Advierten
por la contaminación ambiental y el sobreconsumo de fuentes de agua.
Pueblos originarios y asambleas de Catamarca, Chubut y Río Negro
exigen que se cumplan los derechos indígenas y ambientales.
por
Darío Aranda
Desalojos
por la explotación de litio, movilización para reiterar el "no
a la minería" y reivindicación de los derechos indígenas y
leyes ambientales. Sucede en Catamarca, Chubut y Río Negro, donde
asambleas ambientalistas denunciaron el accionar de las
multinacionales Pan American Silver, FMC Corporation y Patagonia
Gold. "El extractivismo, como política de Estado, no tiene
grieta. Y desde los años 90, con el cambio en la legislación de
muchos países de Latinoamérica, todos los gobiernos han apostado al
desarrollo de la megaminería", cuestionó la Asamblea de
Vecinos de Esquel.
El
litio es señalado por empresarios, funcionarios y académicos
progresistas como "el oro blanco" y publicitado como fuente
de ingreso de divisas. Se utiliza en baterías de teléfonos,
computados y en autos eléctricos. Catamarca y Jujuy son dos de las
provincias donde avanzan las empresas y son rechazadas por las
comunidades locales.
El
22 de agosto, vecinos de Antofagasta de la Sierra (Catamarca),
realizaron un corte selectivo en la ruta provincial 43 en rechazo a
la construcción de un acueducto desde el río Los Patos a un nueva
planta procesadora de litio de la empresa Minera del Altiplano (de la
multinacional FMC Corporation), a cargo de la explotación de litio
Salar del Hombre Muerto.
El
30 de octubre, en la misma localidad y por la misma avanzada minera,
la policía de Catamarca ingresó con violencia al campo de la
familia Morales. Hubo dos detenidos y una persona hospitalizada. Las
asambleas socioambientales y organizaciones nucleadas en Pucara
(Pueblos Catamarqueños en Resistencia y Autodeterminación)
denunciaron que el trasfondo de la represión es el interés de la
empresa minera para construir un camino alternativo para el traslado
de sus insumos.
La
Unión de los Pueblos de la Nación Diaguita de Catamarca emitió un
comunicado de rechazo al acueducto para las empresas mineras y exigió
a funcionarios (municipales, provincias y nacionales) "suspender
todo tipo de actividades extractivas" que afectan las
territorios comunitarios. Recordó la violación sistemática de los
derechos de los pueblos indígenas (Convenio 169 de la OIT, Ley
26.160 y Constitución Nacional) y alertó que, para defender sus
comunidades, los diaguitas harán "uso del legítimo derecho a
la autodefensa del territorio".
Chubut
es una referencia nacional en la lucha contra la megaminería. En
2003, plebiscito mediante, la comunidad de Esquel logró frenar a la
multinacional Meridian Gold. El 81 por ciento de los votos dijo "no"
a la actividad extractiva. Producto de la movilización en toda la
provincia lograron la Ley 5001, que prohíbe la megaminería.
Los
distintos gobiernos provinciales intentaron derogarla. Y, con la
crisis económica-política actual, funcionarios locales se
expidieron en favor de la cuestionada actividad. La multinacional Pan
American Silver redobló su política de lobby para construir su
proyecto (llamado "Navidad") en el centro geográfico de
Chubut. Duplicó su publicidad en diarios y radios porteñas y de
Chubut, y reforzó lazos con los intendentes de la zona.
En
este contexto, vecinos de Esquel (integrantes de la Asamblea local)
entregaron a Alberto Fernández un manual llamado "Hablemos de
megaminería", donde sistematizaron todos los argumentos y
pruebas de por qué la actividad es nociva para el ambiente, la
comunidad y el país.
El
25 de octubre lo esperaron durante horas en la puerta de la oficina
en San Telmo, intercambiaron unas palabras, le entregaron el manual y
hasta se sacaron una foto con el Presidente electo. En un comunicado
la Asamblea de Esquel recordó que, previo a las elecciones
nacionales y provinciales, las organizaciones socioambientales de
Chubut utilizaron un eslogan que resume su pensamiento: “Gane quien
gane, que pierda la megaminería”.
Las
asambleas socioambientales (muchas de ellas nucleadas en la UAC
-Unión de Asambleas Ciudadanas-) se declaran apartidarias. La
entrega del libro, además de ser un hecho de visibilización
política, tiene la intención de visibilizar ante el Presidente
electo que muchas comunidades rechazan la actividad que le proponen
gobernadores cordilleranos y empresas trasnacionales.
En
Río Negro, ante el avance inconsulto del proyecto minero de oro y
plata Calcatreu, medio centenar de organismos de derechos humanos,
comunidades mapuches, iglesias, sindicatos y organizaciones sociales
-entre otras- reiteraron su rechazo a la actividad extractiva. El
proyecto está ubicado en cercanías a la localidad de Ingeniero
Jacobacci y es impulsado por la multinacional Patagonia Gold.
Las
organizaciones puntualizaron en la contaminación ambiental de la
megaminería, el sobreconsumo de fuentes de agua, la falsa promesa de
puestos de trabajo. "Conocemos lo sucedido en otras comunidades
donde estos emprendimientos se han instalado, sabemos que nada de lo
que se promete termina siendo como lo plantean, sabemos que estas
explotaciones no mejoran la vida de las comunidades, sino que la
lastiman", afirman la Coordinadora del Parlamento del Pueblo
Mapuche, el Consejo Asesor Indígena, Nora Cortiñas, los obispos de
Viedma y Bariloche, Misioneros Claretianos, el Equipo de Pastoral
Aborigen (Endepa) y la Asociación Ecologista Piuke, entre otros.
Denunciaron que la megaminería "sólo sirve para hacer ricos a
los más ricos y empobrecer a las grandes mayorías" y
reiteraron un reclamo básico de la democracia: que la "comunidad
decida" si quiere o no actividades extractivas en su territorio.
Fuentes:
Darío Aranda, Las asambleas ambientalistas, en campaña contra la megaminería, 20 noviembre 2019, Página/12. Consultado 20 noviembre 2019.
Dibujo por Chelo Candia, de la serie Un dibujo por día contra la megaminería, el saqueo y la contaminación.
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