponernos del shock. Hace dos meses informábamos la elevación a juicio de la causa con dos imputados y, aunque pensamos que hay otros responsables de mayor peso, celebrábamos que no hubiese prescripto. Pero ahora nada de eso está aconteciendo”, lamentó Eliana en diálogo con Radio Universidad.

El delito que el Poder Judicial intenta “olvidar” es de una gravedad social, sanitaria y ambiental inaudita. Los residuos contaminantes -derivados de petróleo, químicos, metales y plásticos, industriales- que se derramaron penetraron en los barros del canal, según la pericia oficial. “Es decir, que el 30 % de la ciudad de Córdoba aún puede estar tomando agua contaminada”, precisó Eliana.

“Además, las pruebas recogidas por los peritos demostraron la falencia de la planta”, agregó Beatriz en relación a las irregularidades que existieron para el establecimiento de la empresa en un lugar “altamente inundable” ubicado sobre la Ruta 36. La connivencia entre el grupo Roggio -propietario de Taym y de una importante porción accionaria de Aguas Cordobesas- con el poder político constituye un bloque difícil de romper.

“Nuestra intención es apelar este fallo, pero requiere asumir ciertos costos en poco tiempo. Venimos desgastados después de tantos años de lucha y estamos enfrentándonos a poderes económicos y políticos”, consideró Eliana. “Pareciera que Villa Parque Santa Ana está destinado a levantar las voces que quiere silenciar la justicia, frente a un delito contra toda la población que busca quedar impune”, finalizó Beatriz.

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Fuente:

Desborde de impunidad, 11 agosto 2021, Al revés.