La minería de
litio es parte del modelo extractivo, con consecuencias ambientales,
sociales y sanitarias. Jujuy como punta de lanza, el apoyo de la
clase política, el rol de académicos y la violación de derechos
indígenas.
por Darío Aranda
“Oro blanco”,
es el sinónimo del litio para empresas y funcionarios que priorizan
el dinero. “Recurso natural estratégico”, argumentan los
científicos que prometen que se puede industrializar en Argentina y
captar más dinero para el Estado. “Nuestra vida”, resumen los
pueblos indígenas que viven desde hace generaciones en el lugar que
se volvió preciado para el poder económico y político: las
salinas, cuna del litio, mineral en auge, utilizado en baterías de
teléfonos, computadoras y autos eléctricos.
Políticos (de
distintos colores) impulsan la explotación de litio, los jueces
desconocen los derechos indígenas y algunos sectores de la ciencia
se ubican más cerca del extractivismo que de los pueblos
originarios.
Veinte años
El litio se
encuentra en esas enormes planicies blancas que suelen ser foto de
turistas. Lugar de vida y trabajo de comunidades indígenas kollas y
atacama en Jujuy y Salta.
El proyecto
minero de litio Fénix entró en explotación en 1998. Ubicado en el
Salar del Hombre Muerto, en Antofagasta de la Sierra (Catamarca),
está en manos de la multinacional FMC Lithium. Fue el comienzo de
la minería de litio a escala en Argentina.
A partir de fines
de la década del 2000 comenzó una nueva etapa del mineral, con
mayor llegada de empresas internacionales y políticas activas del
kirchnerismo (y los gobiernos provinciales). La publicidad
corporativa, y los gobiernos, llaman “triángulo del litio” a la
región de la puna de Argentina, Chile y Bolivia, que reuniría más
del 80 por ciento del litio del mundo.
Jujuy cuenta con
dos proyectos en explotación, ambos iniciados en 2014. Olaroz, a
nombre de Sales de Jujuy, una sociedad entre la empresa Jujuy Energía
y Minería Sociedad del Estado (Jemse) y las multinacionales Orocobre
(Australia) y Toyota (Japón). Y el proyecto Cauchari, en manos de
Minera Exar, de la canadiense Lithium Americas Corp (parte de sus
acciones pertenecen a la automotriz Mitsubishi). Ambas están en
Susques, 200 kilómetros al noroeste de San Salvador de Jujuy.
Aunque es zona de
comunidades indígenas, nunca se realizó el proceso de consulta
libre, previa e informada que establecen las leyes sobre derechos
indígenas.
Ambos
gobernadores (Eduardo Fellner, PJ-FPV, como el actual Gerardo
Morales, UCR-Cambiemos) fueron (y son) los mejores lobistas de las
mineras, en general, y de la explotación de litio en particular.
Mauricio Macri lo
promociona de forma reiterada. En agosto de 2018, desde Purmamarca,
afirmó que la provincia será “líder” en la producción de
litio y prometió: “Jujuy se va a transformar en potencia mundial”.
¿Desarrollo
nacional?
“YPF del
litio”, fue el nombre del proyecto de ley que impulsaron desde el
kirchnerismo en 2015. Presentado por los diputados Carlos Heller y
Juan Carlos Junio (Partido Solidario), el proyecto de 74 artículos
declaraba las reservas de litio como un “recurso natural de
carácter estratégico” y establecía de “interés público” la
exploración, explotación, concesión de explotación e
industrialización. También propuso la creación de “Yacimientos
Estratégicos de Litio Sociedad del Estado”.
“Nosotros no
decimos ‘no a la minería, decimos ‘sí a la minería racional’,
dentro de determinadas reglas de explotación y sobre todo cuidando
que los intereses de nuestro país estén debidamente protegidos”,
afirmó Heller en el lanzamiento de la propuesta. El diputado Junio
fue en el mismo sentido: “En Argentina debe haber un cambio
drástico en la explotación del litio, entre el sistema imperante de
concesiones a las grandes empresas mineras del mundo, cambiando a un
gran protagonismo del Estado”.
Heller es también
presidente del Banco Credicoop. Y Junio es titular del Centro
Cultural de la Cooperación (del mismo banco), espacio de referencia
para un sector del progresismo y la izquierda porteña.
El proyecto de
ley de Heller y Junio tiene 15 páginas y 4843 palabras. Y menciona
sólo dos veces a los pueblos indígenas. El artículo 24 señala que
habrá un representante de “las comunidades originarias” en el
directorio de la Comisión Nacional del Litio y, en el artículo 30,
explica que en el proceso de evaluación ambiental se deberá contar
con la participación de las comunidades indígenas “a fin de
considerar y aplicar su opinión al momento de desarrollar la
actividad de explotación del litio”.
Según la
propuesta de ley, la opinión indígena no es vinculante y está muy
lejos de ser “consentimiento” (como establece la legislación
vigente).
El proyecto de
ley mantiene una gran coincidencia con el avance del modelo sojero,
la legislación de hidrocarburos (incluido el fracking en Vaca
Muerta) y de las leyes de megaminería: ignora toda la legislación
indígena vigente.
Académicos
El “especialista
en la materia” que actuó como asesor del proyecto de la “YPF del
litio” fue Nicolás Gutman. Según su currículum vítae, “magister
en Economía y Políticas Públicas, George Mason University, Estados
Unidos. Investigador del Departamento de Economía Política y
Sistema Mundial del Centro Cultural de la Cooperación”. En una
entrevista en FM La Tribu explicó en detalle las ventajas económicas
de que el Estado se apropie de la renta (y compita así con las
empresas extranjeras). Ante una pregunta, reconoció lo insólito:
nunca había visitado un salar (donde está el litio) ni muchos menos
buscado consenso con los pueblos indígenas del lugar.
Otro espacio de
investigación sobre la temática es el Grupo de Estudios en
Geopolítica y Bienes Naturales. Un espacio heterogéneo, tanto en
formación (incluye a economistas, cientistas políticos e
historiadores, entre otros) y en miradas sobre el extractivismo:
desde el no a la minería al sí a la explotación con mayor
captación de renta por parte del Estado y (prometida) posterior
derrame de beneficios.
“Geopolítica
del litio”, es el libro publicado por el grupo en 2015. Bruno
Fornillo es el coordinador. Ariel Slipak es uno de los coautores.
Licenciado en economía, becario del Conicet, doctorando en Ciencias
Sociales. Aunque prefiere que lo identifiquen por lo que no aparece
en el libro y sí en su cuenta de Twitter: militante de la
organización social Marabunta y secretario gremial de la Asociación
Gremial Docente (AGD-UBA).
El 21 de
septiembre participó de la charla “¿Boom del litio? Realidad y
debates regionales en Argentina, Bolivia y Chile”, en Buenos Aires.
Criticó la idea
empresaria-gubernamental de la “Arabia Saudita del litio” (como
se suele señalar al “triangulo del litio” de Chile, Bolivia y
Argentina) y recordó la historia de dependencia de la mano del
petróleo y la soja.
Pero también
señaló que el litio “plantea un dilema porque pude ser un
material de transición a un modelo energético no fósil”. Precisó
que la “polémica” tiene varios ejes: la disputa del país con
las potencias que quieren explotar el recurso, la apropiación de la
renta, el empleo, el rol de la ciencia, el cuidado del ambiente y la
consulta a las comunidades.
Cuestionó los
aspectos jurídicos que provincializa el recurso (litio). Consideró,
no lejos de polémica, que la falta de recursos económicos lleva a
las provincias (y también a las universidades) a buscar dinero del
sector privado. Recordó que las empresas sólo pagan el tres por
ciento de regalías a las provincias, pero no es sobre la facturación
y sin calcular beneficios impositivos que tienen. “Se les paga para
que se lleven el litio”, denunció.
“Desde
políticas neodesarrollistas se plantea que se absorba renta y con
eso se hagan políticas sociales. No somos inteligentes ni para eso”,
afirmó. Y detalló que el proyecto de litio Olaroz emplea a 250
personas, menos del 0,5 por ciento del empleo privado de Jujuy.
Explicó que en
Chile, de la mano de “los Chicago boys”, la apropiación de renta
por parte del Estado es “muy importante” en comparación con
Argentina. Pero sobre todo promovió el modelo boliviano, donde
-remarcó- se estatizó “el recurso y se intervino en toda la
cadena de valor”.
Afirmó que
existe fiscalización para que sea “menos contaminante” y
reivindicó al científico de la UBA y el Conicet, Ernesto Calvo, que
desarrolla una técnica de extracción de litio que sería menos
perjudicial al ambiente.
“Se puede
contribuir a transiciones energéticas si se piensa un esquema de
participación popular. Se puede crear una empresa estatal, que
controle, que discuta tema ambiental, fiscalizaciones de las
comunidades”, propuso Slipak.
En la ponencia de
Slipak sobresale la idea del acuerdo con la explotación del litio,
desde una postura crítica al rol de las multinacionales y la falta
de cuidado del ambiente.
¿Se puede hacer
minería con cuidado del ambiente y respeto a las comunidades
indígenas? Hace años los pueblos indígenas en lucha y asambleas
socioambientales saben que no es posible.
Slipak aclara
que, además de la consulta a las comunidades, se debe priorizar el
“principio precautorio”, vigente en la Ley General del Ambiente
(25675): cuando haya peligro de daño grave o irreversible (como
afectación de acuíferos) se deben tomar medidas que protejan al
ambiente, aún si no hay certeza científica de la afectación (ver
recuadro entrevista).
Lucha
Las Salinas
Grandes abarcan los departamentos de Cochinoca y Tumbaya, de Jujuy, y
La Poma y Cobres, de Salta. Integran la subcuenca de la Laguna de
Guayatayoc, que a su vez forma parte de la cuenca de la Puna. Las
empresas mineras de litio comenzaron a llegar en 2010.
Las 33
comunidades kolla y atakama del lugar se organizaron en la Mesa de
Pueblos Originarios de la Cuenca de Guayatayoc y Salinas Grandes y
comenzaron con acciones directas (campaña informativa, marchas a las
capitales provinciales, corte de ruta) y acciones legales para que se
respeten los derechos vigentes. Según la legislación nacional
(entre ellas, la Constitución Nacional), el Convenio 169 de la OIT y
la Declaración de las Naciones Unidas (ONU) sobre los Derechos de
los Pueblos Indígenas, para cualquier actividad que pudiera
afectarlos debe existir el consentimiento libre, previo e informado
de los pueblos originarios.
Recurrieron a la
Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se cumplan los
derechos indígenas. Hubo una audiencia en abril de 2012, donde quedó
de manifiesto que el máximo tribunal (con la acción ese día de
Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda)
desconocía los derechos de los pueblos indígenas. Una y otra vez
preguntaron sobre qué implicaba la consulta y cómo debía ser. De
manera recurrente interrumpieron la explicación de la abogada de las
comunidades, Alicia Chalabe.
Resultado
cantado: la Corte Suprema se desentendió de la causa y los envió a
los tribunales provinciales. Donde la el Poder Judicial y el poder
político se sientan en la misma mesa.
Clemente Flores,
kolla y uno de los voceros de las comunidades, está convencido que,
de no haberse organizado y accionado, hoy estarían las mineras
explotando las salinas, como en Susques. Explica que la vía judicial
es uno de los frentes, pero el fundamental es la organización
territorial.
Flores también
cuestiona al sector científico que promueve la minería de litio:
“Algunos académicos dicen que se puede explotar, procesando el
mineral en el país, con beneficios para los argentinos y respetando
el ambiente y comunidades… es un cuento chino, no creemos en eso”.
Y compara: “¿Qué dirían esos científicos si vamos a su casa, no
respetamos sus derechos y le hacemos desastres? Eso están queriendo
hacer ellos en nuestra casa”.
Ambiente y
presiones
La minería del
litio forma parte del modelo de extracción de recursos naturales. A
diferencia de la minería metalífera a gran escala, no realiza
voladura de montañas ni utiliza explosivos y cianuro. Pero sí
compromete las fuentes de agua, en una región de extrema sequía.
El Instituto
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) alertó ya en 2002 sobre
el riesgo minero en la región de la Puna: “Sus principales
problemas son la competencia con el sector agrícola por el recurso
agua, destrucción del hábitat por la construcción de obras de
infraestructura y efecto de la contaminación a largo plazo”.
En diciembre de
2010, la Coordinadora de Organizaciones Aborígenes de Jujuy (COAJ)
solicitó a los expertos en biología Jorge Gonnet y geología Aníbal
Manzur una inspección técnica en una zona de las salinas donde
semanas atrás se había realizado una prospección minera.
“Consideraciones ambientales en relación con la construcción de
pozos de prospección minera y/o hidrogeológica en la Salinas
Grandes”, se llama el informe que concluye: “Las perforaciones
realizadas están generando impactos y/o riesgos sobre los niveles
salinos superficiales y acuíferos (…) La perforación presenta
surgencia permanente de aguas de baja salinidad provenientes de
acuíferos profundos (…) Tendrá notables consecuencias sobre el
sistema salino y limitará la posibilidad de extracción de sales
superficiales (…) Existe una elevada posibilidad de que se esté
favoreciendo la difusión de sales superficiales hacia acuíferos
profundos de baja salinidad”.
Una de las
referentes de la Coaj es Natalia Sarapura, que asumió al frente de
la Secretaría de Pueblos Indígenas del gobierno de Gerardo Morales.
Enrique González,
del colectivo Apacheta que se opone a la minería, recordó que las
empresas de litio ya violaron los derechos indígenas al instalarse
sin respetar la consulta libre, previa e informada. Sobre la
actualidad, apuntó al gobierno provincial. “Hay avance de mineras
y la situación está complicada porque el Gobierno entró a las
comunidades con la Secretaría de Pueblos Indígenas y juega con la
necesidad de trabajo. Hay mucha presión del gobernador Morales, que
incluso demora trámites de las comunidades que se oponen”,
denunció González.
Precisó tres
puntos consensuados por una decena de comunidades kollas: rechazar
todo tipo de emprendimiento de extracción a gran escala de materia
prima, declarar la Cuenca de Guayatayoc (donde están las Salinas
Grandes) territorio ancestral, de propiedad comunitaria y lugar
sagrado; y exigir a los gobiernos (municipal, provincial y nacional)
que no tomen ninguna medida “de decisión o negociación” sobre
el territorio indígenas.
Estados Unidos y represión
El gobernador de
Jujuy, Gerardo Morales, viajó a Estados Unidos y el 15 de noviembre
se reunió con el vicesecretario adjunto para Asuntos del Hemisferio
Occidental del Departamento de Estado, Kevin O’ Reilly. Remarcó
las posibilidades de desarrollar minería de litio en la provincia.
“El Gobierno reafirmó el perfil y potencial minero de Jujuy en
materia de litio y la generación de energía renovables. Estos
rubros son pilares de la nueva matriz productiva de un Jujuy que da
para mucho más”, subrayó la gacetilla de prensa del gobierno
jujeño.
El 21 de
noviembre, comunidades indígenas se movilizaron en Tilcara y
realizaron un corte selectivo y momentáneo de ruta para denunciar la
avanzada sobre sus territorios y el hostigamiento puntual sobre la
comunidad Cueva del Inca. Fueron reprimidos por la policía de Jujuy,
con seis detenidos (incluida una menor de edad), balas de goma y
golpes.
“El gobierno
provincial salió a negar lo innegable, la represión. Los grandes
medios de incomunicación provinciales hicieron la vista gorda a los
acontecimientos. Las redes sociales y medios alternativos lograron la
difusión”, señalaron las comunidades en la noche del 21 de
noviembre, cuando los detenidos fueron liberados. Y recordaron: “Ante
la grave situación que están sufriendo nuestros territorios,
rechazamos la megaminería en la Puna jujeña (en particular el
proyecto Chinchillas), que destruye la Pachamama, vuela nuestros
cerros, destruye la biodiversidad, contamina el agua y pone en riesgo
nuestra vida y de las generaciones futuras”.
"Se debe respetar la posición de las comunidades"
Entrevista a Ariel Slipak.
- ¿Cuál es el rol de las comunidades en la minería de litio?
-La participación de las comunidades es crucial, se debe respetar sus tradiciones, aunque no son las únicas involucradas. Soy partidario de la consulta libre, previa e informada (derecho básico presente en legislación nacional e internacional, que nunca se aplica en Argentina), pero necesitan información.
- ¿Qué sucede si la comunidad dice no a la minería?
- Mi posición, no de todo el Grupo de Estudios, es que se debe respetar esa posición de la comunidad.
- Usted reivindicó el trabajo del científico Ernesto Calvo para explotar litio de forma, en teoría, "menos contaminante". Pero ese desarrollo es para mineras y no para indígenas, que sufrirán las consecuencias. Es una toma de postura investigar eso.
- Es cierto que Calvo hace ciencia pero no dialogó con las comunidades involucradas.
Serie de artículos “¿Qué transición energética?”
Esta publicación
es financiada con recursos de la Fundación Rosa Luxemburgo con
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de Alemania (BMZ). El contenido de la publicación es responsabilidad
exclusiva de OPSur, y no refleja necesariamente una posición de la
FRL.
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Fuente:
Darío Aranda, Litio y espejos de colores, 29/11/18, Observatorio Petrolero Sur.
Un desastre ambiental que aun no tiene responsables:disminución de la natalidad-desertificación de la Puna Argentina
ResponderEliminarSe trata de Abra Pampa en la Puna Jujeña, condenados por la codicia capitalista de los empresarios y mineras, un desastre ambiental que aún no tiene responsables ni culpables, pero que la sufren miles de habitantes-Esta nota de un diario, confirma la existencia de un poderoso que intima al ser existente del lugar como la basura del colonialismo ambiental. Es que el habitante no tiene ni voz ni voto, ni goza de la protección de leyes de la Constitución Nacional. Es considerado como el esclavo, el idiota, el hazme reír, piojoso, lleno de enfermedades: convulsiones, mareos, vómitos, parálisis, demencia y deterioro neurológico. El objetivo del poderoso es deprimir al nativo , disminuir, disgregar, aplastar e invisibilizar. Tan solo por la importancia monetaria de los recursos naturales que existen en el territorio milenario. A fin, contribuye a la desertificación de la Puna mediante la contaminación química y la operación minera Con su fundamento menosprecia la vida de sus habitantes y se preocupa por la disminución de la natalidad ; y, con sagacidad y astucia se codea con corruptos y malsanos, y puede encubrir este acto ilegal. Entonces hay un responsable que obvia las leyes de salvaguardar la vida como el Art. 41 de la Constitución Nacional… gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado… y de la ley 26061 de protección integral de los derechos de la niña, niño,adolescente, familia. Este poderoso tiene nombre y apellido y se llama Estado Provincial Jujuy y bajo su manto desfilan los encubridores que son integrantes del poder ejecutivo provincial, judicial, legislativo, también diputados nacionales por Jujuy y senadores, y otros funcionarios públicos de la nación y de la provincia de Jujuy.