Neuquén. Las quemas a
cielo abierto de Real Work en Huincul siguieron ante la inacción de
autoridades ambientales. Ignoraron las leyes. Denuncian mortandad de
animales por precario acopio.
por Ítalo Pisani y Javier Lojo
Las quemas a
cielo abierto de mantas empetroladas de Real Work no sólo tuvieron
la “vista gorda” de autoridades ambientales frente a un delito.
También generaron un daño en tierras de pastoreo de la comarca
petrolera que aún no fue calculado pero que se traduce -según
testimonios- en animales muertos y flora autóctona destruida.
Como ya reveló
este diario, Real Work es una empresa que fue bendecida por el gremialista y senador Guillermo Pereyra y por reglamentaciones oficiales que la dejaron en una condición casi monopólica. Fue
generosamente beneficiada por la petrolera YPF que le facturaba por
el producto más de 50 millones de dólares al año, pese a que lo
cuestionaba por ineficaz y contaminante. La firma, constituida por un
ex empleado municipal de Cutral Co, no fabrica las mantas ni cumplió
con la obligación de destruirlas en hornos especiales, pese a que
estaba anotada como “tratadora” en los registros oficiales.
Las
incineraciones de mantas vienen siendo padecidas por habitantes de
Plaza Huincul y Cutral Co desde hace cinco años. Concejales,
legisladores y vecinos hicieron denuncias públicas y exigencias de
explicaciones a la empresa y Medio Ambiente. Hasta hubo un debate en
la Legislatura. Nada detuvo a Real Work.
Las autoridades
ambientales de la provincia -con facultades sancionatorias asignadas
por ley- exhibieron una laxa actitud desde la gestión del ex
funcionario Ricardo Esquivel.
Familiar del ex
secretario de Energía y actual asesor de Pereyra, Guillermo Coco,
Esquivel es señalado por varios empresarios productores y
distribuidores de mantas, como responsable de que su área haya sido
una barrera infranqueable para los aspirantes a competir con Real
Work. Como se reveló días atrás, sus propuestas se veían
discriminadas o entorpecidas por “absurdos requisitos” y demoras,
con la evidente consigna de que no lograran ingresar al negocio
millonario que ostentó por más de un lustro la empresa apadrinada
por Pereyra.
La presión de
los últimos años hacia Real Work por sus quemas en Huincul hizo que
la empresa anunciara un cambio de localización del acopio de las
mantas. Sin embargo, las incineraciones a cielo abierto continuaron
en el nuevo destino, según documentó fotográficamente “Río
Negro” el 18 de junio.
Precisamente, las
precarias condiciones de acopio en el campo alternativo (cedido por
un empleado jerárquico de Real Work que hoy está en litigio con los
empresarios) son las que habrían provocado la muerte de unos 80
chivos y algunos zorros, así como la destrucción de áreas de
pastoreo y arbustos autóctonos.
Las nuevas
imágenes a las que accedió este diario son penosas: trozos de
mantas, plumas y nylon riegan el paisaje y asfixian molles, jarillas
y matasebos, mientras yacen en el terreno restos de chivas madres y
bebés con señales de haberse intoxicado con hidrocarburo,
probablemente como consecuencia de la ingesta de plumas absorbidas de
crudo, gasoil y químicos.
Impresiona otra
imagen: unas cuatro hectáreas repletas de mantas embebidas en
petróleo se acumulan hasta dos metros de altura. Muy cerca, una cava
pone al descubierto el lugar donde se hacían las incineraciones, hoy
con un manto de tierra que oculta la evidencia.
Un arsenal de
leyes
¿Qué hicieron
durante cinco años la provincia y el municipio de Huincul ante
quemas que todo el mundo veía, padecía y denunciaba y frente al
deterioro del medio ambiente que se generaba sin solución de
continuidad?
Todo indica que
el arsenal de decretos y leyes que Neuquén elaboró durante 27 años
para la preservación ambiental de cara al impacto hidrocarburífero
no fue siquiera considerado para detener los estragos de Real Work.
Las explicaciones
a semejante laxitud del deber de funcionario público sólo pueden
ser la negligencia o la complicidad.
Una fuente
calificada de la empresa reconoció a este diario haber recibido un
día un llamado de un inspector de Medio Ambiente provincial que le
anunciaba: “En 15 días vamos a auditarlos”. Cuando, inquieto,
trasladó el mensaje a uno de los dueños, éste le respondió:
¡Tranquilo. Tengo todo arreglado... ¿No te das cuenta? Te están
dando la fecha para que antes acomodes las cosas”.
Resulta evidente
que con algunos de los nueve instrumentos que se detallan en nota
aparte podía haberse prevenido, impedido y sancionado un daño de
las características generadas por el inadecuado acopio e
incineración ilegal de las mantas oleofílicas.
También el área
ambiental del municipio de Huincul tenía facultades para actuar.
Había adherido por ordenanza a las leyes 2267 y 2600. Al parecer
aplicó a RW un par de multas, una de ellas por 200.000 pesos. Pero
no mucho más.
Los que alzaron
su voz
Fue largo y poco
exitoso el periplo de los escasos concejales y legisladores que se
animaron a denunciar a Real Work, aun a sabiendas de que ingresaban a
un camino minado, por los vínculos empresa-sindicato y por las
amistades con funcionarios.
A fines de 2014 el entonces legislador José Rioseco reclamó ante el ex secretario de Ambiente Ricardo Esquivel explicaciones sobre la empresa Real Work.
La legisladora Teresa Rioseco (bloque FPN UNE) denunció quema de mantas y derrames de piletas cerca de poblaciones. También, incumplimientos de la empresa en el transporte y transformación de esos residuos hasta su disposición final. El planteo fue aprobado por unanimidad en sesión del 3 de noviembre.
Una vecina de la comarca petrolera realizó una denuncia ante el fiscal Gastón Liotard, quien ordenó allanar la planta de RW. Se colectó evidencia de quemas.
El 20 de noviembre de 2014, el Concejo de Huincul exigió a Medio Ambiente del municipio que informe si la empresa cumplía con las normas ambientales, si hubo inspecciones y si había estudio de impacto ambiental.
Los concejales de Huincul Carlos Matzquin (Libres del Sur) y Bruno Camprubi (NCN), entre otros, hicieron reclamos por las quemas. El primero reveló que la firma no les permitió ingresar “con el argumento de que se atentaba contra la fuente laboral”. También el legislador Jesús Escobar (Libres del Sur) bregó por que se cumplan las normas ambientales y se jerarquice el área.
“Río Negro” investigó las múltiples empresas que crearon familiares, empleados y amigos del gremialista y senador Guillermo Pereyra.
Éstas cubren los variados nichos del negocio petrolero y del gremio. Facturan millones de pesos.
Una de las firmas apadrinada por Pereyra es Real Work, distribuidora de mantas absorbentes de hidrocarburos.
Reglamentaciones de la provincia privilegiaron a RW, creada por un ex empleado municipal.
RW recibió más de $ 2.000 millones de YPF, pese a que la petrolera estatal cuestionó sus productos.
Competidores quisieron entrar en el negocio, pero enfrentan trabas de la provincia.
Las mantas empetroladas fueron quemadas a cielo abierto. No hubo sanciones.
Para entender el
caso
Real Work siempre
fue una empresa impenetrable. Sus teléfonos, página web y mails no
resultan accesibles para cualquiera. Los dueños Jorge Cárdenas
Negro y Jorge Rubio son, en la práctica, inhallables.
La cara más
visible que tuvo por varios años la empresa fue la de Javier
Rodríguez, un empleado jerarquizado durante más de una década y
conocido ciclista de la comarca.
En los momentos
de mayor presión institucional y de la prensa local por las quemas
de Real Work, Rodríguez acercó un salvavidas a Cárdenas Negro: le
cedió -alquiló en realidad- un campo de su propiedad a 18
kilómetros de Huincul, suficientemente alejado de la planta
cuestionada que la empresa tenía muy cerca de las urbanizaciones.
Sin embargo, en
ese campo alternativo las quemas continuaron hasta hace pocos meses,
según revelaron fotos del lugar y confirmó el propio Rodríguez. Es
en ese lote donde pueden verse miles de mantas empetroladas
arrumbadas y donde aparecieron los animales muertos.
Este empleado hoy
mantiene un litigio con la empresa. Reclama dinero adeudado. Fue
denunciado por Real Work y su domicilio allanado. “Me empezaron a
perseguir. Me inventaron una denuncia por extorsión por el sólo
hecho de que les quería cobrar lo que me debían hace dos años”.
Rodríguez
asegura poseer boleto de compraventa y otra documentación que avala
la compra del campo de 2.000 hectáreas a una antigua familia del
lugar hace tres años. En su interior hay un yacimiento que explota
YPF: Ralquin Co. El campo fue habilitado en mayo pasado por
organismos de la provincia para uso de la empresa, motivo por el cual
ésta logró semanas atrás que abrieran la tranquera que Rodríguez
había cerrado.
El área de Medio
Ambiente del Neuquén, definida como autoridad de aplicación de las
normas, tenía a su disposición abundante normativa, que ignoró:
la ley provincial 1875 de 1990, que estableció los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente.
la Ley 2267 de 1998, que modifica textos de la primera.
el Decreto 2656 que reglamenta la Ley 1875 y describe minuciosamente acciones.
la Ley 2683 de “Fondo ambiental”.
la 2183 de “Servidumbre por daños ambientales”.
las leyes 2600 y 2735 de “Actividades hidrocarburíferas”.
la Ley 2648 de “Residuos sólidos urbanos”.
la Ley 2666 sobre “locación seca, control de sólidos y tratamiento de lodos”.
y el decreto nacional 831/93 reglamentario de la Ley 24051 de “Residuos peligrosos”.
En particular, el
Decreto 2656 con los anexos reglamentarios de la Ley 1875 parece
suficiente para hacer sentir rigor frente a, ya no lo inadmisible,
sino a un delito.
El anexo X, artículo 4 establece la prohibición de descargas: “Los Municipios implementarán medidas tendientes a evitar la descarga de residuos sólidos” en “cualquier sitio público o privado, no autorizado a tal fin”.
El artículo 9 fija condiciones para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos con algunos de estos métodos: enterramiento sanitario, relleno sanitario, estabilización biológica, recuperación de materiales e incineración (...) siempre que el sistema empleado evite el deterioro del ambiente”.
El anexo VII, capítulo II, artículo 11, inciso h) señala que “los materiales de desecho “deberán ser incinerados periódicamente o acumulados en containers para luego ser trasladados para su tratamiento final. No deberán ser incinerados materiales peligrosos”.
El anexo VII, título III, capítulo VIII, artículo 33, inciso a) plantea expresamente: “En todas las locaciones alejadas de centros poblados, todos los desechos que sean incinerables (...) se deberán destruir ya sea en hornos o excavaciones preparadas para este objeto”.
En tanto, la Ley 2267 de 1998, norma expresamente sobre contaminación del suelo, medidas de recuperación y contaminación de la atmósfera.
Sobre este último punto el artículo 11 dice: “No se podrán incorporar o emitir efluentes al aire, que contengan agentes físicos, químicos o biológicos (...) que afecten el bienestar de la población”. En el Título II de esa ley se establece la autoridad de aplicación (Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable), y se desarrolla en su Título III un régimen de sanciones a quienes infrinjan la ley (apercibimientos, amonestaciones públicas, multas”).
Fuente:
Ítalo Pisani, ipisani@rionegro.com.ar, Javier Lojo jlojo@rionegro.com.ar, Mantas petroleras: el daño ambiental que no se quiso ver, 18/07/17, Río Negro. Consultado 21/07/17.
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