por Daniel Díaz
Romero
El viernes
pasado, diversas organizaciones vinculadas a la conservación y
protección del medio ambiente y al montañismo, presentaron
reclamos, en la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de la
provincia de Córdoba, solicitando que las Áreas Naturales
Protegidas provinciales cuenten con gestión efectiva, planificación
de manejo y ordenamiento territorial de usos.
Estas
presentaciones cobraron impulso a partir de los recientes sucesos
relacionados con un proyecto de explotación minera en la Reserva
Hídrica Provincial de Achala, en el acceso al macizo de Los
Gigantes, que tuvo gran repercusión pública y que fuera desactivado
gracias a la fuerte presión ciudadana.
Aquellos sucesos
abrieron un debate entre las organizaciones, sobre el estado de
gestión de las áreas naturales protegidas cordobesas,
particularmente, el de las Reservas Hídricas.
El consenso
unánime señaló problemas crónicos, que se extienden por décadas
en estas áreas, como el sobrepastoreo ganadero, la minería,
reiteradas quemas ilícitas de campos y falta de ordenamiento de la
actividad turística.
Desertización de
las montañas
Las Reservas
Hídricas cumplen un rol vital para la sociedad cordobesa. Allí, en
menos del 5 % de la superficie provincial, nacen el 70 % de los
ríos, que abastecen a más del 60 % de la población humana. Además,
los caudales de los ríos sirven a la producción eléctrica y son
determinantes para el aprovechamiento turístico de los balnearios.
Los territorios
protegidos serranos se siguen destinando principalmente a la cría
ganadera, en un modelo generalizado de fuerte presión de pastoreo y
uso del fuego, lo que reduce significativamente la cobertura vegetal
protectora del suelo.
El suelo al
quedar expuesto, tiene reducida severamente su capacidad de
infiltración y de retención del agua de lluvia, pero además, su
erosión es constante e irreversible.
Las
organizaciones señalaron que científicos de la Universidad Nacional
de Córdoba y del CONICET demostraron que el sobrepastoreo y las
quemas de campos son causantes de la retracción de nuestros bosques
nativos y, peor aún, de la erosión activa de nuestro suelo. Todo
esto conduce paulatinamente a la “desertización” de las
montañas, convirtiendo praderas y bosques nativos en roca expuesta.
Dicho en términos simples: cada kilogramo de ternero producido de la
manera tradicional en las Reservas Hídricas (y en otros territorios
serranos), conlleva el costo de un importante volumen de nuestro
suelo, que se pierde para siempre.
La pérdida del
suelo de las cabeceras de cuencas hídricas y el mal rendimiento
hídrico actual, son problemas por demás graves para nuestra
sociedad: los cordobeses hemos padecido, en los últimos años,
crisis por falta de agua en invierno y primavera y desastrosas
crecidas de verano, que pudieron haber sido atenuadas si hubiésemos
contado un ambiente saludable en las Reservas Hídricas.
Además, la
erosión por quemas y por sobrepastoreo contribuye a la eutrofización
y colmatación de embalses, agravando el mal estado de lagos como el
San Roque. Claramente, por todos estos motivos fueron creadas
nuestras Reservas Hídricas, de acuerdo a lo que señala la Ley.
Pero, como sabemos, nunca se pusieron en funcionamiento efectivo
mediante planes de gestión, manejo, uso, fiscalización y monitoreo:
no hay -ni ha habido- diferencias en lo que ocurre dentro y fuera de
sus límites.
Menos ganado y
más agua
Paradójicamente,
el volumen de ganado que aportan las sierras al total provincial es
muy bajo y es, además, una actividad que tiene relativamente baja
rentabilidad económica, pero que está afectando muy negativamente
el rendimiento hídrico de nuestras montañas. Las sierras, nuestras
“fábricas de agua” deberían estar produciendo mayores flujos
hídricos de calidad y menos terneros. Se necesita reducir la
cantidad de ganado que pastorea allí y sumar a los productores en la
regulación de la escorrentía hídrica.
Para solucionar
la deficitaria regulación hidrológica de las Reservas Hídricas,
algunos de los peticionantes recomendaron seguir modelos de gestión
de cuencas hídricas montañosas que son exitosos en otros países,
consistentes en pagos por servicios ecosistémicos. Es decir, allí
donde nacen los ríos, en lugar de ganar dinero produciendo terneros
de manera no sustentable, los productores podrían ganar su sustento
prestando servicios en la regulación de la escorrentía hídrica en
sus propios campos. A partir de un simple cálculo de negocio, se
observa que mediante estos sistemas de gestión, los productores
podrían obtener una rentabilidad no inferior que con la ganadería,
pudiendo ser muy superior. Ordenamiento territorial de la producción.
Regulación del balance hídrico. Producción de servicios
ecosistémicos. En eso consiste una Reserva Hídrica.
Fuegos ilícitos
Entre los
problemas señalados para algunas áreas protegidas provinciales se
destacan los fuegos ilícitos vinculados a la quema de pasturas.
Según registros del Parque Nacional Quebrada del Condorito (PNQC),
en los últimos años hubo un promedio de más de un fuego atribuible
a quemas ilícitas de campos por semana, en su vecina la Reserva
Hídrica Provincial de Achala (RHPA). Por otra parte, es preocupante
el avance de especies exóticas (introducidas), en estas áreas,
particularmente el pino, el crataego o el cotoneaster, entre otras, y
animales como el jabalí europeo, que degradan severamente el
ecosistema y que afectan negativamente el recurso hídrico.
Minería y
turismo desordenado
Otra muestra
evidente del déficit de gestión de las áreas protegidas
provinciales son las actividades mineras. No se trata solamente de
aquel proyecto reciente, que la ciudadanía rechazó, y que la
autoridad provincial debió haber rechazado inmediatamente sin dar
prosecución al trámite, de acuerdo a los términos de la Ley 6.964
(Régimen de Conservación de Áreas Naturales).
En efecto, hay
antecedentes de explotación minera en la RHPA. Por ejemplo, está
oficialmente documentado que, entre 2009 y 2010, se activó una
explotación minera de cuarzo en plena RHPA, muy cerca del PNQC, con
autorización provincial, que ha permanecido activa durante mucho
tiempo.
En cuanto al uso
turístico, la falta de ordenamiento y la débil presencia
institucional, propician otra clase de problemas. Vemos gente no
idónea transitando fuera de senderos, sin equipo adecuado, sin
supervisión, en sectores como Los Gigantes o el cerro Champaquí,
dañando el suelo y, peor aún, reiterándose los extravíos de
visitantes. Por otra parte, cada año, la RHPA padece el descontrol
en torno al campeonato de rally, con miles de fogones encendidos por
todas partes, incluso bajo condiciones de riesgo de incendios, cortes
de especies protegidas para leña y dispersión de toneladas de
residuos.
Es importante
señalar que estas situaciones van en contra de lo que establecen
nuestras Leyes Provinciales, como la Ley 6.964 (Régimen de
Conservación de Áreas Naturales), la Ley 8.751 (Manejo el Fuego),
la Ley 7.343 y (Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento
del Ambiente) y la Ley 10.208 (Política Ambiental Provincial).
También están
en contra de lo previsto en las Leyes Nacionales de Presupuestos
Mínimos -de cumplimiento obligatorio para las Provincias-, como la
Ley 26.562 (Protección Ambiental para el Control de Actividades de
Quema), la Ley 26.331 (Protección Ambiental de Bosques Nativos) y la
Ley 25.675 (Ley General de Ambiente).
Los solicitantes
reclamaron que se elaboren los reglamentos de uso y gestión de todas
las áreas naturales protegidas, según establecen las leyes
provinciales, algunos de los cuales llevan casi 20 años de retraso.
La falta de ordenamiento territorial, de planificación, de gestión
efectiva y de fiscalización, sumados a la muy débil o nula
presencia institucional en el terreno, contribuyen con la
persistencia de actividades degradantes para el ambiente y que
menoscaban diversos servicios ecosistémicos esenciales.
Formalizaron sus
presentaciones por mesa de entradas de la Secretaría de Ambiente, el
Club Andino Córdoba (CAC), el Club de Actividades de Montaña de
Alta Gracia (CAMAG), la Federación Cordobesa de Montañismo y
Escalada (FeCME), Andinistas Argentinos (AA), la Asociación Civil
Defensa Verde (DV), la Asociación Civil Ecosistemas Argentinos (Ea)
y el Centro de Ecología y Recursos Naturales “Dr. Ricardo Luti”
de la Universidad Nacional de Córdoba (CERNAR).
Fuente:
Daniel Díaz Romero, Duros reclamos a la Secretaría de Ambiente por áreas naturales protegidas, 27/07/17, Sala de Prensa Ambiental.
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