La Justicia dio
diez días para que la Acumar diera el listado de las empresas que
contaminan el Riachuelo. La Corte Suprema
emplazó a la Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo a entregar el
informe actualizado, que podría reunir a más de 1500 responsables.
Los vecinos denuncian que la información no se revisa desde hace
diez años.
por Gisela
Marziotta
La Autoridad de
la Cuenca Matanza Riachuelo (Acumar) tiene un plazo de diez días
para presentar ante la Corte Suprema de Justicia el listado
actualizado de las empresas declaradas como “agentes
contaminantes”. Esta cifra que no se revisa desde hace diez años
podría ascender a más de 1500 según el cuerpo colegiado que
realiza el seguimiento de las acciones del organismo.
El fallo que se
conoció el jueves es significativo y podría ser una señal de que
el máximo tribunal tomará una decisión de fondo sobre una gran
deuda que es el pasivo ambiental en la cuenca.
Tolueno, benceno,
selenio y plomo son algunas de las tantas sustancias tóxicas con las
que conviven fuera y dentro de su cuerpo los vecinos de la Cuenca
Matanza Riachuelo.
Los más
afectados por las sustancias tóxicas provenientes del conglomerado
industrial de las 1500 empresas que se encuentran en las
inmediaciones son quienes viven en las denominadas zonas de riesgo
muy alto.
La actualización
de la información que solicita la justicia es clave porque las
cifras de los agentes contaminantes no coinciden. Mientras que Acumar
asegura que son 850, las agrupaciones ambientalistas aseguran que son
por lo menos 1500 porque -sostienen- desde hace diez años no se
actualiza la información.
Según el Mapa de
Riesgo realizado por la Acumar, esta franja contempla 94 barrios,
339.365 habitantes y 45.595 viviendas. La población, a su vez, se
enfrenta a seis posibles amenazas como inundaciones, los 731
establecimientos industriales considerados de control prioritario,
los pasivos ambientales críticos, los sitios de disposición final
de residuos sólidos, urbanos, informales y formales, la condición
sanitaria de los hogares en función al acceso de la red de agua
potable y a la red de cloacas y la mala calidad del agua para el
consumo humano.
Desde hace una
década, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró que los
alrededores y la zona que bordea la Cuenca Matanza Riachuelo no son
aptos para vivir por el riesgo ambiental y la contaminación que
representa.
Desde la Acumar,
en representación y gestión de las tres jurisdicciones responsables -gobierno nacional, bonaerense y porteño- debían y deben aún
hoy reubicar a sus habitantes por el peligro y las amenazas a las que
se enfrentan cada día.
Durante décadas
se permitió el vertido de metales, sustancias químicas y orgánicas,
inclusive residuos peligrosos y contaminantes orgánicos
persistentes, que deterioraron las aguas, el aire y los suelos de la
cuenca y que implican un riesgo para la vida de los habitantes de la
zona.
Si bien una
pequeña parte ya ha sido reubicada, su gran mayoría se encuentra
inmersa en un ambiente nocivo, dañino y de alto riesgo para la
salud.
Según un informe
presentado por el Cuerpo Colegiado nombrado en 2008 por la Corte
Suprema de Justicia para auditar las acciones o las no acciones de la
Acumar, uno de los problemas es que desde el mismo organismo se
autoriza a verter cierta cantidad de cada uno de los contaminantes
por unidad de volumen efluente, sin considerar la acumulación de
distintos contaminantes en el mismo afluente, ni su efecto tóxico
individual o combinado, ni la carga masiva total que aporta cada
agente contaminante.
En el informe que
realizó el Cuerpo Colegiado y que fue expuesto ante la Corte en
marzo pasado, precisaron que “un litro de efluente descargado al
Riachuelo podría contener, entre otros contaminantes, 2mg de
aluminio, 0,5mg de arsénico, 2mg de bario, 2mg de boro, 0,1 mg de
cadmio, 1mg de cianuros totales, 0,2mg de cinc, 2mg de cobalto, 1mg
de cobre y 2mg de cromo”.
Otros agentes
contaminantes “pueden verter coliformes fecales sin límites si los
envían por colectoras cloacales. Si llegaran al curso de agua
directamente o por un desagüe pluvial, los vertidos sólo serían
controlados a menos de 500 metros de un balneario”.
Según informaron
en ese caso, el límite máximo sería de 2000 colonias de
escherichia coli por cada 100 mililitros (o sea medio vaso de agua) y
descargas menores podrían hacerse libremente en los balnearios si
los hubiera.
Ante la no
respuesta de la Acumar al reclamo por el cumplimiento del
saneamiento, el Cuerpo Colegiado, integrado por la Fundación
Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Greenpeace, el Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Ciudadana por los
Derechos Humanos (ACDH) y la Asociación de Vecinos del Barrio de La
Boca, realizaron este informe en conjunto.
Allí plantearon
los principales problemas, entre ellos, la autorización por parte de
la Acumar de vertidos de contaminantes, la inmunidad de AySA. Además
de que no se podrá agregar agua al efluente para diluir los
contaminantes y no proponen otros diluyentes ni tampoco cómo los
controlará.
También acusaron
a la Acumar de no fijar límites para la presencia de coliformes
fecales en el río. En el informe destacaron que hay tramos mejores
que la cuenca media y baja, que son las más afectadas.
En cuanto a que
se tomará en cuenta la carga másica que aporte cada agente
contaminante, en el informe señalaron que “desconocen de qué
forma lo harán, ni cuáles serán las cargas aceptables, ni los
parámetros para permitirla”.
Juan Carlos
Longhi, ambientalista y vecino de Dock Sud, cree que el barrio está
en la misma situación que años atrás porque se hizo muy poco y
asegura que “la gente no tiene que estar más ahí”. El
ambientalista, que hace décadas vive en la zona y ha tenido una
participación activa en pos de su comunidad, sostiene que el
problema “no viene de la contaminación aérea, ni del agua, que es
un problema que lo tiene cualquier zona de bajos recursos. Aquí el
problema de la contaminación está y viene del suelo, porque ese
suelo es donde se volcaban los residuos de petróleo”.
En la zona baja
de la Cuenca, donde se viene depositando la mayor cantidad de
sedimentos, y donde hay un Polo Petroquímico, Villa Inflamable es
uno de los barrios más afectados. Y según Longhi fue reconocida por
la Acumar como la prioridad uno para la relocalización, pero nunca
se concretó.
El ambientalista
reconoció que se realizan “cualquier cantidad de estudios de
contaminación en la zona”, y recordó que “años atrás hubo un
fallo de la Corte por una empresa japonesa que ya había revelado la
presencia de tolueno, benceno, selenio y plomo, elementos que afectan
directamente la salud del ser humano en la convivencia con ellos”.
“La Acumar es
un fracaso por donde se fueron millones y millones de pesos. Jamás
se puso al frente de la Autoridad a una persona competente. Siempre
fue un cargo político, nunca lo ocupó una persona que se diera
cuenta verdaderamente del problema”, sentenció Longhi.
Para el
ambientalista la situación de los habitantes de Dock Sud es
dramática: “La gente que pudo irse se fue y la que no, se quedó
conviviendo con todo este problema. Les proveen agua en bidones para
que tomen, al no tener cloacas ni nada todo va desagotado en algunos
bañados o lagunas que quedaron. Ahí se vuelcan todos los caños de
las cloacas y la gente vive en toda esa contaminación. Poco y nada
es lo que se hizo, se abrió una Unidad Sanitaria pero no se hace
control ambiental en la salud de la gente, no hay toxicólogos, ni en
la Unidad Sanitaria, ni en la Villa Fiorito, ni en el Hospital
Presidente Perón. No hay toxicólogos en la zona. Cada familia que
tiene un enfermo tiene que ayudarse por sí solos. Están
subsistiendo, no se puede decir que están viviendo”.
El plomo es un
veneno muy potente y puede estar en todas partes como en el suelo o
en el polvo y no se puede ver ni detectar con el olfato o el gusto.
Cuando una persona inhala polvo de plomo, parte del veneno puede
permanecer en el cuerpo y causar serios problemas a la salud. La
Organización Mundial de la Salud (OMS), incluyó el plomo dentro de
una lista de diez productos químicos causantes de graves problemas
de salud pública que exigen la intervención de los Estados Miembros
para proteger la salud de los trabajadores, niños y las mujeres en
edad fecunda.
Según la OMS, el
plomo es un metal tóxico presente de forma natural en la corteza
terrestre. Su uso generalizado ha dado lugar en muchas partes del
mundo a una importante contaminación del medio ambiente, un nivel
considerable de exposición humana y graves problemas de salud
pública.
Esta sustancia
tóxica se va acumulando en el cuerpo, afectando a diversos sistemas
del organismo, con efectos especialmente dañinos en los niños de
corta edad. Se distribuye por el organismo hasta alcanzar el cerebro,
el hígado, los riñones y los huesos, y se deposita en dientes y
huesos, donde se va acumulando con el paso del tiempo. Para evaluar
el grado de disposición humana se suele medir la concentración de
plomo en sangre. No existe un nivel de exposición al plomo que pueda
considerarse seguro.
La OMS sostiene
que si los niños se exponen en un grado elevado les ataca el cerebro
y el sistema nervioso central y les puede provocar un coma,
convulsiones e incluso la muerte. Los niños que sobreviven a una
intoxicación grave, según la OMS, pueden padecer diversas secuelas,
como retraso mental o trastornos del comportamiento.
También
advierten desde el organismo internacional que en el caso de las
embarazadas, el plomo presente en los huesos es liberado hacia la
sangre y se convierte en una fuente de exposición para el feto.
La exposición al
plomo es prevenible pero la falta de decisión política pone en
riesgo la vida de todos los que habitan sobre y alrededor de la
Cuenca Matanza Riachuelo.
Fuentes:
Gisela Marziotta, La responsabilidad de los agentes contaminantes, 09/06/18, Página/12.
La obra de arte que acompaña esta entrada es "Barcos a pleno sol", del artista Benito Quinquela Martín (1890-1977).
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