La
necesidad de buscar nuevas reservas de hidrocarburos, ante el peligro
que se agoten, ha provocado que Colombia estudie la posibilidad, de
nuevo, de desarrollar esta actividad que cuenta con detractores y
defensores.
por
Judit Alonso
El
próximo 7 de junio la Alianza Colombia Libre de Fracking (ACLF)
saldrá a la calle para reivindicar que no se implemente el
desarrollo de esta práctica en el país. La red, que el año pasado
presentó un proyecto de ley para prohibir esta actividad, protestará
así a la inclusión de la misma en el plan nacional de desarrollo
que se dio a conocer recientemente.
Según
un reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, en 2018 se obtuvo
una producción promedio de 865.000 barriles de crudo al día. "Este
informe ratifica la importancia de seguir reactivando el sector de
hidrocarburos y desarrollar nuevas fuentes que nos permitan asegurar
nuestra autosuficiencia energética", dijo la ministra de Minas y Energía, María Fernanda Suárez Londoño, en un comunicado el pasado 13 de mayo.
"El
gas natural es un combustible fundamental para la transformación
energética. (...) Las proyecciones muestran que si no encontramos
nuevas fuentes en 2021-2023, podríamos necesitar gas importado para
suplir la demanda de gas domiciliario en algunas zonas del país, a
un precio de más del doble del costo interno", alertó.
Así,
el gobierno colombiano anunció que reactivará la exploración en la
superficie terrestre del país y el análisis de proyectos piloto de
investigación de yacimientos no convencionales. Esta última
decisión ha provocado un gran malestar social debido a que, durante
la pasada campaña electoral, el presidente Iván Duque se
comprometió a no desarrollar esta actividad en el país.
“La
explotación de hidrocarburos ha sido el modelo económico preferido
durante las últimas décadas”, recordó a DW Florian Huber,
Director de la oficina de Colombia de la Fundación Heinrich Böll.
Por eso, el fracking es “un asunto prioritario de política pública
porque están en juego bienes comunes como el agua, el aire y los
suelos; la salud pública, los impactos de la dependencia económica
de los hidrocarburos y la construcción de paz”.
Ventajas
e inconvenientes del fracking
Las
estimaciones sobre el aporte de estas reservas son elevadas. “De
2.400 a 7.000 millones de barriles serían adicionados al portafolio
actual, un incremento importante en la autosuficiencia por alrededor
de 10 años”, detalló a DW, Carlos Alberto Leal Niño, presidente
de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. “Con la
venta del crudo vamos a tener unos ingresos de 10.000 millones de
dólares en 15 años. Esto sin contar toda la inversión que se
genera en el país, unos 5.000 millones por año, por el desarrollo
de esta actividad, además de las fuentes de empleo que se generarían
en las regiones productoras”, subrayó.
No
obstante, para Juan Manuel Rengifo, investigador del Observatorio de
Conflictos Ambientales (OCA) de Colombia, “económicamente no se
justifica que los ingresos de la nación sigan dependiendo en gran
medida del sector extractivo, y particularmente de los hidrocarburos,
un recurso escaso en Colombia”.
El
investigador enumera algunos riesgos a tener en cuenta como la
“afectación a la calidad y cantidad de agua, contaminación del
aire, afectación al modo de vida de las comunidades”. No obstante,
para Leal, “los casos que realmente han sido reportados, son muy
aislados, no concluyentes” y llamó a “hacer unos pilotos, como
fueron recomendados por el Consejo de Expertos, en el cual podamos
evaluar todos y cada uno de los impactos que puedan a llegar ser
definidos dentro de las actividades de exploración y explotación de
los recursos”.
Conflicto
de intereses
Desde
el Ministerio de Minas y Energía, aseguran que se ha buscado
“generar una discusión y una evaluación científica, responsable
y rigurosa sobre el tema”. Para ello, el pasado mes de noviembre,
el gobierno creó una comisión de expertos que ha analizado y
formulado recomendaciones. Igualmente, asegura que se han llevado
llevado a cabo una revisión del marco regulatorio técnico y
ambiental existente, así como un análisis de la seguridad
energética del país.
Sin
embargo, desde el OCA, Rengifo critica que la mayoría de miembros de
dicha comisión son “personas vinculadas con el sector de minas y
energía”. Aunque considera que “no es negativo por sí mismo”,
reconocen que “pueden sesgar las conclusiones a las que llegaron”.
¿Cómo
influye la participación de políticos en empresas privadas, quienes
después regresan a la política? “Las 'puertas giratorias'
muestran la cercanía entre las políticas gubernamentales y los
intereses económicos de las grandes empresas petroleras en el país”,
asegura Huber. “Las consultas populares, que ofrecían un mecanismo
de participación política democrática y decentralizada, de cierta
forma habrían podido tener un importante papel como contrapesos a la
toma de decisiones gubernamentales a nivel nacional”, explicó a
DW. “Lamentablemente, la Corte Constitucional, cuyos nuevos
magistrados electos provienen del sector empresarial y gubernamental,
decidieron declarar la improcedencia de estos mecanismos”, agregó.
Para
el senador Jorge Eduardo Londoño, de la Alianza Verde, la sociedad
civil será clave para “parar esta andanada contra la naturaleza”.
En este proceso cuenta con diversos apoyos. “El Consejo de Estado
ya ha emitido un pronunciamiento en el cual pide que se suspenda la
fracturación hidraúlica. La Contraloría General de la Nación
también emitió un concepto y el Consejo Judicial también está
continuando los esfuerzos de la prohibición de la fraturación
hidraúlica”, dijo a DW.
(CP)
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Fuente:
Judit Alonso, El fantasma del fracking vuelve a amenazar a Colombia, 21 mayo 2019, Deutsche Welle.
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