viernes, 21 de julio de 2017

Mantas petroleras: el daño ambiental que no se quiso ver

Neuquén. Las quemas a cielo abierto de Real Work en Huincul siguieron ante la inacción de autoridades ambientales. Ignoraron las leyes. Denuncian mortandad de animales por precario acopio.

por Ítalo Pisani y Javier Lojo

Las quemas a cielo abierto de mantas empetroladas de Real Work no sólo tuvieron la “vista gorda” de autoridades ambientales frente a un delito. También generaron un daño en tierras de pastoreo de la comarca petrolera que aún no fue calculado pero que se traduce -según testimonios- en animales muertos y flora autóctona destruida.

Como ya reveló este diario, Real Work es una empresa que fue bendecida por el gremialista y senador Guillermo Pereyra y por reglamentaciones oficiales que la dejaron en una condición casi monopólica. Fue generosamente beneficiada por la petrolera YPF que le facturaba por el producto más de 50 millones de dólares al año, pese a que lo cuestionaba por ineficaz y contaminante. La firma, constituida por un ex empleado municipal de Cutral Co, no fabrica las mantas ni cumplió con la obligación de destruirlas en hornos especiales, pese a que estaba anotada como “tratadora” en los registros oficiales.

Las incineraciones de mantas vienen siendo padecidas por habitantes de Plaza Huincul y Cutral Co desde hace cinco años. Concejales, legisladores y vecinos hicieron denuncias públicas y exigencias de explicaciones a la empresa y Medio Ambiente. Hasta hubo un debate en la Legislatura. Nada detuvo a Real Work.

Las autoridades ambientales de la provincia -con facultades sancionatorias asignadas por ley- exhibieron una laxa actitud desde la gestión del ex funcionario Ricardo Esquivel.

Familiar del ex secretario de Energía y actual asesor de Pereyra, Guillermo Coco, Esquivel es señalado por varios empresarios productores y distribuidores de mantas, como responsable de que su área haya sido una barrera infranqueable para los aspirantes a competir con Real Work. Como se reveló días atrás, sus propuestas se veían discriminadas o entorpecidas por “absurdos requisitos” y demoras, con la evidente consigna de que no lograran ingresar al negocio millonario que ostentó por más de un lustro la empresa apadrinada por Pereyra.

La presión de los últimos años hacia Real Work por sus quemas en Huincul hizo que la empresa anunciara un cambio de localización del acopio de las mantas. Sin embargo, las incineraciones a cielo abierto continuaron en el nuevo destino, según documentó fotográficamente “Río Negro” el 18 de junio.

Precisamente, las precarias condiciones de acopio en el campo alternativo (cedido por un empleado jerárquico de Real Work que hoy está en litigio con los empresarios) son las que habrían provocado la muerte de unos 80 chivos y algunos zorros, así como la destrucción de áreas de pastoreo y arbustos autóctonos.

Las nuevas imágenes a las que accedió este diario son penosas: trozos de mantas, plumas y nylon riegan el paisaje y asfixian molles, jarillas y matasebos, mientras yacen en el terreno restos de chivas madres y bebés con señales de haberse intoxicado con hidrocarburo, probablemente como consecuencia de la ingesta de plumas absorbidas de crudo, gasoil y químicos.

Impresiona otra imagen: unas cuatro hectáreas repletas de mantas embebidas en petróleo se acumulan hasta dos metros de altura. Muy cerca, una cava pone al descubierto el lugar donde se hacían las incineraciones, hoy con un manto de tierra que oculta la evidencia.

Un arsenal de leyes
¿Qué hicieron durante cinco años la provincia y el municipio de Huincul ante quemas que todo el mundo veía, padecía y denunciaba y frente al deterioro del medio ambiente que se generaba sin solución de continuidad?

Todo indica que el arsenal de decretos y leyes que Neuquén elaboró durante 27 años para la preservación ambiental de cara al impacto hidrocarburífero no fue siquiera considerado para detener los estragos de Real Work.

Las explicaciones a semejante laxitud del deber de funcionario público sólo pueden ser la negligencia o la complicidad.

Una fuente calificada de la empresa reconoció a este diario haber recibido un día un llamado de un inspector de Medio Ambiente provincial que le anunciaba: “En 15 días vamos a auditarlos”. Cuando, inquieto, trasladó el mensaje a uno de los dueños, éste le respondió: ¡Tranquilo. Tengo todo arreglado... ¿No te das cuenta? Te están dando la fecha para que antes acomodes las cosas”.

Resulta evidente que con algunos de los nueve instrumentos que se detallan en nota aparte podía haberse prevenido, impedido y sancionado un daño de las características generadas por el inadecuado acopio e incineración ilegal de las mantas oleofílicas.

También el área ambiental del municipio de Huincul tenía facultades para actuar. Había adherido por ordenanza a las leyes 2267 y 2600. Al parecer aplicó a RW un par de multas, una de ellas por 200.000 pesos. Pero no mucho más.

Los que alzaron su voz
Fue largo y poco exitoso el periplo de los escasos concejales y legisladores que se animaron a denunciar a Real Work, aun a sabiendas de que ingresaban a un camino minado, por los vínculos empresa-sindicato y por las amistades con funcionarios.
A fines de 2014 el entonces legislador José Rioseco reclamó ante el ex secretario de Ambiente Ricardo Esquivel explicaciones sobre la empresa Real Work.
La legisladora Teresa Rioseco (bloque FPN UNE) denunció quema de mantas y derrames de piletas cerca de poblaciones. También, incumplimientos de la empresa en el transporte y transformación de esos residuos hasta su disposición final. El planteo fue aprobado por unanimidad en sesión del 3 de noviembre.
Una vecina de la comarca petrolera realizó una denuncia ante el fiscal Gastón Liotard, quien ordenó allanar la planta de RW. Se colectó evidencia de quemas.
El 20 de noviembre de 2014, el Concejo de Huincul exigió a Medio Ambiente del municipio que informe si la empresa cumplía con las normas ambientales, si hubo inspecciones y si había estudio de impacto ambiental.
Los concejales de Huincul Carlos Matzquin (Libres del Sur) y Bruno Camprubi (NCN), entre otros, hicieron reclamos por las quemas. El primero reveló que la firma no les permitió ingresar “con el argumento de que se atentaba contra la fuente laboral”. También el legislador Jesús Escobar (Libres del Sur) bregó por que se cumplan las normas ambientales y se jerarquice el área.
Río Negro” investigó las múltiples empresas que crearon familiares, empleados y amigos del gremialista y senador Guillermo Pereyra.
Éstas cubren los variados nichos del negocio petrolero y del gremio. Facturan millones de pesos.
Una de las firmas apadrinada por Pereyra es Real Work, distribuidora de mantas absorbentes de hidrocarburos.
Reglamentaciones de la provincia privilegiaron a RW, creada por un ex empleado municipal.
RW recibió más de $ 2.000 millones de YPF, pese a que la petrolera estatal cuestionó sus productos.
Competidores quisieron entrar en el negocio, pero enfrentan trabas de la provincia.
Las mantas empetroladas fueron quemadas a cielo abierto. No hubo sanciones.
Para entender el caso
Real Work siempre fue una empresa impenetrable. Sus teléfonos, página web y mails no resultan accesibles para cualquiera. Los dueños Jorge Cárdenas Negro y Jorge Rubio son, en la práctica, inhallables.

La cara más visible que tuvo por varios años la empresa fue la de Javier Rodríguez, un empleado jerarquizado durante más de una década y conocido ciclista de la comarca.

En los momentos de mayor presión institucional y de la prensa local por las quemas de Real Work, Rodríguez acercó un salvavidas a Cárdenas Negro: le cedió -alquiló en realidad- un campo de su propiedad a 18 kilómetros de Huincul, suficientemente alejado de la planta cuestionada que la empresa tenía muy cerca de las urbanizaciones.

Sin embargo, en ese campo alternativo las quemas continuaron hasta hace pocos meses, según revelaron fotos del lugar y confirmó el propio Rodríguez. Es en ese lote donde pueden verse miles de mantas empetroladas arrumbadas y donde aparecieron los animales muertos.

Este empleado hoy mantiene un litigio con la empresa. Reclama dinero adeudado. Fue denunciado por Real Work y su domicilio allanado. “Me empezaron a perseguir. Me inventaron una denuncia por extorsión por el sólo hecho de que les quería cobrar lo que me debían hace dos años”.

Rodríguez asegura poseer boleto de compraventa y otra documentación que avala la compra del campo de 2.000 hectáreas a una antigua familia del lugar hace tres años. En su interior hay un yacimiento que explota YPF: Ralquin Co. El campo fue habilitado en mayo pasado por organismos de la provincia para uso de la empresa, motivo por el cual ésta logró semanas atrás que abrieran la tranquera que Rodríguez había cerrado.

El área de Medio Ambiente del Neuquén, definida como autoridad de aplicación de las normas, tenía a su disposición abundante normativa, que ignoró:
la ley provincial 1875 de 1990, que estableció los principios rectores para la preservación, conservación, defensa y mejoramiento del medio ambiente.
la Ley 2267 de 1998, que modifica textos de la primera.
el Decreto 2656 que reglamenta la Ley 1875 y describe minuciosamente acciones.
la Ley 2683 de “Fondo ambiental”.
la 2183 de “Servidumbre por daños ambientales”.
las leyes 2600 y 2735 de “Actividades hidrocarburíferas”.
la Ley 2648 de “Residuos sólidos urbanos”.
la Ley 2666 sobre “locación seca, control de sólidos y tratamiento de lodos”.
y el decreto nacional 831/93 reglamentario de la Ley 24051 de “Residuos peligrosos”.
En particular, el Decreto 2656 con los anexos reglamentarios de la Ley 1875 parece suficiente para hacer sentir rigor frente a, ya no lo inadmisible, sino a un delito.
El anexo X, artículo 4 establece la prohibición de descargas: “Los Municipios implementarán medidas tendientes a evitar la descarga de residuos sólidos” en “cualquier sitio público o privado, no autorizado a tal fin”.
El artículo 9 fija condiciones para el tratamiento y disposición final de los residuos sólidos con algunos de estos métodos: enterramiento sanitario, relleno sanitario, estabilización biológica, recuperación de materiales e incineración (...) siempre que el sistema empleado evite el deterioro del ambiente”.
El anexo VII, capítulo II, artículo 11, inciso h) señala que “los materiales de desecho “deberán ser incinerados periódicamente o acumulados en containers para luego ser trasladados para su tratamiento final. No deberán ser incinerados materiales peligrosos”.
El anexo VII, título III, capítulo VIII, artículo 33, inciso a) plantea expresamente: “En todas las locaciones alejadas de centros poblados, todos los desechos que sean incinerables (...) se deberán destruir ya sea en hornos o excavaciones preparadas para este objeto”.
En tanto, la Ley 2267 de 1998, norma expresamente sobre contaminación del suelo, medidas de recuperación y contaminación de la atmósfera.
Sobre este último punto el artículo 11 dice: “No se podrán incorporar o emitir efluentes al aire, que contengan agentes físicos, químicos o biológicos (...) que afecten el bienestar de la población”. En el Título II de esa ley se establece la autoridad de aplicación (Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable), y se desarrolla en su Título III un régimen de sanciones a quienes infrinjan la ley (apercibimientos, amonestaciones públicas, multas”).
Fuente:
Ítalo Pisani, ipisani@rionegro.com.ar, Javier Lojo jlojo@rionegro.com.ar, Mantas petroleras: el daño ambiental que no se quiso ver, 18/07/17, Río Negro. Consultado 21/07/17.

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