Esta vez, el frenazo en Vaca Muerta tuvo más que ver con causas nacionales que con factores externos. Desde que el gobierno de Macri, a pedido de Christine Lagarde, reinterpretó la Resolución 46 limitando los subsidios a los nuevos proyectos de gas no convencional, la actividad en ese segmento se desaceleró.
por
Esteban Martine
Pero
el quiebre lo marcará la derrota del macrismo en las PASO de agosto
de 2019: en un manotazo de ahogado, el gobierno decretó el
congelamiento de tarifas, al mismo tiempo que la devaluación
ensanchaba la grieta entre los precios domésticos y los
internacionales.
Si
hasta agosto del año pasado la explotación de nuevos pozos venía
en aumento, desde ese momento se da un giro brusco. En enero de 2020
un informe de la firma NCS Multistage sostiene que la cantidad de
etapas de fractura fue un 18,5 % menor que en ese mismo mes de 2019.
Aún así, la producción de Vaca Muerta sigue en aumento “por
inercia” (los nuevos pozos se suman a la producción de los que ya
estaban en funcionamiento). En 2019, Vaca Muerta rindió 10 millones
de barriles de petróleo más que en 2018. En el caso del gas, el
aumento interanual fue de 2.600 millones de metros cúbicos.
Las
empresas de servicios nucleadas en la Cámara de Empresas de
Operaciones Petroleras Especiales (CEOPE) y las operadoras de la
Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH),
realizaron 600 despidos y 1.200 suspensiones. Con los despidos dieron
marcha atrás el 22 de enero, pero supeditando la decisión a la
negociación de las nuevas reglas de juego. Además de esos despidos,
se calcula que unos 550 siguen en pie: son los de la Federación de
Cámaras del Sector Energético de Neuquén (FECENE), según sostuvo
el periodista Nicolas Gandini. En las últimas horas, Pereyra sostuvo
que el número de petroleros “excedentes” según las cámaras es
de 3.000.
Los
favores recibidos y la puja por nuevos privilegios
Desde
la asunción de Alberto Fernández, las petroleras obtuvieron del
gobierno al menos tres favores. La ley de “solidaridad”, que
suspendió la movilidad jubilatoria y postuló como norte el pago de
la deuda externa, redujo las retenciones al sector del 12 al 8 %.
Pero eso no fue todo. A la hora de su promulgación, el único veto
del presidente fue al artículo 52, que sostenía: “en ningún caso
el derecho de exportación de hidrocarburos podrá disminuir el valor
Boca de Pozo para el cálculo y pago de regalías”.
Esto
significa que las empresas que exporten gas o petróleo no sólo
pagarán menos en concepto de retenciones al estado nacional, sino
que además pagarán menos en concepto de regalías a los estados
provinciales (ya que para calcularlas no se tomará en cuenta el
total producido, sino que se descontará el 8%).
Por
último, tras la entrevista en la que Horacio Verbitsky le hizo decir a Alberto que Vaca Muerta está sobreestimada, el presidente convocó
el 16 de enero a los ejecutivos de las principales empresas a la Casa
Rosada. Estuvieron presentes YPF, ExxonMobil, Pan American Energy,
Vista Oil & Gas, Pluspetrol, Tecpetrol, Shell, Chevron, Total,
Wintershall y Compañía General de Combustibles. Ese mismo día, el
Banco Central emitió una resolución flexibilizando el cepo para
permitir a las empresas el giro de divisas al exterior, en concepto
de utilidades y dividendos, por un monto equivalente al 30 % de sus
inversiones.
En
esa reunión, Fernández planteó a las petroleras que “propongan”
las nuevas tarifas de los combustibles y les aseguró que en breve
enviaría el nuevo proyecto de ley de hidrocarburos al Congreso. El
contenido de esa ley es lo que está en disputa, desde que en
noviembre pasado el neoliberal del Frente de Todos, Guillermo Nielsen, dejó correr un borrador con beneficios inéditos, a los que
ni Menem se atrevió: libre disponibilidad de divisas, baja en las
regalías, reducciones impositivas varias, retenciones 0 % para la
exportación de GNL, y exención del pago de derechos de importación
de bienes de capital e insumos (importación detrás de la cual
algunas empresas de servicios operativizan hoy la fuga de capitales,
según denunció el propio Verbitsky).
Hoy
el contenido de la ley se desconoce. La creación de un régimen cambiario especial sería el foco de las negociaciones. Pero para
conocer la letra del proyecto, hay una única certeza: habrá que
esperar el resultado de la renegociación de la deuda, tanto con el
FMI como con los acreedores privados.
Mientras
tanto, en Neuquén, donde la economía rentista pudo alcanzar picos
de recaudación récord por parte del Estado mientras a nivel
nacional crecía el déficit fiscal, hoy el peso del endeudamiento,
que creció a la par con la fiesta macrista, se pone de manifiesto. Y
esa misma estructura, dependiente de la monoproducción de
hidrocarburos, puede caer con más velocidad que la que tuvo al
crecer. El ajuste se cierne, en lo inmediato, no sólo sobre los
trabajadores del sector petrolero, sino sobre las y los jubilados,
cuyo régimen el gobierno provincial de Gutiérrez se juega a
modificar, y sobre los salarios estatales, que con el mecanismo de la
actualización trimestral por la inflación, habían retrocedido
mucho menos que los del resto de los estatales a nivel nacional.
Un
programa alternativo al saqueo y la contaminación
El
telón de fondo del escenario nacional es la incertidumbre sobre el
fracking a nivel global. El no convencional sirvió a Estados Unidos,
durante la década pasada, para autoabastecerse y no depender de la
importación de hidrocarburos de Medio Oriente, donde su estrategia
guerrerista se había empantanado. Pero, como se fue vio en los
últimos años, cuando los precios bajan, se demuestra que los no
convencionales sólo son sostenibles por medio de un enorme
endeudamiento, que ha llevado hasta la quiebra a decenas de empresas.
En Argentina, cuando Vaca Muerta es “viable”, es porque por medio
de subsidios, tarifas y todo tipo de beneficios, el pueblo trabajador
resuelve sus cuentas.
Hay
que cuestionar el conjunto de las dimensiones de este saqueo,
económicas, laborales, territoriales y ambientales. Es necesario un
programa que incluya la expropiación de todas las empresas del
sector y la fusión en una sóla empresa estatal para que la energía
deje de ser un negocio y sea pensada racionalmente como un derecho.
El control de esa empresa debe estar a cargo de sus trabajadores y
trabajadoras, las comunidades y pueblos originarios que han sido
afectados por la producción, profesionales de universidades públicas
y organizaciones socioambientales. Hay que prohibir el fracking o
fractura hidráulica, conservando el 100 % de los puestos de trabajo.
Quitando
la ganancia capitalista de la ecuación, esa empresa estatal única
podría estar al frente de una transición a una matriz energética
sustentable, desfosilizada, diversificada, que reduzca drásticamente
la emisión de gases de efecto invernadero, desarrollando energías
renovables o de bajo impacto ambiental, combinadas en función de las
potencialidades de cada región.
Estas
medidas son inseparables de un plan racional de reorganización
integral de la economía, que contemple la reducción del consumo de
energía, mediante la nacionalización y reconversión tecnológica
del sistema de transporte público y de la gran industria, entre
otros aspectos. Para el financiamiento de esa transición es
necesario desconocer la odiosa deuda externa, que somete al país al
atraso y la dependencia.
Esteban Martine es estudiante de Geografía - Universidad del Comahue (Unco)
Fuentes:
Esteban Martine, Vaca Muerta frenada, ante una nueva encrucijada, 20 febrero 2020, La Izquierda Diario.
Dibujo Chelo Candia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario