Las
comunidades denuncian que pretende obtener grandes volúmenes de agua
de la subcuenca río Los Patos.
por
Darío Aranda
Pueblos
originarios rechazan la minería de litio por sus impactos
ambientales y sociales, y por violar los derechos indígenas vigentes
en leyes nacionales y tratados internacionales de derechos humanos.
Son comunidades diaguitas de Catamarca, que afirman que la
multinacional Livent ya secó un río y busca apropiarse de otro.
Denuncian persecución y detenciones arbitrarias contra quienes
cuestionan la minería. En Jujuy, comunidades kollas de las Salinas
Grandes rechazan que empresas y gobiernos insistan en las actividades
extractivas. La causa tramita en la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH) y un amparo judicial aguarda respuesta en la
Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La
multinacional FMC Corporation se instaló en Catamarca en la década
del 90 (bajo el nombre de Minera del Altiplano). Con su proyecto
Fénix (más conocido como Salar del Hombre muerto) fue pionera en la
explotación de sales de litio, mineral imprescindible para baterías
de teléfonos, computadoras y autos eléctricos. Siempre mantuvo un
perfil bajo, eclipsada también por Minera Alumbrera (el mayor
emprendimiento de oro y cobro, centro de las denuncias y críticas).
En 2018 FMC Corporation, de origen estadounidense, anunció que su
unidad de negocios de explotación de litio pasaba a llamarse Livent
Corporation.
En
2018 la empresa presentó el informe de impacto ambiental (IIA) para
ampliar la explotación (del proyecto Fénix). Para eso requiere
grandes volúmenes de agua, que pretende obtener del acuífero de la
subcuenca río Los Patos. Propuso la realización de seis pozos de
bombeo, los que permitirían proveer 650.000 litros de agua por hora,
y trasportar el caudal a través de un acueducto de 32 kilómetros
hasta la planta.
Las
comunidades indígenas, las asambleas socioambientales y vecinos
autoconvocados de Antofagasta de la Sierra rechazan la avanzada
empresaria. Afirman que la multinacional ya agotó el recurso del río
Trapiche, y que hará lo mismo con el río Los Patos, imprescindible
para la vida del lugar.
“Decimos
no al acueducto del río Los Patos. El proyecto de la minera Livent
atenta contra nuestra forma de vida y nuestro derecho al agua”,
afirmaron en un escrito público la comunidad indígena Atacamaqueños
del Altiplano y Vecinos Autoconvocados de Antofagasta de la Sierra.
También recordaron que mantienen un corte de ruta selectivo (sobre
la ruta provincial 43, donde solo frenan a los vehículos de la
minera) y denunciaron el accionar del fiscal Jorge Alberto Flores
(del juzgado de Belén), que ordenó el desalojo con la excusa de
“proteger la seguridad” de los manifestantes. La comunidad
indígena denunció que la policía local los amenaza con la posible
llegada de empleados mineros y camioneros para reprimir el corte de
ruta.
No
sería el primer hecho de violencia. Entre octubre y diciembre de
2019 hubo cuatro hechos de violencia contra quienes se oponen a la
explotación de litio en Catamarca. Desde detenciones violentas y
arbitrarias (sin notificación previa) hasta amenazas y persecuciones
policiales (los efectivos se movilizaban en camionetas de la minera).
“En Catamarca es una verdadera política pública de persecución a
quienes defienden el agua y el ambiente”, afirmó Evelyn Vallejos,
de Pucará. Desde la organización denunciaron el accionar
“arbitrario e ilegal” de los fiscales Verónica Saldaño y Jorge
Alberto Flores.
Comunidades
indígenas y asambleístas tuvieron reuniones y comunicaciones con
los gobernadores (Lucía Corpacci --hasta 2019--, y el actual Raúl
Jalil), el intendente Julio Taritolay, con el representante del
Ministerio de Minería Gustavo Carrizo, y con el gerente de Livent,
Fernando Ruiz Moreno. A todos les informaron que “no hay licencia
social” para el acueducto minero, les precisaron media docena de
irregularidades del informe de impacto ambiental de la empresa y
denunciaron la violación de la legislación indígena,
principalmente la falta de consulta previa, libre e informada a la
comunidad.
En
Jujuy la principal lucha contra el litio se da en las Salinas Grandes
y cuenca de la Laguna de Guayatayoc. Desde hace una década más de
treinta comunidades del Pueblo Kolla y Atacama rechazan la
instalación de mineras, que cuentan con apoyo de los gobiernos
provinciales y nacional. Clemente Flores, de la comunidad El Angosto
(departamento de Tumbaya), explicó que la mayor preocupación actual
pasa por “las presiones de parte del gobierno provincial” para
que las comunidades firmen estudios de impacto ambiental a la empresa
estatal Jemse (Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado), que
licitó áreas de Salinas Grandes a la compañía Integra Recursos
Naturales. “En enero de 2019 las comunidades le comunicamos por
escrito al Gobierno de Jujuy que nuestra decisión era ‘no al
litio, sí a la vida’. La presión ahora sobre comuneros para que
firmen acuerdos con mineras es claramente violatorio del derecho a la
consulta libre, previa e informada que tenemos los pueblos
indígenas”, afirmó Flores.
Alicia
Chalabe, abogada de las comunidades indígenas, recordó que una
causa judicial tramita en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, por violación de derechos indígenas, y un amparo
(presentado junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales
-FARN-) está desde diciembre de 2019 en la procuración de la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. La demanda solicita “prevenir el
daño grave e irreversible que provocará la minería de litio y
borato en el sistema hídrico” de las Salinas Grandes.
Fuente:
Darío Aranda, Litio: Denuncia contra una minera en Antofagasta de la Sierra, 23 marzo 2020. Consultado 26 marzo 2020.
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