Denuncian al
subsecretario de Energía Hidroeléctrica Jorge Marcolini. En peligro
están el glaciar Perito Moreno, el Macá Tobiano y el patrimonio
arqueológico. Las represas “sin grieta”.
por Roberto Andrés
Miembros de
organizaciones conservacionistas, políticas y de comunidades
tehuelches se reunieron el pasado jueves para denunciar
irregularidades en el estudio de impacto ambiental que habilitaría
la construcción de las megarrepresas Néstor Kirchner y Gobernador
Cepernic, diseñadas sobre el río Santa Cruz.
Las denuncias son
contra el subsecretario de Energía Hidroeléctrica Jorge Marcolini,
a quien se le acusa de cometer los delitos de abuso de autoridad,
incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones
incompatibles con la función pública. Piden la nulidad del estudio
elaborado por Marcolini.
El megaproyecto
pondría en riesgo a los glaciares Perito Moreno, Upsala y
Spegazzini: “Las represas inundarán áreas prioritarias e
irremplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces
migradores, contribuirá a la extinción a una especie endémica como
el Macá Tobiano (declarado monumento natural de la provincia) y
sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio
arqueológico de la Patagonia”, señalaron las organizaciones.
Las
organizaciones son Aves Argentinas, Fundación Ambiente y Recursos
Naturales, Fundación Vida Silvestre, Fundación Flora y Fauna
Nativa, Fundación Naturaleza para Futuro y Banco de Bosques, quienes
junto a Sergio Nahuelquir, de la comunidad tehuelche Mapu Per Jur, el
senador Pino Solanas, el presidente de la Asociación de abogados
ambientalistas de la Argentina Enrique Viale y el profesor de
glaciología Juan Pablo Milana (Conicet), se reunieron en audiencia
pública para denunciar el caso. También estuvo presente, por parte
del Frente de Izquierda, la dirigente Ivana Nazer (PO), de Santa
Cruz, quien se comunicó por teleconferencia desde las instalaciones
del Hospital SAMIC de la ciudad de El Calafate.
Marcolini, juez y
parte
En el ojo de la
tormenta se encuentra Jorge Hugo Marcolini, quien asumiera el 10 de
diciembre de 2015 como subsecretario de Energía Hidroeléctrica,
dependiente del Ministerio de Energía y Minería de Aranguren. A
Marcolini se le acusa de cometer los delitos de abuso de autoridad,
incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones
incompatibles con la función pública.
Esto se debe a
que Marcolini en su calidad de funcionario público ha sido el
responsable de recibir desde el Estado el estudio de impacto
ambiental (EIA) que habilitaría la construcción de las
megarrepresas. Sin embargo, a su vez, también ha sido el responsable
de presentar al propio Estado el mencionado estudio: en un primer
momento como jefe del Departamento de Ingeniería Sanitaria de la
consultora IATASA, una constructora de megaemprendimientos
industriales, como las represas, y cuya primera versión del EIA fue
rechazada por falencias, omisiones y errores técnicos; y en un
segundo momento como director de Emprendimientos Energéticos
Binacionales (EBISA), una sociedad anónima de capitales estatales,
ya que el 99 % de sus acciones pertenecen al Ministerio de Energía,
mientras que el resto a Nucleoeléctrica Argentina SA (la compañía
que produce y comercializa la energía generada por las tres
centrales nucleares del país). Ocurre que al momento de publicar el
segundo estudio de impacto ambiental, EBISA no se encontraba
inscripta en el Registro de Consultores de Impacto Ambiental
perteneciente al Ministerio de Ambiente. A esto se suma que Marcolini
posee $ 657.017,53 en acciones de IATASA. También tiene $6.392
invertidos en acciones de Central Puerto S.A., que opera en distintas
centrales termoeléctricas del país, y es miembro fundador -con $ 90
mil- de la sociedad Añelo 30-2015, una inmobiliaria, desarrolladora
y constructora con un nombre referido al pueblo sobre el que se monta
el gigantesco yacimiento de shale gas Vaca Muerta.
Frente a ese
conflicto de intereses, los denunciantes pidieron la nulidad del
estudio de impacto ambiental hecho por EBISA. “El hecho de que
Jorge Marcolini continúe, como subsecretario de Energía
Hidroeléctrica, a cargo de la revisión del proyecto
’Aprovechamientos Hidroeléctricos del Río Santa Cruz’, da
cuenta de la nulidad de todo este procedimiento. Su falta de
independencia y la violación a la Ley de Ética Pública tornan
cualquier decisión del Ministerio de Energía y Minería de la
Nación vinculada al proyecto hidroeléctrico en cuestión, nula de
nulidad absoluta”, señalaron a Infobae, Solanas y Viale días
previos a la audiencia pública.
Irregularidades
en el estudio de impacto ambiental de EBISA
Uno de los temas
de debate en la audiencia pública pasada fue el estudio de impacto
ambiental. “Son numerosas las críticas al estudio presentado”,
señalaron las organizaciones conservacionistas en un comunicado tras
la audiencia. “Pero en principio consideramos que está incompleto,
porque no cumple una de las pautas específicas del contrato firmado
por el Estado argentino con la República Popular China, en el cual
queda de manifiesto que el estudio debe hacerse con las dos represas
hidroeléctricas junto con la evaluación de impacto ambiental del
tendido eléctrico. Este último está ausente en los informes
presentados”, denunciaron.
El propio
Ministerio de Ambiente en su Informe Técnico reconoce que no se ha
realizado la ampliación del estudio del megaproyecto que incluya la
línea de AT de 500 KV, por lo que de proseguir la obra se estaría
infringiendo la Ley General de Ambiente.
Uno de los
expositores en la audiencia pública fue Juan Pablo Milana,
investigador principal del Conicet, doctor en Ciencias Geológicas y
profesor de glaciología de la Universidad Nacional de San Juan.
Según Milana, los datos del estudio de impacto ambiental de la
represa Néstor Kirchner -la más cercana al Lago Argentino, cuyas
aguas se sitúan en el Parque Nacional Los Glaciares- se encuentran
adulterados, lo que pondría en riesgo a los glaciares Perito Moreno,
Upsala y Spegazzini, afectando en consecuencia la biodiversidad en el
último río glaciario que corre libre de la cordillera al mar.
Para el
investigador, lo más peligroso del diseño de la represa es la
posibilidad de embalsar agua muy por encima del nivel definido como
mínimo para el Lago Argentino. Milana también indicó que el
estudio reconoce que los caudales del lago Argentino y del río Santa
Cruz dependen principalmente del derretimiento de nieves glaciares,
pero no analiza el potencial impacto sobre los glaciares: “Es un
glaciar de gran fragilidad y ante un evento externo, como lo es
modificar la presión del agua en la punta por efecto de la represa,
podría provocar un desequilibrio y hacer que colapse. Nadie hasta
ahora constató científicamente que eso no vaya a pasar”, declaró
a Infobae días previos a la audiencia.
Por su parte, el
Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias
Ambientales, dependiente del Conicet, remarcó: “La revisión
preliminar del informe de EBISA sugiere que existen importantes
inconsistencias y omisiones en la información relativa a los
glaciares de la cuenca del río Santa Cruz, lo que consideramos
debería ser objeto de un estudio específico”.
Según las
organizaciones, lo más alarmantes es que si las represas no son
operadas de manera precisa, podrían elevar la cota del lago
Argentino muy por encima de su altura normal, impactando seriamente
sobre el Parque Nacional Los Glaciares. “La empresa responsable de
este manejo es la misma que fue sancionada por el Banco Mundial por
‘mala praxis’ y ha sido inhabilitada para adjudicarse cualquier
contrato financiado por esta entidad por fraude y corrupción. Que el
futuro del glaciar Perito Moreno dependa de esta empresa es
inadmisible. El proyecto no garantiza que, bajo cualquier
circunstancia, no va a haber impacto sobre el lago Argentino y los
glaciares”, afirma Pedro Friedrich de Banco de Bosques.
Efectivamente, la
china Gezhouba fue sancionada por el Banco Mundial y el Banco
Interamericano de Desarrollo por operaciones fraudulentas y mala
praxis en diversos proyectos, y es responsable por las desastrosas
consecuencias ambientales de la construcción de una represa sobre el
río Yangtsé, en China.
Como si fuera
poco, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó
recientemente un convenio marco de colaboración con Gezhouba. Si
bien los detalles del acuerdo están todavía por definirse, este
habilita a la utilización de los “recursos humanos, profesionales
y técnicos de la UBA para el emprendimiento”. Las otras empresas
beneficiadas con el acuerdo son Hidrocuyo y Electroinegienría, esta
última propiedad del empresario kirchnerista Gerardo Ferreya, quien
junto a Lázaro Báez y Cristóbal López formaban el triángulo
empresarial de la ´década ganada´.
Daños
irreparables al patrimonio natural y cultural
“Este proyecto
es cuestionable por razones institucionales, económicas y
ambientales”, denunció el senador Pino Solanas. Andrés Nápoli,
de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales, alertó sobre la
falta de garantías sobre el daño ambiental que producirán las
represas y el riesgo institucional de llevar adelante un proyecto con
un estudio de impacto ambiental incompleto, y solo impulsado por un
condicionado contrato con el Estado chino.
Existen numerosos
casos en el mundo donde el daño ambiental ha significado la
desaparición de especies como delfines, peces migradores y aves
acuáticas. Algunos ejemplos mundiales han tenido lugar en China. El
delfín del río Yangtze (el tercer río más largo del mundo) sufrió
las consecuencias de los emprendimientos hidroeléctricos sobre el
río, constituyendo el primer caso documentado de extinción de
megafauna. En Argentina se extinguió el Pato Serrucho, una especie
de la región paranaense, a raíz de la construcción de la represa
sobre el arroyo Urugua-í, en la mencionada provincia.
Hernán Casañas,
de Aves Argentinas, destacó la extrema fragilidad del área: “No
hay compensación posible para un área tan frágil e importante que
se destruye como el estuario del río Santa Cruz”. Según Casañas,
“la Administración de Parques Nacionales elaboró un informe
diciendo que la mayor parte del río Santa Cruz es un área
prioritaria para la conservación. Y la Unión Internacional para la
Conservación de la Naturaleza (UICN) envió una nota al presidente
Mauricio Macri expresando su preocupación por la construcción de
las represas y la conservación del Macá Tobiano”.
El Macá Tobiano
es un ave endémica de la Patagonia Austral. Desde su descubrimiento
en 1974 se ha convertido en un símbolo de la naturaleza silvestre y
la conservación en la Patagonia. Su población hoy no supera los 800
individuos, lo cual significa que la población decreció más de un
80 % en los últimos 25 años, por lo que podría extinguirse en la
próxima década.
“Hace diez años
todos los ambientalistas hablábamos del cambio climático y se nos
reían en la cara. Hoy está en todos los discursos de funcionarios.
Ojalá en diez años no estén todos lamentando las represas”,
sentenció Casañas.
Para Andrés
Nápoli, de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), “toda
actividad humana genera impacto en el ambiente. Lo importante es
discutir qué impacto estamos dispuestos a soportar como sociedad.
Estas represas son inconvenientes porque se puede producir la misma
energía con otras fuentes que incluso promoverían mayor y mejor
empleo. Además son necesarias políticas de eficiencia energética
que podrían desarrollarse con la inversión que van a tener estas
represas. Sin embargo, el gran motor de la construcción de las
represas sobre el río Santa Cruz no es la energía que producirán
las represas, sino el contrato cerrado con China, que condiciona el
futuro de todos los argentinos y argentinas”.
Además, el Plan
de Gestión Ambiental presentado en el estudio de EBISA no evalúa
alternativas energéticas al proyecto hidroeléctrico en cuestión, a
pesar de que el Manual de Gestión Ambiental para Obras Hidráulicas
con aprovechamiento energético establece la necesidad de un análisis
de alternativas.
Según el Régimen
de Fomento Nacional para el uso de Fuentes Renovables de Energía,
las megarrepresas Kirchner y Cepernic no pueden ser consideradas
energía renovable, ya que generarán 1310 MW, mientras que la Ley
27.191 establece que “el límite de potencia establecido por la
presente ley para los proyectos de centrales hidroeléctricas, será
de hasta cincuenta megavatios (50 MW)”.
Las megarrepresas
representan una forma de energía obsoleta en el mundo actual,
denuncian las organizaciones. En países como Estados Unidos o la
India se están demoliendo represas a fin de que los ríos vuelvan a
correr libres y, en otras partes, como Chile o Brasil se han
cancelado grandes proyectos hidroeléctricos. Incluso, al contrario
de los lagos naturales, los embalses tienden a inundar grandes
extensiones de materia orgánica que, en la medida que se va
descomponiendo, produce dióxido de carbono, metano y óxido nitroso.
Además, reciben de los ríos abundante materia orgánica, y
nutrientes como nitrógeno y fósforo; lo que estimula la producción
de gases contaminantes.
Representantes de
los pueblos originarios de la zona también estuvieron presentes en
la audiencia pública. Sergio Nahuelquir, de la comunidad tehuelche
Mapu Per Jur, afirmó: “Estamos en total desacuerdo con la
construcción de estas megarrepresas, sobre todo en la forma en que
se quieren llevar adelante e instalar sobre el río Santa Cruz, ya
que no coincide con la forma de vida que tenemos los pueblos
originarios, aunque tal vez a una parte de la población no le
interesa mucho. Pero algo a lo que no estamos acostumbrados nosotros
es a hipotecar, a coartar, a vender o a comprometer el futuro de
nuestras poblaciones. La idea de condicionar la biodiversidad no nos
parece aceptable”.
Un informe
técnico presentado por la Comisión Nacional de Lugares y Bienes
Históricos del Ministerio de Cultura explica que las medidas de
mitigación contenidas en el estudio de impacto ambiental de EBISA
“no guardan relación con la magnitud de la pérdida irreversible
de patrimonio arqueológico que provocará la construcción de las
represas”. Y no se han completado las tareas de rescate del
material arqueológico, un patrimonio cultural que quedará
sumergido.
Las
organizaciones denuncian que “las represas sepultarán
definitivamente bajo el agua pinturas rupestres y petroglifos
estampados con belleza por grupos que habitaron hace casi diez mil
años esta meseta esteparia. Un sitio particularmente sensible es el
cañadón de Yaten Guajen, que en la lengua tehuelche quiere decir
‘piedra pintada’. Será importante e histórico, pero quedará
inundado si se construye el embalse Jorge Cepernic. Se trata de un
daño permanente desde el punto de vista arqueológico. No sólo hay
dibujos de manos, pies y de fauna en las paredes de las montañas,
aleros y cuevas, sino que también hay gran cantidad de material
lítico y restos óseos. Los pobladores que allí vivieron eran
cazadores recolectores, que se sostenían gracias al guanaco”.
Otro aspecto por
el que se cuestionan las megarrepresas es que estas desprecian la
generación de empleo sustentable vinculado a servicios turísticos y
que pongan énfasis en el paisaje y los valores culturales. Incluso,
el proyecto ya no pertenece a la provincia, pues esta solo se quedará
con un 12 % de las regalías, lo que representa apenas un aumento del
0,25 % del presupuesto con el que cuenta Santa Cruz.
Tampoco es
consistente la oferta laboral y el empleo de calidad que promoverá
la construcción de las represas: “Según Marcos Peña dicho
proyecto estimulará la creación de 6.000 y 6.500 puestos de
trabajo. El pliego de licitación de la obra requiere que un 80 % de
esta mano de obra sea satisfecha por trabajadores de la provincia de
Santa Cruz”, indicaron las organizaciones conservacionistas. “Sin
embargo, la evidencia a nivel internacional es que el porcentaje de
contratación de mano de obra nacional (ya que no siempre proviene de
la localidad donde se emplaza la obra), en los casos más promisorios
es del 70 %, y en diversos proyectos han emergido denuncias sobre
conflictividad laboral vinculados a dificultades en el pago y
maltrato”, denunciaron.
Un megaproyecto
“sin grieta”
Algo que
señalaron los denunciantes como “muy llamativo es que todas las
voces escuchadas a favor del proyecto correspondieron a funcionarios
de diversos organismos nacionales y provinciales, mientras que las
personas interesadas, ciudadanos de Santa Cruz y los representantes
de las organizaciones de la sociedad civil se manifestaron en contra
de las represas. Cabe preguntarse ¿qué intereses representan y
defienden esos funcionarios si se contradicen con las voces de la
sociedad civil?”.
“Este proyecto
tiene muy escasa oposición política”, declaró Manuel Jaramillo,
de la Fundación Vida Silvestre. “Su mejor ventaja ha sido cerrar
la famosa grieta. Es por ello que seguramente deberemos esperar que
la justicia se expida a favor de la libertad del río Santa Cruz”.
Jaramillo también señaló que “no existió consulta previa e
informada a los pueblos originarios. Pero se considera que es posible
remover o inundar una gran cantidad de sitios arqueológicos que son
testigos de su cultura. En este contexto no puede considerarse válido
este estudio de impacto ambiental”.
Ivana Nazer
declaró por su parte en la audiencia pública: “Dicho proyecto no
obedece a un proyecto nacional de desarrollo de nuestra economía (no
asegura trabajo genuino, no resuelve la crisis energética, no
responde a un plan de industrialización de la provincia, ni reúne
el nivel de prioridad en comparación a otros proyectos energéticos
del país), por lo tanto el proyecto económico obedece a un interés
de resarcimiento de una multinacional y no del mejoramiento de la
condiciones de vida del conjunto de la población”. En
teleconferencia desde las instalaciones del Hospital SAMIC de la
ciudad de El Calafate, Nazer señaló que “quienes dirigen e
imponen su agenda en esta situación son los empresarios chinos. Esto
corresponde tanto para el mandato de Macri como para el pasado
gobierno kirchnerista”.
Fuente:
Roberto Andrés @RoberAndres1982, Represa Néstor Kirchner: conflicto de interés y daño irreparable al patrimonio natural y cultural, 25/07/17, La Izquierda Diario. Consultado 25/07/17.
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