por Horacio Riggi
El Gobierno
parece no tener miedo a que lo juzguen por dar marcha atrás. Pasó
de cuestionar y casi dar de baja, en el inicio de su gestión, al
megaproyecto de las represas patagónicas Néstor Kirchner y Jorge
Cepernic, a respaldarlas, como lo hizo ayer.
Pero detrás del
cambio hay una historia. Si bien oficialmente se dijo que lo que se
pidió desde un principio es que se cumpla con las normas
ambientales, lo cierto es que la obra nunca fue del agrado de
Mauricio Macri. El solo hecho de que las represas estén vinculadas
por proyecto, nombre y empresarios que la ejecutarán con el gobierno
anterior, bastó para incomodar al Presidente.
Pero si Macri
necesitaba un motivo para frenar la construcción, lo tuvo casi en su
primer acto de Gobierno. Corría diciembre de 2015 y en el sur de
Chile fallecía por un accidente en kayak, Douglas Tompkins,
ecologista y ex empresario, que era dueño en la Argentina de una
gran cantidad de hectáreas en Corrientes y en la Patagonia.
La viuda de
Tompkins, Cristine Mc Divitt, fue recibida en la Casa Rosada días
después de la tragedia. De la reunión también participó Sofía
Heinonen, autoridad máxima de la ONG Conservation Land Trust,
fundada por el multimillonario y dedicada a comprar tierras privadas,
donarlas y convertirlas en parques nacionales.
En la reunión,
de la que también participaron otros funcionarios del Gobierno, el
presidente se habría comprometido a estudiar el impacto ambiental
que podrían provocar las represas si se realizaban tal cual el
proyecto presentado. En la empresa constructora Electroingeniería,
que junto con Hidrocuyo y la china Gezhouba Group Corporation, forman
la UTE Represas Patagonia, siempre sospecharon que fruto de esa
reunión la obra se frenó.
¿Pero qué
cambió para que Macri cambie? En principio, se realizó el trabajo
ambiental y las represas ahora tendrán menos turbinas aunque
generarán la misma cantidad de energía. Sin embargo, la sospecha
del cambio es otro. La construcción de las represas está atada a un
compromiso del gobierno de China de desembolsar u$s 4714 millones y
no construirlas significa un costo alto: por ejemplo, quedarse sin
otros financiamientos como la rehabilitación de ramales ferroviarios
y otras obras de infraestructura que suman alrededor de u$s 20.000
millones y también dependen, en principio, del gobierno oriental.
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Fuente:
Horacio Riggi, Giro en las represas: una decisión cruzada por compromisos ambientales y necesidades de financiamiento, 21/07/17, El Cronista. Consultado 24/07/17.
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