Uva bañada en veneno

Con la excusa del combate a la polilla de la vid, Mendoza habilitó fumigaciones aéreas inéditas con insecticidas que jamás se habían utilizado en ese tipo de cultivos. El programa de pulverizaciones ostenta fondos por $ 400 millones y beneficia a una sola empresa aplicadora. Destitución de técnicos que se oponen a esta práctica.

por Patricio Eleisegui

La excusa es el combate a una plaga tan voraz como invisible.

Porque sí: abundan los productores que hablan de la Lobesia botrana pero en lo cotidiano, en el territorio, el grueso de las voces reconoce jamás haber sufrido el problema de la polilla de la vid en sus cultivos. La inmensa mayoría no puede siquiera describir cómo es el gusano. Se teme a lo que no se ve pero que se presume está porque alguien lo dijo.

En concreto, la detección del flagelo por parte del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) hace más de tres años, con la posterior declaración de emergencia decretada a principios de 2017 por el organismo y su par local Instituto de Sanidad y Calidad Agropecuaria Mendoza (ISCAMEN), sirvió ahora de argumento para la apertura en Mendoza de una venta de pesticidas millonaria atada a una práctica tan peligrosa como inédita para la provincia: la fumigación aérea.

Por voluntad del SENASA y con fondeo del Ministerio de Agroindustria nacional, a fines de octubre comenzó en la zona cuyana la aplicación de cientos y cientos de litros del insecticida Coragen, un producto desarrollado por la estadounidense DuPont nocivo si se inhala y letal para los organismos acuáticos. No faltan las organizaciones que denuncian la potente residualidad del químico, que sigue presente en los racimos incluso hasta 30 días después de aplicado.

Si bien el organismo jamás presentó un detalle de la evolución de la Lobesia botrana, el ISCAMEN considera que, a través de sucesivas campañas de aplicaciones fijadas de forma unilateral por el organismo y notificadas prácticamente sin antelación, es necesario pulverizar 140.000 hectáreas de viñedos. Una campaña total si se toma en cuenta que la provincia totaliza alrededor de 200.000 hectáreas de uva.

En la hoja de ruta de las fumigaciones además se indica el uso de Bacillus Thuringiensis, una bacteria que también cumple funciones de insecticida.

Las aplicaciones en sí mismas están marcadas por irregularidades. Aunque el ISCAMEN informó que establecería una zona “buffer” de protección de zonas habitadas o cuerpos de agua de hasta 200 metros, en la práctica las fumigaciones comenzaron a hacerse sin que se respete límite de aplicación alguno.

Los mapas de áreas a proteger que dio a conocer la dependencia, según organizaciones como Crece desde el Pie, se caracterizan por la ausencia de detalles en términos de casas ubicadas en los puntos a fumigar, centros de salud cercanos, escuelas, o cursos hídricos.

Ya en lo que representa un atropello a la legalidad, a fines de noviembre el ISCAMEN incluso llevó a cabo pulverizaciones sobre plantaciones ubicadas en San Carlos, el único departamento de la provincia de Mendoza que mantiene vigente una ordenanza que prohíbe la aplicación de agroquímicos con aeronaves.

Una muestra de la acción, en este video:

Detrás del pretendido combate a la plaga se agiganta la figura del negocio. Como es habitual, concentrado en muy pocas manos. La implementación del programa de aplicaciones aéreas contempla el desembolso de al menos 400 millones de pesos provenientes del presupuesto de Agroindustria.

Quiénes actúan como proveedores oficiales de Coragen y Bacillus Thuringiensis es una incógnita que ISCAMEN aún se esfuerza por sostener. Sí se sabe la identidad de la primera gran beneficiaria de esta política agropecuaria: AeroTec, la única compañía a la que se le asignó la tarea de llevar a cabo todas las fumigaciones que se ordenen.

Para cumplir con esto, la compañía se permitió invertir en la compra de 4 aviones. Demasiado movimiento financiero para desarrollar una campaña que, según el organismo mendocino, abarcará a lo sumo 3 etapa de pulverizaciones y se detendrá ahí. A la vista queda que nada ocurrirá de esta forma y que la intención en ese territorio es perpetuar el mismo modo de producción atado a las lluvias de pesticidas que ya es tan común sobre todo en las áreas sojeras y maiceras de la Argentina.

AeroTec pertenece a los Cardama, una familia que durante años se dedico a la cría y comercialización de pollos y desde 1996 incursiona en el negocio aéreo mendocino con indiscutible supremacía sobre otras empresas.

Sobre todo en la última década, la firma se hizo con jugosos convenios con la Gobernación cuyana -algunos, concernientes a las habituales campañas antigranizo-, acuerdos de provisión de aparatos a la Fuerza Aérea, además del favoritismo político y económico para llevar a cabo festivales aéreos en Rivadavia, base de operaciones de AeroTec. En sus instalaciones tuvo lugar, este año, la realización de Feri Agro Industrial, la muestra en la que se presenta la nueva tecnología para, precisamente, la actividad agropecuaria provincial.

Medida injustificada

En cuanto se profundiza en las particularidades de la campaña que impulsa ISCAMEN, rápidamente queda a la vista lo irrelevante de medidas que representan un aliciente sólo para quienes comercializan pesticidas o tienen a su cargo la aplicación aérea de los químicos.

“La mayoría de los técnicos están de acuerdo en que la pulverización de esa forma no baja la presencia de la plaga. Para que sea efectivo, el producto tiene que tocar el racimo y eso hoy es imposible desde el aire: están tapados con hojas. La aplicación aérea es lo menos efectiva para este problema. Se podría hacer terrestre pero para anular eso se inventó que los productores no podrían implementar esa opción de manera homogénea. Chile, que tiene más experiencia en esto, descartó por completo la aplicación aérea. Incluso se recomienda el uso de feromonas para confundir a la especie antes que hacer esto con insecticidas”, explicó a Adelanto 24 Damián Moreno, referente de Crece desde el Pie.

Para el también productor, la autorización para las fumigaciones con Coragen y Bacillus Thuringiensis desde aviones no son más que la confirmación de que Mendoza va camino a sumarse al mapa nacional de distritos que sólo hacen agricultura con el bidón de pesticida en la mano. En definitiva, un área más que ingresa en la nómina de clientes de los grandes fabricantes de plaguicidas.

“Hoy es el Coragen, mañana seguirá el criterio para echar clorpirifos sobre los frutales. Nunca antes se habían hecho este tipo de pulverizaciones en Mendoza y ahora, por publicidad del Gobierno, parece que fuera la única alternativa. En la vid jamás se usaron insecticidas, siempre el inconveniente fueron los hongos a los que se trató con azufre y cobre. Con anuencia de las grandes bodegas, esto es el inicio del consumo de pesticidas por parte de los productores mendocinos de uva”, sintetizó.

Otra pasada de avión con pulverización directa sobre quienes denuncian:

Desde la Asamblea Por la Soberanía Alimentaria (APSA), la argumentación coincidió con lo dicho por Moreno. “Se está usando una metodología experimental para estos cultivos, prohibida en la Unión Europea y desaconsejada en Chile por sus efectos de deriva y baja eficiencia, donde las medidas de seguridad que reconoce ISCAMEN son prácticamente imposibles debido a la estructura rural de Mendoza (como lo demuestra la experiencia en estos días) pudiendo generarse un alto impacto en las poblaciones rurales y contaminación de las fuentes de alimentos de todos los mendocinos”, indicó la organización en un comunicado.

“Los agrotóxicos usados, aprobados por el SENASA dentro de la categoría menos tóxica (al igual que el glifosato), son de categoría mayor en otros países y no cuentan con estudios sobre la salud del ambiente y las personas a largo plazo, por lo que no sabemos si pueden generarnos enfermedades crónicas o congénitas”, añade el texto.

Un detalle de relevancia que debe adicionarse: en Mendoza, las pulverizaciones con Coragen fueron habilitadas y comenzaron a desarrollarse sin la realización de experiencias previas que indiquen cuál es el efecto del pesticida sobre los organismos que no son considerados blanco.

Contaminación a la vista

Los efectos negativos de la estrategia que sostiene el ISCAMEN quedaron a la vista muy pocos días después de concretada la primera fumigación aérea sobre los viñedos mendocinos.

En ese sentido, un estudio llevado a cabo por el Centro de Investigaciones del Medio Ambiente (CIMA), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de La Plata, concluyó que las aguas en torno a las vides ya están contaminadas con clorantranilipol, el principio activo del Coragen.

“… se observa que aún varios días posteriores a la fumigación el compuesto sigue estando presente en los cuerpos de aguas. Al no contar con niveles guías para aguas de consumo que regulen este compuesto en Argentina se recomienda considerar los valores regulados para la Comunidad Europea de 100 nanogramos/litro con lo que las muestras excederían este valor regulatorio”, destaca el documento del CIMA surgido del monitoreo en Cuyo.

En diálogo con quien aquí escribe, Damián Marino, doctor en Química y especialista del CIMA, comentó que el impacto de las pulverizaciones que vienen haciéndose desde octubre “es evidente” en el ecosistema, y que esto “aparece reflejado sobre todo en los reservorios de agua”. El experto destacó, además, la falta de precisiones oficiales en torno a las dosis que se están aplicando.

“Se tomaron muestras de agua antes y después de las fumigaciones. Uno de los casos comprende incluso estanques de productores. La deriva primaria mostró concentraciones elevadas. Esto, claro, más allá de que se estableció la aplicación de un insecticida que el mismo fabricante en el marbete indica que no es recomendable para la uva”, explicó el experto.

El último aspecto que hay que sumar a este cóctel de despropósitos que hoy se vienen acumulando en Mendoza corresponde a la persecución de especialistas que han osado exponer lo nocivo del método propuesto.

En esa dirección, durante la semana del 20 de noviembre tuvo lugar el apartamiento de Laura Costella, hasta ese momento jefa de agencia de la representación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) en La Consulta, departamento de San Carlos.

El motivo de tal acción lejos estuvo de guardar relación alguna con cuestiones referidas a su desempeño laboral cotidiano: Costella fue separada de su cargo por haber participado en calidad de oyente -y no como integrante del INTA- de una de las sesiones en las que se trató la posterior prohibición de efectuar fumigaciones aéreas sobre, precisamente, San Carlos.

Las organizaciones que pugnan por erradicar el uso de pesticidas en esa zona de Mendoza aseguran que la destitución de la responsable técnica resultó consecuencia de presiones ejercidas tanto por Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) como por la filial de la Sociedad Rural Argentina (SRA) en el Valle de Uco.

Fuente:

Patricio Eleisegui, Uva bañada en veneno, 29/11/17, adelanto24.com