El abogado
peticionario ante la Comisión Interamericana de la medida cautelar
en favor de la familia Maldonado, dialogó con La Nueva Mañana.
Además, se refirió a la polémica por el Testigo E.
por Consuelo
Cabral
“Las machis me
dicen que me haga invisible. Que no hable. Que siga con mi trabajo en
este mundo sin temerle a las fuerzas que me quieren neutralizar pero
con menos exposición visual. Ellas son el canal de protección que
me brindan los antiguos y esto me ayuda mucho. En julio voy a
encontrarme de nuevo con ellas para que me sigan sanando y
protegiendo”. Lo que podría ser un dato de color en el testimonio
del abogado cordobés , Carlos “Chuzo” González Quintana no lo
es. Por el contrario, de alguna manera refuerza y explica porqué
fueron él y su colega Fernando Cabaleiro, quienes se pusieron al
hombro las denuncias por las brutales represiones que el Estado
nacional llevó contra las comunidades mapuches a comienzos de 2017,
antes de la desaparición y el posterior hallazgo sin vida de
Santiago Maldonado en el río Chubut. Y a pesar de la intentona de
Clarín -a través de todos los medios del grupo y con el periodista
Claudio Andrade como escriba oficial- de instalar que González
Quintana aprovechó el caso Maldonado para ganar fama, quienes
conocen a estos dos letrados saben que históricamente han
participado de distintos frentes de lucha, que incluyen desde
conflictos socioambientales hasta juicios de lesa humanidad,
generando fallos históricos incluso en la CSJN como el precedente
“kersich” que declara derecho humano el acceso al agua potable.
Por estos días,
junto a la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba,
González Quintana integra la mesa de diálogo frente al gobierno
provincial, por el conflicto de tierras en barrio Parque Esperanza,
donde sin orden judicial fueron desalojadas 134 familias, el pasado 1
de junio. Las topadoras demolieron sus casas, y hoy, como refugiados,
muchos de ellos viven y duermen en la capilla del barrio. Pero
volviendo al tema de las machis. González Quintana viaja a verlas
porque comparte su sistema de creencias. Lo mismo ocurrió cuando a
comienzos de 2017 fueron convocados con Cabaleiro por la Red de Apoyo
a Comunidades en Conflicto. Los abogados no dudaron. Cada uno desde
donde estaba viajó al sur. El “Chuzo” lo hizo junto su familia.
Recorrieron los dos mil kilómetros que separan a Córdoba de Chubut,
en el renault 19’ modelo 95, color blanco, gnc. Cuando llegaron se
encontraron con escenas y relatos tan desgarradores para ellos como
naturalizados por las comunidades que habían sido reprimidas. Las
imágenes de niños y niñas detenidos, con precintos en sus manos,
llorando, circularon por escasos medios.
Era pleno enero,
pleno verano. Durante el día González Quintana se iba a visitar a
las comunidades. “Hubo veces que pasaba días sin comunicarme con
mis hijos, pero ellos ya me conocen y saben que estaba adentro,
trabajando, tomando testimonios de la gente, yendo a las distintas
comisarías a intentar encontrar a los peñi y las lamien que habían
detenido, o que directamente no estaban. Una mujer ingresó
menstruando al calabozo, los policías advirtieron eso, uno le dijo
‘tomate tu propia sangre, india sucia’. Cuando esas mujeres
mapuche, imputadas por delitos que jamás cometieron, declararon en
la sala de audiencia y contaron las vejaciones, las humillaciones,
los golpes, el maltrato y el racismo que sufrieron, un policía que
custodiaba la seguridad de la sala (de origen mapuche) rompió en
llanto y se tuvo que retirar. Cuando vi eso, sentí lo mismo que me
tocó vivir en la megacausa de La Perla en Córdoba”.
Las represiones
de los días 10 y 11 de enero de 2017 en la pu lof en Resistencia y
en Vuelta del Río, departamento Cushamen, provincia de Chubut,
fueron de algún modo la antesala de lo que vendría después, y que
ya conocemos. La desaparición y aparición sin vida de Santiago tras
un operativo de Gendarmería. El asesinato por la espalda de Rafael
Nahuel a manos de Prefectura el 25 de noviembre mientras en 25 de
Mayo velaban los restos de Santiago. Los medios comenzaron a publicar
nombres que después de la represión del 31 de julio y el 1 de
agosto, se volvieron cada vez más familiares. El juez federal Guido
Otranto, la vocera mapuche Soraya Maicoño, Matías Santana, la
estancia Leleque de la transnacional textil Benetton, Cushamen otra
vez.
Desde ese
entonces ya estaban en terreno González Quintana y Cabaleiro,
observando lo que ocurría y denunciando, como puede hacerlo
cualquier ciudadano de la Argentina, ante la Comisión Interamericana
de los Derechos Humanos (CIDH) la represión ordenada por el juez
federal Otranto, y consentida por el ministerio de Seguridad de la
Nación, a cargo de Patricia Bullrich. El prólogo es extenso pero a
la vez necesario para entender el ensañamiento de Otranto, Ávila y
Bullrich con los abogados que -por azar o no- fueron los únicos
testigos con conocimiento en tratados internacionales y leyes que,
tras ver la represión, dieron cuenta ante la CIDH de lo que estaba
ocurriendo en el sur de nuestro país. Esa presentación y la que
hicieron luego, cuando Santiago desapareció el 1 de agosto,
desembocaron en medidas cautelares del organismo internacional hacia
el Estado argentino. Y si bien existen múltiples cautelares de la
Comisión Interamericana al Gobierno de Mauricio, este “llamado de
atención” no le salió gratis a los abogados. La ministra
Bullrich, a través de su asesor letrado Fernando Soto, los acusó de
cometer cinco delitos, entre ellos, “traición a la Patria”, una
figura que data del año 51’ y que tras la inclusión de los
Tratados Internacionales en Derechos Humanos, en la reforma
constitucional de 1994, carece de validez.
En ese marco,
González Quintana diálogo con La Nueva Mañana y explicó los pasos
judiciales que seguirán con Cabaleiro para afrontar las acusaciones,
además de adelantar que pedirán derecho a réplica en los medios
donde se los “difamó”. También se refirió a la polémica
desatada por el Testigo E -a quien él personalmente tomó
declaración cuando desapareció Santiago- y ratificó su postura,
similar a la de la familia del joven artesano, acerca de que “el
cuerpo fue plantado” en el lugar donde apareció.
- ¿Cuáles son
los delitos por los cuáles fueron denunciados por la ministra
Patricia Bullrich ante el juez federal Guido Otranto?
- La ministra de
Seguridad nos acusa de asociación ilícita y falsedad ideológica
estafa procesal. Todos son delitos que tienen que ver con
organizarse para delinquir e introducir elementos falsos a un proceso
judicial. Nosotros nunca introdujimos nada falso en la causa, porque
nuestra actividad siempre fue ante un organismo que tiene sede en
Washington y que no es judicial. En mi caso, hay otro delito más
que tiene que ver con la usurpación de títulos y honores, ya que se
me atribuye haber invocado a la APDH (Asamblea Permanente de Derechos
Humanos) sin tener representación. Este punto ya fue aclarado a
través de un comunicado por la misma APDH Córdoba, que explicó que
al momento de hacer la presentación yo sí formaba parte, que fui
miembro fundador del organismo, y que la sede Córdoba es autónoma e
independiente de la APDH nacional, ya que tiene personería jurídica
propia. En el caso del delito de traición a la patria hay dos puntos
importantes. Uno, que el Estado argentino se sometió después de la
reforma constitucional de 1994 a la órbita internacional de los
Derechos Humanos. No solamente a la ONU, sino también a la OEA. Y la
CIDH es un observatorio de Derechos Humanos, que depende de la OEA.
Su tarea es fiscalizar y controlar a los estados americanos que han
suscrito estos tratados internacionales. Entonces, esta ley del año
1951 que castiga a quienes denuncian a un Estado por haber violado
Derechos Humanos, no tiene validez. En realidad, y lo más
importante, es que las medidas cautelares -como por ejemplo la que se
sacó a favor de la familia Maldonado- no son sanciones para el
Estado sino que son medidas que protegen a las víctimas justamente
de las violaciones cometidas por los Estado. A nosotros nos acusan de
haber instado ante organismos internacionales sanciones hacia nuestro
propio país, Argentina. Y las cautelares son medidas protectoras de
las víctimas, no son sanciones para un Estado, mucho menos para un
gobierno. Esto significa engañar a la gente y politizar un asunto de
manera falaz y tendenciosa. En el caso Maldonado, la cautelar ordenó
al Estado buscar y hallar con vida a Santiago. La medida salió el 23
agosto. Además, ordenó abrir una investigación interna para
determinar la responsabilidad de Gendarmería en el hecho denunciado.
El estado incumplió con ambas exhortaciones. Nunca buscó a
Santiago y desde el primer día encubrieron a los responsables de
este crimen atroz. Nuestro trabajo consistió no en pedir sanciones
contra el Estado, sino en solicitar protección para las víctimas y
los testigos del hecho. Otra cosa que es importante destacar, es que
no hay una sola condena por traición a la patria en la historia
judicial de la Argentina. Nunca se aplicó esa ley. Nos la quieren
aplicar a nosotros. En los años 70 a los abogados que presentaban
hábeas corpus en favor de los presos políticos, los desaparecían.
En la actualidad nos criminalizan, nos exponen en los medios, nos
difaman, nos disciplinan. Nos quieren desactivar por nuestro perfil
profesional claramente en contra de este modelo opresor. Además,
Otranto nos impuso una sanción económica de 25 mil pesos por
agraviar su “investidura de juez”. Eso fue cuando nos presentamos
en el juzgado de Comodoro Rivadavia, para ponernos a disposición
tras enterarnos de las denuncias de Bullrich contra nosotros. Todos
los juzgados federales del país funcionan de 7:30 a 13.30 por
disposición de la CSJN, excepto los tres de Chubut. No lo sabíamos,
llegamos a las 13.18. No querían recibirnos el escrito. Finalmente
nos lo recibe un secretario. Lo firma y le pone el sello sobre el
capó de un auto, afuera. Y dos días después nos sanciona Otranto.
- ¿Qué fin
considerás que persigue el Estado con estas denuncias hacia ustedes?
- Intenta
instalar la hipótesis de una conspiración contra el Gobierno
nacional, simulando que nosotros quisimos desestabilizarlo
políticamente para incidir en las elecciones de octubre pasado. Eso
dijo el abogado de Patricia Bullrich, Fernando Soto en todos los
medios en donde se lo entrevistó. Un verdadero disparate. Incluso,
Soto nos acusó de formar parte de una organización integrada por
facciones del kirchnerismo y organismos de Derechos Humanos. Sin
embargo, quienes conspiraron y vulneraron derechos básicos como el
derecho a la intimidad fueron justamente el juez Guido Otranto y la
fiscal Ávila, quienes autorizaron escuchas ilegales interviniendo
los teléfonos de los testigos y las víctimas del caso. Fue así que
se “pincharon” las líneas no solamente de Sergio Maldonado sino
también las de Claudina Pillquiman -mamá del Testigo E-; el de una
joven que trabajaba en una biblioteca anarquista donde dormía
Santiago; y el de Ariel Garzi, amigo personal de Maldonado. Esto fue
previo al 19 de septiembre que es cuando nosotros presentamos
finalmente nuestra exposición ante la CIDH. Es a raíz de esas
escuchas ilegales que los periodistas Claudio Andrade, de Clarín y
Loreley Graffoglio de Nación, publican la parte que le conviene al
Gobierno de la conversación de mi colega Fernando Cabaleiro con
Ariel, donde mencionan al Testigo E y dicen que ‘habría reconocido
que mintió en su primer testimonio’ cuando todavía no había
declarado judicialmente. Antes de subir el testimonio, Otranto ya lo
conocía. Esto es tremendo, escalofriante.
- ¿En qué
momento le toman testimonio al Testigo E y qué les dice en esa
primera declaración, previo a que apareciera el cuerpo de Santiago?
- Lucas
Pillquiman es el nombre del Testigo E. La letra E se la pusimos
porque su testimonio es “esencial” en la causa. Es un pibe de 20
años, al que se le tomó declaración en Cushamen, territorio
mapuche, cuando ya no dejaban entrar a nadie. Él se acercó de forma
voluntaria, estaba encapuchado, y pidió hablar pero de forma
anónima, reservando su identidad y pidiendo protección y garantías,
cosa que solicitamos a la CIDH en el informe final. Fue
impresionante. “Yo estuve ese día. Yo estuve en la represión. Soy
uno de los siete que fue reprimido por la policía”, nos dijo.
Nosotros conocíamos a los que habían estado esa mañana del 1 de
agosto en pu lof pero éste era un testimonio fuerte, clave en la
causa. “Y vos quién sos”, le dije. Y ahí me contó que fue la
última persona que tuvo contacto físico con Santiago. Yo había
ido a receptar el testimonio de Matías Santana, pero Matías ese día
no estaba, entonces nos quedamos tomando unos mates en el puesto de
guardia, hacía un frío bárbaro. Todavía estaban nevados los
cerros. Ahí es que Lucas me cuenta que estaban cruzando el río
Chubut con Santiago, en un lugar donde había unos pozones, y que él
lo intenta ayudar, hasta que Santiago sólo desiste y le dice que
siga, que el se va a volver a la costa. Lucas llega a la otra orilla
y desde ahí, que no son más de 15 metros, escucha un disparo de
escopeta y el grito de ‘acá tenemos a uno’, a la vez que ve a
tres policías o gendarmes que lo suben a la loma y lo cargan en el
unimog. Ese dato es clave. Entre ese primer testimonio y la
declaración en el expediente de la causa, pasaron más de tres
meses. En el medio, apareció el cuerpo sin vida de Santiago, el 17
de octubre, dos días antes de las elecciones legislativas, y con
toda la operación mediática montada para tomar su declaración y
cambiarla. Lucas mantuvo su versión pero hasta la parte donde ve a
los tres efectivos. Seguir sosteniendo lo dicho era inmolarse. Es
decir, sacó la parte donde lo cargan porque se asustó, porque el
estado y el gobierno lo expusieron gravemente. También porque la
justicia nada hizo para preservar su integridad psicofísica. Había
aparecido el cuerpo, la autopsia arrojaba como causal de muerte
‘asfixia por inmersión’, y la operación de Clarín, a través
de Andrade era feroz y despiadada. Incluso antes de que apareciera el
cadáver de Santiago, lanzaron una versión mentirosa diciendo que
Lucas le había pedido al juez Lleral una recompensa para decir dónde
estaba el cuerpo, cosa que fue desmentida de forma total por Lleral.
Es decir, el Estado y Clarín, operaron juntos. Y en el medio un
chico con un temor tremendo, pero no por la represión o incluso por
la muerte de Santiago, porque para los mapuches estas represiones son
cotidianas y lamentablemente están naturalizadas. Lucas se asusta
por la exposición mediática y porque a Matías Santana, que vio lo
mismo, ya lo habían denunciado por falso testimonio. Cuando Lucas
nos contó lo que vio, hablaba tranquilo, como si fuera un hecho más,
no fueron más de 15 minutos, habló con frialdad.
- ¿Es por este
hecho que el Estado los acusa entonces de armar el testimonio del
Testigo E?
- Claro. El
Estado se agarra de la escucha telefónica que le hacen a Ariel
Garzi, amigo de Santiago, cuando habla con mi colega, Cabaleiro, un
día antes que nosotros presentemos el informe final ante la CIDH.
Esta conversación, que debe haber sido el 18 de septiembre, tenía
como objetivo chequear lo relatado por el Testigo E. Si bien me había
contado a mí lo que había visto, necesitábamos alguien más, de su
círculo de confianza, que nos dijera si conocía o no esto mismo que
Lucas nos contaba. Por eso es que Cabaleiro habla con Garzi y le
dice: “Che, Ariel, tenemos esta información. Vos nos la podés
confirmar? Y Ariel le dice ‘sí, sí, sí”. Y de eso se agarra el
Estado para hablar de “construcción de un testimonio falso”. De
igual modo, repito, nosotros nos manejamos fuera de lo judicial,
actuamos como ciudadanos ante un organismo internacional, sin embargo
nos acusan como si ese testimonio hubiera formado parte de la causa,
cosa que ocurrió tres meses después que nosotros hablamos con el
Testigo E, cuando en el mes de diciembre el juez Lleral le recepta
testimonio bajo juramento.
Fuente:
Consuelo Cabral, Caso Maldonado: “La denuncia del Estado por ir a la CIDH es inconstitucional”, 26/06/18, La Nueva Mañana.
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