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motorizar una ley nacional que intensifique las fumigaciones.
Descarta las distancias mínimas para aplicaciones y omite
pronunciamientos como el de la OMS sobre el glifosato. Respecto de la
toxicidad del Roundup, Barañao dijo que la gente también se muere
por tomar mucha agua.
por Patricio
Eleisegui
Dispuesto a hacer
de este momento una instancia de profundización de la práctica
agrícola predominante, el Gobierno presentó un programa de uso de
agrotóxicos con el que apunta a motorizar una ley nacional que
intensifique las fumigaciones en el interior de la Argentina.
La propuesta
oficial fue dada a conocer el miércoles en el Ministerio de
Agroindustria, vía un panel integrado por el titular de la cartera,
Luis Miguel Etchevehere, y sus pares Sergio Bergman (Medio Ambiente),
Lino Barañao (Ciencia y Tecnología) y Adolfo Rubinstein (Salud), y
comprende 12 principios y 23 recomendaciones que promueven un uso
ampliado de estas sustancias peligrosas.
Dichas pautas,
vertidas en un informe desarrollado por un grupo de trabajo
interministerial, dejan de lado la totalidad de las investigaciones
nacionales y extranjeras que exponen cómo la aplicación de
pesticidas tiene incidencia directa en la proliferación de
enfermedades como el cáncer e incrementan las malformaciones o los
abortos espontáneos, por citar algunos males.
En concreto, los
ministros ataron su propuesta a las denominadas "Buenas
Prácticas Agropecuarias" (BPA), un combo de postulados
desarrollado por compañías como Monsanto, Bayer, Dow, BASF,
Syngenta y DuPont, en alianza con organizaciones del campo como
AAPRESID, la asociación que nuclea a los productores que hacen
siembra directa, que considera a los agrotóxicos insumos inocuos y
biodegradables.
Las BPA avalan la
aplicación de prácticamente cualquier plaguicida, cuestionan
criterios como la instauración de zonas libres de aplicaciones en
torno a puntos habitados, y entienden a las situaciones de
contaminación como "casos de mala praxis".
A los ojos de
quienes promueven las "Buenas Prácticas Agropecuarias",
los pesticidas no implican riesgo para la salud si son aplicados en
la cantidad que indican las empresas que los comercializan.
La conferencia
concretada en Agroindustria tuvo como inicio una prédica de
Etchevehere en la que el titular de la cartera defendió las
pulverizaciones y anticipó que el documento interministerial en
breve será presentado "ante las comisiones del Congreso para
que sea insumo de cara a una ley nacional" que fije pautas para
el uso de pesticidas en el campo.
El evento en
cuestión, al que asistió este medio, se caracterizó por una
defensa cerrada de productos que incluso organismos como la
Organización Mundial de la Salud (OMS) vinculan a la expansión del
cáncer.
En ese sentido,
el bloque de ministros evitó contestar la pregunta elevada por
iProfesional respecto de la decisión oficial de descartar las
investigaciones locales e internacionales que prueban la toxicidad
letal del herbicida glifosato, el producto estrella en la producción
de soja, maíz y algodón transgénico en la Argentina.
Desarrollado por
la estadounidense Monsanto, ahora en proceso de fusión con la
alemana Bayer, el agrotóxico en cuestión concentra el 65% de las
ventas de este tipo de insumos a nivel doméstico.
En la actualidad,
de forma anual se comercializa un promedio de 200 millones de litros
del insumo y en términos de etiquetas más vendidas la nómina de
marcas la encabeza Roundup, la formulación de la misma Monsanto.
Glifosato y
2,4-D, ambos vinculados directamente con el aumento de los casos de
cáncer por la OMS, atrazina -de uso prohibido en Europa desde 2004
por su toxicidad elevada-, clorpirifos -su desarrolladora, Dow, fue
condenada en EE.UU. por ocultar contaminaciones agravadas-,
cipermetrina -letal para peces y abejas-, encabezan el listado de
agrotóxicos de mayor uso en el agro local.
El
posicionamiento del macrismo a favor de una aplicación intensiva de
estos químicos es observado por los fabricantes como un incentivo
para traer al país nuevas variedades de estas formulaciones.
Según entidades
del sector agrícola, se estima que el negocio de la venta de
pesticidas en la Argentina mueve alrededor de u$s3.000 millones al
año.
"Monsanto,
Bayer, están a los abrazos con este tipo de impulsos que promueve el
Gobierno. La mayoría de las empresas temía una eventual baja en la
facturación porque, al estar atado a la cotización del crudo
internacional, el precio de los fitosanitarios -término que utiliza
la industria para referirse a los agrotóxicos- viene subiendo
sostenido.
A eso hay que
sumarle la resistencia ambiental que suele remarcar que faltan
regulaciones. Si es tomado en cuenta, este trabajo será un
espaldarazo político para las compañías que hacen estos
productos", sostuvo ante iProfesional una fuente cercana a
Etchevehere.
Posición
declarada
Un detalle a
destacar en el documento que dieron a conocer los ministros está en
el origen del material técnico empleado para desarrollar la
propuesta.
Según pudo
constatar este medio, la bibliografía empleada engloba buena parte
de los manuales y folletos que Monsanto y sus similares han hecho
circular en los últimos años con el fin de blindar la
comercialización de agrotóxicos.
Por poner un
ejemplo, en el detalle del sostén técnico de la propuesta
interministerial asoma como primer material consultado las "Pautas
sobre aplicaciones de productos fitosanitarios en áreas
periurbanas", un compilado desarrollado por AAPRESID y cámaras
de productores de pesticidas como CASAFE y CIAFA.
Cuando se
consulta a fuentes oficiales sobre el por qué de la inclusión de
estos contenidos impulsados por la misma industria, el argumento que
predomina es que las compañías del sector son las únicas que han
investigado en la Argentina el efecto de los pesticidas sobre todo en
las últimas dos décadas.
Estos privados,
vale remarcarlo, asoman como los grandes beneficiados de imponerse un
marco legal basado en el informe expuesto esta semana por Etchevehere
y sus pares.
A tono con la
posición declarada de Monsanto, Bayer, Dow, BASF, Syngenta y DuPont,
Bergman, Barañao y Rubinstein hicieron gala de un alineamiento con
el modelo que promueve las fumigaciones que, de tan acérrimo,
incluso sorprendió a más de un asistente vinculado al ramo
agropecuario.
En la conferencia
celebrada en Agroindustria el titular de la cartera de Ciencia
sobresalió por una prédica a favor de la aplicación de pesticidas
que por momentos rozó la humorada.
En ese sentido,
Barañao igualó el efecto tóxico del glifosato con la ingesta
excesiva de agua. "Uno se puede morir por tomar agua en
cantidad", dijo el ministro.
"¿Cuál es
el problema con los fitosanitarios, los agroquímicos, respecto de
otras tecnologías que también tienen efectos nocivos como la
electricidad, el automóvil, que también producen muertes? Es que
todos asumimos el riesgo porque nos sentimos beneficiarios. Todos
pensamos que el auto puede sufrir un accidente, podríamos morir,
pero yo puedo tener o quiero tener un auto. En el caso de los
agroquímicos, parecería que se beneficia sólo el productor y que
el ciudadano común sufre las consecuencias nocivas. Entonces esa
asimetría entre el beneficio y el riesgo hace que se tenga una
posición hostil hacia el uso de agroquímicos", expresó
Barañao.
El ministro
sostuvo, además, que "la humanidad es hoy tan dependiente de
los fitosanitarios para su alimentación como lo es de los
antibióticos para la salud".
"Sabemos que
los antibióticos salvan millones de vidas pero que si se aplican
inadecuadamente pueden tener consecuencias fatales", prosiguió
el funcionario, en otro intento por minimizar el rasgo de sustancia
peligrosa y perfil venenoso que caracteriza a los plaguicidas.
Sin embargo, en
un momento Barañao reconoció que tanta cultura de producción pro
fumigaciones ha complicado a más de un exportador.
"Se ha
encontrado glifosato en miel. Y hay partidas que fueron rechazadas
porque presentan cantidades -del agrotóxico- mayores a las
permitidas", dijo.
La ciencia
reconoce el riesgo
La posición del
ministro de Ciencia choca de frente con innumerables trabajos
científicos independientes que exponen las graves consecuencias
sanitarias que genera el empleo de venenos para producir alimentos.
De hecho, más de
800 trabajos publicados en revistas internacionales demuestran la
elevada toxicidad del glifosato.
Como se dijo
antes, este herbicida es el principio componente del Roundup, el
herbicida desarrollado por Monsanto de mayor difusión en el agro
local aunque, vale aclararlo, en la Argentina también se ofrece bajo
marcas como Zamba (comercializado por Nidera), Sulfosato (Syngenta),
o Sitrin (Bayer).
En julio de 2016,
un trabajo que lleva la firma de, entre otros, Alicia Ronco
-fallecida en noviembre de ese mismo año- y Damián Marino,
investigadores del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y
Técnicas (CONICET) y la Universidad Nacional de La Plata (UNLP),
confirmó que la cuenca del río Paraná, considerada la segunda más
importante de Sudamérica detrás de la que comprende al Amazonas y
con desembocadura en el Río de la Plata, está altamente contaminada
con glifosato o AMPA, metabolito originado de su degradación.
En el mismo mes
pero de 2017, otra investigación científica llevada a cabo también
por científicos del CONICET y el EMISA (Espacio Multidisciplinario
de Interacción Socio Ambiental) -vinculados a la UNLP-, reveló que
el herbicida que se aplica en la práctica agropecuaria no desaparece
de los campos.
Por el contrario,
y dada la enorme cantidad pulverizada y la afectación de los
microorganismos encargados de su degradación, el glifosato no hace
más que acumularse en las tierras con todo el riesgo tóxico que
esto implica.
Otro estudio
contundente en cuanto a demostrar la toxicidad del compuesto fue
realizado por Andrés Carrasco, un científico que -fallecido en mayo
de 2014- llegó a presidir el CONICET y probó que la sustancia
produce desde muerte celular hasta malformaciones.
En Francia,
investigaciones del científico Gilles-Eric Séralini aportaron
nuevos argumentos a lo expuesto por Carrasco en la Argentina.
"Trabajamos en células de recién nacidos con dosis del
producto cien mil veces inferiores a las que cualquier jardinero
común está en contacto. El Roundup programa la muerte de esas
células en pocas horas", indicó el profesional galo,
especialista en biología molecular.
De avanzar con un
marco legal sustentado en el documento presentado ahora por
Etchevehere, Bergman, Barañao y Rubinstein, el macrismo habrá
solidificado un modelo agropecuario que va a contramano de los países
que entienden que la producción intensiva con agrotóxicos implica
un riesgo grave para el ambiente y las poblaciones.
Y que, producto
de ese aspecto, la opción más conveniente a futuro consiste en
avanzar hacia esquemas de cultivo de naturaleza agroecológica.
Estas naciones,
mercados del primer mundo con creciente orientación hacia el consumo
orgánico, probablemente inauguren para la Argentina en el mediano
plazo y por "exigencia del cliente" un cambio de labor
agraria que, queda a la vista, el segmento político predominante hoy
no está dispuesto a dar.
Fuente:
Patricio Eleisegui, Festejan Bayer y Monsanto: el Gobierno desoye recomendaciones sanitarias y apuesta por un modelo agropecuario de mayor uso de agrotóxicos, 12/07/18, iProfesional. Consultado 14/07/18.
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