A un año de la desaparición de Maldonado, un repaso sobre lo que se sabe y las mentiras que se difundieron. PáginaI12 revisó con testigos y víctimas y chequeó con documentos los datos que pudieron corroborarse en torno a la desaparición y la muerte de Maldonado, en medio de las múltiples falacias que buscaron encubrir el rol de los gendarmes y funcionarios.
por Adriana Meyer
Hartos de tener
que salir a desmentir una falacia tras otra, los Maldonado armaron un
sitio en Internet, durante los últimos doce meses en que la
maquinaria del Estado gobernado por Cambiemos y sus voceros no les
dieron tregua. La noticia sobre el ADN que hizo caer el montaje más
burdo, y al que más fichas había puesto el Ministerio de Seguridad,
según el cual Santiago había sido acuchillado por un puestero en
Epuyén, equiparó un poco la balanza. Desde algunos medios hasta la
propia ministra Patricia Bullrich en el Senado y en televisión,
pasando por el ejército de trolls oficialistas que llegó al colmo
de atacar la marca de té que sustenta a parte de la familia,
dispararon con el mismo objetivo que tuvo el médico de la Policía
Federal que filtró la foto del cadáver del tatuador y los programas
de farándula que se burlaron de los encapuchados mapuches:
distorsionar los hechos para encubrir a los responsables de su
desaparición y muerte. PáginaI12 repasó con testigos, víctimas y
documentos lo que queda en pie luego de quitar tanta hojarasca.
¿Qué pasó el
31 de julio y el 1º de agosto de 2017?
El último día
de julio del año pasado hubo una feroz represión en Bariloche
contra los mapuches del territorio recuperado al empresario italiano
Luciano Benetton, en Cushamen, quienes protestaban al cumplirse un
mes del segundo encarcelamiento de su líder político y espiritual,
Facundo Jones Huala. Pablo Noceti, jefe de gabinete del Ministerio de
Seguridad, participaba de una reunión estratégica con autoridades
políticas de las tres provincias patagónicas y sus fuerzas
policiales y de seguridad, para apretar las riendas contra la RAM, el
nuevo enemigo interno. “Que sepan que va a ir todos presos”,
amenazó por radio. Y así fue en Bariloche: quedaron detenidos la
mitad de los jóvenes weichafes (guerreros) de Cushamen. Por eso, en
la ruta eran apenas siete u ocho, necesitaban refuerzos y allá
fueron Santiago Maldonado y Nicasio Luna, cubriendo sus rostros para
no terminar con una causa abierta. Era mucho peor lo que les
esperaba: cuatro escuadrones de gendarmes, casi 200 efectivos los
reprimieron al grito de “vamos a quemarles las casas a estos indios
de mierda”. La orden del juez Guido Otranto era para despejar la
ruta 40 de un nuevo corte mapuche, pero nada decía de entrar en
territorio de ese pueblo originario. El operativo fue ilegal, pero
contó con luz verde política, por eso gritaban “fuego libre”,
mientras perseguían a los mapuches que huían hacia el río como
única vía de escape. La mayoría logró cruzarlo y una vez a salvo
insultaron a los gendarmes, que se enfurecieron más aún. Luna se
lanzó al agua aunque no sabía nadar, y quedó agarrado de unas
ramas de sauce, rodeado de cuatro verdeolivas. Casi al mismo tiempo y
a pocos metros estaba Santiago.
¿Por qué el
Gobierno dijo que los gendarmes no habían llegado al río, que
Maldonado estaba en todas las provincias menos en Chubut, entre otras
tantas falacias?
Es lo que suele
hacer el Estado cuando sus fuerzas de choque cometen un crimen,
encubrir para protegerlas. El CELS enfatiza que la hipótesis de la
desaparición forzada se constituye por dos elementos, no sólo
porque hay una persona que no aparece sino porque la autoridad a
cargo del operativo en el que desaparece esa persona oculta
información. La ministra Bullrich no quería tirar “un gendarme
por la ventana”, porque admitió que necesitaba a “esa fuerza
para todo lo que tenemos que hacer”. Otra iniciativa habitual es
ofrecer recompensa a cambio de información: según la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, es la manera de sembrar pistas
falsas en los expedientes que desvían la pesquisa del foco de los
uniformados. Así sucedió con la desaparición de Jorge Julio López.
¿Santiago murió
ahogado?
La autopsia
determinó que así fue, además de por hipotermia. Sin embargo, no
se pudo determinar la data de muerte, por lo tanto tampoco el sitio
preciso. Maldonado pudo haber muerto ahogado rodeado de gendarmes
armados, escapando de ellos: Emmanuel Echazú, Carlos Pelozo y Daniel
Gómez, entre otros.
¿Estuvo
desaparecido?
Maldonado
desapareció en el marco de un procedimiento ilegal que reprimió una
protesta social, y apareció muerto 78 días después. Lo que falta
esclarecer es si hubo responsabilidad directa de Gendarmería en su
desaparición, aunque sobran evidencias que implican a esa fuerza en
su muerte.
¿Se lo llevaron
los gendarmes en una camioneta?
Así lo afirmaron
varios testigos, pero una de las razones que impidieron corroborarlo
es que Gendarmería lavó los vehículos. Las fotografías
ratificaron los dichos de los mapuches respecto de la presencia de un
camión Unimog estacionado de culata muy cerca del río.
¿Maldonado quedó
en el río o lo tuvieron detenido en alguna parte?
Hay elementos que
inducen a suponer que lo sacaron del río: el posteo del periodista
oficialista Ricardo Bustos en Facebook donde afirmó que “lo tiene
preso Gendarmería”, y el nerviosismo con que respondieron en los
escuadrones de esa fuerza cuando Claudina y Ailinco Pilquiman fueron
a buscarlo a El Bolsón y Esquel. Además, el jueves pasado PáginaI12
publicó el informe del perito criminalístico Enrique Prueger según
el cual en el relato oficial, en las conclusiones de la autopsia, y
por lo tanto en la causa, hay un hueco de 48 días: el estudio de la
experta palinóloga Leticia Povilauskas determinó la presencia de
polen en los pantalones del joven tatuador, y señaló que “bajo
ningún punto de vista” tal sustancia podría haber permanecido en
sus ropas por más de 30 días (foja 54 de la autopsia: ver imagen).
El análisis de este experto también cuestionó la aplicación de
las tablas que miden la descomposición en el agua y señaló como un
error haber tomado las temperaturas mínimas y no las promedio, que
dio el margen de entre 53 y 73 días sumergido en el pozo del río.
¿Los gendarmes
dispararon balas de plomo?
Hay nuevos
indicios que ratificarían tal sospecha inicial. Algunos testimonios,
como el de Luna, mencionan que el sonido de los últimos disparos
difiere del que producen las escopetas. Estaría en marcha un
peritaje del sonido de videos del procedimiento.
¿Hubo fotos
falsas?
No. Las fotos y
los videos no fueron manipulados pero los investigadores sospechan
que Gendarmería no entregó todo el material audiovisual que
completa la secuencia de lo sucedido. Las imágenes incriminan
directamente a los gendarmes que gritan “fuego al indio”. Como se
observa en un video revelado por este diario, minutos antes de entrar
a la Pu Lof en Resistencia de Cushamen los gendarmes dicen “vamos a
quemarles las casas”. Las fotos conocidas provienen tanto de
Gendarmería como de fotógrafos locales, y son parte de las pruebas
de la causa. También circularon algunas imágenes tomadas por los
mapuches y otras personas que los apoyan. Así como las fotografías
de Pepe Mateos y Sergio Kowaleski impidieron que se instalara la
impunidad en el caso de la masacre del Puente Pueyrredón, en junio
de 2002, la que obtuvo Gustavo Zaninelli, para este diario, de Noceti
sobre la ruta 40 saludando a un gendarme, demolió una parte
importante del discurso oficial.
¿Por qué
acusaron de “truchos” a abogados?
El Gobierno y sus
voceros aprovecharon un error en la mención de los abogados que
lograron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la
medida cautelar para obligar al Estado a buscar a Santiago. Al
mencionar sólo APDH y no APDH Córdoba para referirse a Carlos Chuzo
González Quintana propiciaron que el primer organismo expresara que
ese letrado no integra tal agrupación, lo cual es cierto porque se
separaron con sus respectivas personerías jurídicas por diferencias
políticas. Por su parte, el otro peticionante ante la CIDH, Fernando
Cabaleiro, tiene su propia ONG, Naturaleza de Derechos. En una
campaña difamatoria, que ya llegó a los tribunales con juicios
cruzados, algunos medios plantearon que convencieron a la CIDH con
testimonios falsos, cuando ese organismo interamericano emitió su
cautelar antes de que llegaran a Washington tales testimonios.
¿Hubo reticencia
de los testigos mapuches?
Antes de la
llegada de Maldonado a la Patagonia, en Cushamen habían sido
reprimidos con ferocidad en varias oportunidades, la quema de casas y
la vulneración de los derechos de los pueblos originarios habían
recrudecido. En enero por poco muere un mapuche de un disparo en la
mandíbula; Ivana Huenelaff fue torturada, la amenazaron con hacerla
desaparecer mientras el fiscal general Carlos Díaz Mayer negaba su
condición de detenida. A pesar de este contexto, algunos acudieron a
declarar, tras lo cual fueron estigmatizados en los medios y
criminalizados en los tribunales. Matías Santana, uno de los
principales testigos, está imputado en cinco causas, y la vocera de
la comunidad, Soraya Maicoño, está acusada de “omisión” de
información. Durante el operativo del 18 de septiembre encabezado
por el juez Otranto, del que participó el coordinador del Ministerio
de Seguridad, Gonzalo Cané, Santana fue retenido doce horas tirado
en la tierra con las manos precintadas, mientras los miembros del
GEOF le decían a él y los demás peñi que eran unos terroristas.
Las querellas coinciden en que es imprescindible para el
esclarecimiento del caso que declaren todos los que aún no lo
hicieron. De hecho, una fuente afirmó a PáginaI12 que al menos
otros dos jóvenes habrían visto lo mismo que Santana.
¿Hubo “sitios
sagrados” que no pudieron ser rastrillados?
Es falso que haya
habido territorios sagrados que no pudieron ser rastrillados. Lo que
hubo fue la prepotencia de Otranto, a quien los mapuches le pidieron
unos minutos para consensuar cómo se haría el ingreso de las
fuerzas de seguridad a determinados sectores del territorio
recuperado, y respondió avanzando igual, mientras decía que él
estaba “por encima” de toda razón.
¿En qué estado
está la causa judicial principal sobre Santiago?
Esa investigación
generó otras, contra los testigos mapuches por varios delitos, como
falso testimonio, y de la familia Maldonado contra el Estado por
espionaje (escuchas ilegales ordenadas por Otranto y la fiscal
Silvina Avila). El expediente principal sigue caratulado como
desaparición forzada, aunque la fiscal Avila no fue apartada como
pretenden la querella de la APDH y de la familia, tras calificarla
como “abogada de la Gendarmería”. La Corte Suprema analiza el
pedido de la abogada de la familia, Verónica Heredia, que
significaría un verdadero vuelco: la intervención de un equipo de
expertos independiente de los poderes del Estado que responda algunos
de los huecos e interrogantes que deja un caso condicionado por los
dictados del Gobierno desde el minuto cero.
No hay imputados,
salvo Echazú que se autoimputó para que Gendarmería y el Gobierno
puedan tener acceso al expediente. En sus declaraciones
testimoniales, los gendarmes incurrieron en varias contradicciones, y
están comprobadas graves irregularidades en el operativo. A criterio
de una de las querellas es imprescindible que declaren los mapuches
que aún no lo hicieron para completar la reconstrucción más fiel a
los hechos posible, y luego podrían ser acusados, por desaparición
forzada seguida de muerte, o por homicidio agravado.
No fue
investigado el teléfono de Noceti, que estuvo en el lugar de los
hechos, fue visto pasar por la ruta 40 al mediodía y luego cerca de
las 5 de la tarde del 1º de agosto.
Fuente:
Adriana Meyer, Hechos y falsedades alrededor de la causa, 30/06/18, Página/12. Consultado 31/07/18.
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