La Provincia
invierte $20 por hectárea; la Nación, $304 en la Quebrada del
Condorito y los municipios, aún más fondos. Ambiente dice que está
subcalculado su número y tiene un proyecto para sumar alojamientos
en las reservas y así fomentar el turismo alternativo.
por Lucas Viano
Después de
Misiones, Córdoba es la segunda provincia con mayor superficie
incluida en algún área protegida. Sin embargo, hay enormes
diferencias de presupuesto y de gestión.
Estos espacios
son claves para proteger flora y fauna autóctona, pero también para
preservar cuencas hídricas y ser puntos de referencia para turismo y
recreación.
Salvo algunos
casos, la mayoría de las áreas protegidas de Córdoba sólo lo son
en el papel porque solamente cuentan con una normativa que las creó,
concluye un trabajo de egresados de instituciones superiores de
Córdoba y publicado en la revista Cardinalis de la Universidad
Nacional de Córdoba.
El estudio fue
realizado por Joaquín Páez, Joaquín Deon y Celeste Camacho. Los
autores apuntan que, cuando las áreas protegidas están gestionadas
exclusivamente por el Estado (nacional, provincial o municipal), sólo
el 13 por ciento cumple una real función de conservar un ecosistema.
En cambio, cuando
estos espacios están en manos de un municipio pero se incluye la
participación ciudadana, cerca de la mitad logra sus objetivos
ambientales.
Los recursos que
tiene cada área protegida son dispares. A nivel nacional, el Parque
Nacional Quebrada del Condorito cuenta con 304 pesos para gastar por
cada hectárea protegida. Su presupuesto 2017 fue de 11.368.908
pesos. Este año recibirá 567 mil pesos más, es decir, un
incremento del cinco por ciento. Dos tercios de los fondos están
destinados al personal.
El presupuesto
baja sensiblemente a nivel provincial. El trabajo calculó que cada
hectárea protegida bajo jurisdicción provincial cuenta con apenas
tres pesos. Sin embargo, desde la Secretaría de Ambiente de la
Provincia aseguran que la cifra es mucho más alta.
El estudio
realizó el cálculo en base a las 3.925.385 hectáreas preservadas
que tiene la provincia y por una estimación extraoficial de 10
millones de pesos.
Pero esta enorme
superficie incluye 2,9 millones de hectáreas de reservas cuyos
predios son privados. Son los casos de los Corredores Biogeográficos
del Caldén y del Chaco Árido y la Reserva Hídrica y Recreativa
Calamuchitana. Si se restan estos espacios, las áreas protegidas
exclusivas de la Provincia serían 1,27 millones de hectáreas.
A su vez, los 10
millones de pesos de presupuesto se quedan cortos, asegura Diego
Suárez, director de Conservación de la Biodiversidad y Recursos
Naturales de la Secretaría de Ambiente. “Cada año estamos
incrementando los fondos para poner en valor las áreas protegidas”,
dice.
“Estamos
intentando fortalecer estos espacios para fomentar el turismo
alternativo. El problema es que son sitios muy alejados, por lo que
la gente debe viajar mucho y hacer noche. Entonces estamos creando
unos módulos que servirán como vivienda para el guardaparque, una
sala de usos múltiples y 30 plazas de alojamiento en cada reserva”,
detalla.
En 2016 se
destinaron dos millones de pesos para recuperar la Reserva de la
laguna La Felipa (departamento Juárez Celman). En 2017 fueron seis
millones para este espacio y para el Refugio de Vida Silvestre Monte
de las Barrancas (Ischilín). Suárez estima que para 2018 se
destinarán 12 millones de pesos.
A estos montos
hay que sumar los fondos para el pago de los 33 guardaparques (con un
sueldo promedio de 20 mil pesos), más los gastos de mantenimiento.
El presupuesto total se acercaría a los 25 millones de pesos, es
decir, casi 20 pesos por cada una de las 1,27 millones de hectáreas
que están bajo la órbita provincial.
En las reservas
naturales bajo jurisdicción municipal hay diferencias marcadas. La
Reserva Natural Parque San Martín de la ciudad de Córdoba invierte
11 mil pesos por hectárea, mientras que el presupuesto de la Reserva
Los Quebrachitos de Unquillo es de 77 pesos. De todas formas, los
autores aclaran que el presupuesto asignado a un área protegida
depende de las acciones que se realicen para su conservación y no
siempre está relacionado con el tamaño.
“Un área
protegida urbana pequeña que dé prioridad a la educación ambiental
y a la concienciación puede requerir más presupuesto que una
reserva remota, que necesita una gestión menos activa”,
ejemplifican.
Los autores
destacan el trabajo de la Reserva Hídrica y Recreativa Los
Manantiales de Río Ceballos. Cuenta con un presupuesto alto -914
pesos por hectárea-, pero lo más importante es su gestión.
“La
movilización social y articulada con las ONG impulsó la creación y
reglamentación de la reserva. Cuenta con un Consejo de Gestión
Participativo, presupuesto propio, guardaparques asignados por
concurso público y actividades colaborativas de cartelería,
senderismo y recreación”, comentan.
Otros espacios
municipales que van por el mismo camino son las reservas Achiras,
Bell Ville, la comuna de La Rancherita y Las Cascadas, San Antonio de
Arredondo, Jesús María, Cosquín y Capilla del Monte.
“Lo superador
de estos modelos (de gobernanza colaborativa) es la
institucionalización de la participación ciudadana”, concluyen.
Sierras Chicas
sigue siendo zona caliente
Sierras Chicas
continúa perdiendo monte nativo debido al avance inmobiliario y a
los incendios. En este sector existen 12 áreas protegidas, pero sólo
tres tienen guardaparque y plan de manejo, según un estudio de 2016.
ONG, junto con la Provincia, municipios y Parques Nacionales crearon
un corredor. Estas reservas son vulnerables porque padecen incendios,
basurales, invasión de especies exóticas, emprendimientos mineros y
actividades recreativas, como los circuitos de motocrós. Solo el 20
por ciento de las más de 47 mil hectáreas son terrenos fiscales.
Sin un plan de manejo, los dueños de esos predios podrían avanzar
con más loteos u otra actividad que elimine el bosque nativo.
Fuente:
Lucas Viano, Áreas protegidas, con aportes muy desiguales, 04/02/18, La Voz del Interior. Consultado 07/02/18.
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