por
Redacción Sala de Prensa Ambiental
Desde
hace 4 años, en la ciudad de La Calera, se discute una futura
urbanización llamada Altos de la Estanzuela, enclavada en un área
de bosque nativo con máxima categoría de protección.
Sin
autorización, la empresa desarrollista siguió con sus obras en el
lugar frente a las narices de todos los organismos públicos. Dentro
del loteo, existe un establecimiento donde se practica esquí
acuático en una laguna interior. Alrededor del espejo de agua ya hay
calles trazadas y postes de electricidad instalados, además de
carteles que indican el número de lote, todo en un marco de
ilegalidad.
Dos
Audiencias Públicas suspendidas por este tema y una empresa que
avanza fuera de la ley: uno de los mayores desafíos para Juan Carlos
Scotto, nuevo secretario de Ambiente cordobés. El caso “Altos de
la Estanzuela” y su loteo ilegal en áreas protegidas por la ley:
un proyecto que busca intervenir sobre 16,67 hectáreas donde se
planifican trazar 165 lotes.
El
proyecto Altos de la Estanzuela está emplazado en una zona roja que
protege una franja de valioso bosque nativo, colindante con 2
reservas naturales: una bajo la órbita de la Nación y la otra, del
propio municipio calerense.
Dos
Audiencias Públicas suspendidas en los 2 últimos años por decisión
de la Secretaría de Ambiente provincial -aduciendo la masiva
inscripción de ciudadanos- colocan puntos suspensivos a un conflicto
de intereses sin resolver: de un lado una empresa desarrollista y su
negocio inmobiliario respaldado por el municipio de La Calera y en la
vereda de enfrente, los vecinos y un amplio abanico de especialistas
que advierten sobre las implicancias de habilitar un loteo en esa
área.
Emiliano
Salguero, biólogo e integrante del Grupo EsCalera, indica a Sala de
Prensa Ambiental que “este proyecto pone en riesgo a buena parte de
la población porque se trata de habilitar un “barrio de montaña”
en zonas altas de las sierras y, ecológicamente hablando, afectará
al resto de los habitantes que viven abajo. La ciudad de La Calera
creció el 300 % en las últimas 2 décadas y ese no es un dato menor
porque es el ejido urbano que más ha sentido la presión
desarrollista en todas las Sierras Chicas en los últimos 20 años”,
sentencia el biólogo Salguero.
Fuera
de la Ley
La
Ley de Política Ambiental de Córdoba (10 208) estipula que, para la
apertura de loteos mayores a 3 hectáreas, es necesario hacer un
Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Este proceso conlleva la
realización de una Audiencia Pública donde los ciudadanos pueden
expresarse respecto de un proyecto. Es decir que, la ley ambiental
cordobesa toma 3 principios básicos que hacen a los derechos de los
ciudadanos en materia ambiental: la transparencia, la consulta
pública y el acceso a la información.
María
Luz Cammisa, ex asesora del Observatorio de Derechos Humanos de la
Nación y Magister en Formulación, Evaluación y Administración de
Proyectos de Inversión, en diálogo con Sala de Prensa Ambiental,
advierte que “lo grave es que en este caso, primero abrieron un
loteo y después intentaron, en 2 oportunidades, llamar a Audiencia
Pública para convalidar una obra que ya se está haciendo fuera de
la ley”. La experta en Formulación, Evaluación y Administración
de Proyectos, agrega que “en 2018 convocaron a la primera audiencia
y a fines de 2019, hicieron un segundo intento. En los dos casos se
inscribió tanta gente que las autoridades dijeron que por problemas
de espacio, se postergaba. Pero desde el año pasado hasta el día de
hoy, sin los permisos siguen desarrollando infraestructura para
loteos: sólo les falta pavimentar, ya que están puestos los números
de lotes en cartelitos, incluso”. María Luz Cammisa agrega que “se
ha trastocado todo el proceso, porque lo lógico es delinear el
proyecto primero, presentar el EIA y cuando está todo listo y
aprobado, hacer la obra una vez obtenida la licencia ambiental; eso
es lo que dice claramente la ley: que no se puede hacer un proceso de
urbanización sin un Estudio de Impacto Ambiental aprobado”.
Hace
4 años, en febrero de 2016, SIMA Ambiente SRL concluía el Estudio
de Impacto Ambiental y la firma Saltiva Propiedades S.A. se aprestaba
a concretar una urbanización sobre una porción de bosque nativo en
buen estado de conservación, respaldado por la autorización del
municipio de La Calera, mediante la Ordenanza N° 88/CD/2015.
El
biólogo Salguero expresa que el área que pretende urbanizar Saltiva
Propiedades S.A., respaldada por la municipalidad calerense, “es
una zona de alta pendiente en zona roja que contiene bosque nativo en
muy buen estado de conservación, ya que se ha mantenido durante
muchos años con pocos incendios; bosques de orco quebracho y otros
ejemplares nativos. Altos de la Estanzuela -retoma el biólogo- está
dentro de la Reserva Hídrica, Natural y Recreativa Bamba, que es el
entorno de otra área natural protegida: la Reserva Natural de la
Defensa, por lo cual debería tener un plan de uso de suelo armónico
con esa zona de preservación ecosistémica. Estamos hablando de
invadir un sitio que forma parte de un corredor biológico”,
advierte el biólogo Salguero.
A
su turno, María Luz Cammisa, observa que “el proyecto Altos de la
Estanzuela se sitúa colindante con 2 reservas naturales y lo grave
es que uno de los principios de Estudio de Impacto Ambiental (EIA)
-en materia de loteos o apertura de tierras para la urbanización- es
prevenir que su proximidad afecte áreas protegidas. En ese caso, es
un agravante que una obra esté perturbando los recursos naturales
que se preservan en una área resguardada. En el EIA de este proyecto
ni siquiera mencionan que está a 300 metros de una Reserva Natural
nacional.
Una
montaña de irregularidades
El
EIA realizado por SIMA S.A., concluido hace 3 años y que lleva la
firma como Responsable Técnico del Aviso de Proyecto del Ing. Agr.
Pablo Mazzini, aún espera ser confrontado por la opinión adversa de
vecinos, ONGs y especialistas en impacto ambiental.
Para
el integrante del grupo EsCalera, “este intento de urbanización
pone en riesgo a la población que está instalada aguas abajo. En el
interior de esas casi 17 hectáreas, se encuentra también una laguna
que se origina en las napas, por lo que se trata de un espejo de agua
que debería ser conservado al igual que el bosque”, explica
Salguero y agrega que “por las crecientes, por la zona roja de
bosques nativos y por la laguna que brinda un uso paisajístico no
debería urbanizarse esa zona. Además, no realizaron un relevamiento
arqueológico que debió incluirse en el EIA para luego ser
considerado en la Audiencia Pública. Sucede que, generalmente, en
este tipo de emprendimientos evitan hacerlo para decir, una vez
comenzada la obra, “ah, yo no sabía nada”. Cuando hablamos de lo
arqueológico no me refiero solo a lo indígena, sino también a los
vestigios de patrimonio colonial de los puestos serranos y de las
estancias que había en la zona jesuítica. También, hay algunas
cuestiones que tienen que ver con el manejo de suelo porque ya ha
habido problemas con barrios que ha desarrollado esta misma empresa
(Saltiva S.A) y que no han podido resolver”, afirma el biólogo
calerense.
“Es
una obra fuera de la ley realizada a la vista de todo el mundo, ni el
municipio ni la provincia pueden alegar desconocimiento”, remarca
María Luz Cammisa y agrega que Altos de la Estanzuela “es producto
de una gran irregularidad porque ese predio tiene además, una
actuación de Policía Ambiental y de la Dirección de Bosques ya que
cuando trazaron las calles arriba, en la cima de las sierras, se
produjo una destrucción de monte categorizado como rojo, en muy buen
estado. En el expediente del EIA hay actuaciones concretas por esa
apertura de caminos”, indica la especialista.
La
irregular situación del proyecto Altos de la Estanzuela entró,
desde la suspensión de la segunda Audiencia Pública en octubre
pasado, en un receso aunque la provincia se verá obligada a
convocarla nuevamente. Al respecto, la experta en Formulación,
Evaluación y Administración de Proyectos de Inversión indica que
“para que la empresa pueda concretar lo que le interesa -que es
escriturar los lotes que ofrece a la venta- necesita tener la
Licencia Ambiental firmada por el Secretario de Ambiente provincial,
quien a su vez, no puede firmar esa autorización sin que se lleve
adelante la Audiencia Pública, primero” y añade que “las
autoridades deberían dar cuenta de esto, porque esta situación debe
detenerse; tiene que haber una consecuencia en este proceso porque no
puede ser que tengamos una muy buena ley provincial, como la 10208, y
que sea supinamente ignorada y avasallada desde todo punto de vista,
eso no puede seguir ocurriendo. Es serio como antecedente y muy
complicado como precedente”, concluye la especialista.
Fuente:
Secreto en la montaña: urbanizar ilegalidad, 21 febrero 2020, Sala de Prensa Ambiental. Consultado 24 febrero 2020.
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