En una decisión
inédita, impulsada por docentes y alumnos, la Facultad de Agronomía
de la UBA rescindió el convenio con la multinacional italiana, dueña
de la estancia Leleque (donde desapareció Santiago Maldonado) y
denunciada por comunidades mapuches.
por Darío Aranda
para lavaca.org
para lavaca.org
No fue el
gobierno de Chubut. No fue el gobierno nacional. Tampoco el Poder
Judicial. Mucho menos los grandes medios de comunicación. Benetton,
multinacional que es la mayor dueña de tierras de Argentina (un
millón de hectáreas), recibió un cuestionamiento tan inesperado
como simbólico: la Facultad de Agronomía de la Universidad e Buenos
Aires (Fauba) canceló el convenio de cooperación con la empresa.
La respuesta a
una pregunta
La desaparición
de Santiago Maldonado en terrenos de Benetton se dio en el marco de
la represión a la comunidad mapuche Pu Lof en Resistencia de
Cushamen. El caso repercutió en la agenda social, mediática y
política. “¿Dónde está Santiago Maldonado?”, se transformó
en campaña nacional. Organismos de derechos humanos y comunidad
indígenas (entre otros actores) de un lado. El Gobierno Nacional,
con la ministra Patricia Bullrich al frente, respaldaron a la
Gendarmería y su represión.
La Fauba no
estuvo ajena a la desaparición de Maldonado. Hubo charlas,
manifestaciones, pedidos de justicia. En ese marco, la fuerza
estudiantil Abriendo Caminos denunció que la Facultad mantenía un
convenio de cooperación con la multinacional, que en Argentina opera
con la figura legal de Compañía de Tierras del Sud Argentino (CTSA)
y cuenta con siete estancias, 900 mil hectáreas distribuidas en
cuatro provincias (Buenos Aires, Río Negro, Chubut y Santa Cruz).
Benetton es el mayor propietario privado de la Argentina.
MU accedió al
contrato en diciembre pasado. “Convenio específico de asistencia
técnica entre Compañía de Tierras Sud Argentino S.A. y la Facultad
de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires”, es el título
formal de expediente, de seis carillas, donde firman Diego Eduardo
Perazzo (directivo de la empresa) y el decano Rodolfo Golluscio. La
cláusula primera establece el objetivo del contrato: “Se planea
llevar a cabo una evaluación sistemática de la disponibilidad de
recursos forrajeros a los largo del año y proponer un plan de manejo
de pastoreo de pastizales patagónicos (…) Se buscará mejorar la
cantidad y la calidad de a producción ganadera”. Específica que
“la evaluación de los recursos se basará en el procesamiento de
imágenes digitales provistas por distintos tipos de satélites”.
Precisa que los
productos finales serán tres informes con la descripción del
“estado de los recursos y detalles del plan de manejo” que se
entregarán luego de las tres visitas a los campos de Benetton (meses
estimados de enero, abril y septiembre).
El segundo punto
señala que la Facultad brindará capacitación a personal de la
empresa y contempla la posibilidad de pasantías con estudiantes de
grado y postgrado. La tercera cláusula señala que el responsable
técnico del proyecto es el mismo decano de la Fauba, Rodolfo
Golluscio, “quien deberá entregar un informe final de actividades
y resultados”.
La empresa abonó
96.000 pesos en tres cuotas de 32.000. Autoridades de la Fauba
argumentan que los montos bajos (96.000 pesos) serían prueba de que
los convenios no condicionan a la Facultad. Pero otros sectores lo
interpretan de forma opuesta: hasta por poca plata se dejan
condicionar. El fondo del asunto es la universidad pública y su
relación con el sector privado. Y un hecho objetivo: trabajar junto
a una multinacional denunciada por violar derechos indígenas.
El contrato con
Benetton fue muy cuestionado por la agrupación estudiantil Abriendo
Caminos, también (aunque más diplomáticamente) por el Frente
Amplio por una Nueva Agronomía (FANA).
Resistencias académicas
Resistencias académicas
El Grupo de
Estudio y Trabajo junto a comunidades Qom (GET-Qom) de la Fauba,
conformado por docentes y estudiantes de la Facultad, solicitó
formalmente en febrero la suspensión del convenio entre la Facultad
y Benetton. El GET-Qom trabaja hace años junto a la comunidad Potae
Napocna Navogoh (La Primavera) de Formosa.
En un carta
dirigida al decano Rodolfo Golluscio cuestionaron que “los
convenios entre la Fauba y la CTSA del grupo Benetton se desarrollan
sin ningún tipo de cuestionamiento, histórico, social ni político,
reproduciendo una formación acrítica de sus estudiantes de grado y
posgrado sobre los alcances de las acciones, investigaciones y
publicaciones que se generan, avalando de esta forma una historia de
genocidio, despojo e injusticia que se mantiene en el tiempo”.
El pedido de
rescisión se basó en fundamentos histórico-políticos respecto al
despojo del territorio mapuche. Citan la investigación del
historiador Ramón Minieri (libro “Ese ajeno sur”) donde aporta
pruebas de la ilegitimidad del título original de esas tierras
(adquirido en 1991 por Benetton).
También
recuerdan la vigencia de legislación que debiera proteger a los
pueblos indígenas. Desde la Constitución Nacional (artículo 75,
inciso 17), hasta la Ley 26160 (freno a los desalojos) y el Convenio
169 de la OIT.
“Los convenios
de Fauba-Benetton implican el desconocimiento de los antecedentes
históricos y de la legislación existente, vulnerando de ese modo
derechos de los pueblos indígenas en cuanto al acceso a los
territorios ancestrales y a sus recursos naturales, así como el
derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado. De
manera que se es partícipe voluntario o involuntario, de la
disgregación de un pueblo originario, de la pérdida de sus
territorios, de su cultura, de su lengua y de sus prácticas
ancestrales dificultando la reproducción de su vida cotidiana”,
resalta el escrito presentado ante las autoridades de la UBA.
Los integrantes
de el GET-Qom afirmaron que la universidad pública tiene como misión
y obligación que los frutos de su investigación y extensión estén,
en primer lugar, al servicio de los sectores más vulnerables,
excluidos, como lo son los pueblos indígenas y los pequeños
campesinos, y no al servicio de las grandes compañías que vulneran
los derechos de los sectores populares del campo.
Valorizaron que
durante la gestión de Golluscio se apoyó el trabajo de docentes
junto a comunidad indígenas y campesinas, y por ese mismo motivo
consideraron coherente la necesidad de que la Fauba no trabaje junto
a Benetton y otras empresas denunciadas por la violación de derechos
indígenas.
El escrito, de
cuatro páginas, finalizaba: “Solicitamos que se rescinda en forma
inmediata el convenio con la CTSA (Benetton) y no se vuelvan a
establecer nuevos convenios o vínculos en tanto se mantengan la
causas que fundamentan la actual solicitud. Lo hacemos con el
convencimiento de que esta acción será un aporte valioso en el
camino de reparación de tantos años de injusticia, despojos e
invisibilización de los pueblos indígenas”.
El debate
El Consejo
Directivo emitió dos dictámenes. Uno de mayoría, presentado por
los consejeros profesores de la gestión (encabezado por Golluscio)
que proponía renovar el convenio. Otro, de minoría, presentado por
consejeras representantes de graduados (de la lista llamada
“Integración”) y que pidió la rescisión.
Sobre dieciséis
integrantes, sólo tres votos se inclinaban por la cancelación del
contrato (consejeros de graduados y estudiantil -por el FANA-).
Desde el GET-Qom
ya consideraron un triunfo que la Fauba debata, por primera vez, el
accionar de una empresa denunciada por pueblos indígenas. Y
comenzaron a buscar apoyos extra universidad. De inmediato se sumaron
entidades que trabajan junto a pueblos indígenas, investigadores y
organismos de derechos humanos: Asociación de Abogados de Derecho
Indígena (AADI), Grupo d Apoyo Jurídico al Acceso a la Tierra
(Gajat), Grupo de Filosofía de la Biología (UBA) y el Instituto de
Ciencias Antropológicas (Facultad de Filosofía y Letras de la UBA),
entre otros.
El tratamiento
del convenio en el Consejo Directivo de la Fauba comenzó a hacer
cada vez más ruido. La sesiones son abiertas y las críticos
prometían llenar la sala. Dos adhesiones terminaron por inclinar la
balanza: el Premio Nobel de la Paz y titular del Serpaj, Adolfo Pérez
Esquivel, envió una carta pidiendo la suspensión del convenio. Y,
el último día, Verónica Heredia (abogada de la familia Maldonado)
avisó que Sergio (hermano de Santiago) también apoyaba el pedido de
cancelar el convenio.
El martes 5 de
junio fue el día de sesiones. La flamante decana, Marcela Gally,
informó la situación y, sobre tablas, presentó un tercer dictamen.
Planteó una fundamentación pro empresaria: “El valor académico
del convenio ha sido sumamente valioso desde el punto de vista de
generación de conocimiento científico, así como en la formación
de recursos humanos”. Defendió el trabajo junto a Benetton.
El dictamen de la
decana excusó a la Facultad en su accionar, pero también pidió la
no renovación del contrato.
Fue votado por
unanimidad (el Grupo GET-Qom rechazó la fundamentación).
Pro-Empresa
- El decano
saliente y responsable técnico del convenio, Rodolfo Golluscio,
reconoció que ya había avanzado en la renovación del contrato (aún
sabiendo que se debía aprobar en el Consejo Directivo). Lamentó que
se haya votado la cancelación y pidió que no se diera publicidad a
la decisión.
- La consejera
estudiantil por la agrupación Línea de Agronomía Independiente
(LAI, de derecha) cuestionó con enojo que la sociedad opine sobre el
accionar de la Facultad y, más enojada aún, rechazó que la
universidad pública tome decisiones según lo que sucede fuera de la
isla universitaria.
- La vicedecana,
Adriana Kantolic, se expresó en contra de la cancelación del
convenio. Incluso acusó a los solicitantes de haber tergiversado
información para obtener el apoyo de Pérez Esquivel y de
organizaciones indígenas. Kantolic, defensora del modelo
transgénico, es la responsable técnica de otros convenios con
empresas, entre ellas la cuestionada Monsanto.
Pequeño gran
triunfo
Monsanto,
Syngenta, Bayer, Aapresid y la Asociación de Semilleros Argentinos
(ASA) son algunas de las empresas del agronegocio que tienen
convenios (y financiamiento) con la Facultad de Agronomía de la
Universidad de Buenos Aires (Fauba), tal cual se reveló en distintas
notas en la revista MU. Las compañías impulsan un modelo con
consecuencias ambientales, sociales y sanitarias. Desde la Ley de
Educación Superior, sancionada durante el menemismo, la educación
pública quedó permeable al sector privado.
La cancelación
del convenio con Benetton es inédita en la Fauba. Es un triunfo de
docentes, graduados y estudiantes, que también cuestionan los
vínculos de la Facultad con compañías transgéncias, y le pusieron
así un freno a autoridades y docentes pro-empresas.
Fuente:
Darío Aranda, Chau Benetton de la UBA, 19/06/18, Lavaca. Consultado 20/06/18.
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