Greenpeace
denunció un masivo desmonte ilegal de familias ligadas a familiaries
y funcionarios del gobierno nacional.
por Mariano Pedrosa
Las topadoras
avanzan sin control en la provincia de Juan Manuel Urtubey. El bosque
nativo de Salta parece no estar protegido por la Ley de Bosques si la
tierra pertenece a los amigos y socios del gobernador.
La organización
ecologista Greenpeace denunció esta semana que la finca Cuchuy, cuya
tierra está protegida por la Ley Nacional de Bosques, recibió un
permiso especial del gobernador Urtubey para ser desmontada. La
propiedad pertenece a Alejandro Jaime Braun Peña, primo del jefe de
Gabinete de la Nación, Marcos Peña, “e integrante del directorio
de varias empresas de la familia Macri”. Otro de los dueños de la
Finca Cuchuy SA es Pablo Clusellas, actual Secretario de Legal y
Técnica de la Nación.
Alejandro Braun
Peña compró 10 mil hectáreas (la superficie de media ciudad de
Buenos Aires) con cuatro comunidades wichí dentro -Corralito,
Cuchuy, San José, y Chaguaral-, cuya manutención depende del
bosque que está siendo desmontado. Al momento de hacer la denuncia,
los miembros de Greenpeace, desde el lugar, informaron que ya se
habían desmontado 7000 hectáreas a pesar de la prohibición: “Esto
demuestra la urgente necesidad de una ley de delitos forestales que
considere un crimen el desmonte y el incendio intencional que se
lleva puestos los bosques y las comunidades”, declaró Hernán
Giardini, coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace.
A pesar de la
prohibición, ante el pedido del primo del jefe de Gabinete, el
gobernador Urtubey otorgó un permiso especial de rezonificación,
transgrediendo la ley nacional, como denuncia Greenpeace. No es la
primera vez que el gobernador Urtubey toma este tipo de decisiones,
ya antes benefició a su propio hermano, Facundo, y al presidente de
la Nación. Mauricio Macri es propietario de la Finca El Yuto,
cercana a la finca Cuchuy, que fue rezonificada, esto es, se cambió
su estatus de zona protegida para que pueda ser explotada.
Greenpeace
denuncia que en Salta, “los cambios de zonificación prediales
realizados ilegalmente por el gobierno de Salta para autorizar
desmontes en zonas protegidas por la Ley de Bosques alcanzan, como
mínimo, las 126.177 hectáreas (el equivalente a seis veces la
superficie de la ciudad de Buenos Aires)”.
La Ley de
Bosques, sancionada en 2007, que tiene por objeto determinar qué
zonas de Bosque nativo son aptas para el desmonte -para ser
utilizadas en la agricultura, ganadería o tala- y qué zonas deben
ser protegidas por su invaluable valor en la conservación de la
biodiversidad. Los mapas marcan con rojo aquellas zonas donde está
prohibido cualquier modificación; con amarillo las áreas que
tampoco pueden desmontarse, pero puede utilizarse en aprovechamiento
sostenible, turismo, recolección e investigación científica; y con
verde aquellas que pueden ser utilizadas para la producción, previo
permiso gubernamental con audiencia pública.
Las
rezonificaciones que avala el gobernador Urtubey cambian zonas rojas
o amarillas por verdes, contrariando la ley nacional, destruyendo la
integridad medioambiental, afectando los intereses de las comunidades
originarias. Todo esto en beneficio de unos pocos terratenientes,
como el primo del jefe de Gabinete, el secretario de Legal y Técnica
de la Nación y al propio presidente.
Giardini,
coordinador de la Campaña de Bosques de Greenpeace, advirtió:
“Somos nuevamente testigos de la impunidad con la que grandes
terratenientes violan la Ley de Bosques y deforestan donde no está
permitido con la complicidad de los gobiernos. Estos bosques, además
de concentrar muchísima biodiversidad, son la casa, el almacén y la
farmacia de varias comunidades indígenas. Destruirlos es un crimen”,
advirtió en relación al desmonte de la finca Cuchuy.
Esta estancia -informa Greenpeace- fue clasificada por el Ordenamiento
Territorial de Bosques Nativos de Salta en las Categorías I y II -ojo y amarillo-pero se cambió a la Categoría III -verde-
para poder deforestar 8.962 hectáreas.
Finalmente,
Greenpeace denunció que el proyecto de ley para penar este tipo de
delitos forestales realizados por los terratenientes, avalados por
autoridades políticas, se encuentra demorado por la diputada jujeña
María Gabriela Burgos, quien preside la comisión de Legislación
Penal.
Fuente:
Mariano Pedrosa @Pedrosa_mariano, En Salta continúa el desmonte a pedido de las familias Macri, Peña y Clusellas, 06/12/17, Tiempo Argentino.
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