Negocio redondo para Llaryora en Bajo Grande

La provincia hará las obras que necesita la planta municipal y se liberará el aporte que aún debe realizar allí Eurnekian.

por Ary Garbovetzky

Una de las primeras medidas que tomó el intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, fue declarar la emergencia sanitaria y ambiental. En gran medida, esto se explica por el deficiente tratamiento de líquidos cloacales en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de Bajo Grande.

En las próximas semanas, la Provincia anunciará que se hará cargo de pagar las obras que necesita la Edar para recuperar un nivel aceptable de operación, con una ampliación del contrato que tiene la empresa que ejecuta la construcción de la segunda planta, en el mismo lugar.

La idea es que en muy poco tiempo, con mejoras en la Edar y con habilitaciones parciales de la nueva planta, baje el nivel de contaminación cloacal que recibe el río Suquía.

Como efecto colateral, esta definición permitirá reconducir –una vez más– el aporte de Corporación América en contraprestación por la habilitación para construir en el predio del ex Batallón 141.

Habrá que volver a calcular cuánto le queda por poner al grupo Eurnekian, una cantidad definida en un convenio urbanístico que ya va a cumplir siete años. De la última adenda, llegó a pagar la primera etapa de obras en Bajo Grande un monto cercano a 100 millones de pesos. Le quedaría por entregar a la ciudad obras por otros 300 millones de pesos, que se tendrán que ajustar por los incrementos de costos de 2019. Un montón de plata.

El del ex Batallón 141 es el caso más avanzado de la revisión de los convenios urbanísticos que está haciendo la gestión Llaryora. El secretario de Planeamiento Urbano, Daniel Rey, garantizó que se respetarán los acuerdos aprobados en el anterior Concejo Deliberante, pero que se revisará caso por caso cuál es el nivel de avance de las obras o recursos comprometidos como contraparte para el municipio. Y, en el caso de que aún no se hayan concretado, podría darse el mismo caso del ex-Batallón: se negociará darle al aporte un nuevo destino, más coherente con las prioridades de esta gestión.

Entre las obras que no se hicieron, por caso, está la ciclovía en La Cañada, encargada a Edisur por uno de los convenios por Manantiales, en zona sur. Esa obra, que se probó desde Humberto Primero o a bulevar San Juan, está en veremos: en unos tres meses la Provincia habilitará el puente curvo Ramón Mestre, que permitirá ingresar desde Costanera hasta La Cañada. Es muy probable que una ciclovía allí genere un embudo de tránsito y se busque renegociar el destino de esa contraprestación o reubicar el trazado de la ciclovía.

Los convenios urbanísticos no van a desaparecer. Habrá también durante la gestión Llaryora. Los defienden como herramientas útiles para la planificación urbana. Pero con un énfasis y una definición: dentro de un plan y que contribuyan a densificar. No se aprobará ningún nuevo desarrollo que extienda la mancha urbana. “Ni un centímetro más”, es la consigna. En cambio, sí se estimularán los proyectos que completen la trama desarticulada de la ciudad, en áreas que ya cuentan con servicios.

Todo lo contrario fue lo que se hizo con los permisos de loteos en el cuadrante sudeste de la ciudad (que son mayoría dentro de los convenios urbanísticos), que ya dejan chicas las inversiones en troncales cloacales, por nombrar sólo uno de sus impactos.

Fuente:

Ary Garbovetzky, Negocio redondo para Llaryora en Bajo Grande, 23 febrero 2020, La Voz del Interior. Consultado 24 febrero 2020.