En el marco del
caso Maldonado, denuncian a la ministra Patricia Bullrich ante la
CIDH. Los abogados
peticionarios de la medida cautelar ante la CIDH por Santiago
Maldonado denunciaron que fueron objeto de “una campaña
difamatoria y calumniosa iniciada” por la ministra de Seguridad. La
Comisión Interamericana aceptó abrir el caso.
por Adriana Meyer
“El Gobierno es
el que delinque”, afirmaron los abogados peticionarios de la medida
cautelar ante la CIDH por Santiago Maldonado. Lo dijeron ante este
organismo de la Organización de Estados Americanos (OEA) al que
acudieron por considerar que fueron difamados por funcionarios de
Cambiemos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) les
comunicó que abrió el “Caso de Petición para su análisis de
admisibilidad preliminar bajo el numero P-1110-18 a nombre de
Fernando Cabaleiro y Carlos María González Quintana, peticionarios
de la medida cautelar ante el mismo organismo, en agosto de 2017, a
favor de Maldonado”. La semana pasada, Cabaleiro y González
Quintana –en razón de su rol de defensores de derechos humanos en
varios casos abiertos ante la CIDH, como el desalojo de la comunidad
mapuche en Lago Mascardi, la represión en la Pu Lof en Resistencia
de Cushamen, la violencia institucional de los operativos represivos
de diciembre de 2017 en los alrededores del Congreso– denunciaron
que fueron objeto de “una campaña difamatoria y calumniosa
iniciada” por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el
abogado querellante de la misma cartera ministerial, Fernando Oscar
Soto.
“Desde el punto
de vista técnico significa que la Comisión está analizando la
admisibilidad del pedido, pero al hacerlo le da status jurídico,
abre el caso y permite que le podamos mandar información de manera
constante, lo cual para nosotros es una garantía”, explicó
Cabaleiro a PáginaI12. El 5 de junio, Soto y Bullrich aseveraron
públicamente que los letrados plantaron pruebas falsas en las causas
donde se investigan las circunstancias sobre la muerte de Santiago
Maldonado, ocurrida en agosto de 2017, en el contexto de un operativo
represivo de la Gendarmería. “En un programa de televisión, donde
el conductor parecía su jefe de prensa, Bullrich dijo que éramos
delincuentes cuando le preguntaron por el caso Maldonado, y anticipó
que iba a pedir el procesamiento de otros integrantes de organismos
de derechos humanos”, recordó Cabaleiro. En otras declaraciones,
funcionarios macristas los acusaron de presentar informes falsos ante
la CIDH y la ONU, de conformar una asociación ilícita con otros
organismos de derechos humanos y los testigos mapuches para
entorpecer la labor de la Justicia en el caso Maldonado, y hasta de
usurpar el nombre de la APDH.
“En razón de
la tamaña acción delictual cometida por Bullrich y Soto, en la
misma trasnoche del 5 de junio de 2018, los letrados Fernando
Cabaleiro y González Quintana, sin perjuicio de las acciones
netamente penales a cursar en el sistema jurídico argentino en su
momento, pusieron en conocimiento a la CIDH sobre el proceder ilegal
y temerario de los funcionarios mencionados, y presentaron una
petición formal por violación de los derechos humanos en relación
a su rol como defensores de derechos humanos”, dice la
documentación a la que accedió este diario. En la presentación
ante la CIDH, señalaron que “se trata de una denuncia
absolutamente falsa de Soto y Bullrich porque estos letrados nunca
enviaron documento o informe alguno a la ONU, tampoco han actuado
profesionalmente ni prestaron testimonio ni presentaron testigos ni
informes ante la Justicia argentina en la causa federal donde se
investiga la muerte de Maldonado”.
En los hechos,
como reflejó PáginaI12 en los últimos meses, la actuación de los
abogados como simples peticionarios fue siempre sólo ante la CIDH.
“Esos pedidos no pueden considerarse un entorpecimiento a la
administración de justicia local, todo lo contrario, se buscó, y
así se afirmó, que se asegure la protección de los y las testigos
de los hechos del 1 de agosto a fin de que pudieran declarar sin
presiones y hostigamiento ante la Justicia argentina”, destacó
Cabaleiro. En la petición dejaron en claro que su actuación ante la
CIDH “no se relaciona en absoluto con la averiguación sobre la
muerte de Maldonado (ello tramita ante la Justicia argentina), sino
sobre la solicitud de medidas cautelares para los comuneros de la
Lof”.
El Gobierno
también los atacó por la agrupación a la que pertenece González
Quintana. “Ninguno de los letrados invocó la APDH nacional
(Asamblea Permanente de Derechos Humanos), González Quintana fue
miembro fundador de la APDH Córdoba (organización con personería
propia), y a la cual pertenecía al momento de la denuncia inicial
ante la CIDH”, indicaron. “Soto y Bullrich tergiversan
maliciosamente todos los hechos con el fin de entorpercer la
investigación penal sobre el caso Maldonado y serían los
principales sospechosos junto a funcionarios judiciales de Esquel de
conformar un grupo que pergeñó esta campaña junto a algunos
pseudoperiodistas, con el fin de deslegitimar el rol de defensores de
derechos humanos por nuestra labor ante la CIDH, asimismo confundir a
la opinión pública y efectuar actos absolutamente inoficiosos ante
el juzgado federal a cargo de Gustavo LLeral”, explicaron los
abogados. Una de las notas periodísticas difundió una conversación
entre Cabaleiro y Ariel Garzí, amigo de Maldonado, con la intención
de marcar que la CIDH había dictado la medida cautelar por Santiago
en base al armado de pruebas. Sin embargo, como publicó este diario,
la cautelar ya había sido emitida cuando las pruebas supuestamente
“armadas” llegaron a Washington.
La nueva petición
ante la CIDH apunta contra las imputaciones falsas de Bullrich y
Soto, y contra su intento de desprestigiarlos consumado con la
difusión y manipulación de escuchas telefónicas de los testigos y
familiares de Maldonado, declaradas ilegales e inconstitucionales por
la Justicia. “En la presentación quedó denunciado que el
Gobierno, a través de Bullrich, Soto, el juez Guido Otranto y la
fiscal Silvina Avila, es el que delinque y obstruye la investigación
sobre la desaparición forzada de Santiago, entendemos por lo tanto
que el riesgo de sanción, luego de la cautelar dictada por la CIDH
agosto de 2017, es muy alto”, concluyó Cabaleiro.
Fuente:
Adriana Meyer, “El Gobierno es el que delinque”, 18/06/18, Página/12.
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