por Medardo
Avila Vázquez
Hace cinco años
se dictó la sentencia por las fumigaciones que contaminaban a las
5.000 personas que viven en Bº Ituzaingó anexo del sureste de la
ciudad de Córdoba, finalmente la Justicia cordobesa reconocía que
allí los agrotóxicos del agronegocio de cultivos de soja y maíz
transgénicos contaminaban el ambiente amenazando la salud de las
personas. Gran cantidad de enfermos de cáncer y una anormal
distribución espacial de los casos fueron pruebas contundentes de
esta contaminación. La sentencia trajo algo de alivio a la
población, sobretodo en el sentido de que desde ese momento ya no se
podría fumigar nunca más esos campos. Pero las secuelas de dolor,
enfermedad y muerte quedaron en el barrio y aún persisten.
El reclamo para
que Paren de Fumigar, que tenía más de 12 años, recién era
escuchado y esta lucha encabezada por las “Madres de Bº Ituzaingó”
se convirtió en un ejemplo para muchos pueblos fumigados que hoy se
levantan reclamando que dejen de fumigarlos y enfermarlos. Desde
entonces más de 400 pueblos han dictado sus propias normas jurídicas
(ordenanzas) impidiendo las fumigaciones periurbanas y disminuyendo
la exposición a agrovenenos de su población, 150 de estos pueblos
son de Córdoba; pero estas medidas, aunque necesarias y útiles, aun
son insuficientes.
En el último año
aumentó un 17 % el volumen de agrotóxicos que el agronegocio aplica
sobre los argentinos por año, volumen que ya alcanza a 400 millones
de kilos, mientras que los índices de cáncer, abortos y
malformaciones congénitas no dejan de aumentar en el interior del
interior del país, como fue verificado por análisis epidemiológicos
realizados por el Ministerio de Salud de la Nación conocidos en 2015
poco antes del cambio de gobierno.
En 2007, junto
con otros colegas, fuimos los responsables de la Secretaria de Salud
de la Municipalidad de Córdoba y ante nosotros concurrieron las
Madres de Ituzaingó reclamando por la salud amenazada de sus hijos,
nuestra respuesta ética fue detener la contaminación y las
fumigaciones en Bº Ituzaingó, proceso que culminó en el juicio a
las fumigaciones del año 2012.
Hoy otro equipo,
encabezados por Gabriel Acevedo, está frente a la cartera de Salud
de la ciudad mientras una enorme destilería de bioetanol de la
empresa Porta Hnos. procesa maíz del agronegocio afectando duramente
la salud de los vecinos de Bº San Antonio y alrededores, pero hoy la
respuesta de la secretaria de Salud es negar los enfermos, ocultar
los niños malformados y proteger los intereses comerciales de la
empresa privilegiándolos sobre el derecho a la salud de los vecinos.
Nuevamente las madres y habitantes de Bº San Antonio reclaman
justicia en defensa de sus derechos humanos básicos, como antes en
Bº Ituzaingó.
Medardo
Avila Vázquez es exsubsecretario de Salud de Córdoba. Querellante en Causa de las
Fumigaciones.
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