Los
jueces Humberto Sánchez Gavier y María Inés del Carmen Ortiz
hicieron lugar a la medida cautelar pedida por los sojeros y la
justicia suspendió por 30 días la Resolución de la Comuna,
permitiendo las fumigaciones durante ese plazo.
por
Consuelo Cabral
Hace
poco más de un mes, el jefe comunal de Dique Chico, Nilo Pérez,
firmó la prohibición de aplicar agrotóxicos a menos de 1.000
metros del casco urbano de la localidad cordobesa. La resolución
comunal 242/17 creó en la localidad ubicada a 50 kilómetros de la
ciudad de Córdoba “una zona de resguardo ambiental”, en la que
está prohibido fumigar.
La
zona de resguardo abarca un mil metros a partir del límite de la
población urbana y de cualquier casa habitada de la localidad,
además de la Escuela Bernardo de Monteagudo, de Bajo Chico y el
Jardín de Infantes Mariano Moreno Anexo Bajo Chico.
Sin
embargo la lucha de los vecinos de Dique Chico contra las
fumigaciones llevadas a cabo por cinco productores de dicha comuna,
sufrió este miércoles un duro revés de la Justicia de Córdoba.
Los
jueces de la Cámara Contencioso Administrativa de Segunda
Nominación, integrada por Humberto Sánchez Gavier y María Inés
del Carmen Ortiz de Gallardo, hizo lugar a la medida cautelar pedida
por los sojeros y la justicia suspendió por 30 días la Resolución
de la Comuna, permitiendo las fumigaciones durante ese plazo, y a
partir del 2 de enero de 2018.
El
recurso de amparo fue interpuesto por los productores Fischer y
Dalmasso, entre otros, el pasado 15 de diciembre y busca que se
declare nula la disposición de la comuna. Los trabajadores
agropecuarios sostienen que la norma crea dos zonas más que se
encuentran bajo jurisdicción provincial, y en parte, de la
Municipalidad de Anisacate. Es por eso que afirman que la medida es
arbitraria e ilegal.
En su
escrito, la Justicia ordenó a los productores a presentar en un
plazo de 20 días hábiles judiciales, un informe "acerca de la
metodología, procedimientos y maquinarias utilizados en el
tratamiento, la aplicación y la disposición final de envases,
restos o desechos de los productos químicos y biológicos de uso
agropecuario y fitosanitarios, acompañando en su caso la
documentación acreditante de ello, que aún no hubiese sido agregada
al proceso".
Además,
los jueces pidieron otro informe en el mismo plazo al Ministerio de
Agricultura y Ganadería sobre "cada uno de los procedimientos
de inspección y fiscalización realizados en el marco de la Ley 9164
en la Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) creada por la Resolución N°
242/2017 de la Comuna de Dique Chico, que aún no se hubieren
adjuntado al Expediente", y le ordenó intensificar las acciones
de inspección y fiscalización en la zona de referencia. En el
informe el Ministerio deberá se explicar si la prohibición firmada
por Nilo Pérez es más restrictiva que la establecida en la Ley N°
9164.
Finalmente,
también ordenó al Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos
y al Ministerio de Salud dar cuenta de los informes llevados a cabo
en la Zona de Resguardo Ambiental (ZRA) sobre daño ambiental y la
salud de la población, "incluyendo los estudios epidemiológicos
que pudieren haberse realizado o que pudieren realizarse".
Cabe
destacar, que meses previos a la salida de la resolución, la
Asamblea de Vecinos Autoconvocados denunció que los productores, con
presencia de funcionarios del ministerio de Agricultura, fumigaron en
el campo de ingreso al pueblo, sin el aviso previo de 48 horas que
había sido establecido en la mesa de diálogo, para que puedan
alejarse de la zona. "No nos avisaron, por eso que estén los
funcionarios del ministerio es una burla", señalaron en aquella
oportunidad.
Apelación
de los vecinos
En
diálogo con La Nueva Mañana, el abogado Darío Ávila, que
representa a los vecinos de Dique Chico, dijo que "ésta es una
suspensión excepcional que se supone debe ser por única vez".
Ávila
agregó que "la aceptación de la cautelar implica un adelanto
de opinión de la Justicia, lo que ya sienta un criterio en el caso,
ya que los jueces priorizaron el negocio de los sojeros por sobre el
derecho a la salud de los vecinos".
En
ese sentido, el abogado especialista en conflictos socio ambientales,
indicó que apelarán la decisión de la Justicia en las próximas
horas.
Asimismo,
los vecinos denunciaron este jueves a través de un comunicado que el
ex jefe comunal Abel Cistaro presentó una carta documento a la
comuna para que dé marcha atrás con la resolución, "yendo en
contra de toda la comunidad que apoyó y pidió por esta resolución".
A la
vez señalaron que la decisión de los jueces no tuvo en cuenta a
ningún vecino, si no sólo los intereses de los productores. "Hoy
deberemos nuevamente cerrar nuestras ventanas y puertas o irnos de
nuestras casas, o también oler en el aire el veneno que entra a
nuestros cuerpos. Nuevamente nos opondremos, en las calles, en los
campos, en las redes sociales, en la plaza, cómo hemos hecho hasta
ahora. Pedimos a todas las organizaciones, medios y vecinos acompañen
este reclamo", señalaron.
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Fuente:
Consuelo Cabral, Dique Chico: la Justicia aceptó amparo de productores y volverán a fumigar, 28/12/17, La Nueva Mañana.
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